Cobrar por la libertad es el crimen más abominable que existe. El secuestro no sólo suprime la libertad, el bien más preciado del hombre, sino que extiende el castigo a todo el cuerpo social y familiar que tiene vínculos afectivos con la víctima. Si fuera posible erradicar el secuestro cualquier medida sería justificada y necesaria. Infortunadamente el acuerdo humanitario no soluciona el problema.
Hay diferencias sustantivas entre el secuestro político y el económico. Por una parte, no son las familias quienes deciden sí pagar y cuanto pagar por la liberación de su ser querido; la decisión corresponde al Presidente, así lo exigen las FARC. Por otra parte, la extorsión no recae sobre un patrimonio familiar, sino sobre la institucionalidad colombiana. La situación es terrible para las familias y para el Presidente, y lesiona la natural unión que debería existir entre ellos.
Conocemos familias que deciden entregar todo lo que tienen para liberar a “su secuestrado”. Otras que, aún costándoles la vida de su ser querido, deciden no financiar criminales para que el flagelo no se nutra. En los dos casos es evidente que la decisión es difícil, dolorosa e inspirada en la convicción de que es lo mejor para el ser amado en cautiverio y la familia. Así también sucede en el secuestro político.
Para comprar la libertad de los servidores de la causa democrática se le exige al gobierno que despeje municipios y libere a los criminales detenidos de las FARC. Si el Presidente no capitula ante la extorsión, no es porque no ansíe la libertad de los secuestrados, equivale más bien a la familia que no quiere pagar porque comprende que financiar a los criminales sólo extiende el crimen. No querer el despeje militar de municipios se explica porque este pago no soluciona el gran mal y tiene implicaciones futuras. El despeje es un avance político para las FARC, que se acercan a herramientas legales como el estatus político, útil para justificar internacionalmente la violencia que ejercen. Además, significa un detrimento de la institucionalidad colombiana y sí bien, el intercambio se plantea como único, puede convertirse en una forma extorsiva sobre gobiernos futuros.
Es injusto exigirle a las familias de los secuestrados políticos que cuando piensen en el rescate de su ser querido, piensen también en la nación, pues hay otras familias que no tienen que hacerlo. Injusto, pero inevitable. Es un costo más que ha impuesto la guerrilla a aquellos que, en medio del sacrificio y el riesgo, han optado por una vida o pública o en las fuerzas armadas. Esas familias no deben enfrentarse Gobierno, como lo hicieron en su visita a la OEA para solicitar que la comunidad internacional le dé un espaldarazo a la extorsión de las FARC sobre el Estado colombiano. Entre ellos debe haber unión, pues representan los principios democráticos.
El nombramiento de Fernando Araujo como nuevo Canciller refleja que el secuestro es un tema prioritario para el Presidente. Araujo lleva en su corazón el dolor del secuestro, es la cara de Colombia en el exterior y es la oportunidad de una gran alianza entre el Estado y las víctimas del secuestro. Alianza que logre la declaración de este delito como un crimen de lesa humanidad y consiga que la comunidad internacional presione para la liberación incondicional de todos los secuestrados. No toleremos que las figuras públicas y el afecto se utilicen como medios para extorsionar al Estado y a los particulares, y fabricar distanciamiento entre ellos.
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