¿Diálogo?

Por supuesto que todos queremos la paz y todas las gestiones tendientes a conseguirla son, a primera vista, deseables. Pero Colombia ya tiene una larga historia de fallidos intentos y eso nos tiene que haber puesto los pies sobre la tierra. Las propuestas para la paz tienen que ser analizadas con cabeza fría. A riesgo de simplificar demasiado un asunto que requeriría muchas páginas, presentaremos un grueso análisis. Es tradición que la violencia sea un mecanismo para escalar en la política. No sólo en el caso de los guerrilleros reinsertados; hemos tenido, además, líderes que sin hacer parte de grupos al margen de la ley, han recurrido a la violencia para concretar los propósitos. La violencia de los partidos fue larga, sanguinaria y triste. Es entonces, una de las prioridades de la Nación ponerle término final a este vínculo político-violento. El Frente Nacional le permitió al país superar la violencia entre los Partidos y fue, al mismo tiempo, un periodo de exclusión política (no comparto esta observación, pero aceptémosla en gracia de avanzar con el argumento). La marginación política dio lugar a otra violencia que apareció bajo la forma de guerrillas y subversivos. Para remediarlo se dieron indultos y se hizo una Constitución donde estuvieran representados los grupos subversivos que aceptaron la invitación del Gobierno a construir un país incluyente. Muchos participaron, como el M-19, que hoy ocupa el segundo cargo de la Nación, con Petro. La integración de todas las fuerzas políticas tampoco fue completa. La violencia persistió, pues otros varios grupos al margen de la ley no participaron. Además, hubo críticas sobre el hecho de que los violentos -otra vez- fueran premiados. Se hizo evidente que es un desincentivo para quienes no han recurrido a las armas, pues ellos nunca reciben las ayudas estatales que reciben los violentos. Esa tendencia a atender más a los que se equivocan que a los que no lo hacen, generó descontento y muchos llegaron a decir que en Colombia era mejor no cumplir con la ley. Luego se hicieron negociaciones sin precedentes con los paramilitares que accedieron a someterse al Estado; contribuir en la verdad y la reparación y pagar penas de prisión con rebajas. Las cesiones que hizo la sociedad -consagradas en la Ley de Justicia y Paz- fueron moderadas. Suficientes para persuadir a los ‘paras’ de que dejaran las armas y acordes al hecho de que ellos son sólo un grupo al margen de la ley, y que la sociedad no puede desincentivar a quienes no ejercen violencia. El resultado final es que muchos ‘paras’ de desmovilizaron y los cabecillas están en la cárcel, algunos en presiones de EE.UU. Sin embargo, muchos otros miembros de las Autodefensas -acostumbrados a ejercer el poder por la fuerza y a lucrarse del negocio del narcotráfico- conformaron las Bacrim. Las Farc con esas mismas costumbres quieren una negociación. Si se puede, se debe, pero sin olvidar lo aprendido. Tiene que haber un cese unilateral de todos los actos violentos y liberación de todos los secuestrados -políticos y económicos-; es lo mínimo. No podemos ceder nada que desincentive a los buenos ciudadanos. La Ley de Justicia y Paz era una buena herramienta, pero el Gobierno tramita a través de Roy Barreras una reforma constitucional. Debemos estar atentos; era inaceptable que quisieran devolverles los derechos políticos. La paz con las Farc tendrá -como han tenido las anteriores- un efecto parcial, quedarán otros grupos, otros nombres. El problema persistirá mientras la droga sea un combustible y la sociedad siga aceptando la violencia como mecanismo para acceder al poder. http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogo