La Corte se equivoca

La Corte Constitucional profirió un auto, que no conocemos porque ahora notifica sus decisiones por comunicados de prensa, y del que se dice que ordena al Ministerio de Defensa reintegrar seis hectáreas a los indígenas del Guaviare y por lo tanto, retirar algunas instalaciones que hacen parte de la Base Militar de Barrancos, Guaviare. Es un grave precedente. La base está sobre un terreno que el Incoder le asignó a la Fuerza Pública, pero se ha extendido sobre territorio del resguardo. Sin embargo, el problema no es de linderos. La difícil situación que enfrenta el país, cuando las Farc y los demás grupos narcoterroristas están retomando control sobre amplias zonas, donde además algunos ciudadanos –alegando la autonomía- han pedido el retiro de la Fuerza Pública de su territorio, le da al asunto un trasfondo que no puede ignorarse. Una cosa es el litigio sobre un lindero (que en cualquier otro contexto se resolvería a través de una expropiación a favor del Estado); y otra muy distinta impedir a la Fuerza Pública tener bases sobre territorios indígenas. La seguridad es un derecho principalísimo de los ciudadanos; es un deber del Estado garantizarla. La Fuerza Pública defiende a los ciudadanos, sin embargo no siempre es efectiva por la naturaleza misma del terrorismo. Es una tarea compleja y difícil de conseguir. Si el Ejército no estuviera habría una paz aparente; pues los ciudadanos inermes estarían a merced de los violentos; limitados en derechos y sometidos a la fuerza de las armas. La Fuerza Pública no es un actor del conflicto –como lo supone la Corte– eso equipara los narcoterroristas con el Ejercito, los hace responsables y son los causantes de la violencia. Una interpretación así nos llevaría a la conclusión de que eliminar la Fuerza Pública nos conduciría a la paz. Nada más mentiroso. El control del territorio por el Estado hace parte de sus funciones. Hubo en Popayán una manifestación de miles de indígenas, más de 7.000, que expresaron su respaldo a la Fuerza Pública y reclamaron por lo que consideran el mal manejo que dan algunas autoridades indígenas a los millonarios recursos que reciben del Estado y de organizaciones internacionales. Eso demuestra que hay un grupo de indígenas que confía en la institucionalidad colombiana, que creen en la construcción de un país y de una nación donde cabe la diversidad. La manifestación en el Cauca transformó el problema; hizo evidente que existe una fracción –al menos– de indígenas que no está de acuerdo con las peticiones de despeje. Surgen preguntas sobre la representatividad de las autoridades que están tomando la vocería indígena. Aquellas no son elegidas por la democracia y cabe cuestionar si sus peticiones representan a todos los miembros de la comunidad. Aún si quienes se manifestaron a favor de las Fuerzas Armadas son una minoría, surge la cuestión del respeto que merecen. Así como los indígenas tienen derechos por ser, precisamente, una minoría; las minorías dentro de las comunidades indígenas merecen ese mismo reconocimiento. Colombia no puede seguir por una senda donde las identidades son factores de disociación y rompimiento; el modelo multicultural supone la pervivencia de las diferencias, pero en un gran crisol que los contiene a todos. Un país donde todos respetan un Estado y unas mismas instituciones que deben dar garantías para la vida en común. 3 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corte-equivoca