Descrédito

Tres descalificaciones con precario cimiento han aparecido esta semana. Son abiertos atropellos y, por lo tanto, es imperioso discutir algunos aspectos para no caer en juicios superfluos e infundamentados.

La gestión del Presidente frente a las pirámides ha sido calificada como tardía, ineficiente e incluso hay quienes lo inculpan de lo sucedido. Vale la pena resaltar que la culpa de las pérdidas que sufrieron las ‘víctimas’ de las pirámides corresponde enteramente a ellas; cada uno conocía el riesgo que enfrentaba y decidió ‘apostar’ su dinero. El Presidente, en un gesto generoso -propio de su carácter-, asumió responsabilidad sobre el hecho, a pesar de que perseguir el delito no es su función; ello corresponde a la Fiscalía -que, en cambio, se lavó las manos y pretendió disolver sus culpas-. Al contrario, la acción presidencial dejó al descubierto la debilidad y la lentitud de las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Mala Superintendencia, pésima Fiscalía.

Por otro lado, descalificó la Corte Suprema la petición de detención domiciliaria a Teodolindo, a pesar de que se la concedió a Yidis; una negativa evidentemente despótica. Dice la Corte que Yidis es madre cabeza de familia y que tiene dos hijos menores de edad, pero tiene además un cargo por secuestro; Avendaño tiene casi 74 años y enfermedades que requieren atención especializada. La tradición penal siempre ha considerado la edad y la enfermedad razones fundamentales por las que el juzgador debe considerar la detención domiciliaria. La lógica es muy clara: la fragilidad del procesado. La reclusión sobre alguien de avanzada edad o enfermedad pueden precipitar su muerte. Si bien el Estado puede imponer sanciones por los delitos cometidos, los regímenes que no aplican la pena de muerte protegen las condiciones materiales que ello implica. No sólo mata el Estado a través de inyecciones letales o sillas eléctricas; unas circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y humanas también constituyen un tipo de asesinato.

La última descalificación es la del magistrado Alejandro Ordóñez, aspirante a la Procuraduría General de la Nación. Han dicho sus críticos -un editorial, columnas y la radio- que el magistrado Ordóñez es una mala elección para la Procuraduría por sus convicciones religiosas. Se le atribuyen dos hechos: sustituyó en su despacho la imagen de Santander por un crucifijo y se atrevió a demandar a Daniel Samper -director de la revista Soho- por las fotos de la Última Cena con una modelo desnuda. Este desprestigio es injusto y es contrario a todos los avances sobre la no discriminación por materias religiosas. Sobre la sustitución de Santander por un crucifijo no puede concluirse nada distinto a que el funcionario encuentra mayor motivación personal en el segundo, sin que ello, en ningún caso, pueda considerarse una afrenta contra la sociedad o una falla en su manera de proceder. Y la demanda a Samper prueba que es un hombre que cree en la institución jurisdiccional y que ante lo que él considera un atropello a sus valores religiosos -como lo consideraron en su momento muchos católicos- inició un debate judicial serio y sereno. No puede sostenerse que un persona que denuncia lo que considera un delito es un mal ciudadano. Mucho menos puede decirse que vulneró la libertad de prensa; precisamente ese era el debate, si había o no libertad de prensa en ese caso.

El Pais - 6 de diciembre de 2008