Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


sábado, diciembre 27, 2008

¿Un estado responsable?

El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el deplorable asesinato de José María Valle Jaramillo, un reconocido defensor de derechos humanos en Antioquia, quien denunció la complicidad de brigadas del Ejército con grupos paramilitares.

La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.

La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.

Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.

Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.

En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.

Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.

El País, 27 de diciembre de 2008

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