Uno de los problemas más serios de nuestro país es el narcotráfico. La inmensa cantidad de recursos que produce ha contaminado hasta las más altas esferas de la institucionalidad, corrompido funcionarios y burlando la ley. Ha cambiado la estructura moral de los colombianos inculcando una cultura devota la dinero fácil sin mayores consideraciones frente a los riesgos. Sirven además para alimentar los conflictos sociales porque los grupos al margen de la ley encontraron en ellos financiación para resistir la presión legítima de las fuerzas del orden. Todo lo corrompen y nos mantienen sometidos a problemas que seguramente habríamos podido superar si los capitales mafiosos no existieran.
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
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