Sindicalismo de Estado

El sindicalismo fue la respuesta a la desigual posición que favorece a los patrones en sus relaciones con los trabajadores. Su conveniencia ha sido admitida de manera unánime por todos los sectores sociales y políticos y ha constituido un elemento civilizador de primordial importancia, pues restaura un conveniente equilibrio donde la lógica económica tiende a destruirlo. Los trabajadores unidos pudieron pactar con los patrones salarios y concesiones laborales que mejoraron significativamente su calidad de vida, sin afectar la productividad en el largo plazo de las empresas. Pero, el sindicalismo de Estado ha sido una degradación de esta práctica.

Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.

La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.

La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.

Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.

La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.

El País, 10 de enero de 2009