Los indígenas y la tierra

Los indígenas han sido un grupo consentido desde la Constitución de 1991 que creó figuras de discriminación positiva para reparar su marginación. Desde entonces la organización indígena ha crecido y consolidado una poderosa vocería política que los representa en las altas esferas del poder. Los resultados han sido efectivos, los indígenas son tan sólo el 2,2% de la población colombiana y tienen, prácticamente, una tercera parte del territorio nacional; el 27% que equivale a 30’739.345 hectáreas. Además los resguardos reciben transferencias que este año superan los $100.000 millones.

Las comunidades indígenas caucanas no han sido ajenas a estas concesiones y cuentan con más de 154.000 hectáreas en el departamento. Además tienen una representación nutrida en el Congreso y han ocupado posiciones políticas como la Gobernación del Departamento.

El Gobierno ha sido fiel en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad: en 1991 se prometieron 15.000 hectáreas, y este Gobierno ha cumplido en un 76%; en 1999 el compromiso fue de 8.000 hectáreas más, de las cuales se han comprado más de 4.000. Esas 16.539 hectáreas nos han costado $33.000 millones, y los planes para completar el faltante siguen en curso.

Sorprende que sigan insatisfechos, pero el deseo de progresar y exigir cada vez más es propio de algunos grupos, y por ello el reclamo social puede justificarse. Pero hay que distinguir la protesta social, de los actos de tinte extorsivo, violentos y mezquinos que utilizan los indígenas para chantajear al Estado.

Taponar la vía Panamericana para perjudicar a los habitantes del Suroccidente -una población civil afectada por la pobreza- es un atropello atroz. Muchos negocios abandonan el Suroccidente por esos continuos bloqueos que impiden el comercio y que provocan la quiebra de negocios prósperos, como la lechería. Otros que pudieron haber surgido con la Ley Páez se establecieron en Santander de Quilichao por el temor a ese sabotaje permanente en la zona de La María. Pero el daño no se limita a la comunidad, tenemos 70 policías heridos, algunos de ellos de manera que limita para siempre su calidad de vida.

Y son costumbre las invasiones violentas a las propiedades por parte de los indígenas. No existe argumento que justifique ese ultraje. Los campesinos e industriales del agro tienen también derecho a ser propietarios y a no ser invadidos y despojados de su fuente de sustento. Las pretensiones reivindicatorias, como todos los derechos, deben tener su límite frente a los derechos ajenos. No pueden ser mecanismo para atropellar sin consideración a los otros.

Ese estilo de negociación arbitrario, irrespetuoso y delincuencial es inaceptable, y debe ser inconducente. No debemos premiar el irrespeto y el chantaje; hay otros mecanismos, sobre todo con una estructura política como la que poseen.

Alarma que los propios lideres indígenas inciten a la violencia y atropello, el senador Piñacué a mediados de este año en el Congreso dijo: "A lo jóvenes indígenas paeces, levántense, tómense estas tierras. He buscado la manera de dialogar, de discutir, de concitar el interés del Gobierno y no hay posibilidades de que nos escuchen. No vamos a morir de rodillas, prefiramos morir en la condición en que nos están condenando antes que aguardar silencio y paciencia como lo guardamos durante tantos siglos".
Octubre 18 de 2008

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