Uno de los problemas más serios de nuestro país es el narcotráfico. La inmensa cantidad de recursos que produce ha contaminado hasta las más altas esferas de la institucionalidad, corrompido funcionarios y burlando la ley. Ha cambiado la estructura moral de los colombianos inculcando una cultura devota la dinero fácil sin mayores consideraciones frente a los riesgos. Sirven además para alimentar los conflictos sociales porque los grupos al margen de la ley encontraron en ellos financiación para resistir la presión legítima de las fuerzas del orden. Todo lo corrompen y nos mantienen sometidos a problemas que seguramente habríamos podido superar si los capitales mafiosos no existieran.
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
sábado, enero 03, 2009
sábado, diciembre 27, 2008
¿Un estado responsable?
El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el deplorable asesinato de José María Valle Jaramillo, un reconocido defensor de derechos humanos en Antioquia, quien denunció la complicidad de brigadas del Ejército con grupos paramilitares.
La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.
La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.
Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.
Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.
En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.
Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.
El País, 27 de diciembre de 2008
La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.
La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.
Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.
Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.
En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.
Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.
El País, 27 de diciembre de 2008
sábado, diciembre 20, 2008
La reelección
El trámite del referendo que pretende modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Uribe ha sido desastroso. No sólo han aparecido problemas en la redacción de la pregunta, sino que además la tardía acción del Ministro del Interior culminó con una convocatoria de sesiones extraordinarias para el Congreso a última hora. Todo ello ha sido deplorable, pero las críticas que algunos periodistas y personajes de oposición han hecho sobre la materia sobrepasan estas observaciones y hacen juicios que son -a lo menos- discutibles.
Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.
La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.
Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.
Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.
Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.
Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.
El País, 20 de diciembre de 2008
Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.
La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.
Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.
Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.
Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.
Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.
El País, 20 de diciembre de 2008
domingo, diciembre 14, 2008
"Isaza" y "Rojas"
‘Isaza’ y ‘Rojas’ son los frutos de la Seguridad Democrática. Colombia ha venido consolidando una estrategia efectiva para pacificar el país. La guerrilla incomunicada, fragmentada, replegada en las selvas y sitiada por la contundente acción del Ejército está desangrándose por la deserción. La toma de pueblos, los actos terroristas y los secuestros han cesado en un altísimo porcentaje. Se dieron de baja varios presuntuosos ‘comandantes’ guerrilleros. El desprestigio internacional del grupo terrorista forzó la liberación de algunos secuestrados políticos y el proceso llegó a su clímax en la Operación Jaque. En este contexto se da la deserción de ambos guerrilleros, quienes, a pesar de una larga pertenencia a las Farc, desertaron con el riego de la vida. Son una victoria del Gobierno y del Ejército y una derrota para la guerrilla.
‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.
A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.
Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.
El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali
‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.
A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.
Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.
El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali
domingo, diciembre 07, 2008
Descrédito
Tres descalificaciones con precario cimiento han aparecido esta semana. Son abiertos atropellos y, por lo tanto, es imperioso discutir algunos aspectos para no caer en juicios superfluos e infundamentados.
La gestión del Presidente frente a las pirámides ha sido calificada como tardía, ineficiente e incluso hay quienes lo inculpan de lo sucedido. Vale la pena resaltar que la culpa de las pérdidas que sufrieron las ‘víctimas’ de las pirámides corresponde enteramente a ellas; cada uno conocía el riesgo que enfrentaba y decidió ‘apostar’ su dinero. El Presidente, en un gesto generoso -propio de su carácter-, asumió responsabilidad sobre el hecho, a pesar de que perseguir el delito no es su función; ello corresponde a la Fiscalía -que, en cambio, se lavó las manos y pretendió disolver sus culpas-. Al contrario, la acción presidencial dejó al descubierto la debilidad y la lentitud de las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Mala Superintendencia, pésima Fiscalía.
Por otro lado, descalificó la Corte Suprema la petición de detención domiciliaria a Teodolindo, a pesar de que se la concedió a Yidis; una negativa evidentemente despótica. Dice la Corte que Yidis es madre cabeza de familia y que tiene dos hijos menores de edad, pero tiene además un cargo por secuestro; Avendaño tiene casi 74 años y enfermedades que requieren atención especializada. La tradición penal siempre ha considerado la edad y la enfermedad razones fundamentales por las que el juzgador debe considerar la detención domiciliaria. La lógica es muy clara: la fragilidad del procesado. La reclusión sobre alguien de avanzada edad o enfermedad pueden precipitar su muerte. Si bien el Estado puede imponer sanciones por los delitos cometidos, los regímenes que no aplican la pena de muerte protegen las condiciones materiales que ello implica. No sólo mata el Estado a través de inyecciones letales o sillas eléctricas; unas circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y humanas también constituyen un tipo de asesinato.
La última descalificación es la del magistrado Alejandro Ordóñez, aspirante a la Procuraduría General de la Nación. Han dicho sus críticos -un editorial, columnas y la radio- que el magistrado Ordóñez es una mala elección para la Procuraduría por sus convicciones religiosas. Se le atribuyen dos hechos: sustituyó en su despacho la imagen de Santander por un crucifijo y se atrevió a demandar a Daniel Samper -director de la revista Soho- por las fotos de la Última Cena con una modelo desnuda. Este desprestigio es injusto y es contrario a todos los avances sobre la no discriminación por materias religiosas. Sobre la sustitución de Santander por un crucifijo no puede concluirse nada distinto a que el funcionario encuentra mayor motivación personal en el segundo, sin que ello, en ningún caso, pueda considerarse una afrenta contra la sociedad o una falla en su manera de proceder. Y la demanda a Samper prueba que es un hombre que cree en la institución jurisdiccional y que ante lo que él considera un atropello a sus valores religiosos -como lo consideraron en su momento muchos católicos- inició un debate judicial serio y sereno. No puede sostenerse que un persona que denuncia lo que considera un delito es un mal ciudadano. Mucho menos puede decirse que vulneró la libertad de prensa; precisamente ese era el debate, si había o no libertad de prensa en ese caso.
El Pais - 6 de diciembre de 2008
La gestión del Presidente frente a las pirámides ha sido calificada como tardía, ineficiente e incluso hay quienes lo inculpan de lo sucedido. Vale la pena resaltar que la culpa de las pérdidas que sufrieron las ‘víctimas’ de las pirámides corresponde enteramente a ellas; cada uno conocía el riesgo que enfrentaba y decidió ‘apostar’ su dinero. El Presidente, en un gesto generoso -propio de su carácter-, asumió responsabilidad sobre el hecho, a pesar de que perseguir el delito no es su función; ello corresponde a la Fiscalía -que, en cambio, se lavó las manos y pretendió disolver sus culpas-. Al contrario, la acción presidencial dejó al descubierto la debilidad y la lentitud de las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Mala Superintendencia, pésima Fiscalía.
Por otro lado, descalificó la Corte Suprema la petición de detención domiciliaria a Teodolindo, a pesar de que se la concedió a Yidis; una negativa evidentemente despótica. Dice la Corte que Yidis es madre cabeza de familia y que tiene dos hijos menores de edad, pero tiene además un cargo por secuestro; Avendaño tiene casi 74 años y enfermedades que requieren atención especializada. La tradición penal siempre ha considerado la edad y la enfermedad razones fundamentales por las que el juzgador debe considerar la detención domiciliaria. La lógica es muy clara: la fragilidad del procesado. La reclusión sobre alguien de avanzada edad o enfermedad pueden precipitar su muerte. Si bien el Estado puede imponer sanciones por los delitos cometidos, los regímenes que no aplican la pena de muerte protegen las condiciones materiales que ello implica. No sólo mata el Estado a través de inyecciones letales o sillas eléctricas; unas circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y humanas también constituyen un tipo de asesinato.
La última descalificación es la del magistrado Alejandro Ordóñez, aspirante a la Procuraduría General de la Nación. Han dicho sus críticos -un editorial, columnas y la radio- que el magistrado Ordóñez es una mala elección para la Procuraduría por sus convicciones religiosas. Se le atribuyen dos hechos: sustituyó en su despacho la imagen de Santander por un crucifijo y se atrevió a demandar a Daniel Samper -director de la revista Soho- por las fotos de la Última Cena con una modelo desnuda. Este desprestigio es injusto y es contrario a todos los avances sobre la no discriminación por materias religiosas. Sobre la sustitución de Santander por un crucifijo no puede concluirse nada distinto a que el funcionario encuentra mayor motivación personal en el segundo, sin que ello, en ningún caso, pueda considerarse una afrenta contra la sociedad o una falla en su manera de proceder. Y la demanda a Samper prueba que es un hombre que cree en la institución jurisdiccional y que ante lo que él considera un atropello a sus valores religiosos -como lo consideraron en su momento muchos católicos- inició un debate judicial serio y sereno. No puede sostenerse que un persona que denuncia lo que considera un delito es un mal ciudadano. Mucho menos puede decirse que vulneró la libertad de prensa; precisamente ese era el debate, si había o no libertad de prensa en ese caso.
El Pais - 6 de diciembre de 2008
lunes, diciembre 01, 2008
La crisis económica y el ambiente
Uno de los efectos de la crisis económica mundial ha sido la caída vertiginosa del precio del petróleo. Por ejemplo, el crudo venezolano llegó en julio de este año a US$129,54 por barril y cayó a US$40,68 la semana pasada; la cesta Opep pasó de US$131,97 a US$46,71 en esas mismas fechas. Se trata de un desplome de más de US$88 y US$85 por barril respectivamente. Los altos precios del petróleo representaban una gran oportunidad para el medio ambiente; los bajos son, en cambio, una amenaza.
El tema ha sido de ardua discusión entre economistas y ambientalistas. Quienes sostienen que los altos precios del combustible son inconvenientes para el ambiente, tiene la premisa de que las economías ricas, en crecimiento, serán capaces -precisamente por su solvencia- de destinar recursos para contrarrestar el calentamiento global, que es hoy la más grande amenaza contra el planeta y todos sus ecosistemas. Disiento de la tesis.
La utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, es causante de emisiones de CO2, un gas de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera atrapa la radiación infrarroja del planeta, y hace parte esencial del fenómeno del calentamiento global.
El Protocolo de Kyoto, tendiente a mitigar el fenómeno de cambio climático, imponía una reducción de al menos un 6% en la emisión de gases contaminantes. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, EE.UU. no tomó parte en estos compromisos. Según las cifras de la Administración de Información Energética, EIA, de EE.UU. los costos del petróleo durante el primer semestre del año causaron una disminución significativa en la demanda del crudo en ese país. El efecto ha persistido durante los meses del segundo semestre, de manera que las proyecciones indican que EE.UU. consumirá 1,1 millones de barriles diarios menos que el año pasado. El hecho es relevante, pues desde 1980 el consumo total de petróleo no caía en más de un millón de barriles diarios. El descenso representa una contracción del consumo del 5,4%, ello significa una reducción de proporciones similares en las emisiones de CO2. Lo que la presión internacional, la inminencia de un trastorno climático del planeta y las recomendaciones científicas no lograron, lo consiguió, sin dificultad, el elevado costo del petróleo. En cambio, la caída de los precios implicará un crecimiento de la demanda por el crudo y mayores emisiones.
Un combustible costoso hacía, además, atractivo el desarrollo de nuevas tecnologías, pues entre más alto sea el precio, más amplio es el rango donde éstas son rentables. Las investigaciones tienen más sentido cuando el producto que se desarrolla tiene un precio capaz de competir con el bien que pretende sustituir. El declive del costo del petróleo devuelve a las economías la posibilidad de seguir utilizándolo como insumo principal y la atracción por energías alternativas disminuye; son sueño costoso e innecesario.
Finalmente, vale resaltar que la crisis económica va a requerir el esfuerzo financiero de los gobiernos mundiales: EE.UU. y UE han tenido que destinar recursos en cuantías importantes para impedir el desplome de la banca y de los mercados bursátiles. Es prioritario; pero no por ello podemos dejar de notar que habrá menos dinero disponible para la inversión en tecnologías y energías limpias y, por supuesto, para las medidas contra el cambio climático.
Noviembre 29 de 2008
El tema ha sido de ardua discusión entre economistas y ambientalistas. Quienes sostienen que los altos precios del combustible son inconvenientes para el ambiente, tiene la premisa de que las economías ricas, en crecimiento, serán capaces -precisamente por su solvencia- de destinar recursos para contrarrestar el calentamiento global, que es hoy la más grande amenaza contra el planeta y todos sus ecosistemas. Disiento de la tesis.
La utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, es causante de emisiones de CO2, un gas de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera atrapa la radiación infrarroja del planeta, y hace parte esencial del fenómeno del calentamiento global.
El Protocolo de Kyoto, tendiente a mitigar el fenómeno de cambio climático, imponía una reducción de al menos un 6% en la emisión de gases contaminantes. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, EE.UU. no tomó parte en estos compromisos. Según las cifras de la Administración de Información Energética, EIA, de EE.UU. los costos del petróleo durante el primer semestre del año causaron una disminución significativa en la demanda del crudo en ese país. El efecto ha persistido durante los meses del segundo semestre, de manera que las proyecciones indican que EE.UU. consumirá 1,1 millones de barriles diarios menos que el año pasado. El hecho es relevante, pues desde 1980 el consumo total de petróleo no caía en más de un millón de barriles diarios. El descenso representa una contracción del consumo del 5,4%, ello significa una reducción de proporciones similares en las emisiones de CO2. Lo que la presión internacional, la inminencia de un trastorno climático del planeta y las recomendaciones científicas no lograron, lo consiguió, sin dificultad, el elevado costo del petróleo. En cambio, la caída de los precios implicará un crecimiento de la demanda por el crudo y mayores emisiones.
Un combustible costoso hacía, además, atractivo el desarrollo de nuevas tecnologías, pues entre más alto sea el precio, más amplio es el rango donde éstas son rentables. Las investigaciones tienen más sentido cuando el producto que se desarrolla tiene un precio capaz de competir con el bien que pretende sustituir. El declive del costo del petróleo devuelve a las economías la posibilidad de seguir utilizándolo como insumo principal y la atracción por energías alternativas disminuye; son sueño costoso e innecesario.
Finalmente, vale resaltar que la crisis económica va a requerir el esfuerzo financiero de los gobiernos mundiales: EE.UU. y UE han tenido que destinar recursos en cuantías importantes para impedir el desplome de la banca y de los mercados bursátiles. Es prioritario; pero no por ello podemos dejar de notar que habrá menos dinero disponible para la inversión en tecnologías y energías limpias y, por supuesto, para las medidas contra el cambio climático.
Noviembre 29 de 2008
domingo, noviembre 23, 2008
El sistema bancario
Es muy posible que una de las causas fundamentales que explican la arrolladora participación de muchos colombianos en las pirámides es la falta de acceso al sistema bancario. Quien no ha sido nunca deudor bancario no conoce el costo del dinero en el mercado, ni los conceptos de capacidad de pago o las ganancias que se pueden esperar de un buen negocio. Las pirámides son el otro lado de la usura en los prestamos gota-a-gota.
La popularización de la banca es una necesidad inminente del país, pese a los esfuerzos que se realizan desde la banca de oportunidades y otras alternativas similares así que vale la reflexión sobre las fallas de nuestro sistema bancario.
El ahorro en un país es trascendental, no sólo garantiza que los ahorradores tengan provisiones para enfrentar contingencias futuras, sino que presta un servicio social. Cuando los bancos prestan el dinero a los particulares, la sociedad se beneficia. El grado de “servicio social” varía: invertir, por ejemplo, en las PYMES puede generar empleo y generar riqueza; mientras que destinar el dinero para créditos de consumo tiene otras consecuencias como la mejora de la calidad de vida del cliente y el impulso al mercado.
Ahora bien, no es igualmente seguro prestarle a una empresa sólida para la ampliación de su negocio, que prestarle a una empresa nueva que tiene un proyecto que parece exitoso, pero que no se ha desarrollado. El ahorrador puede tener niveles de riesgo distintos, pero en teoría quien invierte su dinero en el banco prefiere un riesgo bajo, y el sistema bancario se ve abocado a preferir prestamos seguros.
La consecuencia es que los prestamos dejan por fuera segmentos muy importantes de la población, incluso segmentos como el PYMES que traerían beneficios sociales importantes.
El hecho ilustra algunas fallas:
El país carece de sistemas que permitan a ahorradores audaces –como los que se atreven a entrar en las pirámides- a colocar sus dineros con tasas de interés más altas para invertir en proyectos con más riesgos. Tenemos que desarrollar fondos de capital de riesgo con acceso a todos los segmentos de la población.
La falta de crédito para las PYMES esta relacionado también con la informalidad. A pesar de los avances seguimos aficionados a los trámites; de manera que ser formal no ofrece suficientes ventajas frente no serlo. En este contexto aparece el 4 por mil, impuesto que resultó precisamente de la necesidad de salvar el sistema financiero durante una crisis y que se convirtió en un impuesto permanente. Desorganiza y afecta el proceso de bancarización, pues la tendencia a evadir el cobro obliga a realizar transacciones por fuera del sistema.
Más aún, se convierte en un costo financiero que encarece los créditos, y sobretodo si, por ejemplo el dinero debe trasladarse entre los bancos. Un caso típico de un crédito de 180 días, con una tasa del 6%, habría que agregarle el 0.4%, que equivale al 6.67% de valor de los intereses de crédito, cada vez que pase por un banco.
No aparece justificado porque hay una diferencia tan grande entre la tasa de captación y la tasa de colocación de los bancos. El ejercicio tendría sentido si los bancos asumieran el riesgo, pero hemos visto que no sólo es bajo, sino que sobretodo durante los momentos de crisis, es otra vez el contribuyente quien debe asumir el riesgo y pagarlo (el 3 por mil). El hecho es inexplicable al menos para mi.
Publicado en El País de Cali, 22 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov232008/PRI
La popularización de la banca es una necesidad inminente del país, pese a los esfuerzos que se realizan desde la banca de oportunidades y otras alternativas similares así que vale la reflexión sobre las fallas de nuestro sistema bancario.
El ahorro en un país es trascendental, no sólo garantiza que los ahorradores tengan provisiones para enfrentar contingencias futuras, sino que presta un servicio social. Cuando los bancos prestan el dinero a los particulares, la sociedad se beneficia. El grado de “servicio social” varía: invertir, por ejemplo, en las PYMES puede generar empleo y generar riqueza; mientras que destinar el dinero para créditos de consumo tiene otras consecuencias como la mejora de la calidad de vida del cliente y el impulso al mercado.
Ahora bien, no es igualmente seguro prestarle a una empresa sólida para la ampliación de su negocio, que prestarle a una empresa nueva que tiene un proyecto que parece exitoso, pero que no se ha desarrollado. El ahorrador puede tener niveles de riesgo distintos, pero en teoría quien invierte su dinero en el banco prefiere un riesgo bajo, y el sistema bancario se ve abocado a preferir prestamos seguros.
La consecuencia es que los prestamos dejan por fuera segmentos muy importantes de la población, incluso segmentos como el PYMES que traerían beneficios sociales importantes.
El hecho ilustra algunas fallas:
El país carece de sistemas que permitan a ahorradores audaces –como los que se atreven a entrar en las pirámides- a colocar sus dineros con tasas de interés más altas para invertir en proyectos con más riesgos. Tenemos que desarrollar fondos de capital de riesgo con acceso a todos los segmentos de la población.
La falta de crédito para las PYMES esta relacionado también con la informalidad. A pesar de los avances seguimos aficionados a los trámites; de manera que ser formal no ofrece suficientes ventajas frente no serlo. En este contexto aparece el 4 por mil, impuesto que resultó precisamente de la necesidad de salvar el sistema financiero durante una crisis y que se convirtió en un impuesto permanente. Desorganiza y afecta el proceso de bancarización, pues la tendencia a evadir el cobro obliga a realizar transacciones por fuera del sistema.
Más aún, se convierte en un costo financiero que encarece los créditos, y sobretodo si, por ejemplo el dinero debe trasladarse entre los bancos. Un caso típico de un crédito de 180 días, con una tasa del 6%, habría que agregarle el 0.4%, que equivale al 6.67% de valor de los intereses de crédito, cada vez que pase por un banco.
No aparece justificado porque hay una diferencia tan grande entre la tasa de captación y la tasa de colocación de los bancos. El ejercicio tendría sentido si los bancos asumieran el riesgo, pero hemos visto que no sólo es bajo, sino que sobretodo durante los momentos de crisis, es otra vez el contribuyente quien debe asumir el riesgo y pagarlo (el 3 por mil). El hecho es inexplicable al menos para mi.
Publicado en El País de Cali, 22 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov232008/PRI
lunes, noviembre 17, 2008
La pirámide nueva del emperador
Las pirámides son interesantes para reflexionar sobre nuestra psicología. Está el fenómeno social que convence al individuo; la masa al ver que otros hacen algo, siente la imperiosa necesidad de hacerlo también. El efecto es tan desbordante que dio lugar a la fábula del traje nuevo del emperador, y prueba la inutilidad del juicio individual frente al juicio colectivo. En el cuento para no parecer estúpido la gente dice que ha visto el traje, la acción de que unos lo vean convence a los otros de que deben verlo. Así que la realidad se transfigura, para todos el traje existe, están convencidos de que el vestido es invisible pero está ahí. Un hombre no puede confiar en sí mismo si la mayoría percibe lo contrario.
Se mezcla con nuestra ‘mentalidad mafiosa’ definida por una propensión a asumir riesgos excesivos cuando los resultados esperados son también desbordantes. Se trata de una manera de actuar donde por conseguir lo anhelado, se arriesga -aún a sabiendas de perderlo- la totalidad de lo que se tiene.
El argumento ‘racional’ es el más interesante. Hace varios meses prensa y autoridades prevenían sobre las ‘pirámides’ y aparecían miles de comentarios: defensores y testigos del éxito de la aventura. Frente al fracaso, otros miles sostienen que la culpa es de los medios, aliados con el perverso sistema financiero. El hecho es interesante porque devela un motivo de fondo en esta psicología. Lo reconstruyo: utilizando el reporte la Superfinanciera sobre el sistema financiero que consolidó utilidades por más de nueve billones de pesos, de los cuales $3.845.878 millones son utilidades de los bancos, se concluye que el sistema produce rendimientos excesivos. Los establecimientos de crédito tienen $205 billones captados del público a tasas irrisorias, que colocan en deuda pública o prestan a un selecto público cobrando intereses altísimos; y dan lugar a una de las tasas de intermediación más altas del mundo.
Ahí hay dos factores que ayudan a descifrar la explosión piramidal: el sentimiento de que los bancos pagan muy poco por la plata, pues podrían pagar más; sumado a que quienes tienen acceso al sistema bancario para obtener dinero son sólo algunos; la mayoría de los colombianos -excluidos- debe acudir a los agiotistas; así que son muy limitados quienes conocen el valor de mercado del dinero.
La tradición católica ha mantenido una difícil relación con el fenómeno de cobrar intereses sobre el dinero, estuvo proscrito y fue pecado. Esa historia pesa en la manera como los colombianos entendemos el sistema, y sobre todo en la interpretación ‘malévola’ que se hace del mismo (sin desconocer sus mañas).
Es el acceso al sistema bancario el que le da a la comunidad un sentido sobre el valor del dinero. Sólo quien ha sido deudor sabe que los intereses que se pagan tienen relación con la capacidad de pago de los deudores: con la rentabilidad de los negocios.
Quienes tienen acceso el sistema bancario como deudores comprenden los límites de lo que se puede pagar por el dinero. No así los meros ahorradores que siempre esperarían más. Menos aún los excluidos, acostumbrados a que el dinero vale lo que los agiotistas impongan: tasas de interés usureras. El agiotaje es la otra cara de las ‘pirámides’. Si no se conoce el valor del dinero, ni los rendimientos posibles y reales de los negocios, unos intereses del 100% no son descomedidos, son buenos, hay quienes los han pagado.
15 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov152008/PRI
Se mezcla con nuestra ‘mentalidad mafiosa’ definida por una propensión a asumir riesgos excesivos cuando los resultados esperados son también desbordantes. Se trata de una manera de actuar donde por conseguir lo anhelado, se arriesga -aún a sabiendas de perderlo- la totalidad de lo que se tiene.
El argumento ‘racional’ es el más interesante. Hace varios meses prensa y autoridades prevenían sobre las ‘pirámides’ y aparecían miles de comentarios: defensores y testigos del éxito de la aventura. Frente al fracaso, otros miles sostienen que la culpa es de los medios, aliados con el perverso sistema financiero. El hecho es interesante porque devela un motivo de fondo en esta psicología. Lo reconstruyo: utilizando el reporte la Superfinanciera sobre el sistema financiero que consolidó utilidades por más de nueve billones de pesos, de los cuales $3.845.878 millones son utilidades de los bancos, se concluye que el sistema produce rendimientos excesivos. Los establecimientos de crédito tienen $205 billones captados del público a tasas irrisorias, que colocan en deuda pública o prestan a un selecto público cobrando intereses altísimos; y dan lugar a una de las tasas de intermediación más altas del mundo.
Ahí hay dos factores que ayudan a descifrar la explosión piramidal: el sentimiento de que los bancos pagan muy poco por la plata, pues podrían pagar más; sumado a que quienes tienen acceso al sistema bancario para obtener dinero son sólo algunos; la mayoría de los colombianos -excluidos- debe acudir a los agiotistas; así que son muy limitados quienes conocen el valor de mercado del dinero.
La tradición católica ha mantenido una difícil relación con el fenómeno de cobrar intereses sobre el dinero, estuvo proscrito y fue pecado. Esa historia pesa en la manera como los colombianos entendemos el sistema, y sobre todo en la interpretación ‘malévola’ que se hace del mismo (sin desconocer sus mañas).
Es el acceso al sistema bancario el que le da a la comunidad un sentido sobre el valor del dinero. Sólo quien ha sido deudor sabe que los intereses que se pagan tienen relación con la capacidad de pago de los deudores: con la rentabilidad de los negocios.
Quienes tienen acceso el sistema bancario como deudores comprenden los límites de lo que se puede pagar por el dinero. No así los meros ahorradores que siempre esperarían más. Menos aún los excluidos, acostumbrados a que el dinero vale lo que los agiotistas impongan: tasas de interés usureras. El agiotaje es la otra cara de las ‘pirámides’. Si no se conoce el valor del dinero, ni los rendimientos posibles y reales de los negocios, unos intereses del 100% no son descomedidos, son buenos, hay quienes los han pagado.
15 de noviembre de 2008
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domingo, noviembre 09, 2008
Justicia y Ejército
Sorprende que en la discusión sobre los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Ejército no se presenten dos pruebas fundamentales, sin las cuales no pueden configurase ninguno de los dos fenómenos: que las ‘víctimas’ no hacían parte de ninguna organización criminal, y que fueron asesinadas por fuera de un combate. Esos mismos elementos están ausentes en el sonado caso de los ‘muchachos de Soacha’, y así se evidencia en las declaraciones del fiscal Iguarán, quien dijo que hubo reclutamiento y que no había pruebas de que hubieran sido o no muertos en combate. Con ese par de ausencias no hay nada en contra del Ejército.
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
martes, noviembre 04, 2008
Acciones por los secuestrados
Con el secuestro político las Farc chantajean al Estado, que en último término, es la sociedad misma. Así las cosas, un acuerdo humanitario para que ellos liberen los ciudadanos que en servicio a las causas democráticas han sido privados injustamente de su libertad, a cambio de soltar a los guerrilleros presos, que han sido capturados por actos delictivos, juzgados y condenados por un juez, es espinoso y difícil. Hoy por ejemplo tendríamos que liberar a José Márvel Zamora, alias ‘Chucho’ o ‘El profe’, hombre clave del sanguinario ‘Mono Jojoy’. ‘Chucho’ coordinó y activó el carro bomba del club El Nogal, estuvo involucrado en el atentado al senador Germán Vargas Lleras y otros actos terroristas en Transmilenio, almacenes, alcaldías y universidades de la capital. Liberar estas fieras tiene consecuencias sobre el orden público, la dinámica misma del secuestro -que se legitima como mecanismo para obtener la libertad de los guerrilleros presos-, la moral de las tropas y el triunfo teórico de un grupo de terroristas que logra arrinconar a la institucionalidad. Eso sin detenernos en los problemas de un despeje militar.
No quiere decir esto que no estemos dispuestos a hacer y ceder para que los secuestrados sean liberados. Hay que relievar la épica Operación Jaque, y la exitosa liberación del ex representante Óscar Tulio Lizcano a través de la colaboración de uno de sus captores: Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’.
Esta liberación es producto de una estrategia bien pensada del gobierno Uribe. Cada captor se vuelve un potencial actor de salvamento, cada secuestrado la posibilidad de redención. El secuestrado queda libre, se debilitan los cimientos de la estructura guerrillera, surge una oportunidad de vida para los guerrilleros atrapados en los ciclos perversos de la violencia.
El caso de Isaza, el secuestrador-libertador-héroe, nos llama a una reflexión sobre la naturaleza de la sanción punitiva. La aplicación de justicia es un ideal abstracto; no podemos pedir a los jueces decisiones justas, en el sentido trascendente de la palabra, nuestra naturaleza humana y falible nos permite frutos con las mismas limitaciones. La pena, sin connotaciones positivas ni negativas, éticas ni morales, tiene unas características que debemos resaltar: está cargada de inmenso potencial pedagógico -beneficio social que la justifica-; mediante la pena ese individuo, pero sobre todo todos los demás integrantes de la sociedad se enteran que es una conducta no deseable; se descarga sin proporción ni simetría sobre el individuo que la padece y, causa agravio individual.
Analógicamente, podemos aplicar esta lógica a nuestro caso. Es imposible aplicar ‘justicia’, pero tenemos una conducta que pretendemos incentivar: incitar a los guerrilleros que tienen bajo su cuidado a secuestrados, a realizar actos heroicos en un intento de fuga y liberación. A cambio de lo cual ofrecemos una recompensa -la pena- que además les valdrá el aprecio y la admiración de la sociedad. La ‘pena’ de acometer este acto debe ser tan incitadora que se vuelva tema de conversación entre guerrilleros, de manera que alguno se convenza de que para recibir semejante premio él desertaría con un secuestrado, a pesar del peligro. Abierta esta rendija, los demás seguirán por ahí.
Congratulaciones al doctor Lizcano por su estoicismo sin límites, propio de un mártir.
El Pais- Cali 01 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov012008/PRI
No quiere decir esto que no estemos dispuestos a hacer y ceder para que los secuestrados sean liberados. Hay que relievar la épica Operación Jaque, y la exitosa liberación del ex representante Óscar Tulio Lizcano a través de la colaboración de uno de sus captores: Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’.
Esta liberación es producto de una estrategia bien pensada del gobierno Uribe. Cada captor se vuelve un potencial actor de salvamento, cada secuestrado la posibilidad de redención. El secuestrado queda libre, se debilitan los cimientos de la estructura guerrillera, surge una oportunidad de vida para los guerrilleros atrapados en los ciclos perversos de la violencia.
El caso de Isaza, el secuestrador-libertador-héroe, nos llama a una reflexión sobre la naturaleza de la sanción punitiva. La aplicación de justicia es un ideal abstracto; no podemos pedir a los jueces decisiones justas, en el sentido trascendente de la palabra, nuestra naturaleza humana y falible nos permite frutos con las mismas limitaciones. La pena, sin connotaciones positivas ni negativas, éticas ni morales, tiene unas características que debemos resaltar: está cargada de inmenso potencial pedagógico -beneficio social que la justifica-; mediante la pena ese individuo, pero sobre todo todos los demás integrantes de la sociedad se enteran que es una conducta no deseable; se descarga sin proporción ni simetría sobre el individuo que la padece y, causa agravio individual.
Analógicamente, podemos aplicar esta lógica a nuestro caso. Es imposible aplicar ‘justicia’, pero tenemos una conducta que pretendemos incentivar: incitar a los guerrilleros que tienen bajo su cuidado a secuestrados, a realizar actos heroicos en un intento de fuga y liberación. A cambio de lo cual ofrecemos una recompensa -la pena- que además les valdrá el aprecio y la admiración de la sociedad. La ‘pena’ de acometer este acto debe ser tan incitadora que se vuelva tema de conversación entre guerrilleros, de manera que alguno se convenza de que para recibir semejante premio él desertaría con un secuestrado, a pesar del peligro. Abierta esta rendija, los demás seguirán por ahí.
Congratulaciones al doctor Lizcano por su estoicismo sin límites, propio de un mártir.
El Pais- Cali 01 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov012008/PRI
sábado, octubre 25, 2008
Congreso politiquero
La prohibición de acceder a la carrera administrativa sin concurso de méritos -Artículo 125 de la Constitución- está a punto de ser modificada por el Congreso. El acto legislativo, en segunda vuelta, pretende inscribir en carrera “de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público” a los servidores que estaban en provisionalidad en el 2004, para lo cual ordena la suspensión de “todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados” por esos empleados.
¡A todas luces una afrenta a los principios democráticos y a la ciudadanía!
So pretexto de proteger la estabilidad laboral de los provisionales, la artimaña del Congreso lesiona los intereses e incluso los derechos adquiridos de los colombianos que querrían concursar, así lo ha dicho la Corte Constitucional al derogar leyes que pretendían conferir cargos de manera definitiva a los provisionales o establecer condiciones más ventajosas para este personal frente a los demás aspirantes nacionales. Es una trasgresión al derecho de igualdad.
El desempleo y los buenos salarios del sector público hacen atractivos estos puestos para bastos segmentos de la población. A la Convocatoria Pública 001 del 2005 para proveer 40.000 cargos públicos que son ejercidos en provisionalidad, algunos por quienes se verán beneficiados por la decisión del Congreso, se presentaron 620.000 colombianos. Hay más de 15 colombianos interesados en cada cargo, en promedio. La manera de elegir entre ellos debe ser justa y transparente. El concurso como lo ha definido la Corte Constitucional es “un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal, y concretamente a la función pública, accedan los mejores y los más capaces funcionarios”. Los concursos que el Congreso pretende eliminar, intentan frenar la tendencia a proveer los empleos públicos como favores del nominador, y propende por la selección objetiva en beneficio de los aspirantes y del servicio mismo.
En beneficio de la comunidad y del Estado el servicio público privilegia los intereses colectivos frente a los derechos individuales. A pesar de que existe el derecho a la estabilidad laboral, los congresistas tienen que participar cada cuatro años en elecciones, y ser elegidos o remplazados; así también el Presidente, los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, pues el servicio público exige flexibilidad para mantener la calidad. En la carrera administrativa se instituyó un sistema donde la estabilidad está subordinada, tanto a unos estándares mínimos de calidad que garanticen la adecuada prestación de las funciones públicas, como al concurso con el fin de proveer los cargos y los ascensos con los aspirantes más capaces. Colocar la estabilidad laboral por encima de los intereses colectivos no es aceptable.
Presumir la futilidad del concurso aún cuando los provisionales prestan servicios satisfactorios, es dar por superadas las razones por las cuales se consagró el Artículo 125 en la Constitución, a pesar de que todas ellas están vigentes. La decisión que está a punto de tomar el Congreso subordinará los intereses colectivos de la Nación a los intereses individuales ‘sindicalizados’ de los provisionales, y al hacerlo afecta a concursantes, perjudica el servicio público y rompe el espíritu del Estado Social de Derecho.
¡A todas luces una afrenta a los principios democráticos y a la ciudadanía!
So pretexto de proteger la estabilidad laboral de los provisionales, la artimaña del Congreso lesiona los intereses e incluso los derechos adquiridos de los colombianos que querrían concursar, así lo ha dicho la Corte Constitucional al derogar leyes que pretendían conferir cargos de manera definitiva a los provisionales o establecer condiciones más ventajosas para este personal frente a los demás aspirantes nacionales. Es una trasgresión al derecho de igualdad.
El desempleo y los buenos salarios del sector público hacen atractivos estos puestos para bastos segmentos de la población. A la Convocatoria Pública 001 del 2005 para proveer 40.000 cargos públicos que son ejercidos en provisionalidad, algunos por quienes se verán beneficiados por la decisión del Congreso, se presentaron 620.000 colombianos. Hay más de 15 colombianos interesados en cada cargo, en promedio. La manera de elegir entre ellos debe ser justa y transparente. El concurso como lo ha definido la Corte Constitucional es “un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal, y concretamente a la función pública, accedan los mejores y los más capaces funcionarios”. Los concursos que el Congreso pretende eliminar, intentan frenar la tendencia a proveer los empleos públicos como favores del nominador, y propende por la selección objetiva en beneficio de los aspirantes y del servicio mismo.
En beneficio de la comunidad y del Estado el servicio público privilegia los intereses colectivos frente a los derechos individuales. A pesar de que existe el derecho a la estabilidad laboral, los congresistas tienen que participar cada cuatro años en elecciones, y ser elegidos o remplazados; así también el Presidente, los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, pues el servicio público exige flexibilidad para mantener la calidad. En la carrera administrativa se instituyó un sistema donde la estabilidad está subordinada, tanto a unos estándares mínimos de calidad que garanticen la adecuada prestación de las funciones públicas, como al concurso con el fin de proveer los cargos y los ascensos con los aspirantes más capaces. Colocar la estabilidad laboral por encima de los intereses colectivos no es aceptable.
Presumir la futilidad del concurso aún cuando los provisionales prestan servicios satisfactorios, es dar por superadas las razones por las cuales se consagró el Artículo 125 en la Constitución, a pesar de que todas ellas están vigentes. La decisión que está a punto de tomar el Congreso subordinará los intereses colectivos de la Nación a los intereses individuales ‘sindicalizados’ de los provisionales, y al hacerlo afecta a concursantes, perjudica el servicio público y rompe el espíritu del Estado Social de Derecho.
domingo, octubre 19, 2008
Los indígenas y la tierra
Los indígenas han sido un grupo consentido desde la Constitución de 1991 que creó figuras de discriminación positiva para reparar su marginación. Desde entonces la organización indígena ha crecido y consolidado una poderosa vocería política que los representa en las altas esferas del poder. Los resultados han sido efectivos, los indígenas son tan sólo el 2,2% de la población colombiana y tienen, prácticamente, una tercera parte del territorio nacional; el 27% que equivale a 30’739.345 hectáreas. Además los resguardos reciben transferencias que este año superan los $100.000 millones.
Las comunidades indígenas caucanas no han sido ajenas a estas concesiones y cuentan con más de 154.000 hectáreas en el departamento. Además tienen una representación nutrida en el Congreso y han ocupado posiciones políticas como la Gobernación del Departamento.
El Gobierno ha sido fiel en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad: en 1991 se prometieron 15.000 hectáreas, y este Gobierno ha cumplido en un 76%; en 1999 el compromiso fue de 8.000 hectáreas más, de las cuales se han comprado más de 4.000. Esas 16.539 hectáreas nos han costado $33.000 millones, y los planes para completar el faltante siguen en curso.
Sorprende que sigan insatisfechos, pero el deseo de progresar y exigir cada vez más es propio de algunos grupos, y por ello el reclamo social puede justificarse. Pero hay que distinguir la protesta social, de los actos de tinte extorsivo, violentos y mezquinos que utilizan los indígenas para chantajear al Estado.
Taponar la vía Panamericana para perjudicar a los habitantes del Suroccidente -una población civil afectada por la pobreza- es un atropello atroz. Muchos negocios abandonan el Suroccidente por esos continuos bloqueos que impiden el comercio y que provocan la quiebra de negocios prósperos, como la lechería. Otros que pudieron haber surgido con la Ley Páez se establecieron en Santander de Quilichao por el temor a ese sabotaje permanente en la zona de La María. Pero el daño no se limita a la comunidad, tenemos 70 policías heridos, algunos de ellos de manera que limita para siempre su calidad de vida.
Y son costumbre las invasiones violentas a las propiedades por parte de los indígenas. No existe argumento que justifique ese ultraje. Los campesinos e industriales del agro tienen también derecho a ser propietarios y a no ser invadidos y despojados de su fuente de sustento. Las pretensiones reivindicatorias, como todos los derechos, deben tener su límite frente a los derechos ajenos. No pueden ser mecanismo para atropellar sin consideración a los otros.
Ese estilo de negociación arbitrario, irrespetuoso y delincuencial es inaceptable, y debe ser inconducente. No debemos premiar el irrespeto y el chantaje; hay otros mecanismos, sobre todo con una estructura política como la que poseen.
Alarma que los propios lideres indígenas inciten a la violencia y atropello, el senador Piñacué a mediados de este año en el Congreso dijo: "A lo jóvenes indígenas paeces, levántense, tómense estas tierras. He buscado la manera de dialogar, de discutir, de concitar el interés del Gobierno y no hay posibilidades de que nos escuchen. No vamos a morir de rodillas, prefiramos morir en la condición en que nos están condenando antes que aguardar silencio y paciencia como lo guardamos durante tantos siglos".
Octubre 18 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct182008/PRI
Las comunidades indígenas caucanas no han sido ajenas a estas concesiones y cuentan con más de 154.000 hectáreas en el departamento. Además tienen una representación nutrida en el Congreso y han ocupado posiciones políticas como la Gobernación del Departamento.
El Gobierno ha sido fiel en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad: en 1991 se prometieron 15.000 hectáreas, y este Gobierno ha cumplido en un 76%; en 1999 el compromiso fue de 8.000 hectáreas más, de las cuales se han comprado más de 4.000. Esas 16.539 hectáreas nos han costado $33.000 millones, y los planes para completar el faltante siguen en curso.
Sorprende que sigan insatisfechos, pero el deseo de progresar y exigir cada vez más es propio de algunos grupos, y por ello el reclamo social puede justificarse. Pero hay que distinguir la protesta social, de los actos de tinte extorsivo, violentos y mezquinos que utilizan los indígenas para chantajear al Estado.
Taponar la vía Panamericana para perjudicar a los habitantes del Suroccidente -una población civil afectada por la pobreza- es un atropello atroz. Muchos negocios abandonan el Suroccidente por esos continuos bloqueos que impiden el comercio y que provocan la quiebra de negocios prósperos, como la lechería. Otros que pudieron haber surgido con la Ley Páez se establecieron en Santander de Quilichao por el temor a ese sabotaje permanente en la zona de La María. Pero el daño no se limita a la comunidad, tenemos 70 policías heridos, algunos de ellos de manera que limita para siempre su calidad de vida.
Y son costumbre las invasiones violentas a las propiedades por parte de los indígenas. No existe argumento que justifique ese ultraje. Los campesinos e industriales del agro tienen también derecho a ser propietarios y a no ser invadidos y despojados de su fuente de sustento. Las pretensiones reivindicatorias, como todos los derechos, deben tener su límite frente a los derechos ajenos. No pueden ser mecanismo para atropellar sin consideración a los otros.
Ese estilo de negociación arbitrario, irrespetuoso y delincuencial es inaceptable, y debe ser inconducente. No debemos premiar el irrespeto y el chantaje; hay otros mecanismos, sobre todo con una estructura política como la que poseen.
Alarma que los propios lideres indígenas inciten a la violencia y atropello, el senador Piñacué a mediados de este año en el Congreso dijo: "A lo jóvenes indígenas paeces, levántense, tómense estas tierras. He buscado la manera de dialogar, de discutir, de concitar el interés del Gobierno y no hay posibilidades de que nos escuchen. No vamos a morir de rodillas, prefiramos morir en la condición en que nos están condenando antes que aguardar silencio y paciencia como lo guardamos durante tantos siglos".
Octubre 18 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct182008/PRI
sábado, octubre 11, 2008
Elogio a la literatura y al futuro
Nuestro idioma es uno de los grandes legados que hubo de dejarnos aquel ya lejano 12 de octubre de 1492, en el que un grupo de españoles llegó, sin saberlo, al continente americano. El Español ha servido a los latinoamericanos para cantar la exuberante existencia de este continente, y es una pieza fundamental para la construcción de un mejor futuro, y quiero ilustrarlo con la literatura.
La sensibilidad literaria es capaz de encontrar el detalle que refleja lo mejor o lo peor del alma humana. En su misión rescata la vivencia anónima, que pasa inadvertida a los ojos de la historia porque no juega un papel trascendental en la sociedad, no modifica el mundo, no altera el orden de las cosas; y que pasa, también, ignorada por el periodismo, pues no tiene la emoción de la actualidad escandalosa y llamativa. El escritor encuentra que esa vida insignificante representa a la humanidad misma, en el pasado, presente y futuro. Y al contarla determina quiénes y cómo somos y crea nuestra manera de reaccionar. El mundo literario es el gran crisol en el que se funde nuestra cultura.
Sólo cuando el monje Palemón “…la miraba, la miraba, la miraba, y, queriendo hablar, no hablaba, y sentía su alma esclava de la bella pecadora de mirada tentadora, y un ardor nunca sentido sus arterias encendía, y un temblor desconocido su figura larga y flaca y amarilla sacudía”, y Valencia le gritó “¡era amor!” fuimos capaces de reconocer el enamoramiento. Únicamente después de que el genio de Juana engendró que el contacto con el ser amado nos transforma físicamente, al contarnos: “Mi amante besome las manos, y en ellas, ¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas”, hemos sentido nosotros que también nos brotan flores con los besos. Sabemos por Neruda que “es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Y Silva, al describir la aflicción “…toda, muda y pálida como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara…” nos legó una capa, para cubrirnos, cuando estamos tristes.
Todo lo que sentimos y deseamos está amplificado y estructurado por las formas que nos infunde el arte. A través de un poderoso efecto estético graba en la mente la manera de percibir y valorar cada uno de los hechos que nos suceden; se inventa la manera de sentir el amor y el desamor, lo triste, lo feo, lo malo… el significado de vivir y morir. Esa intuición para ubicar lo que nos hace más humanos, no sólo determina lo que fuimos, crea lo que somos, sino que también nos encamina hacia lo que seremos; pues inventa el ideal del futuro colectivo. Así como Julio Verne trazó ideas que luego fueron reales, así también lo será el futuro que la literatura imagine hoy.
Colombia es un país trepidante. Sus historias de la violencia y dolor humano son sobre la crueldad, la tortura y la bestialidad que puede alcanzar el hombre en medio del conflicto. Estaríamos condenados a representar el fin de todo lo que en los hombres vale la pena. Pero, en medio del dolor resurge, como después de la tempestad, el sol; y aparecen los actos de compasión que no tienen precedentes sino en el santo, la valentía perdida del héroe, el suplicio invisible del asceta y el sacrificio del olvidado mártir; pues en medio de la decadencia siempre resurge lo que vale. Suficiente y hermoso para moldear ese ideal humano y el imaginario colectivo del futuro que tanta falta nos hace.
Octubre 11 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
La sensibilidad literaria es capaz de encontrar el detalle que refleja lo mejor o lo peor del alma humana. En su misión rescata la vivencia anónima, que pasa inadvertida a los ojos de la historia porque no juega un papel trascendental en la sociedad, no modifica el mundo, no altera el orden de las cosas; y que pasa, también, ignorada por el periodismo, pues no tiene la emoción de la actualidad escandalosa y llamativa. El escritor encuentra que esa vida insignificante representa a la humanidad misma, en el pasado, presente y futuro. Y al contarla determina quiénes y cómo somos y crea nuestra manera de reaccionar. El mundo literario es el gran crisol en el que se funde nuestra cultura.
Sólo cuando el monje Palemón “…la miraba, la miraba, la miraba, y, queriendo hablar, no hablaba, y sentía su alma esclava de la bella pecadora de mirada tentadora, y un ardor nunca sentido sus arterias encendía, y un temblor desconocido su figura larga y flaca y amarilla sacudía”, y Valencia le gritó “¡era amor!” fuimos capaces de reconocer el enamoramiento. Únicamente después de que el genio de Juana engendró que el contacto con el ser amado nos transforma físicamente, al contarnos: “Mi amante besome las manos, y en ellas, ¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas”, hemos sentido nosotros que también nos brotan flores con los besos. Sabemos por Neruda que “es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Y Silva, al describir la aflicción “…toda, muda y pálida como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara…” nos legó una capa, para cubrirnos, cuando estamos tristes.
Todo lo que sentimos y deseamos está amplificado y estructurado por las formas que nos infunde el arte. A través de un poderoso efecto estético graba en la mente la manera de percibir y valorar cada uno de los hechos que nos suceden; se inventa la manera de sentir el amor y el desamor, lo triste, lo feo, lo malo… el significado de vivir y morir. Esa intuición para ubicar lo que nos hace más humanos, no sólo determina lo que fuimos, crea lo que somos, sino que también nos encamina hacia lo que seremos; pues inventa el ideal del futuro colectivo. Así como Julio Verne trazó ideas que luego fueron reales, así también lo será el futuro que la literatura imagine hoy.
Colombia es un país trepidante. Sus historias de la violencia y dolor humano son sobre la crueldad, la tortura y la bestialidad que puede alcanzar el hombre en medio del conflicto. Estaríamos condenados a representar el fin de todo lo que en los hombres vale la pena. Pero, en medio del dolor resurge, como después de la tempestad, el sol; y aparecen los actos de compasión que no tienen precedentes sino en el santo, la valentía perdida del héroe, el suplicio invisible del asceta y el sacrificio del olvidado mártir; pues en medio de la decadencia siempre resurge lo que vale. Suficiente y hermoso para moldear ese ideal humano y el imaginario colectivo del futuro que tanta falta nos hace.
Octubre 11 de 2008
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sábado, octubre 04, 2008
La Suprema soberbia
La Corte Suprema ha reaccionado airadamente ante la tutela que le concedió al ministro Palacios la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y no sorprende. Es una evidencia más de que esa Corte se siente infalible, incuestionable y amenazada por la diferencia.
La decisión de la Judicatura se sustenta en argumentos razonables: hacer juicios valorativos en la sentencia que establecen que el ministro Palacios -o cualquier otro colombiano- ha participado en los delitos que se investigan, es imponer una condena tácita. El hecho es gravísimo, pero sobre todo contrario al Derecho. Para que un individuo pueda ser condenado es necesario que sea oído y vencido dentro de un juicio, de manera que tenga oportunidades para defenderse y, controvertir y solicitar pruebas.
La sentencia de la Corte Suprema condena al Ministro, pues acepta como ciertas las declaraciones de Yidis que lo inculpan. Por supuesto, ello tiene consecuencias claras sobre el Ministro. Comprende el lector que otro juez de inferior jerarquía se siente presionado en cumplir esa precondena establecida por la Corte. Es más, la Procuraduría inició el proceso disciplinario hace pocos meses a raíz de esa condena.
Se trata de una decisión justificada y proferida en desarrollo de sus facultades legales y constitucionales; como todo fallo jurídico es discutible, pero le corresponde a la Corte Constitucional esa tarea. Aún así la Corte Suprema -como ya es usual- se enfrenta con una Corte de igual jerarquía y la califica de “desatinada” y con “intención de distorsionar”. El país no pude seguir a merced de un poder tan soberbio que irrespeta las decisiones de otras instancias institucionales que en su actuación legitima porque se apartan de las propias.
No tiene justificación la Corte Suprema que ha generado un discurso según el cual todo lo que se separe de sus opiniones es una conspiración. Su aversión por la controversia es tal, que se niega a aceptar reglas del Derecho Internacional, como la doble instancia, por el afán de que no exista nadie sobre ella, nadie que pueda criticar sus decisiones.
La Justicia debería ser por excelencia la rama más reposada y serena del poder, por el contrario vemos una Corte enfurecida, vehemente, que apela a la persecución como argumento para ignorar el debate. Esa Corte la emprende contra todas las otras instituciones que osen cuestionarla: ha producido un temor reverencial que casi impide el funcionamiento del Congreso.
El Gobierno tiene que pedirle permiso para cumplir sus funciones, como plantear una reforma a la Justicia; la Corte, en cambio, sin pena excluye a la institución presidencial de los foros sobre la Justicia. Esa misma Corte hace unos días proponía, como mecanismo para evitar la impunidad, suprimir la posibilidad de que los congresistas renuncien a su fuero y sean juzgados por la Fiscalía y los jueces. Sugieren abiertamente que el resto del sistema judicial no sirve, que sólo ellos son capaces. Ahora, contra la Judicatura.
Y una reflexión final. La idea de la cadena perpetua o de la pena de muerte es inconducente y superficial, producto sólo del oportunismo politiquero. La Justicia colombiana no está en capacidad de asumir semejante responsabilidad. Recordemos que tenemos una justicia que lleva más de 40 días en paro. Una justicia sumida en escándalos de corrupción que olvidamos demasiado pronto. Y con una soberbia Corte.
Octubre 04 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
La decisión de la Judicatura se sustenta en argumentos razonables: hacer juicios valorativos en la sentencia que establecen que el ministro Palacios -o cualquier otro colombiano- ha participado en los delitos que se investigan, es imponer una condena tácita. El hecho es gravísimo, pero sobre todo contrario al Derecho. Para que un individuo pueda ser condenado es necesario que sea oído y vencido dentro de un juicio, de manera que tenga oportunidades para defenderse y, controvertir y solicitar pruebas.
La sentencia de la Corte Suprema condena al Ministro, pues acepta como ciertas las declaraciones de Yidis que lo inculpan. Por supuesto, ello tiene consecuencias claras sobre el Ministro. Comprende el lector que otro juez de inferior jerarquía se siente presionado en cumplir esa precondena establecida por la Corte. Es más, la Procuraduría inició el proceso disciplinario hace pocos meses a raíz de esa condena.
Se trata de una decisión justificada y proferida en desarrollo de sus facultades legales y constitucionales; como todo fallo jurídico es discutible, pero le corresponde a la Corte Constitucional esa tarea. Aún así la Corte Suprema -como ya es usual- se enfrenta con una Corte de igual jerarquía y la califica de “desatinada” y con “intención de distorsionar”. El país no pude seguir a merced de un poder tan soberbio que irrespeta las decisiones de otras instancias institucionales que en su actuación legitima porque se apartan de las propias.
No tiene justificación la Corte Suprema que ha generado un discurso según el cual todo lo que se separe de sus opiniones es una conspiración. Su aversión por la controversia es tal, que se niega a aceptar reglas del Derecho Internacional, como la doble instancia, por el afán de que no exista nadie sobre ella, nadie que pueda criticar sus decisiones.
La Justicia debería ser por excelencia la rama más reposada y serena del poder, por el contrario vemos una Corte enfurecida, vehemente, que apela a la persecución como argumento para ignorar el debate. Esa Corte la emprende contra todas las otras instituciones que osen cuestionarla: ha producido un temor reverencial que casi impide el funcionamiento del Congreso.
El Gobierno tiene que pedirle permiso para cumplir sus funciones, como plantear una reforma a la Justicia; la Corte, en cambio, sin pena excluye a la institución presidencial de los foros sobre la Justicia. Esa misma Corte hace unos días proponía, como mecanismo para evitar la impunidad, suprimir la posibilidad de que los congresistas renuncien a su fuero y sean juzgados por la Fiscalía y los jueces. Sugieren abiertamente que el resto del sistema judicial no sirve, que sólo ellos son capaces. Ahora, contra la Judicatura.
Y una reflexión final. La idea de la cadena perpetua o de la pena de muerte es inconducente y superficial, producto sólo del oportunismo politiquero. La Justicia colombiana no está en capacidad de asumir semejante responsabilidad. Recordemos que tenemos una justicia que lleva más de 40 días en paro. Una justicia sumida en escándalos de corrupción que olvidamos demasiado pronto. Y con una soberbia Corte.
Octubre 04 de 2008
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sábado, septiembre 27, 2008
El abusivo chantaje judicial
El paro judicial ha dibujado claramente la tensión entre los derechos laborales y los derechos de acceso a la Justicia y el debido proceso, pero cada vez más, parece que estamos frente a un abuso del derecho de negociación colectiva:
El enfrentamiento patrono-obrero -poderoso vs. vulnerable que dio origen a la normatividad proteccionista a favor de los débiles empleados, pierde su configuración en la relación de los sindicatos públicos y el Estado colombiano. Ya son varios los casos de sindicatos abusivos y absorbentes que mediante paros y huelgas han logrado apropiarse de fracciones significativas del erario y que terminan dejando sin capacidad operacional a las empresas públicas o incluso endeudando la Nación para responder por pasivos pensionales por fuera de las realidades fiscales.
Asonal Judicial está en eso. Quieren más de $60.000 millones, sin importar las consecuencias inflacionarias para el país, ni su situación fiscal. Pero lo realmente escandaloso son algunas peticiones del pliego:
Solicitan “instrumentalizar una verdadera estabilidad laboral” para lo cual se exige “la suspensión inmediata del concurso” para la Fiscalía y para los empleados de corporaciones y juzgados. Es inaceptable que a estas alturas los servidores públicos insistan en perpetuarse en sus cargos, sin que sea posible la movilidad. Aquellos privilegiados -que tienen el puesto- no pueden desconocer al resto de colombianos que desearían poder acceder a éstos. Se trata de elemental igualdad, en un país con un desempleo prominente es necesario que las nuevas generaciones, jóvenes, los desempleados, con capacidades, puedan tener, al menos, la oportunidad de competir en un concurso, contra aquellos que les llevan la ventaja de la experiencia. Los concursos son un mecanismo para abrir las puertas a la competencia y propenden por un mejor sector público, pues los mejores son seleccionados. Haber tenido el trabajo de primero, no es la única razón para mantenerlo si hay otros que también lo quieren; hay que resolverlo por el mérito. Malos recuerdos nos quedan al haber entronizado una burocracia, muchas veces ineficiente, en contra de los intereses nacionales y el derecho que tenemos todos a aspirar a los cargos del sector público.
Igualmente descarada la petición referida a la Ley 4 de 1992. Para aquellos lectores que no los saben se trata de la siguiente perla: la Corte Constitucional -abrogándose facultades por fuera de la Constitución como ordenadora de gasto- decidió igualar el régimen prestacional de los magistrados al de los congresistas contenido en la Ley 4. Ello, por supuesto, implica un alza enorme a las pensiones de toda la pirámide judicial, pues las liquidaciones se interrelacionan unas con otras. Vale la pena señalar que existen razones que justifican el régimen prestacional de los congresistas, quienes son un grupo muy reducido, no tienen estabilidad laboral pues, cada cuatro años pueden ser derrotados y deben, además, costear las campañas -sin importar si son elegidos o no-. Bien distinto al caso de la Rama Judicial: estable, sin costos de acceso y con muchísimo empleados.
Una final: alza del salario de 70% para empleados de todas las dependencias.
Parecería conveniente generar normatividad para limitar la capacidad de abuso de esos sindicatos sobre el patrimonio común y derecho a la justicia de todos los colombianos. Pero juzguen ustedes.
Septiembre 27 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
El enfrentamiento patrono-obrero -poderoso vs. vulnerable que dio origen a la normatividad proteccionista a favor de los débiles empleados, pierde su configuración en la relación de los sindicatos públicos y el Estado colombiano. Ya son varios los casos de sindicatos abusivos y absorbentes que mediante paros y huelgas han logrado apropiarse de fracciones significativas del erario y que terminan dejando sin capacidad operacional a las empresas públicas o incluso endeudando la Nación para responder por pasivos pensionales por fuera de las realidades fiscales.
Asonal Judicial está en eso. Quieren más de $60.000 millones, sin importar las consecuencias inflacionarias para el país, ni su situación fiscal. Pero lo realmente escandaloso son algunas peticiones del pliego:
Solicitan “instrumentalizar una verdadera estabilidad laboral” para lo cual se exige “la suspensión inmediata del concurso” para la Fiscalía y para los empleados de corporaciones y juzgados. Es inaceptable que a estas alturas los servidores públicos insistan en perpetuarse en sus cargos, sin que sea posible la movilidad. Aquellos privilegiados -que tienen el puesto- no pueden desconocer al resto de colombianos que desearían poder acceder a éstos. Se trata de elemental igualdad, en un país con un desempleo prominente es necesario que las nuevas generaciones, jóvenes, los desempleados, con capacidades, puedan tener, al menos, la oportunidad de competir en un concurso, contra aquellos que les llevan la ventaja de la experiencia. Los concursos son un mecanismo para abrir las puertas a la competencia y propenden por un mejor sector público, pues los mejores son seleccionados. Haber tenido el trabajo de primero, no es la única razón para mantenerlo si hay otros que también lo quieren; hay que resolverlo por el mérito. Malos recuerdos nos quedan al haber entronizado una burocracia, muchas veces ineficiente, en contra de los intereses nacionales y el derecho que tenemos todos a aspirar a los cargos del sector público.
Igualmente descarada la petición referida a la Ley 4 de 1992. Para aquellos lectores que no los saben se trata de la siguiente perla: la Corte Constitucional -abrogándose facultades por fuera de la Constitución como ordenadora de gasto- decidió igualar el régimen prestacional de los magistrados al de los congresistas contenido en la Ley 4. Ello, por supuesto, implica un alza enorme a las pensiones de toda la pirámide judicial, pues las liquidaciones se interrelacionan unas con otras. Vale la pena señalar que existen razones que justifican el régimen prestacional de los congresistas, quienes son un grupo muy reducido, no tienen estabilidad laboral pues, cada cuatro años pueden ser derrotados y deben, además, costear las campañas -sin importar si son elegidos o no-. Bien distinto al caso de la Rama Judicial: estable, sin costos de acceso y con muchísimo empleados.
Una final: alza del salario de 70% para empleados de todas las dependencias.
Parecería conveniente generar normatividad para limitar la capacidad de abuso de esos sindicatos sobre el patrimonio común y derecho a la justicia de todos los colombianos. Pero juzguen ustedes.
Septiembre 27 de 2008
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sábado, septiembre 20, 2008
¡Viva(nco) Chávez!
Sorprende que en la presentación del informe de Human Rights Watch sobre la situación de Venezuela, el Director para las Américas de esa organización diga que "Venezuela no es el país donde más se violan los derechos humanos en la región", pues están Colombia y Cuba, que son un "caso único en Latinoamérica", para rematar diciendo: "El conflicto armado colombiano sigue siendo uno de los problemas más serios desde el punto de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en todo el continente".
La afirmación, transcrita en varios medios de comunicación, no hace parte del informe que está circunscrito exclusivamente al caso venezolano. Se trata de una opinión personal de Vivanco, en el sentido de que lo sucedido en Venezuela es insignificante al lado de lo que pasa en Colombia.
No es aceptable aprovechar el escenario de presentación de un informe con rigor científico o al menos investigativo para introducir una valoración individual. Las percepciones del señor Vivanco –por ilustradas que se pretendan- no pueden presentarse como conclusiones, como si fueran el resultado de análisis técnico, si no lo son. Si el señor Vivanco quiere comparar el caso colombiano con el venezolano debe hacerlo con un estudio serio, que permita cotejar ciertos aspectos con otros de la misma especie.
Aún recorriendo más publicaciones de HRW esa conclusión no sería admisible. Los títulos de las publicaciones sobre Colombia: ‘Mutilando al pueblo’, sobre el uso de minas antipersona por la guerrilla en Colombia; ‘Colombia: librando a los paramilitares de sus responsabilidades’, ‘Recomendaciones sobre el Decreto Reglamentario de la Ley 975 del 2005’ y el terrible ‘Aprenderás a no llorar’, sobre los más de 11.000 niños combatientes, se refieren a diversos aspectos de un conflicto armado. Mientras los informes sobre Venezuela: ‘Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela’ y este último: ‘Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela’, se refieren al gobierno Chávez.
Comparar un conflicto armado que se desarrolla en determinado país con el Gobierno de otro, que ni siquiera lo padece, no tiene ningún sentido. Hay que comparar gobiernos con gobiernos, conflictos con conflictos. No se pueden comparar peras y manzanas, y extraer moralejas de ello.
Aunque no fue suficiente, muy seguramente, el comentario de Vivanco tenía la intención de congraciarse con Chávez. Se trata de una actitud ridícula y poco seria mediante la cual se le pide perdón a Chávez por las conclusiones de ese informe. Algo así como ‘usted está mal, pero no se preocupe que su vecino Uribe es mucho peor’. Y habrá que preguntar dónde están los informes sobre el gobierno Uribe que permitan esa comparación.
Es a todas luces inaceptable justificar los abusos sucedidos en Venezuela diciendo que en otros países pasan cosas peores.
Nota: Pero las conclusiones de HRW siempre son sorprendentes, cabe recordar que Roth, el director ejecutivo de la organización, en carta abierta le recomendó al candidato McCain no aprobar el TLC con Colombia: “Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”. Le faltó decirle: ¡Es mejor cerrarles los mercados para que, además, pierdan sus trabajos!
Septiembre 20 de 2008
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La afirmación, transcrita en varios medios de comunicación, no hace parte del informe que está circunscrito exclusivamente al caso venezolano. Se trata de una opinión personal de Vivanco, en el sentido de que lo sucedido en Venezuela es insignificante al lado de lo que pasa en Colombia.
No es aceptable aprovechar el escenario de presentación de un informe con rigor científico o al menos investigativo para introducir una valoración individual. Las percepciones del señor Vivanco –por ilustradas que se pretendan- no pueden presentarse como conclusiones, como si fueran el resultado de análisis técnico, si no lo son. Si el señor Vivanco quiere comparar el caso colombiano con el venezolano debe hacerlo con un estudio serio, que permita cotejar ciertos aspectos con otros de la misma especie.
Aún recorriendo más publicaciones de HRW esa conclusión no sería admisible. Los títulos de las publicaciones sobre Colombia: ‘Mutilando al pueblo’, sobre el uso de minas antipersona por la guerrilla en Colombia; ‘Colombia: librando a los paramilitares de sus responsabilidades’, ‘Recomendaciones sobre el Decreto Reglamentario de la Ley 975 del 2005’ y el terrible ‘Aprenderás a no llorar’, sobre los más de 11.000 niños combatientes, se refieren a diversos aspectos de un conflicto armado. Mientras los informes sobre Venezuela: ‘Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela’ y este último: ‘Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela’, se refieren al gobierno Chávez.
Comparar un conflicto armado que se desarrolla en determinado país con el Gobierno de otro, que ni siquiera lo padece, no tiene ningún sentido. Hay que comparar gobiernos con gobiernos, conflictos con conflictos. No se pueden comparar peras y manzanas, y extraer moralejas de ello.
Aunque no fue suficiente, muy seguramente, el comentario de Vivanco tenía la intención de congraciarse con Chávez. Se trata de una actitud ridícula y poco seria mediante la cual se le pide perdón a Chávez por las conclusiones de ese informe. Algo así como ‘usted está mal, pero no se preocupe que su vecino Uribe es mucho peor’. Y habrá que preguntar dónde están los informes sobre el gobierno Uribe que permitan esa comparación.
Es a todas luces inaceptable justificar los abusos sucedidos en Venezuela diciendo que en otros países pasan cosas peores.
Nota: Pero las conclusiones de HRW siempre son sorprendentes, cabe recordar que Roth, el director ejecutivo de la organización, en carta abierta le recomendó al candidato McCain no aprobar el TLC con Colombia: “Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”. Le faltó decirle: ¡Es mejor cerrarles los mercados para que, además, pierdan sus trabajos!
Septiembre 20 de 2008
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sábado, septiembre 13, 2008
La dictadura de los jueces
Sentencias del tenor “no dejaremos amedrentar a la justicia” se dicen hoy con pretensiones heroicas. Por supuesto, no hay tal heroísmo. De tiempo atrás viene la Corte Suprema en disputas brutales contra otras instancias del poder público colombiano. Primero, fueron sus conflictos con la Corte Constitucional, disminuidos en la medida que unos magistrados pasaron de aquí para allá. Luego, el Congreso, al que investigan, fue presa fácil. Tanto así, que tenemos un Congreso atemorizado de ejercer su función por el terror que le infunde la Rama Judicial. Se dice incapaz de legislar, de siquiera analizar los proyectos de reforma a la política y a la justicia, por el espanto a perder sus investiduras con el tema de los impedimentos.
Y ahora la Corte la emprende contra el Presidente, y los detractores del Gobierno aprovechan para hacerle eco. Pero hay que entender el conflicto en su verdadera dimensión. Algunos sostienen que el Presidente al proferir sus opiniones adversas a ciertos procedimientos o decisiones de la Corte no respeta ese poder. Distinto es que las decisiones se acaten, como lo establece la ley, a que las decisiones sean cuestionables, como lo son todas en un contexto democrático.
Pretender que nadie, ni aún el Jefe de Estado -jefe por mandato constitucional de las tres ramas del poder- pueda opinar sobre las decisiones de una Corte, es violentar la esencia misma de la democracia. Todos podemos criticar e intentar pernear la toma de decisiones. Se trata de mostrar otros puntos de vista, de manera que quien decide tenga la mayor cantidad de intereses en cuenta. Lo contrario sería como pretender que las decisiones del Ejecutivo no puedan ser juzgas por nadie, ni aún otras ramas. Por ejemplo, no podríamos examinar si debe o no haber acuerdo humanitario u objetar que no lo haya; si deben o no extraditarse a los paramilitares o rechazar que se haga. Son propios de la democracia los debates y los desencuentros, pues a pesar del disgusto, las decisiones se cumplen. El temor reverencial que desean construir en torno a la imposibilidad de que alguien objete o siquiera discuta las decisiones que se toman es inaceptable.
La autonomía de las diferentes ramas del poder tiene un sentido, que cada una cumpla su función; y se ha roto: tenemos un Congreso que no puede actuar por temor a la jurisdicción. La autonomía tiene, al mismo tiempo, un límite: la institución debe ajustarse a sus funciones y de no hacerlo la voluntad democrática debe tener mecanismos para controlarla; también se ha roto. No es democrático un sistema de justicia que ejerce funciones sin ningún control. Una Corte Suprema compra-pleitos, que se refiere en términos peyorativos al Presidente y sugiere juegos macabros en decires poco precisos y se dibuja con una agenda política, es abusiva, y no tenemos como controlarla.
Pero el exceso ha ido permeando la administración de justicia. El sector le cuesta actualmente al país un billón 581 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba en el 2002, y como no está todavía conforme pretende, para obtener mayores salarios, presionar al Gobierno con un método contrario a la ley (los paros son ilegales en los servicios públicos esenciales).
¿Sabe cuántos son los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuántos nombres se sabe? ¿Conoce la trayectoria de alguno? Entérese, ahora ellos colegislan, y podrían estar pretendiendo gobernar.
Septiembre 13 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
Y ahora la Corte la emprende contra el Presidente, y los detractores del Gobierno aprovechan para hacerle eco. Pero hay que entender el conflicto en su verdadera dimensión. Algunos sostienen que el Presidente al proferir sus opiniones adversas a ciertos procedimientos o decisiones de la Corte no respeta ese poder. Distinto es que las decisiones se acaten, como lo establece la ley, a que las decisiones sean cuestionables, como lo son todas en un contexto democrático.
Pretender que nadie, ni aún el Jefe de Estado -jefe por mandato constitucional de las tres ramas del poder- pueda opinar sobre las decisiones de una Corte, es violentar la esencia misma de la democracia. Todos podemos criticar e intentar pernear la toma de decisiones. Se trata de mostrar otros puntos de vista, de manera que quien decide tenga la mayor cantidad de intereses en cuenta. Lo contrario sería como pretender que las decisiones del Ejecutivo no puedan ser juzgas por nadie, ni aún otras ramas. Por ejemplo, no podríamos examinar si debe o no haber acuerdo humanitario u objetar que no lo haya; si deben o no extraditarse a los paramilitares o rechazar que se haga. Son propios de la democracia los debates y los desencuentros, pues a pesar del disgusto, las decisiones se cumplen. El temor reverencial que desean construir en torno a la imposibilidad de que alguien objete o siquiera discuta las decisiones que se toman es inaceptable.
La autonomía de las diferentes ramas del poder tiene un sentido, que cada una cumpla su función; y se ha roto: tenemos un Congreso que no puede actuar por temor a la jurisdicción. La autonomía tiene, al mismo tiempo, un límite: la institución debe ajustarse a sus funciones y de no hacerlo la voluntad democrática debe tener mecanismos para controlarla; también se ha roto. No es democrático un sistema de justicia que ejerce funciones sin ningún control. Una Corte Suprema compra-pleitos, que se refiere en términos peyorativos al Presidente y sugiere juegos macabros en decires poco precisos y se dibuja con una agenda política, es abusiva, y no tenemos como controlarla.
Pero el exceso ha ido permeando la administración de justicia. El sector le cuesta actualmente al país un billón 581 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba en el 2002, y como no está todavía conforme pretende, para obtener mayores salarios, presionar al Gobierno con un método contrario a la ley (los paros son ilegales en los servicios públicos esenciales).
¿Sabe cuántos son los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuántos nombres se sabe? ¿Conoce la trayectoria de alguno? Entérese, ahora ellos colegislan, y podrían estar pretendiendo gobernar.
Septiembre 13 de 2008
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viernes, septiembre 07, 2007
Hasta luego…
Colombia es uno de los pocos países que ha podido salir del anonimato que corresponde a las naciones pequeñas y subdesarrolladas. Somos conocidos en casi todos los países y ese selecto grupo de instituciones transnacionales, que llaman ‘la comunidad internacional’, nos tiene bien presentes. En un principio éramos distinguidos como los productores de cocaína más grandes del mundo y nos hicieron famosos los escándalos de nuestros narcos y las exuberancias de una democracia tropical acorralada por guerrillas, paramilitares y drogas. Esa comunidad internacional posó sus ojos sobre nosotros como pájaros que nos observan y nos juzgan permanente, y entonces se convirtió un una tema obligado para la política nacional.
Pero mejorar nuestra imagen y la del Gobierno colombiano no ha sido simple. Existían muchos prejuicios en nuestra contra originados en las ‘campañas de promoción’ de las Farc y otras organizaciones al margen de la ley. Con retóricas románticas e idealistas habían confundido a los extranjeros sobre lo que sucedía en el país.
Este Gobierno y su manera clara y precisa de abordar los asuntos han producido el milagro de que la comunidad internacional empiece a ver lo que realmente esta pasando en Colombia. El canciller Araújo ha llevado el drama del secuestro ante los ojos internacionales, lo que permitió que entenderían lo terrible del asesinato del los once diputados. Además, pudieron apreciar el comportamiento ruin y bajo que ha tenido las Farc a la hora de entregar los restos de sus víctimas. Las acciones del Ejército les permiten conocer el diario de la soñadora holandesa convertida en derribadora de helicópteros y los datos de un computador donde los ‘rebeldes’ deciden fusilar a personalidades de la vida pública y atentar contra la vida y bienes de los demás colombianos con bombas. Son evidencias contundentes que los obliga a ver que son las Farc realmente. Finalmente, la vinculación de Chávez es la pieza definitiva para que las izquierdas soñadoras confronten las realidades terribles que esconden las Farc. Es un gran logro haber conseguido que la realidad le gane a la retórica.
Colombia vive un momento muy intenso y reflexionar sobre estas realidades es un ejercicio que nos enriquece y nos prepara para un mejor futuro. Los meses que he tenido esta columna he profundizado en mis propias concepciones sobre la política, las instituciones y nuestro país y espero que hayan contribuido para que alguien, en algún momento, reflexionara sobre sus propias ideas. Infortunadamente esta será mi última columna por un tiempo. Ha sido un gran honor poder escribir en un periódico como El Pais, que tiene la ventaja de no representar los intereses centralistas de la capital y que además se caracteriza por unos lectores informados y cultos, como lo demuestra la seriedad de sus comentarios, siempre respetuosos a pesar de la discrepancia. Por esta oportunidad estaré por siempre agradecida con este diario y con sus lectores. Y como dice la canción, este no es un adiós es sólo un hasta luego.
publicado en El Pais- Cali
Septiembre 08 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep082007/OPN/opi5.html
Pero mejorar nuestra imagen y la del Gobierno colombiano no ha sido simple. Existían muchos prejuicios en nuestra contra originados en las ‘campañas de promoción’ de las Farc y otras organizaciones al margen de la ley. Con retóricas románticas e idealistas habían confundido a los extranjeros sobre lo que sucedía en el país.
Este Gobierno y su manera clara y precisa de abordar los asuntos han producido el milagro de que la comunidad internacional empiece a ver lo que realmente esta pasando en Colombia. El canciller Araújo ha llevado el drama del secuestro ante los ojos internacionales, lo que permitió que entenderían lo terrible del asesinato del los once diputados. Además, pudieron apreciar el comportamiento ruin y bajo que ha tenido las Farc a la hora de entregar los restos de sus víctimas. Las acciones del Ejército les permiten conocer el diario de la soñadora holandesa convertida en derribadora de helicópteros y los datos de un computador donde los ‘rebeldes’ deciden fusilar a personalidades de la vida pública y atentar contra la vida y bienes de los demás colombianos con bombas. Son evidencias contundentes que los obliga a ver que son las Farc realmente. Finalmente, la vinculación de Chávez es la pieza definitiva para que las izquierdas soñadoras confronten las realidades terribles que esconden las Farc. Es un gran logro haber conseguido que la realidad le gane a la retórica.
Colombia vive un momento muy intenso y reflexionar sobre estas realidades es un ejercicio que nos enriquece y nos prepara para un mejor futuro. Los meses que he tenido esta columna he profundizado en mis propias concepciones sobre la política, las instituciones y nuestro país y espero que hayan contribuido para que alguien, en algún momento, reflexionara sobre sus propias ideas. Infortunadamente esta será mi última columna por un tiempo. Ha sido un gran honor poder escribir en un periódico como El Pais, que tiene la ventaja de no representar los intereses centralistas de la capital y que además se caracteriza por unos lectores informados y cultos, como lo demuestra la seriedad de sus comentarios, siempre respetuosos a pesar de la discrepancia. Por esta oportunidad estaré por siempre agradecida con este diario y con sus lectores. Y como dice la canción, este no es un adiós es sólo un hasta luego.
publicado en El Pais- Cali
Septiembre 08 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep082007/OPN/opi5.html
sábado, septiembre 01, 2007
Pena de muerte por computador
La seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe ha logrado reducir de manera sustantiva los ataques de las Farc a las poblaciones y a los ciudadanos, pues la presión del Ejército ha desplazado la ilegalidad hacia zonas apartadas, donde apenas si sabemos de su existencia. El país se ha sentido más tranquilo y las flores de la prosperidad han empezado a retoñar.
A pesar de todos los avances de este Gobierno, conocer los macabros planes de las Farc a través del computador de Carlos Antonio Lozada, jefe máximo de las milicias de esa organización, en los que se planea el asesinato de eminentes personalidades de la vida nacional, nos pone de presente que estamos enfrentados a uno de los más terribles grupos terroristas que haya conocido el mundo. La sentencia de muerte recae sobre personajes cuya vida se ha desarrollado al servicio del país y de las instituciones democráticas, sin que jamás hayan atentado contra ningún colombiano. El crimen y el totalitarismo ha condenado a muerte a la virtud y la libertad.
Este impresionante hallazgo coloca la gestión del presidente Chávez y, en general, la negociación para el intercambio humanitario en una difícil situación. Se hace evidente que una cosa es el Gobierno legítimo y democrático, que encabeza el presidente Uribe, y otra, bien distinta, un grupo que se dedica a secuestrar y condenar a muerte a ilustres personajes con la clara misión de desestabilizar y causar zozobra en la comunidad. Se trata, evidentemente, de terroristas. A los fusilamientos ocultos y no anunciados que ha venido cometiendo las Farc, se contraponen estos nuevos anuncios de fusilamiento. Anuncios que develan la verdadera naturaleza de ese grupo. Anuncios ha debido causar la perplejidad de Chávez y de la comunidad internacional interesada en el acuerdo.
Los hechos han debido sorprender también al Polo Democrático, que ha recibido el respaldo de esa organización terrorista. Por la sanidad de la democracia Colombia esperamos un pronunciamiento enérgico que rechace cualquier tipo de apoyo de las Farc a ese partido y que condene, contundentemente, el proceder de ese grupo.
A esta fehaciente prueba de su condición de terroristas, se suma el proceso de entrega de los cadáveres de los once diputados secuestrados, torturados y asesinados. Debe suceder hoy, dos meses y trece días después de su muerte, después de que sus familias esperaran sin ningún resultado. Este grupo se ha mostrado capaz de negociar, incluso, por los restos de los seres humanos que ellos mismos han torturado y asesinado, capaz de dilatar en el tiempo el dolor de las familias con tal de no confrontar ninguna responsabilidad. Muestran, una vez más, que son fieras de la guerra incapaces de compasión.
El país no debe olvidar que las Farc continúan vivas y que los tentáculos están ocultos, pero dispuestos a atacar en cualquier momento. La ejemplar actitud de Fernando Londoño, uno de los sentenciados a muerte, quien heroicamente anunció su decisión de permanecer en el país y no silenciar su voz, se erige como una bandera que nos señala que sólo con valor lograremos vencer.
Publicado en El Pais- Cali
Septiembre 01 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep012007/OPN/opi03.html
A pesar de todos los avances de este Gobierno, conocer los macabros planes de las Farc a través del computador de Carlos Antonio Lozada, jefe máximo de las milicias de esa organización, en los que se planea el asesinato de eminentes personalidades de la vida nacional, nos pone de presente que estamos enfrentados a uno de los más terribles grupos terroristas que haya conocido el mundo. La sentencia de muerte recae sobre personajes cuya vida se ha desarrollado al servicio del país y de las instituciones democráticas, sin que jamás hayan atentado contra ningún colombiano. El crimen y el totalitarismo ha condenado a muerte a la virtud y la libertad.
Este impresionante hallazgo coloca la gestión del presidente Chávez y, en general, la negociación para el intercambio humanitario en una difícil situación. Se hace evidente que una cosa es el Gobierno legítimo y democrático, que encabeza el presidente Uribe, y otra, bien distinta, un grupo que se dedica a secuestrar y condenar a muerte a ilustres personajes con la clara misión de desestabilizar y causar zozobra en la comunidad. Se trata, evidentemente, de terroristas. A los fusilamientos ocultos y no anunciados que ha venido cometiendo las Farc, se contraponen estos nuevos anuncios de fusilamiento. Anuncios que develan la verdadera naturaleza de ese grupo. Anuncios ha debido causar la perplejidad de Chávez y de la comunidad internacional interesada en el acuerdo.
Los hechos han debido sorprender también al Polo Democrático, que ha recibido el respaldo de esa organización terrorista. Por la sanidad de la democracia Colombia esperamos un pronunciamiento enérgico que rechace cualquier tipo de apoyo de las Farc a ese partido y que condene, contundentemente, el proceder de ese grupo.
A esta fehaciente prueba de su condición de terroristas, se suma el proceso de entrega de los cadáveres de los once diputados secuestrados, torturados y asesinados. Debe suceder hoy, dos meses y trece días después de su muerte, después de que sus familias esperaran sin ningún resultado. Este grupo se ha mostrado capaz de negociar, incluso, por los restos de los seres humanos que ellos mismos han torturado y asesinado, capaz de dilatar en el tiempo el dolor de las familias con tal de no confrontar ninguna responsabilidad. Muestran, una vez más, que son fieras de la guerra incapaces de compasión.
El país no debe olvidar que las Farc continúan vivas y que los tentáculos están ocultos, pero dispuestos a atacar en cualquier momento. La ejemplar actitud de Fernando Londoño, uno de los sentenciados a muerte, quien heroicamente anunció su decisión de permanecer en el país y no silenciar su voz, se erige como una bandera que nos señala que sólo con valor lograremos vencer.
Publicado en El Pais- Cali
Septiembre 01 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep012007/OPN/opi03.html
viernes, agosto 31, 2007
Lo que se juegan Piedad y Chávez
Las coincidencias ideológicas de Piedad Córdoba con el presidente venezolano, Hugo Chávez, son evidentes. Ambos representan una tendencia de la izquierda latinoamericana que se dice capaz de solucionar el conflicto social y político de este continente. Con independencia a si esas doctrinas son conducentes para ello, el compromiso que han asumido en el proceso de negociación con las Farc para lograr el intercambio humanitario pone a prueba la capacidad para solucionar y negociar -en concreto- con los grupos de izquierda alzados en armas.
Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.
Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.
El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.
El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.
Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html
Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.
Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.
El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.
El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.
Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html
sábado, agosto 25, 2007
Las inhabilidades y los electores
En estas últimas semanas se ha debatido el asunto sobre si los paramilitares y guerrilleros que no han cometido delitos atroces pueden participar en política y se ha ventilado que para las elecciones de octubre hay 269 candidatos inscritos inhabilitados por diversas causas. La cuestión fundamental que subyace tras esta controversia es cómo decide el elector colombiano por quién votar y cuáles son los mecanismos necesarios para generar electores más responsables.
Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.
Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.
Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.
Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.
El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html
Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.
Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.
Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.
Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.
El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html
Las verdades reveladas
El proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de autoridades locales develó algunos aspectos interesantes del contexto político colombiano, los cuales merecen por lo menos un somero análisis.
La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.
Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.
Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.
Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.
Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html
La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.
Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.
Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.
Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.
Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html
lunes, agosto 06, 2007
Disposición para la paz
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de que los paramilitares deben ser juzgados como delincuentes comunes acusados de concierto para delinquir y no por el delito político de sedición tiene implicaciones significativas.
Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.
Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.
En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.
La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.
El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html
Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.
Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.
En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.
La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.
El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html
El poder y el abuso
La relación del Estado colombiano con sus ciudadanos es tormentosa. Hacer cualquier diligencia frente al aparato estatal tiene la característica de ser larga, tediosa y adornada por complicaciones inexplicables, de manera que la mala imagen de la burocracia se corrobora y se empeora. Pero lo más terrible del proceso es la manera infame de los funcionarios públicos colombianos, que pretenden ejercer su poder como lo ejercería el peor déspota de la tierra. En general nada se puede y si se puede es complicadísimo o tiene que volver mañana y traer una resma de documentos. Aunque parece una generalización sin fundamento, son infinitas las instituciones que se pueden mencionar: las empresas de servicios públicos, las superintendencias, el ISS, el Ejercito y, por supuesto, la Policía.
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
lunes, julio 23, 2007
Y no pasa nada…
Se ha vuelto costumbre que ciertos personajes con representación social o política asistan sin consecuencias a foros donde se profesan ideologías de extrema izquierda que respaldan todas las formas de lucha y que son justificación y apoyo para los movimientos armados de izquierda en Colombia. Esas reuniones, que piden más violencia, son un atropello a los pilares que inspiran el modelo de convivencia democrático y libre. Por eso, en Colombia existen tipos penales específicos para este comportamiento: el concierto para delinquir establece penas de prisión para quienes fomenten o promuevan el concierto o la asociación para delinquir y la instigación a delinquir castiga a quien publica y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos.
La declaración final del seminario organizado por el Movimiento Nacional Democrático del Ecuador dice: “Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa–imperialista y conquistar el poder”. Y más adelante expresa su solidaridad “con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia”. Estas declaraciones son un llamado al crimen, una expresión de apoyo al ELN y las Farc y con ellas se hacen responsables de los actos de guerra de esas organizaciones y claman por más.
Avergüenza al sindicalismo colombiano la participación de tres sindicatos en un seminario de apología al terrorismo. El movimiento sindical debe reaccionar y sancionar ese comportamiento, pues a los directivos les corresponde una enorme responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los dirigentes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, con el mismo rigor con el que ha revisado la participación de los políticos en el Pacto de Ralito.
Son deplorables, además, las declaraciones de los sindicatos implicados. En vez de explicar su comportamiento, la emprenden contra el Gobierno y amenazan con demandas al Vicepresidente. Demandas que deberían haber interpuesto contra los organizadores del evento, quienes -según ellos- pusieron el nombre de los sindicatos en la declaración final sin consultárselos.
Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, utiliza un artilugio retórico para confundir al país cuando dice que los sindicalistas no suscribieron “documento alguno que comprometa la paz". ¿Lo aprobaron y les parece inofensivo o no lo aprobaron? Dice el señor Vélez que no sabía que estaban los delegados de las Farc y el ELN, pero confirma el organizador del evento, Ciro Guzmán, que las ponencias de esos grupos fueron leídas. Los asistentes debieron darse cuenta de que había una infiltración guerrillera y actuar para reflejar su inconformidad: proferir una declaración repudiando la violencia y la lucha armada o retirándose del seminario. No lo hicieron. Finalmente, habla Vélez de violación de la libertad sindical y atropello a los derechos fundamentales, habrá que explicarle que esos derechos están circunscritos a los derechos de los demás ciudadanos y que apoyar el terrorismo es un delito en este país.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 21 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul212007/OPN/opi3.html
La declaración final del seminario organizado por el Movimiento Nacional Democrático del Ecuador dice: “Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa–imperialista y conquistar el poder”. Y más adelante expresa su solidaridad “con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia”. Estas declaraciones son un llamado al crimen, una expresión de apoyo al ELN y las Farc y con ellas se hacen responsables de los actos de guerra de esas organizaciones y claman por más.
Avergüenza al sindicalismo colombiano la participación de tres sindicatos en un seminario de apología al terrorismo. El movimiento sindical debe reaccionar y sancionar ese comportamiento, pues a los directivos les corresponde una enorme responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los dirigentes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, con el mismo rigor con el que ha revisado la participación de los políticos en el Pacto de Ralito.
Son deplorables, además, las declaraciones de los sindicatos implicados. En vez de explicar su comportamiento, la emprenden contra el Gobierno y amenazan con demandas al Vicepresidente. Demandas que deberían haber interpuesto contra los organizadores del evento, quienes -según ellos- pusieron el nombre de los sindicatos en la declaración final sin consultárselos.
Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, utiliza un artilugio retórico para confundir al país cuando dice que los sindicalistas no suscribieron “documento alguno que comprometa la paz". ¿Lo aprobaron y les parece inofensivo o no lo aprobaron? Dice el señor Vélez que no sabía que estaban los delegados de las Farc y el ELN, pero confirma el organizador del evento, Ciro Guzmán, que las ponencias de esos grupos fueron leídas. Los asistentes debieron darse cuenta de que había una infiltración guerrillera y actuar para reflejar su inconformidad: proferir una declaración repudiando la violencia y la lucha armada o retirándose del seminario. No lo hicieron. Finalmente, habla Vélez de violación de la libertad sindical y atropello a los derechos fundamentales, habrá que explicarle que esos derechos están circunscritos a los derechos de los demás ciudadanos y que apoyar el terrorismo es un delito en este país.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 21 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul212007/OPN/opi3.html
domingo, julio 22, 2007
Dos reflexiones sobre la consulta
La consulta del pasado domingo mostró una Registraduría poco preparada para las elecciones de octubre. Sorprende el costo: $36.000 millones, mucho más que anteriores consultas del liberalismo, conservatismo y Polo que costaron aproximadamente $3.000 millones cada una. Por otra parte, el diseño del tarjetón -donde estaban todas las consultas en una sola hoja- generó dificultades. No hay claridad sobre el número de votos de los partidos, por ejemplo: en la consulta del PDA para la Alcaldía en Cali, la Registraduría dice que el Polo tuvo 8.715, de los cuales 3.810 fueron por candidatos de ese partido, 755 en blanco, 501 nulos y 3.649 tarjetas no marcadas. Este resultado no confiable: es probable que el complicado tarjetón haya desalentado de marcar a esos 3.649 polistas, pero es mucho más creíble pensar que esos 3.649 votantes, quienes no marcaron la tarjeta del PDA, votaron por otras consultas: gobernador o asamblea o JAL y, por tanto, no son votos del PDA. No es posible aclararlo, pues la Registraduría no publicó el total de tarjetones depositados o el número de votantes. El diseño del tarjetón fue fatal también para los electores, en esa misma elección el 35,29% de los votos fueron nulos.
El proceso de escrutinio ha sido lento. Aún hoy no se conocen resultados distintos a los que se publicaron el lunes, cuando había municipios y departamentos donde el total de mesas escrutadas era bajísimo, como Tolima con el 66,79% escrutado y de Cundinamarca con sólo el 22,68% escrutado. Esto para escrutar 1,2 millones de votos, ¿cómo se comportará con diez millones?
Algunos políticos y periodistas han dicho que la falta de afluencia a la consulta obedece a que es un mecanismo nuevo y sostienen que debe mantenerse para garantizar que haya mayor democracia en los partidos. Disentimos de estas opiniones.
La gigantesca abstención volvió a demostrar que la mayoría de la población no está interesada en participar en los procesos internos de los partidos. No hubo muchos votos por dos razones: aquellos que votan atraídos por las maquinarias de los partidos en las elecciones reales, no les importa quien sea el candidato y el voto de opinión no acude al llamado de los partidos, este voto espera esas decisiones y luego escoge el candidato que más le gusta. ¿Quiénes votaron? Un pequeño voto de maquinaria y el grupo activo políticamente interesado en participar en la toma de decisiones, que también asiste -aunque sea de vez en cuando- a las reuniones de los partidos.
Para esos activistas políticos la elección directa no es el único mecanismo de participación ni el mejor. Las convenciones, reuniones, comités, comandos, directorios, entre otros, permiten que los partidos abran las puertas para que los interesados participen. Estos mecanismos son menos costosos, no desgastan el aparato estatal y contribuyen a que los partidos trabajen en sus estructuras permanente y directamente. Por otra parte, estar en sintonía con la comunidad no es algo que se le deba exigir a un partido. Un partido, con vocación de poder, necesariamente busca esta sintonía. En países como el nuestro, donde la disciplina partidista es endeble, un partido que escoge su candidato a dedo y desconoce el querer de sus seguidores, es derrotado. Los procedimientos democráticos al interior de los partidos no hay que garantizarlos con la ley, son necesarios en la practica.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 14 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul142007/OPN/opi5.html
El proceso de escrutinio ha sido lento. Aún hoy no se conocen resultados distintos a los que se publicaron el lunes, cuando había municipios y departamentos donde el total de mesas escrutadas era bajísimo, como Tolima con el 66,79% escrutado y de Cundinamarca con sólo el 22,68% escrutado. Esto para escrutar 1,2 millones de votos, ¿cómo se comportará con diez millones?
Algunos políticos y periodistas han dicho que la falta de afluencia a la consulta obedece a que es un mecanismo nuevo y sostienen que debe mantenerse para garantizar que haya mayor democracia en los partidos. Disentimos de estas opiniones.
La gigantesca abstención volvió a demostrar que la mayoría de la población no está interesada en participar en los procesos internos de los partidos. No hubo muchos votos por dos razones: aquellos que votan atraídos por las maquinarias de los partidos en las elecciones reales, no les importa quien sea el candidato y el voto de opinión no acude al llamado de los partidos, este voto espera esas decisiones y luego escoge el candidato que más le gusta. ¿Quiénes votaron? Un pequeño voto de maquinaria y el grupo activo políticamente interesado en participar en la toma de decisiones, que también asiste -aunque sea de vez en cuando- a las reuniones de los partidos.
Para esos activistas políticos la elección directa no es el único mecanismo de participación ni el mejor. Las convenciones, reuniones, comités, comandos, directorios, entre otros, permiten que los partidos abran las puertas para que los interesados participen. Estos mecanismos son menos costosos, no desgastan el aparato estatal y contribuyen a que los partidos trabajen en sus estructuras permanente y directamente. Por otra parte, estar en sintonía con la comunidad no es algo que se le deba exigir a un partido. Un partido, con vocación de poder, necesariamente busca esta sintonía. En países como el nuestro, donde la disciplina partidista es endeble, un partido que escoge su candidato a dedo y desconoce el querer de sus seguidores, es derrotado. Los procedimientos democráticos al interior de los partidos no hay que garantizarlos con la ley, son necesarios en la practica.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 14 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul142007/OPN/opi5.html
viernes, julio 13, 2007
El repudio al secuestro
Si la pregunta es cómo lograr más fácilmente la liberación de los secuestrados políticos, la respuesta es el acuerdo humanitario; pero en mi opinión esa no es la pregunta que nos ocupa. Por supuesto que la liberación de los secuestrados políticos es una prioridad para el país, pero la cuestión fundamental es cómo extirpar el secuestro de la sociedad colombiana.
Las cifras de la Fundación País Libre señalan que desde 1996 hasta el 2006 ha habido 23.144 plagios. Esto significa que, en promedio, más de seis colombianos fueron secuestrados diariamente, dos de ellos por las Farc. Todos los colombianos conocemos al menos una familia que ha sido víctima del plagio; sabemos el dolor que causa en su entorno y el daño irreparable que se le ocasiona al mártir, cuya personalidad queda marcada para siempre. Las enérgicas protestas del jueves demuestran que la sociedad está cansada de que los grupos al margen de la ley hayan convertido la libertad de los colombianos en un bien transable con el cual es posible chantajear y obtener dinero.
Ahora bien, la manifestación en contra del secuestro no es suficiente, el país tiene que reflexionar sobre cómo actuar contra el flagelo y contra los secuestradores, de manera que logremos acabarlo definitivamente. El análisis del intercambio humanitario debe estar circunscrito a esta idea, pues la liberación de los plagiados políticos no puede ir en contra del propósito mayor que es erradicar el secuestro; sí la cura del síntoma agrava la enfermedad principal es inaceptable tratar sólo el síntoma.
Si el acuerdo humanitario fuera efectivo contra el plagio, no estaríamos hoy frente a este debate. El país ya probó ese remedio en el pasado, pero como las Farc son un grupo terrorista, acceder a sus peticiones, dejarnos chantajear, sólo convirtió al secuestro en un medio efectivo para que esa organización obtenga avances políticos y militares.
El acuerdo humanitario es una solución coyuntural y de corto plazo que remediaría las cosas para los secuestrados políticos, pero las haría más complejas para los gobiernos futuros y el resto de colombianos. En una nueva zona de distensión habrá nuevos plagiados, como los hubo en la anterior –entre ellos Ingrid Betancourt- y si no ahí, los habrá en otros puntos del territorio. Entonces tendremos que realizar otro intercambio y luego otro, como lo hemos venido haciendo. Liberar los delincuentes, capturados y puestos tras las rejas con tanto sacrificio de la Fuerza Pública y de la justicia, para que vuelvan a engrosar las filas del terror, es seguir jugando al gato y al ratón con la guerrilla. Ellos delinquen y el Estado los persigue y los castiga; ellos secuestran y el Estado los libera y les otorga concesiones; vuelven a delinquir y el Estado a perseguirlos y volvemos a empezar. Se trata de un juego con incentivos perversos, donde el sacrificio recae sobre la libertad y las instituciones.
Colombia no puede seguir dándole a los peores criminales lo que piden, porque está chantajeada. No puede entregar al arbitrio de los violentos poblaciones y lugares estratégicos para liberar unos secuestrados que serán remplazados por otros. Sustituir las madres que hoy sufren por otras madres que también sufrirán no enmienda nada.
Repudiar el plagio significa no aceptar nada distinto a una liberación incondicional de todos los secuestrados.
Publicado el Diario El Pais- Cali, el 7 de Julio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul072007/OPN/opi3.html
Las cifras de la Fundación País Libre señalan que desde 1996 hasta el 2006 ha habido 23.144 plagios. Esto significa que, en promedio, más de seis colombianos fueron secuestrados diariamente, dos de ellos por las Farc. Todos los colombianos conocemos al menos una familia que ha sido víctima del plagio; sabemos el dolor que causa en su entorno y el daño irreparable que se le ocasiona al mártir, cuya personalidad queda marcada para siempre. Las enérgicas protestas del jueves demuestran que la sociedad está cansada de que los grupos al margen de la ley hayan convertido la libertad de los colombianos en un bien transable con el cual es posible chantajear y obtener dinero.
Ahora bien, la manifestación en contra del secuestro no es suficiente, el país tiene que reflexionar sobre cómo actuar contra el flagelo y contra los secuestradores, de manera que logremos acabarlo definitivamente. El análisis del intercambio humanitario debe estar circunscrito a esta idea, pues la liberación de los plagiados políticos no puede ir en contra del propósito mayor que es erradicar el secuestro; sí la cura del síntoma agrava la enfermedad principal es inaceptable tratar sólo el síntoma.
Si el acuerdo humanitario fuera efectivo contra el plagio, no estaríamos hoy frente a este debate. El país ya probó ese remedio en el pasado, pero como las Farc son un grupo terrorista, acceder a sus peticiones, dejarnos chantajear, sólo convirtió al secuestro en un medio efectivo para que esa organización obtenga avances políticos y militares.
El acuerdo humanitario es una solución coyuntural y de corto plazo que remediaría las cosas para los secuestrados políticos, pero las haría más complejas para los gobiernos futuros y el resto de colombianos. En una nueva zona de distensión habrá nuevos plagiados, como los hubo en la anterior –entre ellos Ingrid Betancourt- y si no ahí, los habrá en otros puntos del territorio. Entonces tendremos que realizar otro intercambio y luego otro, como lo hemos venido haciendo. Liberar los delincuentes, capturados y puestos tras las rejas con tanto sacrificio de la Fuerza Pública y de la justicia, para que vuelvan a engrosar las filas del terror, es seguir jugando al gato y al ratón con la guerrilla. Ellos delinquen y el Estado los persigue y los castiga; ellos secuestran y el Estado los libera y les otorga concesiones; vuelven a delinquir y el Estado a perseguirlos y volvemos a empezar. Se trata de un juego con incentivos perversos, donde el sacrificio recae sobre la libertad y las instituciones.
Colombia no puede seguir dándole a los peores criminales lo que piden, porque está chantajeada. No puede entregar al arbitrio de los violentos poblaciones y lugares estratégicos para liberar unos secuestrados que serán remplazados por otros. Sustituir las madres que hoy sufren por otras madres que también sufrirán no enmienda nada.
Repudiar el plagio significa no aceptar nada distinto a una liberación incondicional de todos los secuestrados.
Publicado el Diario El Pais- Cali, el 7 de Julio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul072007/OPN/opi3.html
domingo, julio 01, 2007
Los mártires de la democracia
La muerte de los once diputados es un hecho que hiere lo más íntimo de las entrañas de nuestra Nación. Si bien, no todos los colombianos tenemos vínculos de sangre con las víctimas, compartimos con ellos vínculos ideológicos que nos hacen miembros de la misma familia democrática. El secuestro político es un crimen en contra de quienes nos representan en la vida pública o en algún cargo de la estructura institucional. Loor a estos mártires que fueron inmolados por encarnar la democracia colombiana.
En medio del debate sobre el intercambio humanitario, hemos malinterpretado algunos fenómenos. A veces parece que las Farc y el Gobierno están en pie de igualdad. No es así. No es comparable el Estado colombiano, respaldado por todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas, con una organización terrorista que secuestra, asesina y destruye.
No son comparables los guerrilleros encarcelados con: Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Héctor Fabio Arizmendy, Alberto Quintero y Carlos Alberto Barragán. Ellos fueron elegidos por el voto soberano como autoridades locales y, en un plan macabro y de largo plazo, fueron secuestrados y convertidos en un mecanismo de presión sobre el Gobierno Nacional y la comunidad valluna para obtener el despeje militar de dos municipios de ese departamento.
Los guerrilleros de las Farc son criminales condenados por la justicia, ejecutores de la política terrorífica de esa organización que, con cilindros-bomba, vuelan los hogares de los más pobres, arrebata a los campesinos su niñez para convertirlos en fratricidas, negocia con la libertad y se enriquece con el trafico de seres humanos, drogas y armas. Son fieras de la guerra respaldadas sólo por la fuerza de sus armas. Los secuestrados políticos asesinados eran, en cambio, guerreros del ideal que combatieron por sus convicciones sin derramar la sangre de otros, pues sus armas fueron palabras. Fueron víctimas por representar los intereses de la sociedad y contar con el respaldo de sus electores y de todos los que creemos en la democracia. Su secuestro y su asesinato es un crimen que pretende amedrentar y destruir nuestra confianza en las instituciones y la libertad.
Otra idea extraña que surgió es que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en el asesinato de los once diputados. Nada más equivocado. Equivale a decir que las familias que no pagan el rescate de sus seres queridos secuestrados tienen alguna responsabilidad en su muerte y semejante a decir que la extorsión es un mecanismo válido para alcanzar objetivos y que no aceptar los mecanismos ilegales de presión nos hace cómplices del crimen.
Y para terminar, un contraste: el Gobierno ha liberado 131 guerrilleros, aquellos que permanecen en la cárcel han cometido delitos de lesa humanidad que impiden su liberación. Las Farc, en cambio, asesinaron a once de los 56 representantes de la democracia colombiana que han secuestrado y que mantienen en campos de tortura.
¿Seguiremos aceptando la extorsión como mecanismo de negociación? ¿Cuánta más violencia ejerzan contra nosotros más cederemos? ¿Entre más atroz sea el criminal mejor lo trataremos? ¿Hasta dónde podemos capitular ante los violentos? ¡Todos los secuestrados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente!
Publicada en El Pais- Cali- 30 de junio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun302007/OPN/clari.html
En medio del debate sobre el intercambio humanitario, hemos malinterpretado algunos fenómenos. A veces parece que las Farc y el Gobierno están en pie de igualdad. No es así. No es comparable el Estado colombiano, respaldado por todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas, con una organización terrorista que secuestra, asesina y destruye.
No son comparables los guerrilleros encarcelados con: Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Héctor Fabio Arizmendy, Alberto Quintero y Carlos Alberto Barragán. Ellos fueron elegidos por el voto soberano como autoridades locales y, en un plan macabro y de largo plazo, fueron secuestrados y convertidos en un mecanismo de presión sobre el Gobierno Nacional y la comunidad valluna para obtener el despeje militar de dos municipios de ese departamento.
Los guerrilleros de las Farc son criminales condenados por la justicia, ejecutores de la política terrorífica de esa organización que, con cilindros-bomba, vuelan los hogares de los más pobres, arrebata a los campesinos su niñez para convertirlos en fratricidas, negocia con la libertad y se enriquece con el trafico de seres humanos, drogas y armas. Son fieras de la guerra respaldadas sólo por la fuerza de sus armas. Los secuestrados políticos asesinados eran, en cambio, guerreros del ideal que combatieron por sus convicciones sin derramar la sangre de otros, pues sus armas fueron palabras. Fueron víctimas por representar los intereses de la sociedad y contar con el respaldo de sus electores y de todos los que creemos en la democracia. Su secuestro y su asesinato es un crimen que pretende amedrentar y destruir nuestra confianza en las instituciones y la libertad.
Otra idea extraña que surgió es que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en el asesinato de los once diputados. Nada más equivocado. Equivale a decir que las familias que no pagan el rescate de sus seres queridos secuestrados tienen alguna responsabilidad en su muerte y semejante a decir que la extorsión es un mecanismo válido para alcanzar objetivos y que no aceptar los mecanismos ilegales de presión nos hace cómplices del crimen.
Y para terminar, un contraste: el Gobierno ha liberado 131 guerrilleros, aquellos que permanecen en la cárcel han cometido delitos de lesa humanidad que impiden su liberación. Las Farc, en cambio, asesinaron a once de los 56 representantes de la democracia colombiana que han secuestrado y que mantienen en campos de tortura.
¿Seguiremos aceptando la extorsión como mecanismo de negociación? ¿Cuánta más violencia ejerzan contra nosotros más cederemos? ¿Entre más atroz sea el criminal mejor lo trataremos? ¿Hasta dónde podemos capitular ante los violentos? ¡Todos los secuestrados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente!
Publicada en El Pais- Cali- 30 de junio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun302007/OPN/clari.html
Uribe y la comunidad internacional
Este es uno de los momentos más complejos que ha vivido el gobierno Uribe. Pero la crisis no responde a sus acciones de gobierno o a fallas en su administración, sino a dos procesos externos que han terminado por afectarlo a nivel internacional.
El primero de ellos es el enfrentamiento feroz entre los demócratas y los republicanos en la carrera por las elecciones presidenciales de EE.UU. La lucha política entre los partidos implica el ataque directo a las causas que ha defendido el partido opositor. Así es como Colombia y, en especial, el Presidente se han convertido en el blanco de los ataques demócratas en contra de los republicanos. Los demócratas pretenden prorrogar el Atpdea para evitar la aprobación de los TLC. La medida previene la entrada de los biocombustibles colombianos y garantiza el voto de los sectores económicos que se verían afectados con el libre comercio. Para diferenciarse también en el Plan Colombia, los demócratas hicieron modificaciones importantes a la propuesta republicana. En general, los demócratas quieren mostrar que las políticas de Bush con respecto a Colombia fueron equivocadas y que Uribe, aliado de Bush, tampoco es bueno.
El segundo fenómeno es la campaña de desprestigio del gobierno Uribe que en el exterior han emprendido la oposición y algunos familiares de secuestrados. Los unos inspirados en la idea de controlar la política nacional con artilugios ante la desinformada comunidad internacional y los otros esperando ejercer presión sobre el Presidente para que actué como ellos quieren. Lo cierto es que en atención a sus propios intereses, le han causado al país un enorme daño, pues las acusaciones contra el Mandatario, aunque vagas y sin pruebas, actúan como una gota de tinta en el agua cristalina.
Para la mayoría de los colombianos Uribe es el mejor presidente de los últimos tiempos; ha sido implacable con todos los grupos al margen de la ley y pulcro en el manejo del Estado. Paradójicamente el Mandatario en quien los colombianos reconocen un líder incontrastable, un trabajador infatigable y un devoto patriota, que ha hecho de Colombia un país más libre y más próspero, tiene ante la comunidad internacional una imagen desdibujada y turbia.
Pero no debe sorprendernos que las críticas internacionales desconozcan factores fundamentales del gobierno Uribe y se alejen de la opinión y la realidad nacional. La comunidad mundial se ocupa de los sucesos de nuestro país esporádicamente y su comprensión es superficial. Y si ahora muestran interés es porque en su contexto político les resulta conveniente. Las otras naciones no están buscando lo mejor para Colombia ni analizando detalladamente los hechos; simplemente responden a sus propias conveniencias políticas.
Así, los colombianos estamos sometidos a presiones que resultan de coyunturas extranjeras, a opiniones desinformadas e intervenciones sin responsabilidad, pues las consecuencias de cualquier acción serán enteramente para los colombianos –y no habrá como reclamar a la difusa comunidad internacional-. Es ahora, cuando el país debe unirse entorno a su figura presidencial para defender y decidir soberanamente sobre sus intereses y su bienestar e impedir que los torbellinos políticos de las naciones desarrolladas determinen nuestro destino.
Publicado en El Pais- Cali - Junio 23 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun232007/OPN/opi3.html
El primero de ellos es el enfrentamiento feroz entre los demócratas y los republicanos en la carrera por las elecciones presidenciales de EE.UU. La lucha política entre los partidos implica el ataque directo a las causas que ha defendido el partido opositor. Así es como Colombia y, en especial, el Presidente se han convertido en el blanco de los ataques demócratas en contra de los republicanos. Los demócratas pretenden prorrogar el Atpdea para evitar la aprobación de los TLC. La medida previene la entrada de los biocombustibles colombianos y garantiza el voto de los sectores económicos que se verían afectados con el libre comercio. Para diferenciarse también en el Plan Colombia, los demócratas hicieron modificaciones importantes a la propuesta republicana. En general, los demócratas quieren mostrar que las políticas de Bush con respecto a Colombia fueron equivocadas y que Uribe, aliado de Bush, tampoco es bueno.
El segundo fenómeno es la campaña de desprestigio del gobierno Uribe que en el exterior han emprendido la oposición y algunos familiares de secuestrados. Los unos inspirados en la idea de controlar la política nacional con artilugios ante la desinformada comunidad internacional y los otros esperando ejercer presión sobre el Presidente para que actué como ellos quieren. Lo cierto es que en atención a sus propios intereses, le han causado al país un enorme daño, pues las acusaciones contra el Mandatario, aunque vagas y sin pruebas, actúan como una gota de tinta en el agua cristalina.
Para la mayoría de los colombianos Uribe es el mejor presidente de los últimos tiempos; ha sido implacable con todos los grupos al margen de la ley y pulcro en el manejo del Estado. Paradójicamente el Mandatario en quien los colombianos reconocen un líder incontrastable, un trabajador infatigable y un devoto patriota, que ha hecho de Colombia un país más libre y más próspero, tiene ante la comunidad internacional una imagen desdibujada y turbia.
Pero no debe sorprendernos que las críticas internacionales desconozcan factores fundamentales del gobierno Uribe y se alejen de la opinión y la realidad nacional. La comunidad mundial se ocupa de los sucesos de nuestro país esporádicamente y su comprensión es superficial. Y si ahora muestran interés es porque en su contexto político les resulta conveniente. Las otras naciones no están buscando lo mejor para Colombia ni analizando detalladamente los hechos; simplemente responden a sus propias conveniencias políticas.
Así, los colombianos estamos sometidos a presiones que resultan de coyunturas extranjeras, a opiniones desinformadas e intervenciones sin responsabilidad, pues las consecuencias de cualquier acción serán enteramente para los colombianos –y no habrá como reclamar a la difusa comunidad internacional-. Es ahora, cuando el país debe unirse entorno a su figura presidencial para defender y decidir soberanamente sobre sus intereses y su bienestar e impedir que los torbellinos políticos de las naciones desarrolladas determinen nuestro destino.
Publicado en El Pais- Cali - Junio 23 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun232007/OPN/opi3.html
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