Las parejas homosexuales deben y merecen tener los mismos derechos patrimoniales que las parejas heterosexuales. Es lógico, deseable y justo. Lo que no está bien es que la Corte Constitucional, para alcanzar esa importante meta, haya traspasado las barreras de la institucionalidad. La Corte ha proferido fallos que representan un avance en materia de derechos individuales muy importante, pero lo ha hecho irrespetando la estructura del Estado, la división de los poderes y la manera como la propia Constitución dispone que las leyes sean aprobadas.
La función legislativa corresponde al Congreso y sólo éste puede aprobar o improbar la normatividad colombiana. La razón es simple: los estados democráticos implican que el poder del pueblo -constituyente primario- esté presente y tenga un papel activo en las toma de las decisiones que le conciernen. Es así como el Congreso, investido por la legitimidad que le otorga el haber sido elegido popularmente, tiene la primera y justificada vocación para desarrollar la Constitución.
El oficio de la Corte Constitucional, en todas las democracias del mundo, es residual y subsidiario, restringido a aquellos eventos excepcionales donde por forma o fondo hay un irrespeto abierto de la Constitución. Ello implica que las decisiones sobre los cuales la Constitución no tiene una decisión expresa y que, en consecuencia, suponen un debate político significativo, corresponden al Congreso. Pero hoy en día el Congreso colombiano se ve en la necesidad de modificar la Constitución cuando no está de acuerdo con la posición política de la Corte sobre un tema.
El hecho violenta gravemente la democracia. Son estos debates, sobre los temas trascendentales, los que fortalecen los partidos, crean electores responsables y generan una relación real entre los congresistas y sus electores. Más aún, la democracia representativa -a pesar de todos sus defectos- siempre será mejor que el monopolio de un poder por parte de un grupo ungido, sobre el cual no tenemos ingerencia. Hoy puede parecernos insignificante la conducta de la Corte, pues hemos tenido la buena fortuna de que las decisiones, en general, no han sido tan malas; pero en el futuro ello puede cambiar.
Es prioritario considerar un nuevo artículo constitucional según el cual el Congreso pueda derogar las decisiones de la Corte Constitucional. Esta herramienta existe en EE.UU. y, a través de esta figura, el Congreso -como representante del pueblo- tiene la última palabra sobre temas propios del debate público. Se trata de imponer un límite y un contrapeso a las decisiones constitucionales. Una corte, en estas condiciones, se ve obligada a tener en cuenta la posición del Congreso, que a su vez está ligado a la opinión pública por la dinámica electoral.
Además, la arbitrariedad de la Corte es un ejemplo preocupante. Nuestro país tiende a buscar la realización de fines benévolos despreciando la importancia de los medios; una guerrilla que por el bienestar social decide ir a las armas y paramilitares que ante la ausencia de Estado deciden proteger a la población. Hace más mal que bien quien persiste en enseñar que cualquier camino es conducente. Hace doble mal quien procura más libertades con el sacrificio de los valores democráticos. Esos valores sustentan las libertades y otorgan la certeza de que nuestra opinión será auscultada y de que en nuestras manos reside la posibilidad de cambio.
El País, 7 de febrero de 2009
lunes, febrero 09, 2009
sábado, enero 31, 2009
Pico y Placa a los derechos
Se ha vuelto costumbre en nuestro país que las cargas que surgen de la ineptitud y de la Administración Pública sean trasladadas por ésta a los ciudadanos. Para subsanar la negligencia de administraciones pasadas, y usándolas como pretexto, se toman medidas que al mismo tiempo se vuelven una justificación de la inutilidad presente. En vez de enfrentar los problemas, simplemente se coartan los derechos de la sociedad y se limita su capacidad de acción. Es una fórmula mágica con la que el problema desaparece a costa de que cada vez encontramos más limitados nuestros derechos.
El caso es evidente en el Pico y Placa en Bogotá, que ya era una restricción a las naturales y legítimas aspiraciones de los habitantes de poder desplazarse en un carro. Ahora se pretende extender esa prohibición a todo el día y dentro de poco se proscribirá el uso del carro. Como las alcaldías de Bogotá han sido incapaces de hacer una planeación urbana decente, que tenga en cuenta el crecimiento del parque automotor, ni han podido mantener la malla vial en buen estado y mucho menos han sido capaces de diseñar y construir la vías necesarias para el flujo de una megaciudad como Bogotá, la solución es simple: que los ciudadanos no usen el carro. Sin carros no hay problema.
Por supuesto las vías no pueden hacerse de un día para otro, pero esa ni siquiera es la intención. El Pico y Placa no es una medida transitoria para alivianar las dificultades mientras se remedia el problema con la construcción de autopistas y puentes. Es la ‘solución’ simple y mediocre de quienes consideran así cumplido su trabajo. Si no hay carros particulares, la Administración ha solucionado el asunto de la movilidad. Eludir el problema tan burdamente es una manera cómoda y abusiva de trasladar el problema a los ciudadanos, quienes ahora enfrentan la cuestión de cómo transportarse en una ciudad donde el sistema de transporte público no da a abasto. ¿Si el sistema está colapsado con los usuarios actuales, que será con toda la ciudad dependiendo de él?
Es inaceptable y la sociedad civil debe manifestarse enérgicamente. El Estado tiene una serie de compromisos ineludibles. Son esas gestiones las que explican la existencia y la necesidad de una administración pública. Administrar no es ordenar por decreto que la gente se adapte a lo que hay, para eso no hace falta un alcalde. La comunidad llega a esa decisión por sí misma. Hasta hace poco, como el Estado era incapaz de garantizar la seguridad en las vías, los ciudadanos no dejaron de utilizarlas, y no fue necesario prohibirlo.
Los servidores públicos tienen que cumplir con sus funciones de manera real y no sólo formal. Deben servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida y no simplemente zafarse de los problemas y trasladárselos a un ciudadano victimizado doblemente por la negligencia y la solución.
Si bien, al llegar a una administración se pueden enfrentar rezagos que vienen del pasado, ello no excusa la negligencia de las nuevas. Quien aspirara a esos cargos debería tener conocimientos sobre los problemas y haber valorado su capacidad de dar soluciones. Si en el camino se descubre incapaz, debe dejar el campo para otros. Pero, sobre todo, un servidor público debe respetar los derechos ciudadanos y trabajar para que la órbita de su ejercicio sea cada vez mayor.
Diario El Pais- Cali Enero 31 de 2009
El caso es evidente en el Pico y Placa en Bogotá, que ya era una restricción a las naturales y legítimas aspiraciones de los habitantes de poder desplazarse en un carro. Ahora se pretende extender esa prohibición a todo el día y dentro de poco se proscribirá el uso del carro. Como las alcaldías de Bogotá han sido incapaces de hacer una planeación urbana decente, que tenga en cuenta el crecimiento del parque automotor, ni han podido mantener la malla vial en buen estado y mucho menos han sido capaces de diseñar y construir la vías necesarias para el flujo de una megaciudad como Bogotá, la solución es simple: que los ciudadanos no usen el carro. Sin carros no hay problema.
Por supuesto las vías no pueden hacerse de un día para otro, pero esa ni siquiera es la intención. El Pico y Placa no es una medida transitoria para alivianar las dificultades mientras se remedia el problema con la construcción de autopistas y puentes. Es la ‘solución’ simple y mediocre de quienes consideran así cumplido su trabajo. Si no hay carros particulares, la Administración ha solucionado el asunto de la movilidad. Eludir el problema tan burdamente es una manera cómoda y abusiva de trasladar el problema a los ciudadanos, quienes ahora enfrentan la cuestión de cómo transportarse en una ciudad donde el sistema de transporte público no da a abasto. ¿Si el sistema está colapsado con los usuarios actuales, que será con toda la ciudad dependiendo de él?
Es inaceptable y la sociedad civil debe manifestarse enérgicamente. El Estado tiene una serie de compromisos ineludibles. Son esas gestiones las que explican la existencia y la necesidad de una administración pública. Administrar no es ordenar por decreto que la gente se adapte a lo que hay, para eso no hace falta un alcalde. La comunidad llega a esa decisión por sí misma. Hasta hace poco, como el Estado era incapaz de garantizar la seguridad en las vías, los ciudadanos no dejaron de utilizarlas, y no fue necesario prohibirlo.
Los servidores públicos tienen que cumplir con sus funciones de manera real y no sólo formal. Deben servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida y no simplemente zafarse de los problemas y trasladárselos a un ciudadano victimizado doblemente por la negligencia y la solución.
Si bien, al llegar a una administración se pueden enfrentar rezagos que vienen del pasado, ello no excusa la negligencia de las nuevas. Quien aspirara a esos cargos debería tener conocimientos sobre los problemas y haber valorado su capacidad de dar soluciones. Si en el camino se descubre incapaz, debe dejar el campo para otros. Pero, sobre todo, un servidor público debe respetar los derechos ciudadanos y trabajar para que la órbita de su ejercicio sea cada vez mayor.
Diario El Pais- Cali Enero 31 de 2009
sábado, enero 24, 2009
Justicia Penal Militar
Por supuesto que es indeseable que la Justicia Penal Militar cobije delincuentes comunes escondidos en las Fuerzas Armadas, pero ello no justifica que los militares pierdan el derecho constitucional de ser juzgados por sus pares cuando son acusados de cometer delitos en el servicio.
Otra cosa es que las ONG de derechos humanos pretendan abolir esa garantía constitucional sin someterse a los trámites que exige una reforma a la Carta y que la Corte Constitucional haya aceptado esa ilegítima presión mediante la construcción de la doctrina que excluye de la Jurisdicción Penal Militar a los militares acusados de violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la violación de los derechos humanos nunca podrá ser un acto del servicio de un ejército legítimo, pero una cosa es estar acusado y otra haber sido condenado.
Resolver que un acontecimiento es una violación de los derechos humanos antes de que su autor sea juzgado, significa privar a ese ciudadano del derecho a la defensa. Y exactamente eso es lo que la Corte Constitucional ordena cuando asigna a la jurisdicción penal ordinaria, el juzgamiento de actos de militares, cuando existe sospecha de que constituyan violación a los derechos humanos.
En efecto, cuando aparecen quince personas muertas con armas de fuego, vestidas de militares, hay dos posibilidades: la una, que se haya tratado de un combate legítimo entre los militares y subversivos. La otra, que se trate de quince campesinos que fueron sacados de sus parcelas y asesinados por delincuentes que lograron incorporarse en las filas del Ejército colombiano y que abusivamente usaban las armas de la República. ¿Qué jurisdicción juzga el hecho?
La norma constitucional dispone que los militares, legítimos o delincuentes, sean considerados inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y mientras sean inocentes, sus actos deberían considerarse como de servicio, de manera que tengan derecho a la Jurisdicción Penal Militar. El sentido natural del proceso sería determinar lo que realmente sucedió, si es o no un delito contra los derechos humanos, pero este proceso se inicia viciado. El militar en la jurisdicción ordinaria llega con sus derechos de defensa degradados y con una franca desventaja. Ha sido acusado de actuaciones no sólo delictivas sino por fuera del servicio y por ello no puede acceder a la defensa técnica especializada de la Ley 1224 del 2008 y deberá costear su defensa. Es una primera sanción, impuesta sin que tuviera derecho a la defensa.
En este escenario, el ente acusador -en general la Fiscalía- al calificar el delito está escogiendo la jurisdicción que llevará el proceso. Se trata de una facultad que desborda las funciones de un ente investigativo. Y es a todas luces un atropello, pues un acto es susceptible de encuadrar en varios y distintos tipos penales. Más aún si en medio del proceso surgieran pruebas de que se trató de un acto de servicio, el proceso sería nulo.
La doctrina de la Corte Constitucional convierte a la Jurisdicción Penal Militar en gravísima desventaja para los militares, en la medida en que si no existiera, al menos los juicios se iniciarían ante la jurisdicción ordinaria, sin la presunción de que el hecho constituyó una violación a los derechos humanos y el acusado tendría la oportunidad de controvertir esa calificación, la que en últimas se constituye en su sentencia.
Diario El Pais- Cali Enero 24 de 2009
Otra cosa es que las ONG de derechos humanos pretendan abolir esa garantía constitucional sin someterse a los trámites que exige una reforma a la Carta y que la Corte Constitucional haya aceptado esa ilegítima presión mediante la construcción de la doctrina que excluye de la Jurisdicción Penal Militar a los militares acusados de violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la violación de los derechos humanos nunca podrá ser un acto del servicio de un ejército legítimo, pero una cosa es estar acusado y otra haber sido condenado.
Resolver que un acontecimiento es una violación de los derechos humanos antes de que su autor sea juzgado, significa privar a ese ciudadano del derecho a la defensa. Y exactamente eso es lo que la Corte Constitucional ordena cuando asigna a la jurisdicción penal ordinaria, el juzgamiento de actos de militares, cuando existe sospecha de que constituyan violación a los derechos humanos.
En efecto, cuando aparecen quince personas muertas con armas de fuego, vestidas de militares, hay dos posibilidades: la una, que se haya tratado de un combate legítimo entre los militares y subversivos. La otra, que se trate de quince campesinos que fueron sacados de sus parcelas y asesinados por delincuentes que lograron incorporarse en las filas del Ejército colombiano y que abusivamente usaban las armas de la República. ¿Qué jurisdicción juzga el hecho?
La norma constitucional dispone que los militares, legítimos o delincuentes, sean considerados inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y mientras sean inocentes, sus actos deberían considerarse como de servicio, de manera que tengan derecho a la Jurisdicción Penal Militar. El sentido natural del proceso sería determinar lo que realmente sucedió, si es o no un delito contra los derechos humanos, pero este proceso se inicia viciado. El militar en la jurisdicción ordinaria llega con sus derechos de defensa degradados y con una franca desventaja. Ha sido acusado de actuaciones no sólo delictivas sino por fuera del servicio y por ello no puede acceder a la defensa técnica especializada de la Ley 1224 del 2008 y deberá costear su defensa. Es una primera sanción, impuesta sin que tuviera derecho a la defensa.
En este escenario, el ente acusador -en general la Fiscalía- al calificar el delito está escogiendo la jurisdicción que llevará el proceso. Se trata de una facultad que desborda las funciones de un ente investigativo. Y es a todas luces un atropello, pues un acto es susceptible de encuadrar en varios y distintos tipos penales. Más aún si en medio del proceso surgieran pruebas de que se trató de un acto de servicio, el proceso sería nulo.
La doctrina de la Corte Constitucional convierte a la Jurisdicción Penal Militar en gravísima desventaja para los militares, en la medida en que si no existiera, al menos los juicios se iniciarían ante la jurisdicción ordinaria, sin la presunción de que el hecho constituyó una violación a los derechos humanos y el acusado tendría la oportunidad de controvertir esa calificación, la que en últimas se constituye en su sentencia.
Diario El Pais- Cali Enero 24 de 2009
sábado, enero 17, 2009
La condecoración a Uribe
La alianza de Colombia con EE.UU. tiene ya una larga tradición sin que por ello ese Gobierno haya reconocido los esfuerzos que realizamos en la lucha contra las drogas. Por ello es un honor que el presidente Uribe haya sido condecorado al lado del ex primer ministro británico Tony Blair y al ex primer ministro australiano John Howard. Al imponerle la Medalla Presidencial de la Libertad, el presidente Bush reconoció los esfuerzos de Colombia en contra del terrorismo y exaltó la democracia colombiana encabezada por Uribe. Lo resaltó como un líder de “inmensa valentía personal y fortaleza de carácter” y que “ha vuelto a resucitar las esperanzas de su país y ha mostrado un modelo de liderazgo para el mundo”.
Nuestro Mandatario realmente reluce en el concierto latinoamericano, sus políticas han transformado y mejorado la perspectiva nacional. Relucen los consejos comunitarios como pieza clave para devolverle al país credibilidad en las instituciones. El pueblo colombiano había dejado de confiar en el Estado como un ente regulador benévolo o siquiera útil; se entendía como un aparato opresor, cínico e inservible. A través de los consejos comunitarios Uribe acercó ese Estado estirado, centralizado, teórico y soberbio a todos y cada uno de los ciudadanos.
La oposición dice que el ejercicio ha desinstitucionalizado al país, pues es la persona de Uribe en la que el ciudadano encuentra las soluciones, y que precisamente esa actitud es el retorno al más primitivo paternalismo estatal. Pero ese régimen personalista lo ejerce el Presidente. Esa institución que después de haber sido ejercida sin liderazgo, sin convicción y sin resultados se había convertido en un sonoro título sin nada más que un pasado lisonjero. Uribe tiene la legitimidad del caudillo y bajo el ejercicio de su magisterio no ha hecho otra cosa que permear de esa legitimidad a la institución presidencial. La percepción de los colombianos ahora es que el Presidente sí puede hacer cosas, que sus acciones sí tienen repercusiones y que buenas decisiones son capaces de alterar positivamente nuestras vidas. La institución de la Presidencia ha ido recobrando su importancia, y a su lado, los ministerios y las demás instituciones del Gobierno se han ido dibujando como una estructura con capacidad de gestión y resultados. Todo ello al tenor de la Seguridad Democrática que nos devolvió la posibilidad de transitar por nuestro territorio, recobrar los derechos atropellados por los grupos al margen de la ley. Esa legitimidad de Uribe se transmitió, también, al Ejército Nacional que heroicamente derrota un guerrilla narcoterrorista que desangraba la Patria.
Las transformaciones que ha tenido el país bajo este Gobierno son innegables. Precisamente por eso disuena que organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- hayan considerado que el homenaje a Uribe envía un "mal mensaje”. El país ha mejorado mucho en ese aspecto también y si bien todavía son varias las dificultades que enfrentamos, es evidente que la senda por la que transitamos ha empezado a alejarnos del pasado que nos desangraba. La actitud de esas organizaciones es una afrenta contra las decisiones democráticas de este país, que han elegido y respaldan de manera abrumadora la gestión del Mandatario; pero sobre todo muestran la incomprensión de los procesos internos de los países.
El País Cali, enero 17 de 2009
Nuestro Mandatario realmente reluce en el concierto latinoamericano, sus políticas han transformado y mejorado la perspectiva nacional. Relucen los consejos comunitarios como pieza clave para devolverle al país credibilidad en las instituciones. El pueblo colombiano había dejado de confiar en el Estado como un ente regulador benévolo o siquiera útil; se entendía como un aparato opresor, cínico e inservible. A través de los consejos comunitarios Uribe acercó ese Estado estirado, centralizado, teórico y soberbio a todos y cada uno de los ciudadanos.
La oposición dice que el ejercicio ha desinstitucionalizado al país, pues es la persona de Uribe en la que el ciudadano encuentra las soluciones, y que precisamente esa actitud es el retorno al más primitivo paternalismo estatal. Pero ese régimen personalista lo ejerce el Presidente. Esa institución que después de haber sido ejercida sin liderazgo, sin convicción y sin resultados se había convertido en un sonoro título sin nada más que un pasado lisonjero. Uribe tiene la legitimidad del caudillo y bajo el ejercicio de su magisterio no ha hecho otra cosa que permear de esa legitimidad a la institución presidencial. La percepción de los colombianos ahora es que el Presidente sí puede hacer cosas, que sus acciones sí tienen repercusiones y que buenas decisiones son capaces de alterar positivamente nuestras vidas. La institución de la Presidencia ha ido recobrando su importancia, y a su lado, los ministerios y las demás instituciones del Gobierno se han ido dibujando como una estructura con capacidad de gestión y resultados. Todo ello al tenor de la Seguridad Democrática que nos devolvió la posibilidad de transitar por nuestro territorio, recobrar los derechos atropellados por los grupos al margen de la ley. Esa legitimidad de Uribe se transmitió, también, al Ejército Nacional que heroicamente derrota un guerrilla narcoterrorista que desangraba la Patria.
Las transformaciones que ha tenido el país bajo este Gobierno son innegables. Precisamente por eso disuena que organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- hayan considerado que el homenaje a Uribe envía un "mal mensaje”. El país ha mejorado mucho en ese aspecto también y si bien todavía son varias las dificultades que enfrentamos, es evidente que la senda por la que transitamos ha empezado a alejarnos del pasado que nos desangraba. La actitud de esas organizaciones es una afrenta contra las decisiones democráticas de este país, que han elegido y respaldan de manera abrumadora la gestión del Mandatario; pero sobre todo muestran la incomprensión de los procesos internos de los países.
El País Cali, enero 17 de 2009
sábado, enero 10, 2009
Sindicalismo de Estado
El sindicalismo fue la respuesta a la desigual posición que favorece a los patrones en sus relaciones con los trabajadores. Su conveniencia ha sido admitida de manera unánime por todos los sectores sociales y políticos y ha constituido un elemento civilizador de primordial importancia, pues restaura un conveniente equilibrio donde la lógica económica tiende a destruirlo. Los trabajadores unidos pudieron pactar con los patrones salarios y concesiones laborales que mejoraron significativamente su calidad de vida, sin afectar la productividad en el largo plazo de las empresas. Pero, el sindicalismo de Estado ha sido una degradación de esta práctica.
Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.
La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.
La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.
Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.
La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.
El País, 10 de enero de 2009
Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.
La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.
La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.
Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.
La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.
El País, 10 de enero de 2009
sábado, enero 03, 2009
México, el nuevo malo
Uno de los problemas más serios de nuestro país es el narcotráfico. La inmensa cantidad de recursos que produce ha contaminado hasta las más altas esferas de la institucionalidad, corrompido funcionarios y burlando la ley. Ha cambiado la estructura moral de los colombianos inculcando una cultura devota la dinero fácil sin mayores consideraciones frente a los riesgos. Sirven además para alimentar los conflictos sociales porque los grupos al margen de la ley encontraron en ellos financiación para resistir la presión legítima de las fuerzas del orden. Todo lo corrompen y nos mantienen sometidos a problemas que seguramente habríamos podido superar si los capitales mafiosos no existieran.
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
sábado, diciembre 27, 2008
¿Un estado responsable?
El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el deplorable asesinato de José María Valle Jaramillo, un reconocido defensor de derechos humanos en Antioquia, quien denunció la complicidad de brigadas del Ejército con grupos paramilitares.
La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.
La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.
Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.
Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.
En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.
Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.
El País, 27 de diciembre de 2008
La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.
La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.
Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.
Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.
En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.
Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.
El País, 27 de diciembre de 2008
sábado, diciembre 20, 2008
La reelección
El trámite del referendo que pretende modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Uribe ha sido desastroso. No sólo han aparecido problemas en la redacción de la pregunta, sino que además la tardía acción del Ministro del Interior culminó con una convocatoria de sesiones extraordinarias para el Congreso a última hora. Todo ello ha sido deplorable, pero las críticas que algunos periodistas y personajes de oposición han hecho sobre la materia sobrepasan estas observaciones y hacen juicios que son -a lo menos- discutibles.
Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.
La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.
Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.
Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.
Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.
Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.
El País, 20 de diciembre de 2008
Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.
La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.
Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.
Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.
Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.
Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.
El País, 20 de diciembre de 2008
domingo, diciembre 14, 2008
"Isaza" y "Rojas"
‘Isaza’ y ‘Rojas’ son los frutos de la Seguridad Democrática. Colombia ha venido consolidando una estrategia efectiva para pacificar el país. La guerrilla incomunicada, fragmentada, replegada en las selvas y sitiada por la contundente acción del Ejército está desangrándose por la deserción. La toma de pueblos, los actos terroristas y los secuestros han cesado en un altísimo porcentaje. Se dieron de baja varios presuntuosos ‘comandantes’ guerrilleros. El desprestigio internacional del grupo terrorista forzó la liberación de algunos secuestrados políticos y el proceso llegó a su clímax en la Operación Jaque. En este contexto se da la deserción de ambos guerrilleros, quienes, a pesar de una larga pertenencia a las Farc, desertaron con el riego de la vida. Son una victoria del Gobierno y del Ejército y una derrota para la guerrilla.
‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.
A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.
Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.
El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali
‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.
A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.
Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.
El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali
domingo, diciembre 07, 2008
Descrédito
Tres descalificaciones con precario cimiento han aparecido esta semana. Son abiertos atropellos y, por lo tanto, es imperioso discutir algunos aspectos para no caer en juicios superfluos e infundamentados.
La gestión del Presidente frente a las pirámides ha sido calificada como tardía, ineficiente e incluso hay quienes lo inculpan de lo sucedido. Vale la pena resaltar que la culpa de las pérdidas que sufrieron las ‘víctimas’ de las pirámides corresponde enteramente a ellas; cada uno conocía el riesgo que enfrentaba y decidió ‘apostar’ su dinero. El Presidente, en un gesto generoso -propio de su carácter-, asumió responsabilidad sobre el hecho, a pesar de que perseguir el delito no es su función; ello corresponde a la Fiscalía -que, en cambio, se lavó las manos y pretendió disolver sus culpas-. Al contrario, la acción presidencial dejó al descubierto la debilidad y la lentitud de las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Mala Superintendencia, pésima Fiscalía.
Por otro lado, descalificó la Corte Suprema la petición de detención domiciliaria a Teodolindo, a pesar de que se la concedió a Yidis; una negativa evidentemente despótica. Dice la Corte que Yidis es madre cabeza de familia y que tiene dos hijos menores de edad, pero tiene además un cargo por secuestro; Avendaño tiene casi 74 años y enfermedades que requieren atención especializada. La tradición penal siempre ha considerado la edad y la enfermedad razones fundamentales por las que el juzgador debe considerar la detención domiciliaria. La lógica es muy clara: la fragilidad del procesado. La reclusión sobre alguien de avanzada edad o enfermedad pueden precipitar su muerte. Si bien el Estado puede imponer sanciones por los delitos cometidos, los regímenes que no aplican la pena de muerte protegen las condiciones materiales que ello implica. No sólo mata el Estado a través de inyecciones letales o sillas eléctricas; unas circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y humanas también constituyen un tipo de asesinato.
La última descalificación es la del magistrado Alejandro Ordóñez, aspirante a la Procuraduría General de la Nación. Han dicho sus críticos -un editorial, columnas y la radio- que el magistrado Ordóñez es una mala elección para la Procuraduría por sus convicciones religiosas. Se le atribuyen dos hechos: sustituyó en su despacho la imagen de Santander por un crucifijo y se atrevió a demandar a Daniel Samper -director de la revista Soho- por las fotos de la Última Cena con una modelo desnuda. Este desprestigio es injusto y es contrario a todos los avances sobre la no discriminación por materias religiosas. Sobre la sustitución de Santander por un crucifijo no puede concluirse nada distinto a que el funcionario encuentra mayor motivación personal en el segundo, sin que ello, en ningún caso, pueda considerarse una afrenta contra la sociedad o una falla en su manera de proceder. Y la demanda a Samper prueba que es un hombre que cree en la institución jurisdiccional y que ante lo que él considera un atropello a sus valores religiosos -como lo consideraron en su momento muchos católicos- inició un debate judicial serio y sereno. No puede sostenerse que un persona que denuncia lo que considera un delito es un mal ciudadano. Mucho menos puede decirse que vulneró la libertad de prensa; precisamente ese era el debate, si había o no libertad de prensa en ese caso.
El Pais - 6 de diciembre de 2008
La gestión del Presidente frente a las pirámides ha sido calificada como tardía, ineficiente e incluso hay quienes lo inculpan de lo sucedido. Vale la pena resaltar que la culpa de las pérdidas que sufrieron las ‘víctimas’ de las pirámides corresponde enteramente a ellas; cada uno conocía el riesgo que enfrentaba y decidió ‘apostar’ su dinero. El Presidente, en un gesto generoso -propio de su carácter-, asumió responsabilidad sobre el hecho, a pesar de que perseguir el delito no es su función; ello corresponde a la Fiscalía -que, en cambio, se lavó las manos y pretendió disolver sus culpas-. Al contrario, la acción presidencial dejó al descubierto la debilidad y la lentitud de las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Mala Superintendencia, pésima Fiscalía.
Por otro lado, descalificó la Corte Suprema la petición de detención domiciliaria a Teodolindo, a pesar de que se la concedió a Yidis; una negativa evidentemente despótica. Dice la Corte que Yidis es madre cabeza de familia y que tiene dos hijos menores de edad, pero tiene además un cargo por secuestro; Avendaño tiene casi 74 años y enfermedades que requieren atención especializada. La tradición penal siempre ha considerado la edad y la enfermedad razones fundamentales por las que el juzgador debe considerar la detención domiciliaria. La lógica es muy clara: la fragilidad del procesado. La reclusión sobre alguien de avanzada edad o enfermedad pueden precipitar su muerte. Si bien el Estado puede imponer sanciones por los delitos cometidos, los regímenes que no aplican la pena de muerte protegen las condiciones materiales que ello implica. No sólo mata el Estado a través de inyecciones letales o sillas eléctricas; unas circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y humanas también constituyen un tipo de asesinato.
La última descalificación es la del magistrado Alejandro Ordóñez, aspirante a la Procuraduría General de la Nación. Han dicho sus críticos -un editorial, columnas y la radio- que el magistrado Ordóñez es una mala elección para la Procuraduría por sus convicciones religiosas. Se le atribuyen dos hechos: sustituyó en su despacho la imagen de Santander por un crucifijo y se atrevió a demandar a Daniel Samper -director de la revista Soho- por las fotos de la Última Cena con una modelo desnuda. Este desprestigio es injusto y es contrario a todos los avances sobre la no discriminación por materias religiosas. Sobre la sustitución de Santander por un crucifijo no puede concluirse nada distinto a que el funcionario encuentra mayor motivación personal en el segundo, sin que ello, en ningún caso, pueda considerarse una afrenta contra la sociedad o una falla en su manera de proceder. Y la demanda a Samper prueba que es un hombre que cree en la institución jurisdiccional y que ante lo que él considera un atropello a sus valores religiosos -como lo consideraron en su momento muchos católicos- inició un debate judicial serio y sereno. No puede sostenerse que un persona que denuncia lo que considera un delito es un mal ciudadano. Mucho menos puede decirse que vulneró la libertad de prensa; precisamente ese era el debate, si había o no libertad de prensa en ese caso.
El Pais - 6 de diciembre de 2008
lunes, diciembre 01, 2008
La crisis económica y el ambiente
Uno de los efectos de la crisis económica mundial ha sido la caída vertiginosa del precio del petróleo. Por ejemplo, el crudo venezolano llegó en julio de este año a US$129,54 por barril y cayó a US$40,68 la semana pasada; la cesta Opep pasó de US$131,97 a US$46,71 en esas mismas fechas. Se trata de un desplome de más de US$88 y US$85 por barril respectivamente. Los altos precios del petróleo representaban una gran oportunidad para el medio ambiente; los bajos son, en cambio, una amenaza.
El tema ha sido de ardua discusión entre economistas y ambientalistas. Quienes sostienen que los altos precios del combustible son inconvenientes para el ambiente, tiene la premisa de que las economías ricas, en crecimiento, serán capaces -precisamente por su solvencia- de destinar recursos para contrarrestar el calentamiento global, que es hoy la más grande amenaza contra el planeta y todos sus ecosistemas. Disiento de la tesis.
La utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, es causante de emisiones de CO2, un gas de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera atrapa la radiación infrarroja del planeta, y hace parte esencial del fenómeno del calentamiento global.
El Protocolo de Kyoto, tendiente a mitigar el fenómeno de cambio climático, imponía una reducción de al menos un 6% en la emisión de gases contaminantes. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, EE.UU. no tomó parte en estos compromisos. Según las cifras de la Administración de Información Energética, EIA, de EE.UU. los costos del petróleo durante el primer semestre del año causaron una disminución significativa en la demanda del crudo en ese país. El efecto ha persistido durante los meses del segundo semestre, de manera que las proyecciones indican que EE.UU. consumirá 1,1 millones de barriles diarios menos que el año pasado. El hecho es relevante, pues desde 1980 el consumo total de petróleo no caía en más de un millón de barriles diarios. El descenso representa una contracción del consumo del 5,4%, ello significa una reducción de proporciones similares en las emisiones de CO2. Lo que la presión internacional, la inminencia de un trastorno climático del planeta y las recomendaciones científicas no lograron, lo consiguió, sin dificultad, el elevado costo del petróleo. En cambio, la caída de los precios implicará un crecimiento de la demanda por el crudo y mayores emisiones.
Un combustible costoso hacía, además, atractivo el desarrollo de nuevas tecnologías, pues entre más alto sea el precio, más amplio es el rango donde éstas son rentables. Las investigaciones tienen más sentido cuando el producto que se desarrolla tiene un precio capaz de competir con el bien que pretende sustituir. El declive del costo del petróleo devuelve a las economías la posibilidad de seguir utilizándolo como insumo principal y la atracción por energías alternativas disminuye; son sueño costoso e innecesario.
Finalmente, vale resaltar que la crisis económica va a requerir el esfuerzo financiero de los gobiernos mundiales: EE.UU. y UE han tenido que destinar recursos en cuantías importantes para impedir el desplome de la banca y de los mercados bursátiles. Es prioritario; pero no por ello podemos dejar de notar que habrá menos dinero disponible para la inversión en tecnologías y energías limpias y, por supuesto, para las medidas contra el cambio climático.
Noviembre 29 de 2008
El tema ha sido de ardua discusión entre economistas y ambientalistas. Quienes sostienen que los altos precios del combustible son inconvenientes para el ambiente, tiene la premisa de que las economías ricas, en crecimiento, serán capaces -precisamente por su solvencia- de destinar recursos para contrarrestar el calentamiento global, que es hoy la más grande amenaza contra el planeta y todos sus ecosistemas. Disiento de la tesis.
La utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, es causante de emisiones de CO2, un gas de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera atrapa la radiación infrarroja del planeta, y hace parte esencial del fenómeno del calentamiento global.
El Protocolo de Kyoto, tendiente a mitigar el fenómeno de cambio climático, imponía una reducción de al menos un 6% en la emisión de gases contaminantes. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, EE.UU. no tomó parte en estos compromisos. Según las cifras de la Administración de Información Energética, EIA, de EE.UU. los costos del petróleo durante el primer semestre del año causaron una disminución significativa en la demanda del crudo en ese país. El efecto ha persistido durante los meses del segundo semestre, de manera que las proyecciones indican que EE.UU. consumirá 1,1 millones de barriles diarios menos que el año pasado. El hecho es relevante, pues desde 1980 el consumo total de petróleo no caía en más de un millón de barriles diarios. El descenso representa una contracción del consumo del 5,4%, ello significa una reducción de proporciones similares en las emisiones de CO2. Lo que la presión internacional, la inminencia de un trastorno climático del planeta y las recomendaciones científicas no lograron, lo consiguió, sin dificultad, el elevado costo del petróleo. En cambio, la caída de los precios implicará un crecimiento de la demanda por el crudo y mayores emisiones.
Un combustible costoso hacía, además, atractivo el desarrollo de nuevas tecnologías, pues entre más alto sea el precio, más amplio es el rango donde éstas son rentables. Las investigaciones tienen más sentido cuando el producto que se desarrolla tiene un precio capaz de competir con el bien que pretende sustituir. El declive del costo del petróleo devuelve a las economías la posibilidad de seguir utilizándolo como insumo principal y la atracción por energías alternativas disminuye; son sueño costoso e innecesario.
Finalmente, vale resaltar que la crisis económica va a requerir el esfuerzo financiero de los gobiernos mundiales: EE.UU. y UE han tenido que destinar recursos en cuantías importantes para impedir el desplome de la banca y de los mercados bursátiles. Es prioritario; pero no por ello podemos dejar de notar que habrá menos dinero disponible para la inversión en tecnologías y energías limpias y, por supuesto, para las medidas contra el cambio climático.
Noviembre 29 de 2008
domingo, noviembre 23, 2008
El sistema bancario
Es muy posible que una de las causas fundamentales que explican la arrolladora participación de muchos colombianos en las pirámides es la falta de acceso al sistema bancario. Quien no ha sido nunca deudor bancario no conoce el costo del dinero en el mercado, ni los conceptos de capacidad de pago o las ganancias que se pueden esperar de un buen negocio. Las pirámides son el otro lado de la usura en los prestamos gota-a-gota.
La popularización de la banca es una necesidad inminente del país, pese a los esfuerzos que se realizan desde la banca de oportunidades y otras alternativas similares así que vale la reflexión sobre las fallas de nuestro sistema bancario.
El ahorro en un país es trascendental, no sólo garantiza que los ahorradores tengan provisiones para enfrentar contingencias futuras, sino que presta un servicio social. Cuando los bancos prestan el dinero a los particulares, la sociedad se beneficia. El grado de “servicio social” varía: invertir, por ejemplo, en las PYMES puede generar empleo y generar riqueza; mientras que destinar el dinero para créditos de consumo tiene otras consecuencias como la mejora de la calidad de vida del cliente y el impulso al mercado.
Ahora bien, no es igualmente seguro prestarle a una empresa sólida para la ampliación de su negocio, que prestarle a una empresa nueva que tiene un proyecto que parece exitoso, pero que no se ha desarrollado. El ahorrador puede tener niveles de riesgo distintos, pero en teoría quien invierte su dinero en el banco prefiere un riesgo bajo, y el sistema bancario se ve abocado a preferir prestamos seguros.
La consecuencia es que los prestamos dejan por fuera segmentos muy importantes de la población, incluso segmentos como el PYMES que traerían beneficios sociales importantes.
El hecho ilustra algunas fallas:
El país carece de sistemas que permitan a ahorradores audaces –como los que se atreven a entrar en las pirámides- a colocar sus dineros con tasas de interés más altas para invertir en proyectos con más riesgos. Tenemos que desarrollar fondos de capital de riesgo con acceso a todos los segmentos de la población.
La falta de crédito para las PYMES esta relacionado también con la informalidad. A pesar de los avances seguimos aficionados a los trámites; de manera que ser formal no ofrece suficientes ventajas frente no serlo. En este contexto aparece el 4 por mil, impuesto que resultó precisamente de la necesidad de salvar el sistema financiero durante una crisis y que se convirtió en un impuesto permanente. Desorganiza y afecta el proceso de bancarización, pues la tendencia a evadir el cobro obliga a realizar transacciones por fuera del sistema.
Más aún, se convierte en un costo financiero que encarece los créditos, y sobretodo si, por ejemplo el dinero debe trasladarse entre los bancos. Un caso típico de un crédito de 180 días, con una tasa del 6%, habría que agregarle el 0.4%, que equivale al 6.67% de valor de los intereses de crédito, cada vez que pase por un banco.
No aparece justificado porque hay una diferencia tan grande entre la tasa de captación y la tasa de colocación de los bancos. El ejercicio tendría sentido si los bancos asumieran el riesgo, pero hemos visto que no sólo es bajo, sino que sobretodo durante los momentos de crisis, es otra vez el contribuyente quien debe asumir el riesgo y pagarlo (el 3 por mil). El hecho es inexplicable al menos para mi.
Publicado en El País de Cali, 22 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov232008/PRI
La popularización de la banca es una necesidad inminente del país, pese a los esfuerzos que se realizan desde la banca de oportunidades y otras alternativas similares así que vale la reflexión sobre las fallas de nuestro sistema bancario.
El ahorro en un país es trascendental, no sólo garantiza que los ahorradores tengan provisiones para enfrentar contingencias futuras, sino que presta un servicio social. Cuando los bancos prestan el dinero a los particulares, la sociedad se beneficia. El grado de “servicio social” varía: invertir, por ejemplo, en las PYMES puede generar empleo y generar riqueza; mientras que destinar el dinero para créditos de consumo tiene otras consecuencias como la mejora de la calidad de vida del cliente y el impulso al mercado.
Ahora bien, no es igualmente seguro prestarle a una empresa sólida para la ampliación de su negocio, que prestarle a una empresa nueva que tiene un proyecto que parece exitoso, pero que no se ha desarrollado. El ahorrador puede tener niveles de riesgo distintos, pero en teoría quien invierte su dinero en el banco prefiere un riesgo bajo, y el sistema bancario se ve abocado a preferir prestamos seguros.
La consecuencia es que los prestamos dejan por fuera segmentos muy importantes de la población, incluso segmentos como el PYMES que traerían beneficios sociales importantes.
El hecho ilustra algunas fallas:
El país carece de sistemas que permitan a ahorradores audaces –como los que se atreven a entrar en las pirámides- a colocar sus dineros con tasas de interés más altas para invertir en proyectos con más riesgos. Tenemos que desarrollar fondos de capital de riesgo con acceso a todos los segmentos de la población.
La falta de crédito para las PYMES esta relacionado también con la informalidad. A pesar de los avances seguimos aficionados a los trámites; de manera que ser formal no ofrece suficientes ventajas frente no serlo. En este contexto aparece el 4 por mil, impuesto que resultó precisamente de la necesidad de salvar el sistema financiero durante una crisis y que se convirtió en un impuesto permanente. Desorganiza y afecta el proceso de bancarización, pues la tendencia a evadir el cobro obliga a realizar transacciones por fuera del sistema.
Más aún, se convierte en un costo financiero que encarece los créditos, y sobretodo si, por ejemplo el dinero debe trasladarse entre los bancos. Un caso típico de un crédito de 180 días, con una tasa del 6%, habría que agregarle el 0.4%, que equivale al 6.67% de valor de los intereses de crédito, cada vez que pase por un banco.
No aparece justificado porque hay una diferencia tan grande entre la tasa de captación y la tasa de colocación de los bancos. El ejercicio tendría sentido si los bancos asumieran el riesgo, pero hemos visto que no sólo es bajo, sino que sobretodo durante los momentos de crisis, es otra vez el contribuyente quien debe asumir el riesgo y pagarlo (el 3 por mil). El hecho es inexplicable al menos para mi.
Publicado en El País de Cali, 22 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov232008/PRI
lunes, noviembre 17, 2008
La pirámide nueva del emperador
Las pirámides son interesantes para reflexionar sobre nuestra psicología. Está el fenómeno social que convence al individuo; la masa al ver que otros hacen algo, siente la imperiosa necesidad de hacerlo también. El efecto es tan desbordante que dio lugar a la fábula del traje nuevo del emperador, y prueba la inutilidad del juicio individual frente al juicio colectivo. En el cuento para no parecer estúpido la gente dice que ha visto el traje, la acción de que unos lo vean convence a los otros de que deben verlo. Así que la realidad se transfigura, para todos el traje existe, están convencidos de que el vestido es invisible pero está ahí. Un hombre no puede confiar en sí mismo si la mayoría percibe lo contrario.
Se mezcla con nuestra ‘mentalidad mafiosa’ definida por una propensión a asumir riesgos excesivos cuando los resultados esperados son también desbordantes. Se trata de una manera de actuar donde por conseguir lo anhelado, se arriesga -aún a sabiendas de perderlo- la totalidad de lo que se tiene.
El argumento ‘racional’ es el más interesante. Hace varios meses prensa y autoridades prevenían sobre las ‘pirámides’ y aparecían miles de comentarios: defensores y testigos del éxito de la aventura. Frente al fracaso, otros miles sostienen que la culpa es de los medios, aliados con el perverso sistema financiero. El hecho es interesante porque devela un motivo de fondo en esta psicología. Lo reconstruyo: utilizando el reporte la Superfinanciera sobre el sistema financiero que consolidó utilidades por más de nueve billones de pesos, de los cuales $3.845.878 millones son utilidades de los bancos, se concluye que el sistema produce rendimientos excesivos. Los establecimientos de crédito tienen $205 billones captados del público a tasas irrisorias, que colocan en deuda pública o prestan a un selecto público cobrando intereses altísimos; y dan lugar a una de las tasas de intermediación más altas del mundo.
Ahí hay dos factores que ayudan a descifrar la explosión piramidal: el sentimiento de que los bancos pagan muy poco por la plata, pues podrían pagar más; sumado a que quienes tienen acceso al sistema bancario para obtener dinero son sólo algunos; la mayoría de los colombianos -excluidos- debe acudir a los agiotistas; así que son muy limitados quienes conocen el valor de mercado del dinero.
La tradición católica ha mantenido una difícil relación con el fenómeno de cobrar intereses sobre el dinero, estuvo proscrito y fue pecado. Esa historia pesa en la manera como los colombianos entendemos el sistema, y sobre todo en la interpretación ‘malévola’ que se hace del mismo (sin desconocer sus mañas).
Es el acceso al sistema bancario el que le da a la comunidad un sentido sobre el valor del dinero. Sólo quien ha sido deudor sabe que los intereses que se pagan tienen relación con la capacidad de pago de los deudores: con la rentabilidad de los negocios.
Quienes tienen acceso el sistema bancario como deudores comprenden los límites de lo que se puede pagar por el dinero. No así los meros ahorradores que siempre esperarían más. Menos aún los excluidos, acostumbrados a que el dinero vale lo que los agiotistas impongan: tasas de interés usureras. El agiotaje es la otra cara de las ‘pirámides’. Si no se conoce el valor del dinero, ni los rendimientos posibles y reales de los negocios, unos intereses del 100% no son descomedidos, son buenos, hay quienes los han pagado.
15 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov152008/PRI
Se mezcla con nuestra ‘mentalidad mafiosa’ definida por una propensión a asumir riesgos excesivos cuando los resultados esperados son también desbordantes. Se trata de una manera de actuar donde por conseguir lo anhelado, se arriesga -aún a sabiendas de perderlo- la totalidad de lo que se tiene.
El argumento ‘racional’ es el más interesante. Hace varios meses prensa y autoridades prevenían sobre las ‘pirámides’ y aparecían miles de comentarios: defensores y testigos del éxito de la aventura. Frente al fracaso, otros miles sostienen que la culpa es de los medios, aliados con el perverso sistema financiero. El hecho es interesante porque devela un motivo de fondo en esta psicología. Lo reconstruyo: utilizando el reporte la Superfinanciera sobre el sistema financiero que consolidó utilidades por más de nueve billones de pesos, de los cuales $3.845.878 millones son utilidades de los bancos, se concluye que el sistema produce rendimientos excesivos. Los establecimientos de crédito tienen $205 billones captados del público a tasas irrisorias, que colocan en deuda pública o prestan a un selecto público cobrando intereses altísimos; y dan lugar a una de las tasas de intermediación más altas del mundo.
Ahí hay dos factores que ayudan a descifrar la explosión piramidal: el sentimiento de que los bancos pagan muy poco por la plata, pues podrían pagar más; sumado a que quienes tienen acceso al sistema bancario para obtener dinero son sólo algunos; la mayoría de los colombianos -excluidos- debe acudir a los agiotistas; así que son muy limitados quienes conocen el valor de mercado del dinero.
La tradición católica ha mantenido una difícil relación con el fenómeno de cobrar intereses sobre el dinero, estuvo proscrito y fue pecado. Esa historia pesa en la manera como los colombianos entendemos el sistema, y sobre todo en la interpretación ‘malévola’ que se hace del mismo (sin desconocer sus mañas).
Es el acceso al sistema bancario el que le da a la comunidad un sentido sobre el valor del dinero. Sólo quien ha sido deudor sabe que los intereses que se pagan tienen relación con la capacidad de pago de los deudores: con la rentabilidad de los negocios.
Quienes tienen acceso el sistema bancario como deudores comprenden los límites de lo que se puede pagar por el dinero. No así los meros ahorradores que siempre esperarían más. Menos aún los excluidos, acostumbrados a que el dinero vale lo que los agiotistas impongan: tasas de interés usureras. El agiotaje es la otra cara de las ‘pirámides’. Si no se conoce el valor del dinero, ni los rendimientos posibles y reales de los negocios, unos intereses del 100% no son descomedidos, son buenos, hay quienes los han pagado.
15 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov152008/PRI
domingo, noviembre 09, 2008
Justicia y Ejército
Sorprende que en la discusión sobre los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Ejército no se presenten dos pruebas fundamentales, sin las cuales no pueden configurase ninguno de los dos fenómenos: que las ‘víctimas’ no hacían parte de ninguna organización criminal, y que fueron asesinadas por fuera de un combate. Esos mismos elementos están ausentes en el sonado caso de los ‘muchachos de Soacha’, y así se evidencia en las declaraciones del fiscal Iguarán, quien dijo que hubo reclutamiento y que no había pruebas de que hubieran sido o no muertos en combate. Con ese par de ausencias no hay nada en contra del Ejército.
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
martes, noviembre 04, 2008
Acciones por los secuestrados
Con el secuestro político las Farc chantajean al Estado, que en último término, es la sociedad misma. Así las cosas, un acuerdo humanitario para que ellos liberen los ciudadanos que en servicio a las causas democráticas han sido privados injustamente de su libertad, a cambio de soltar a los guerrilleros presos, que han sido capturados por actos delictivos, juzgados y condenados por un juez, es espinoso y difícil. Hoy por ejemplo tendríamos que liberar a José Márvel Zamora, alias ‘Chucho’ o ‘El profe’, hombre clave del sanguinario ‘Mono Jojoy’. ‘Chucho’ coordinó y activó el carro bomba del club El Nogal, estuvo involucrado en el atentado al senador Germán Vargas Lleras y otros actos terroristas en Transmilenio, almacenes, alcaldías y universidades de la capital. Liberar estas fieras tiene consecuencias sobre el orden público, la dinámica misma del secuestro -que se legitima como mecanismo para obtener la libertad de los guerrilleros presos-, la moral de las tropas y el triunfo teórico de un grupo de terroristas que logra arrinconar a la institucionalidad. Eso sin detenernos en los problemas de un despeje militar.
No quiere decir esto que no estemos dispuestos a hacer y ceder para que los secuestrados sean liberados. Hay que relievar la épica Operación Jaque, y la exitosa liberación del ex representante Óscar Tulio Lizcano a través de la colaboración de uno de sus captores: Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’.
Esta liberación es producto de una estrategia bien pensada del gobierno Uribe. Cada captor se vuelve un potencial actor de salvamento, cada secuestrado la posibilidad de redención. El secuestrado queda libre, se debilitan los cimientos de la estructura guerrillera, surge una oportunidad de vida para los guerrilleros atrapados en los ciclos perversos de la violencia.
El caso de Isaza, el secuestrador-libertador-héroe, nos llama a una reflexión sobre la naturaleza de la sanción punitiva. La aplicación de justicia es un ideal abstracto; no podemos pedir a los jueces decisiones justas, en el sentido trascendente de la palabra, nuestra naturaleza humana y falible nos permite frutos con las mismas limitaciones. La pena, sin connotaciones positivas ni negativas, éticas ni morales, tiene unas características que debemos resaltar: está cargada de inmenso potencial pedagógico -beneficio social que la justifica-; mediante la pena ese individuo, pero sobre todo todos los demás integrantes de la sociedad se enteran que es una conducta no deseable; se descarga sin proporción ni simetría sobre el individuo que la padece y, causa agravio individual.
Analógicamente, podemos aplicar esta lógica a nuestro caso. Es imposible aplicar ‘justicia’, pero tenemos una conducta que pretendemos incentivar: incitar a los guerrilleros que tienen bajo su cuidado a secuestrados, a realizar actos heroicos en un intento de fuga y liberación. A cambio de lo cual ofrecemos una recompensa -la pena- que además les valdrá el aprecio y la admiración de la sociedad. La ‘pena’ de acometer este acto debe ser tan incitadora que se vuelva tema de conversación entre guerrilleros, de manera que alguno se convenza de que para recibir semejante premio él desertaría con un secuestrado, a pesar del peligro. Abierta esta rendija, los demás seguirán por ahí.
Congratulaciones al doctor Lizcano por su estoicismo sin límites, propio de un mártir.
El Pais- Cali 01 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov012008/PRI
No quiere decir esto que no estemos dispuestos a hacer y ceder para que los secuestrados sean liberados. Hay que relievar la épica Operación Jaque, y la exitosa liberación del ex representante Óscar Tulio Lizcano a través de la colaboración de uno de sus captores: Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’.
Esta liberación es producto de una estrategia bien pensada del gobierno Uribe. Cada captor se vuelve un potencial actor de salvamento, cada secuestrado la posibilidad de redención. El secuestrado queda libre, se debilitan los cimientos de la estructura guerrillera, surge una oportunidad de vida para los guerrilleros atrapados en los ciclos perversos de la violencia.
El caso de Isaza, el secuestrador-libertador-héroe, nos llama a una reflexión sobre la naturaleza de la sanción punitiva. La aplicación de justicia es un ideal abstracto; no podemos pedir a los jueces decisiones justas, en el sentido trascendente de la palabra, nuestra naturaleza humana y falible nos permite frutos con las mismas limitaciones. La pena, sin connotaciones positivas ni negativas, éticas ni morales, tiene unas características que debemos resaltar: está cargada de inmenso potencial pedagógico -beneficio social que la justifica-; mediante la pena ese individuo, pero sobre todo todos los demás integrantes de la sociedad se enteran que es una conducta no deseable; se descarga sin proporción ni simetría sobre el individuo que la padece y, causa agravio individual.
Analógicamente, podemos aplicar esta lógica a nuestro caso. Es imposible aplicar ‘justicia’, pero tenemos una conducta que pretendemos incentivar: incitar a los guerrilleros que tienen bajo su cuidado a secuestrados, a realizar actos heroicos en un intento de fuga y liberación. A cambio de lo cual ofrecemos una recompensa -la pena- que además les valdrá el aprecio y la admiración de la sociedad. La ‘pena’ de acometer este acto debe ser tan incitadora que se vuelva tema de conversación entre guerrilleros, de manera que alguno se convenza de que para recibir semejante premio él desertaría con un secuestrado, a pesar del peligro. Abierta esta rendija, los demás seguirán por ahí.
Congratulaciones al doctor Lizcano por su estoicismo sin límites, propio de un mártir.
El Pais- Cali 01 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov012008/PRI
sábado, octubre 25, 2008
Congreso politiquero
La prohibición de acceder a la carrera administrativa sin concurso de méritos -Artículo 125 de la Constitución- está a punto de ser modificada por el Congreso. El acto legislativo, en segunda vuelta, pretende inscribir en carrera “de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público” a los servidores que estaban en provisionalidad en el 2004, para lo cual ordena la suspensión de “todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados” por esos empleados.
¡A todas luces una afrenta a los principios democráticos y a la ciudadanía!
So pretexto de proteger la estabilidad laboral de los provisionales, la artimaña del Congreso lesiona los intereses e incluso los derechos adquiridos de los colombianos que querrían concursar, así lo ha dicho la Corte Constitucional al derogar leyes que pretendían conferir cargos de manera definitiva a los provisionales o establecer condiciones más ventajosas para este personal frente a los demás aspirantes nacionales. Es una trasgresión al derecho de igualdad.
El desempleo y los buenos salarios del sector público hacen atractivos estos puestos para bastos segmentos de la población. A la Convocatoria Pública 001 del 2005 para proveer 40.000 cargos públicos que son ejercidos en provisionalidad, algunos por quienes se verán beneficiados por la decisión del Congreso, se presentaron 620.000 colombianos. Hay más de 15 colombianos interesados en cada cargo, en promedio. La manera de elegir entre ellos debe ser justa y transparente. El concurso como lo ha definido la Corte Constitucional es “un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal, y concretamente a la función pública, accedan los mejores y los más capaces funcionarios”. Los concursos que el Congreso pretende eliminar, intentan frenar la tendencia a proveer los empleos públicos como favores del nominador, y propende por la selección objetiva en beneficio de los aspirantes y del servicio mismo.
En beneficio de la comunidad y del Estado el servicio público privilegia los intereses colectivos frente a los derechos individuales. A pesar de que existe el derecho a la estabilidad laboral, los congresistas tienen que participar cada cuatro años en elecciones, y ser elegidos o remplazados; así también el Presidente, los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, pues el servicio público exige flexibilidad para mantener la calidad. En la carrera administrativa se instituyó un sistema donde la estabilidad está subordinada, tanto a unos estándares mínimos de calidad que garanticen la adecuada prestación de las funciones públicas, como al concurso con el fin de proveer los cargos y los ascensos con los aspirantes más capaces. Colocar la estabilidad laboral por encima de los intereses colectivos no es aceptable.
Presumir la futilidad del concurso aún cuando los provisionales prestan servicios satisfactorios, es dar por superadas las razones por las cuales se consagró el Artículo 125 en la Constitución, a pesar de que todas ellas están vigentes. La decisión que está a punto de tomar el Congreso subordinará los intereses colectivos de la Nación a los intereses individuales ‘sindicalizados’ de los provisionales, y al hacerlo afecta a concursantes, perjudica el servicio público y rompe el espíritu del Estado Social de Derecho.
¡A todas luces una afrenta a los principios democráticos y a la ciudadanía!
So pretexto de proteger la estabilidad laboral de los provisionales, la artimaña del Congreso lesiona los intereses e incluso los derechos adquiridos de los colombianos que querrían concursar, así lo ha dicho la Corte Constitucional al derogar leyes que pretendían conferir cargos de manera definitiva a los provisionales o establecer condiciones más ventajosas para este personal frente a los demás aspirantes nacionales. Es una trasgresión al derecho de igualdad.
El desempleo y los buenos salarios del sector público hacen atractivos estos puestos para bastos segmentos de la población. A la Convocatoria Pública 001 del 2005 para proveer 40.000 cargos públicos que son ejercidos en provisionalidad, algunos por quienes se verán beneficiados por la decisión del Congreso, se presentaron 620.000 colombianos. Hay más de 15 colombianos interesados en cada cargo, en promedio. La manera de elegir entre ellos debe ser justa y transparente. El concurso como lo ha definido la Corte Constitucional es “un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal, y concretamente a la función pública, accedan los mejores y los más capaces funcionarios”. Los concursos que el Congreso pretende eliminar, intentan frenar la tendencia a proveer los empleos públicos como favores del nominador, y propende por la selección objetiva en beneficio de los aspirantes y del servicio mismo.
En beneficio de la comunidad y del Estado el servicio público privilegia los intereses colectivos frente a los derechos individuales. A pesar de que existe el derecho a la estabilidad laboral, los congresistas tienen que participar cada cuatro años en elecciones, y ser elegidos o remplazados; así también el Presidente, los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, pues el servicio público exige flexibilidad para mantener la calidad. En la carrera administrativa se instituyó un sistema donde la estabilidad está subordinada, tanto a unos estándares mínimos de calidad que garanticen la adecuada prestación de las funciones públicas, como al concurso con el fin de proveer los cargos y los ascensos con los aspirantes más capaces. Colocar la estabilidad laboral por encima de los intereses colectivos no es aceptable.
Presumir la futilidad del concurso aún cuando los provisionales prestan servicios satisfactorios, es dar por superadas las razones por las cuales se consagró el Artículo 125 en la Constitución, a pesar de que todas ellas están vigentes. La decisión que está a punto de tomar el Congreso subordinará los intereses colectivos de la Nación a los intereses individuales ‘sindicalizados’ de los provisionales, y al hacerlo afecta a concursantes, perjudica el servicio público y rompe el espíritu del Estado Social de Derecho.
domingo, octubre 19, 2008
Los indígenas y la tierra
Los indígenas han sido un grupo consentido desde la Constitución de 1991 que creó figuras de discriminación positiva para reparar su marginación. Desde entonces la organización indígena ha crecido y consolidado una poderosa vocería política que los representa en las altas esferas del poder. Los resultados han sido efectivos, los indígenas son tan sólo el 2,2% de la población colombiana y tienen, prácticamente, una tercera parte del territorio nacional; el 27% que equivale a 30’739.345 hectáreas. Además los resguardos reciben transferencias que este año superan los $100.000 millones.
Las comunidades indígenas caucanas no han sido ajenas a estas concesiones y cuentan con más de 154.000 hectáreas en el departamento. Además tienen una representación nutrida en el Congreso y han ocupado posiciones políticas como la Gobernación del Departamento.
El Gobierno ha sido fiel en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad: en 1991 se prometieron 15.000 hectáreas, y este Gobierno ha cumplido en un 76%; en 1999 el compromiso fue de 8.000 hectáreas más, de las cuales se han comprado más de 4.000. Esas 16.539 hectáreas nos han costado $33.000 millones, y los planes para completar el faltante siguen en curso.
Sorprende que sigan insatisfechos, pero el deseo de progresar y exigir cada vez más es propio de algunos grupos, y por ello el reclamo social puede justificarse. Pero hay que distinguir la protesta social, de los actos de tinte extorsivo, violentos y mezquinos que utilizan los indígenas para chantajear al Estado.
Taponar la vía Panamericana para perjudicar a los habitantes del Suroccidente -una población civil afectada por la pobreza- es un atropello atroz. Muchos negocios abandonan el Suroccidente por esos continuos bloqueos que impiden el comercio y que provocan la quiebra de negocios prósperos, como la lechería. Otros que pudieron haber surgido con la Ley Páez se establecieron en Santander de Quilichao por el temor a ese sabotaje permanente en la zona de La María. Pero el daño no se limita a la comunidad, tenemos 70 policías heridos, algunos de ellos de manera que limita para siempre su calidad de vida.
Y son costumbre las invasiones violentas a las propiedades por parte de los indígenas. No existe argumento que justifique ese ultraje. Los campesinos e industriales del agro tienen también derecho a ser propietarios y a no ser invadidos y despojados de su fuente de sustento. Las pretensiones reivindicatorias, como todos los derechos, deben tener su límite frente a los derechos ajenos. No pueden ser mecanismo para atropellar sin consideración a los otros.
Ese estilo de negociación arbitrario, irrespetuoso y delincuencial es inaceptable, y debe ser inconducente. No debemos premiar el irrespeto y el chantaje; hay otros mecanismos, sobre todo con una estructura política como la que poseen.
Alarma que los propios lideres indígenas inciten a la violencia y atropello, el senador Piñacué a mediados de este año en el Congreso dijo: "A lo jóvenes indígenas paeces, levántense, tómense estas tierras. He buscado la manera de dialogar, de discutir, de concitar el interés del Gobierno y no hay posibilidades de que nos escuchen. No vamos a morir de rodillas, prefiramos morir en la condición en que nos están condenando antes que aguardar silencio y paciencia como lo guardamos durante tantos siglos".
Octubre 18 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct182008/PRI
Las comunidades indígenas caucanas no han sido ajenas a estas concesiones y cuentan con más de 154.000 hectáreas en el departamento. Además tienen una representación nutrida en el Congreso y han ocupado posiciones políticas como la Gobernación del Departamento.
El Gobierno ha sido fiel en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad: en 1991 se prometieron 15.000 hectáreas, y este Gobierno ha cumplido en un 76%; en 1999 el compromiso fue de 8.000 hectáreas más, de las cuales se han comprado más de 4.000. Esas 16.539 hectáreas nos han costado $33.000 millones, y los planes para completar el faltante siguen en curso.
Sorprende que sigan insatisfechos, pero el deseo de progresar y exigir cada vez más es propio de algunos grupos, y por ello el reclamo social puede justificarse. Pero hay que distinguir la protesta social, de los actos de tinte extorsivo, violentos y mezquinos que utilizan los indígenas para chantajear al Estado.
Taponar la vía Panamericana para perjudicar a los habitantes del Suroccidente -una población civil afectada por la pobreza- es un atropello atroz. Muchos negocios abandonan el Suroccidente por esos continuos bloqueos que impiden el comercio y que provocan la quiebra de negocios prósperos, como la lechería. Otros que pudieron haber surgido con la Ley Páez se establecieron en Santander de Quilichao por el temor a ese sabotaje permanente en la zona de La María. Pero el daño no se limita a la comunidad, tenemos 70 policías heridos, algunos de ellos de manera que limita para siempre su calidad de vida.
Y son costumbre las invasiones violentas a las propiedades por parte de los indígenas. No existe argumento que justifique ese ultraje. Los campesinos e industriales del agro tienen también derecho a ser propietarios y a no ser invadidos y despojados de su fuente de sustento. Las pretensiones reivindicatorias, como todos los derechos, deben tener su límite frente a los derechos ajenos. No pueden ser mecanismo para atropellar sin consideración a los otros.
Ese estilo de negociación arbitrario, irrespetuoso y delincuencial es inaceptable, y debe ser inconducente. No debemos premiar el irrespeto y el chantaje; hay otros mecanismos, sobre todo con una estructura política como la que poseen.
Alarma que los propios lideres indígenas inciten a la violencia y atropello, el senador Piñacué a mediados de este año en el Congreso dijo: "A lo jóvenes indígenas paeces, levántense, tómense estas tierras. He buscado la manera de dialogar, de discutir, de concitar el interés del Gobierno y no hay posibilidades de que nos escuchen. No vamos a morir de rodillas, prefiramos morir en la condición en que nos están condenando antes que aguardar silencio y paciencia como lo guardamos durante tantos siglos".
Octubre 18 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct182008/PRI
sábado, octubre 11, 2008
Elogio a la literatura y al futuro
Nuestro idioma es uno de los grandes legados que hubo de dejarnos aquel ya lejano 12 de octubre de 1492, en el que un grupo de españoles llegó, sin saberlo, al continente americano. El Español ha servido a los latinoamericanos para cantar la exuberante existencia de este continente, y es una pieza fundamental para la construcción de un mejor futuro, y quiero ilustrarlo con la literatura.
La sensibilidad literaria es capaz de encontrar el detalle que refleja lo mejor o lo peor del alma humana. En su misión rescata la vivencia anónima, que pasa inadvertida a los ojos de la historia porque no juega un papel trascendental en la sociedad, no modifica el mundo, no altera el orden de las cosas; y que pasa, también, ignorada por el periodismo, pues no tiene la emoción de la actualidad escandalosa y llamativa. El escritor encuentra que esa vida insignificante representa a la humanidad misma, en el pasado, presente y futuro. Y al contarla determina quiénes y cómo somos y crea nuestra manera de reaccionar. El mundo literario es el gran crisol en el que se funde nuestra cultura.
Sólo cuando el monje Palemón “…la miraba, la miraba, la miraba, y, queriendo hablar, no hablaba, y sentía su alma esclava de la bella pecadora de mirada tentadora, y un ardor nunca sentido sus arterias encendía, y un temblor desconocido su figura larga y flaca y amarilla sacudía”, y Valencia le gritó “¡era amor!” fuimos capaces de reconocer el enamoramiento. Únicamente después de que el genio de Juana engendró que el contacto con el ser amado nos transforma físicamente, al contarnos: “Mi amante besome las manos, y en ellas, ¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas”, hemos sentido nosotros que también nos brotan flores con los besos. Sabemos por Neruda que “es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Y Silva, al describir la aflicción “…toda, muda y pálida como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara…” nos legó una capa, para cubrirnos, cuando estamos tristes.
Todo lo que sentimos y deseamos está amplificado y estructurado por las formas que nos infunde el arte. A través de un poderoso efecto estético graba en la mente la manera de percibir y valorar cada uno de los hechos que nos suceden; se inventa la manera de sentir el amor y el desamor, lo triste, lo feo, lo malo… el significado de vivir y morir. Esa intuición para ubicar lo que nos hace más humanos, no sólo determina lo que fuimos, crea lo que somos, sino que también nos encamina hacia lo que seremos; pues inventa el ideal del futuro colectivo. Así como Julio Verne trazó ideas que luego fueron reales, así también lo será el futuro que la literatura imagine hoy.
Colombia es un país trepidante. Sus historias de la violencia y dolor humano son sobre la crueldad, la tortura y la bestialidad que puede alcanzar el hombre en medio del conflicto. Estaríamos condenados a representar el fin de todo lo que en los hombres vale la pena. Pero, en medio del dolor resurge, como después de la tempestad, el sol; y aparecen los actos de compasión que no tienen precedentes sino en el santo, la valentía perdida del héroe, el suplicio invisible del asceta y el sacrificio del olvidado mártir; pues en medio de la decadencia siempre resurge lo que vale. Suficiente y hermoso para moldear ese ideal humano y el imaginario colectivo del futuro que tanta falta nos hace.
Octubre 11 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
La sensibilidad literaria es capaz de encontrar el detalle que refleja lo mejor o lo peor del alma humana. En su misión rescata la vivencia anónima, que pasa inadvertida a los ojos de la historia porque no juega un papel trascendental en la sociedad, no modifica el mundo, no altera el orden de las cosas; y que pasa, también, ignorada por el periodismo, pues no tiene la emoción de la actualidad escandalosa y llamativa. El escritor encuentra que esa vida insignificante representa a la humanidad misma, en el pasado, presente y futuro. Y al contarla determina quiénes y cómo somos y crea nuestra manera de reaccionar. El mundo literario es el gran crisol en el que se funde nuestra cultura.
Sólo cuando el monje Palemón “…la miraba, la miraba, la miraba, y, queriendo hablar, no hablaba, y sentía su alma esclava de la bella pecadora de mirada tentadora, y un ardor nunca sentido sus arterias encendía, y un temblor desconocido su figura larga y flaca y amarilla sacudía”, y Valencia le gritó “¡era amor!” fuimos capaces de reconocer el enamoramiento. Únicamente después de que el genio de Juana engendró que el contacto con el ser amado nos transforma físicamente, al contarnos: “Mi amante besome las manos, y en ellas, ¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas”, hemos sentido nosotros que también nos brotan flores con los besos. Sabemos por Neruda que “es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Y Silva, al describir la aflicción “…toda, muda y pálida como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara…” nos legó una capa, para cubrirnos, cuando estamos tristes.
Todo lo que sentimos y deseamos está amplificado y estructurado por las formas que nos infunde el arte. A través de un poderoso efecto estético graba en la mente la manera de percibir y valorar cada uno de los hechos que nos suceden; se inventa la manera de sentir el amor y el desamor, lo triste, lo feo, lo malo… el significado de vivir y morir. Esa intuición para ubicar lo que nos hace más humanos, no sólo determina lo que fuimos, crea lo que somos, sino que también nos encamina hacia lo que seremos; pues inventa el ideal del futuro colectivo. Así como Julio Verne trazó ideas que luego fueron reales, así también lo será el futuro que la literatura imagine hoy.
Colombia es un país trepidante. Sus historias de la violencia y dolor humano son sobre la crueldad, la tortura y la bestialidad que puede alcanzar el hombre en medio del conflicto. Estaríamos condenados a representar el fin de todo lo que en los hombres vale la pena. Pero, en medio del dolor resurge, como después de la tempestad, el sol; y aparecen los actos de compasión que no tienen precedentes sino en el santo, la valentía perdida del héroe, el suplicio invisible del asceta y el sacrificio del olvidado mártir; pues en medio de la decadencia siempre resurge lo que vale. Suficiente y hermoso para moldear ese ideal humano y el imaginario colectivo del futuro que tanta falta nos hace.
Octubre 11 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
sábado, octubre 04, 2008
La Suprema soberbia
La Corte Suprema ha reaccionado airadamente ante la tutela que le concedió al ministro Palacios la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y no sorprende. Es una evidencia más de que esa Corte se siente infalible, incuestionable y amenazada por la diferencia.
La decisión de la Judicatura se sustenta en argumentos razonables: hacer juicios valorativos en la sentencia que establecen que el ministro Palacios -o cualquier otro colombiano- ha participado en los delitos que se investigan, es imponer una condena tácita. El hecho es gravísimo, pero sobre todo contrario al Derecho. Para que un individuo pueda ser condenado es necesario que sea oído y vencido dentro de un juicio, de manera que tenga oportunidades para defenderse y, controvertir y solicitar pruebas.
La sentencia de la Corte Suprema condena al Ministro, pues acepta como ciertas las declaraciones de Yidis que lo inculpan. Por supuesto, ello tiene consecuencias claras sobre el Ministro. Comprende el lector que otro juez de inferior jerarquía se siente presionado en cumplir esa precondena establecida por la Corte. Es más, la Procuraduría inició el proceso disciplinario hace pocos meses a raíz de esa condena.
Se trata de una decisión justificada y proferida en desarrollo de sus facultades legales y constitucionales; como todo fallo jurídico es discutible, pero le corresponde a la Corte Constitucional esa tarea. Aún así la Corte Suprema -como ya es usual- se enfrenta con una Corte de igual jerarquía y la califica de “desatinada” y con “intención de distorsionar”. El país no pude seguir a merced de un poder tan soberbio que irrespeta las decisiones de otras instancias institucionales que en su actuación legitima porque se apartan de las propias.
No tiene justificación la Corte Suprema que ha generado un discurso según el cual todo lo que se separe de sus opiniones es una conspiración. Su aversión por la controversia es tal, que se niega a aceptar reglas del Derecho Internacional, como la doble instancia, por el afán de que no exista nadie sobre ella, nadie que pueda criticar sus decisiones.
La Justicia debería ser por excelencia la rama más reposada y serena del poder, por el contrario vemos una Corte enfurecida, vehemente, que apela a la persecución como argumento para ignorar el debate. Esa Corte la emprende contra todas las otras instituciones que osen cuestionarla: ha producido un temor reverencial que casi impide el funcionamiento del Congreso.
El Gobierno tiene que pedirle permiso para cumplir sus funciones, como plantear una reforma a la Justicia; la Corte, en cambio, sin pena excluye a la institución presidencial de los foros sobre la Justicia. Esa misma Corte hace unos días proponía, como mecanismo para evitar la impunidad, suprimir la posibilidad de que los congresistas renuncien a su fuero y sean juzgados por la Fiscalía y los jueces. Sugieren abiertamente que el resto del sistema judicial no sirve, que sólo ellos son capaces. Ahora, contra la Judicatura.
Y una reflexión final. La idea de la cadena perpetua o de la pena de muerte es inconducente y superficial, producto sólo del oportunismo politiquero. La Justicia colombiana no está en capacidad de asumir semejante responsabilidad. Recordemos que tenemos una justicia que lleva más de 40 días en paro. Una justicia sumida en escándalos de corrupción que olvidamos demasiado pronto. Y con una soberbia Corte.
Octubre 04 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
La decisión de la Judicatura se sustenta en argumentos razonables: hacer juicios valorativos en la sentencia que establecen que el ministro Palacios -o cualquier otro colombiano- ha participado en los delitos que se investigan, es imponer una condena tácita. El hecho es gravísimo, pero sobre todo contrario al Derecho. Para que un individuo pueda ser condenado es necesario que sea oído y vencido dentro de un juicio, de manera que tenga oportunidades para defenderse y, controvertir y solicitar pruebas.
La sentencia de la Corte Suprema condena al Ministro, pues acepta como ciertas las declaraciones de Yidis que lo inculpan. Por supuesto, ello tiene consecuencias claras sobre el Ministro. Comprende el lector que otro juez de inferior jerarquía se siente presionado en cumplir esa precondena establecida por la Corte. Es más, la Procuraduría inició el proceso disciplinario hace pocos meses a raíz de esa condena.
Se trata de una decisión justificada y proferida en desarrollo de sus facultades legales y constitucionales; como todo fallo jurídico es discutible, pero le corresponde a la Corte Constitucional esa tarea. Aún así la Corte Suprema -como ya es usual- se enfrenta con una Corte de igual jerarquía y la califica de “desatinada” y con “intención de distorsionar”. El país no pude seguir a merced de un poder tan soberbio que irrespeta las decisiones de otras instancias institucionales que en su actuación legitima porque se apartan de las propias.
No tiene justificación la Corte Suprema que ha generado un discurso según el cual todo lo que se separe de sus opiniones es una conspiración. Su aversión por la controversia es tal, que se niega a aceptar reglas del Derecho Internacional, como la doble instancia, por el afán de que no exista nadie sobre ella, nadie que pueda criticar sus decisiones.
La Justicia debería ser por excelencia la rama más reposada y serena del poder, por el contrario vemos una Corte enfurecida, vehemente, que apela a la persecución como argumento para ignorar el debate. Esa Corte la emprende contra todas las otras instituciones que osen cuestionarla: ha producido un temor reverencial que casi impide el funcionamiento del Congreso.
El Gobierno tiene que pedirle permiso para cumplir sus funciones, como plantear una reforma a la Justicia; la Corte, en cambio, sin pena excluye a la institución presidencial de los foros sobre la Justicia. Esa misma Corte hace unos días proponía, como mecanismo para evitar la impunidad, suprimir la posibilidad de que los congresistas renuncien a su fuero y sean juzgados por la Fiscalía y los jueces. Sugieren abiertamente que el resto del sistema judicial no sirve, que sólo ellos son capaces. Ahora, contra la Judicatura.
Y una reflexión final. La idea de la cadena perpetua o de la pena de muerte es inconducente y superficial, producto sólo del oportunismo politiquero. La Justicia colombiana no está en capacidad de asumir semejante responsabilidad. Recordemos que tenemos una justicia que lleva más de 40 días en paro. Una justicia sumida en escándalos de corrupción que olvidamos demasiado pronto. Y con una soberbia Corte.
Octubre 04 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
sábado, septiembre 27, 2008
El abusivo chantaje judicial
El paro judicial ha dibujado claramente la tensión entre los derechos laborales y los derechos de acceso a la Justicia y el debido proceso, pero cada vez más, parece que estamos frente a un abuso del derecho de negociación colectiva:
El enfrentamiento patrono-obrero -poderoso vs. vulnerable que dio origen a la normatividad proteccionista a favor de los débiles empleados, pierde su configuración en la relación de los sindicatos públicos y el Estado colombiano. Ya son varios los casos de sindicatos abusivos y absorbentes que mediante paros y huelgas han logrado apropiarse de fracciones significativas del erario y que terminan dejando sin capacidad operacional a las empresas públicas o incluso endeudando la Nación para responder por pasivos pensionales por fuera de las realidades fiscales.
Asonal Judicial está en eso. Quieren más de $60.000 millones, sin importar las consecuencias inflacionarias para el país, ni su situación fiscal. Pero lo realmente escandaloso son algunas peticiones del pliego:
Solicitan “instrumentalizar una verdadera estabilidad laboral” para lo cual se exige “la suspensión inmediata del concurso” para la Fiscalía y para los empleados de corporaciones y juzgados. Es inaceptable que a estas alturas los servidores públicos insistan en perpetuarse en sus cargos, sin que sea posible la movilidad. Aquellos privilegiados -que tienen el puesto- no pueden desconocer al resto de colombianos que desearían poder acceder a éstos. Se trata de elemental igualdad, en un país con un desempleo prominente es necesario que las nuevas generaciones, jóvenes, los desempleados, con capacidades, puedan tener, al menos, la oportunidad de competir en un concurso, contra aquellos que les llevan la ventaja de la experiencia. Los concursos son un mecanismo para abrir las puertas a la competencia y propenden por un mejor sector público, pues los mejores son seleccionados. Haber tenido el trabajo de primero, no es la única razón para mantenerlo si hay otros que también lo quieren; hay que resolverlo por el mérito. Malos recuerdos nos quedan al haber entronizado una burocracia, muchas veces ineficiente, en contra de los intereses nacionales y el derecho que tenemos todos a aspirar a los cargos del sector público.
Igualmente descarada la petición referida a la Ley 4 de 1992. Para aquellos lectores que no los saben se trata de la siguiente perla: la Corte Constitucional -abrogándose facultades por fuera de la Constitución como ordenadora de gasto- decidió igualar el régimen prestacional de los magistrados al de los congresistas contenido en la Ley 4. Ello, por supuesto, implica un alza enorme a las pensiones de toda la pirámide judicial, pues las liquidaciones se interrelacionan unas con otras. Vale la pena señalar que existen razones que justifican el régimen prestacional de los congresistas, quienes son un grupo muy reducido, no tienen estabilidad laboral pues, cada cuatro años pueden ser derrotados y deben, además, costear las campañas -sin importar si son elegidos o no-. Bien distinto al caso de la Rama Judicial: estable, sin costos de acceso y con muchísimo empleados.
Una final: alza del salario de 70% para empleados de todas las dependencias.
Parecería conveniente generar normatividad para limitar la capacidad de abuso de esos sindicatos sobre el patrimonio común y derecho a la justicia de todos los colombianos. Pero juzguen ustedes.
Septiembre 27 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
El enfrentamiento patrono-obrero -poderoso vs. vulnerable que dio origen a la normatividad proteccionista a favor de los débiles empleados, pierde su configuración en la relación de los sindicatos públicos y el Estado colombiano. Ya son varios los casos de sindicatos abusivos y absorbentes que mediante paros y huelgas han logrado apropiarse de fracciones significativas del erario y que terminan dejando sin capacidad operacional a las empresas públicas o incluso endeudando la Nación para responder por pasivos pensionales por fuera de las realidades fiscales.
Asonal Judicial está en eso. Quieren más de $60.000 millones, sin importar las consecuencias inflacionarias para el país, ni su situación fiscal. Pero lo realmente escandaloso son algunas peticiones del pliego:
Solicitan “instrumentalizar una verdadera estabilidad laboral” para lo cual se exige “la suspensión inmediata del concurso” para la Fiscalía y para los empleados de corporaciones y juzgados. Es inaceptable que a estas alturas los servidores públicos insistan en perpetuarse en sus cargos, sin que sea posible la movilidad. Aquellos privilegiados -que tienen el puesto- no pueden desconocer al resto de colombianos que desearían poder acceder a éstos. Se trata de elemental igualdad, en un país con un desempleo prominente es necesario que las nuevas generaciones, jóvenes, los desempleados, con capacidades, puedan tener, al menos, la oportunidad de competir en un concurso, contra aquellos que les llevan la ventaja de la experiencia. Los concursos son un mecanismo para abrir las puertas a la competencia y propenden por un mejor sector público, pues los mejores son seleccionados. Haber tenido el trabajo de primero, no es la única razón para mantenerlo si hay otros que también lo quieren; hay que resolverlo por el mérito. Malos recuerdos nos quedan al haber entronizado una burocracia, muchas veces ineficiente, en contra de los intereses nacionales y el derecho que tenemos todos a aspirar a los cargos del sector público.
Igualmente descarada la petición referida a la Ley 4 de 1992. Para aquellos lectores que no los saben se trata de la siguiente perla: la Corte Constitucional -abrogándose facultades por fuera de la Constitución como ordenadora de gasto- decidió igualar el régimen prestacional de los magistrados al de los congresistas contenido en la Ley 4. Ello, por supuesto, implica un alza enorme a las pensiones de toda la pirámide judicial, pues las liquidaciones se interrelacionan unas con otras. Vale la pena señalar que existen razones que justifican el régimen prestacional de los congresistas, quienes son un grupo muy reducido, no tienen estabilidad laboral pues, cada cuatro años pueden ser derrotados y deben, además, costear las campañas -sin importar si son elegidos o no-. Bien distinto al caso de la Rama Judicial: estable, sin costos de acceso y con muchísimo empleados.
Una final: alza del salario de 70% para empleados de todas las dependencias.
Parecería conveniente generar normatividad para limitar la capacidad de abuso de esos sindicatos sobre el patrimonio común y derecho a la justicia de todos los colombianos. Pero juzguen ustedes.
Septiembre 27 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
sábado, septiembre 20, 2008
¡Viva(nco) Chávez!
Sorprende que en la presentación del informe de Human Rights Watch sobre la situación de Venezuela, el Director para las Américas de esa organización diga que "Venezuela no es el país donde más se violan los derechos humanos en la región", pues están Colombia y Cuba, que son un "caso único en Latinoamérica", para rematar diciendo: "El conflicto armado colombiano sigue siendo uno de los problemas más serios desde el punto de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en todo el continente".
La afirmación, transcrita en varios medios de comunicación, no hace parte del informe que está circunscrito exclusivamente al caso venezolano. Se trata de una opinión personal de Vivanco, en el sentido de que lo sucedido en Venezuela es insignificante al lado de lo que pasa en Colombia.
No es aceptable aprovechar el escenario de presentación de un informe con rigor científico o al menos investigativo para introducir una valoración individual. Las percepciones del señor Vivanco –por ilustradas que se pretendan- no pueden presentarse como conclusiones, como si fueran el resultado de análisis técnico, si no lo son. Si el señor Vivanco quiere comparar el caso colombiano con el venezolano debe hacerlo con un estudio serio, que permita cotejar ciertos aspectos con otros de la misma especie.
Aún recorriendo más publicaciones de HRW esa conclusión no sería admisible. Los títulos de las publicaciones sobre Colombia: ‘Mutilando al pueblo’, sobre el uso de minas antipersona por la guerrilla en Colombia; ‘Colombia: librando a los paramilitares de sus responsabilidades’, ‘Recomendaciones sobre el Decreto Reglamentario de la Ley 975 del 2005’ y el terrible ‘Aprenderás a no llorar’, sobre los más de 11.000 niños combatientes, se refieren a diversos aspectos de un conflicto armado. Mientras los informes sobre Venezuela: ‘Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela’ y este último: ‘Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela’, se refieren al gobierno Chávez.
Comparar un conflicto armado que se desarrolla en determinado país con el Gobierno de otro, que ni siquiera lo padece, no tiene ningún sentido. Hay que comparar gobiernos con gobiernos, conflictos con conflictos. No se pueden comparar peras y manzanas, y extraer moralejas de ello.
Aunque no fue suficiente, muy seguramente, el comentario de Vivanco tenía la intención de congraciarse con Chávez. Se trata de una actitud ridícula y poco seria mediante la cual se le pide perdón a Chávez por las conclusiones de ese informe. Algo así como ‘usted está mal, pero no se preocupe que su vecino Uribe es mucho peor’. Y habrá que preguntar dónde están los informes sobre el gobierno Uribe que permitan esa comparación.
Es a todas luces inaceptable justificar los abusos sucedidos en Venezuela diciendo que en otros países pasan cosas peores.
Nota: Pero las conclusiones de HRW siempre son sorprendentes, cabe recordar que Roth, el director ejecutivo de la organización, en carta abierta le recomendó al candidato McCain no aprobar el TLC con Colombia: “Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”. Le faltó decirle: ¡Es mejor cerrarles los mercados para que, además, pierdan sus trabajos!
Septiembre 20 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
La afirmación, transcrita en varios medios de comunicación, no hace parte del informe que está circunscrito exclusivamente al caso venezolano. Se trata de una opinión personal de Vivanco, en el sentido de que lo sucedido en Venezuela es insignificante al lado de lo que pasa en Colombia.
No es aceptable aprovechar el escenario de presentación de un informe con rigor científico o al menos investigativo para introducir una valoración individual. Las percepciones del señor Vivanco –por ilustradas que se pretendan- no pueden presentarse como conclusiones, como si fueran el resultado de análisis técnico, si no lo son. Si el señor Vivanco quiere comparar el caso colombiano con el venezolano debe hacerlo con un estudio serio, que permita cotejar ciertos aspectos con otros de la misma especie.
Aún recorriendo más publicaciones de HRW esa conclusión no sería admisible. Los títulos de las publicaciones sobre Colombia: ‘Mutilando al pueblo’, sobre el uso de minas antipersona por la guerrilla en Colombia; ‘Colombia: librando a los paramilitares de sus responsabilidades’, ‘Recomendaciones sobre el Decreto Reglamentario de la Ley 975 del 2005’ y el terrible ‘Aprenderás a no llorar’, sobre los más de 11.000 niños combatientes, se refieren a diversos aspectos de un conflicto armado. Mientras los informes sobre Venezuela: ‘Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela’ y este último: ‘Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela’, se refieren al gobierno Chávez.
Comparar un conflicto armado que se desarrolla en determinado país con el Gobierno de otro, que ni siquiera lo padece, no tiene ningún sentido. Hay que comparar gobiernos con gobiernos, conflictos con conflictos. No se pueden comparar peras y manzanas, y extraer moralejas de ello.
Aunque no fue suficiente, muy seguramente, el comentario de Vivanco tenía la intención de congraciarse con Chávez. Se trata de una actitud ridícula y poco seria mediante la cual se le pide perdón a Chávez por las conclusiones de ese informe. Algo así como ‘usted está mal, pero no se preocupe que su vecino Uribe es mucho peor’. Y habrá que preguntar dónde están los informes sobre el gobierno Uribe que permitan esa comparación.
Es a todas luces inaceptable justificar los abusos sucedidos en Venezuela diciendo que en otros países pasan cosas peores.
Nota: Pero las conclusiones de HRW siempre son sorprendentes, cabe recordar que Roth, el director ejecutivo de la organización, en carta abierta le recomendó al candidato McCain no aprobar el TLC con Colombia: “Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”. Le faltó decirle: ¡Es mejor cerrarles los mercados para que, además, pierdan sus trabajos!
Septiembre 20 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
sábado, septiembre 13, 2008
La dictadura de los jueces
Sentencias del tenor “no dejaremos amedrentar a la justicia” se dicen hoy con pretensiones heroicas. Por supuesto, no hay tal heroísmo. De tiempo atrás viene la Corte Suprema en disputas brutales contra otras instancias del poder público colombiano. Primero, fueron sus conflictos con la Corte Constitucional, disminuidos en la medida que unos magistrados pasaron de aquí para allá. Luego, el Congreso, al que investigan, fue presa fácil. Tanto así, que tenemos un Congreso atemorizado de ejercer su función por el terror que le infunde la Rama Judicial. Se dice incapaz de legislar, de siquiera analizar los proyectos de reforma a la política y a la justicia, por el espanto a perder sus investiduras con el tema de los impedimentos.
Y ahora la Corte la emprende contra el Presidente, y los detractores del Gobierno aprovechan para hacerle eco. Pero hay que entender el conflicto en su verdadera dimensión. Algunos sostienen que el Presidente al proferir sus opiniones adversas a ciertos procedimientos o decisiones de la Corte no respeta ese poder. Distinto es que las decisiones se acaten, como lo establece la ley, a que las decisiones sean cuestionables, como lo son todas en un contexto democrático.
Pretender que nadie, ni aún el Jefe de Estado -jefe por mandato constitucional de las tres ramas del poder- pueda opinar sobre las decisiones de una Corte, es violentar la esencia misma de la democracia. Todos podemos criticar e intentar pernear la toma de decisiones. Se trata de mostrar otros puntos de vista, de manera que quien decide tenga la mayor cantidad de intereses en cuenta. Lo contrario sería como pretender que las decisiones del Ejecutivo no puedan ser juzgas por nadie, ni aún otras ramas. Por ejemplo, no podríamos examinar si debe o no haber acuerdo humanitario u objetar que no lo haya; si deben o no extraditarse a los paramilitares o rechazar que se haga. Son propios de la democracia los debates y los desencuentros, pues a pesar del disgusto, las decisiones se cumplen. El temor reverencial que desean construir en torno a la imposibilidad de que alguien objete o siquiera discuta las decisiones que se toman es inaceptable.
La autonomía de las diferentes ramas del poder tiene un sentido, que cada una cumpla su función; y se ha roto: tenemos un Congreso que no puede actuar por temor a la jurisdicción. La autonomía tiene, al mismo tiempo, un límite: la institución debe ajustarse a sus funciones y de no hacerlo la voluntad democrática debe tener mecanismos para controlarla; también se ha roto. No es democrático un sistema de justicia que ejerce funciones sin ningún control. Una Corte Suprema compra-pleitos, que se refiere en términos peyorativos al Presidente y sugiere juegos macabros en decires poco precisos y se dibuja con una agenda política, es abusiva, y no tenemos como controlarla.
Pero el exceso ha ido permeando la administración de justicia. El sector le cuesta actualmente al país un billón 581 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba en el 2002, y como no está todavía conforme pretende, para obtener mayores salarios, presionar al Gobierno con un método contrario a la ley (los paros son ilegales en los servicios públicos esenciales).
¿Sabe cuántos son los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuántos nombres se sabe? ¿Conoce la trayectoria de alguno? Entérese, ahora ellos colegislan, y podrían estar pretendiendo gobernar.
Septiembre 13 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
Y ahora la Corte la emprende contra el Presidente, y los detractores del Gobierno aprovechan para hacerle eco. Pero hay que entender el conflicto en su verdadera dimensión. Algunos sostienen que el Presidente al proferir sus opiniones adversas a ciertos procedimientos o decisiones de la Corte no respeta ese poder. Distinto es que las decisiones se acaten, como lo establece la ley, a que las decisiones sean cuestionables, como lo son todas en un contexto democrático.
Pretender que nadie, ni aún el Jefe de Estado -jefe por mandato constitucional de las tres ramas del poder- pueda opinar sobre las decisiones de una Corte, es violentar la esencia misma de la democracia. Todos podemos criticar e intentar pernear la toma de decisiones. Se trata de mostrar otros puntos de vista, de manera que quien decide tenga la mayor cantidad de intereses en cuenta. Lo contrario sería como pretender que las decisiones del Ejecutivo no puedan ser juzgas por nadie, ni aún otras ramas. Por ejemplo, no podríamos examinar si debe o no haber acuerdo humanitario u objetar que no lo haya; si deben o no extraditarse a los paramilitares o rechazar que se haga. Son propios de la democracia los debates y los desencuentros, pues a pesar del disgusto, las decisiones se cumplen. El temor reverencial que desean construir en torno a la imposibilidad de que alguien objete o siquiera discuta las decisiones que se toman es inaceptable.
La autonomía de las diferentes ramas del poder tiene un sentido, que cada una cumpla su función; y se ha roto: tenemos un Congreso que no puede actuar por temor a la jurisdicción. La autonomía tiene, al mismo tiempo, un límite: la institución debe ajustarse a sus funciones y de no hacerlo la voluntad democrática debe tener mecanismos para controlarla; también se ha roto. No es democrático un sistema de justicia que ejerce funciones sin ningún control. Una Corte Suprema compra-pleitos, que se refiere en términos peyorativos al Presidente y sugiere juegos macabros en decires poco precisos y se dibuja con una agenda política, es abusiva, y no tenemos como controlarla.
Pero el exceso ha ido permeando la administración de justicia. El sector le cuesta actualmente al país un billón 581 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba en el 2002, y como no está todavía conforme pretende, para obtener mayores salarios, presionar al Gobierno con un método contrario a la ley (los paros son ilegales en los servicios públicos esenciales).
¿Sabe cuántos son los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuántos nombres se sabe? ¿Conoce la trayectoria de alguno? Entérese, ahora ellos colegislan, y podrían estar pretendiendo gobernar.
Septiembre 13 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
viernes, septiembre 07, 2007
Hasta luego…
Colombia es uno de los pocos países que ha podido salir del anonimato que corresponde a las naciones pequeñas y subdesarrolladas. Somos conocidos en casi todos los países y ese selecto grupo de instituciones transnacionales, que llaman ‘la comunidad internacional’, nos tiene bien presentes. En un principio éramos distinguidos como los productores de cocaína más grandes del mundo y nos hicieron famosos los escándalos de nuestros narcos y las exuberancias de una democracia tropical acorralada por guerrillas, paramilitares y drogas. Esa comunidad internacional posó sus ojos sobre nosotros como pájaros que nos observan y nos juzgan permanente, y entonces se convirtió un una tema obligado para la política nacional.
Pero mejorar nuestra imagen y la del Gobierno colombiano no ha sido simple. Existían muchos prejuicios en nuestra contra originados en las ‘campañas de promoción’ de las Farc y otras organizaciones al margen de la ley. Con retóricas románticas e idealistas habían confundido a los extranjeros sobre lo que sucedía en el país.
Este Gobierno y su manera clara y precisa de abordar los asuntos han producido el milagro de que la comunidad internacional empiece a ver lo que realmente esta pasando en Colombia. El canciller Araújo ha llevado el drama del secuestro ante los ojos internacionales, lo que permitió que entenderían lo terrible del asesinato del los once diputados. Además, pudieron apreciar el comportamiento ruin y bajo que ha tenido las Farc a la hora de entregar los restos de sus víctimas. Las acciones del Ejército les permiten conocer el diario de la soñadora holandesa convertida en derribadora de helicópteros y los datos de un computador donde los ‘rebeldes’ deciden fusilar a personalidades de la vida pública y atentar contra la vida y bienes de los demás colombianos con bombas. Son evidencias contundentes que los obliga a ver que son las Farc realmente. Finalmente, la vinculación de Chávez es la pieza definitiva para que las izquierdas soñadoras confronten las realidades terribles que esconden las Farc. Es un gran logro haber conseguido que la realidad le gane a la retórica.
Colombia vive un momento muy intenso y reflexionar sobre estas realidades es un ejercicio que nos enriquece y nos prepara para un mejor futuro. Los meses que he tenido esta columna he profundizado en mis propias concepciones sobre la política, las instituciones y nuestro país y espero que hayan contribuido para que alguien, en algún momento, reflexionara sobre sus propias ideas. Infortunadamente esta será mi última columna por un tiempo. Ha sido un gran honor poder escribir en un periódico como El Pais, que tiene la ventaja de no representar los intereses centralistas de la capital y que además se caracteriza por unos lectores informados y cultos, como lo demuestra la seriedad de sus comentarios, siempre respetuosos a pesar de la discrepancia. Por esta oportunidad estaré por siempre agradecida con este diario y con sus lectores. Y como dice la canción, este no es un adiós es sólo un hasta luego.
publicado en El Pais- Cali
Septiembre 08 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep082007/OPN/opi5.html
Pero mejorar nuestra imagen y la del Gobierno colombiano no ha sido simple. Existían muchos prejuicios en nuestra contra originados en las ‘campañas de promoción’ de las Farc y otras organizaciones al margen de la ley. Con retóricas románticas e idealistas habían confundido a los extranjeros sobre lo que sucedía en el país.
Este Gobierno y su manera clara y precisa de abordar los asuntos han producido el milagro de que la comunidad internacional empiece a ver lo que realmente esta pasando en Colombia. El canciller Araújo ha llevado el drama del secuestro ante los ojos internacionales, lo que permitió que entenderían lo terrible del asesinato del los once diputados. Además, pudieron apreciar el comportamiento ruin y bajo que ha tenido las Farc a la hora de entregar los restos de sus víctimas. Las acciones del Ejército les permiten conocer el diario de la soñadora holandesa convertida en derribadora de helicópteros y los datos de un computador donde los ‘rebeldes’ deciden fusilar a personalidades de la vida pública y atentar contra la vida y bienes de los demás colombianos con bombas. Son evidencias contundentes que los obliga a ver que son las Farc realmente. Finalmente, la vinculación de Chávez es la pieza definitiva para que las izquierdas soñadoras confronten las realidades terribles que esconden las Farc. Es un gran logro haber conseguido que la realidad le gane a la retórica.
Colombia vive un momento muy intenso y reflexionar sobre estas realidades es un ejercicio que nos enriquece y nos prepara para un mejor futuro. Los meses que he tenido esta columna he profundizado en mis propias concepciones sobre la política, las instituciones y nuestro país y espero que hayan contribuido para que alguien, en algún momento, reflexionara sobre sus propias ideas. Infortunadamente esta será mi última columna por un tiempo. Ha sido un gran honor poder escribir en un periódico como El Pais, que tiene la ventaja de no representar los intereses centralistas de la capital y que además se caracteriza por unos lectores informados y cultos, como lo demuestra la seriedad de sus comentarios, siempre respetuosos a pesar de la discrepancia. Por esta oportunidad estaré por siempre agradecida con este diario y con sus lectores. Y como dice la canción, este no es un adiós es sólo un hasta luego.
publicado en El Pais- Cali
Septiembre 08 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep082007/OPN/opi5.html
sábado, septiembre 01, 2007
Pena de muerte por computador
La seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe ha logrado reducir de manera sustantiva los ataques de las Farc a las poblaciones y a los ciudadanos, pues la presión del Ejército ha desplazado la ilegalidad hacia zonas apartadas, donde apenas si sabemos de su existencia. El país se ha sentido más tranquilo y las flores de la prosperidad han empezado a retoñar.
A pesar de todos los avances de este Gobierno, conocer los macabros planes de las Farc a través del computador de Carlos Antonio Lozada, jefe máximo de las milicias de esa organización, en los que se planea el asesinato de eminentes personalidades de la vida nacional, nos pone de presente que estamos enfrentados a uno de los más terribles grupos terroristas que haya conocido el mundo. La sentencia de muerte recae sobre personajes cuya vida se ha desarrollado al servicio del país y de las instituciones democráticas, sin que jamás hayan atentado contra ningún colombiano. El crimen y el totalitarismo ha condenado a muerte a la virtud y la libertad.
Este impresionante hallazgo coloca la gestión del presidente Chávez y, en general, la negociación para el intercambio humanitario en una difícil situación. Se hace evidente que una cosa es el Gobierno legítimo y democrático, que encabeza el presidente Uribe, y otra, bien distinta, un grupo que se dedica a secuestrar y condenar a muerte a ilustres personajes con la clara misión de desestabilizar y causar zozobra en la comunidad. Se trata, evidentemente, de terroristas. A los fusilamientos ocultos y no anunciados que ha venido cometiendo las Farc, se contraponen estos nuevos anuncios de fusilamiento. Anuncios que develan la verdadera naturaleza de ese grupo. Anuncios ha debido causar la perplejidad de Chávez y de la comunidad internacional interesada en el acuerdo.
Los hechos han debido sorprender también al Polo Democrático, que ha recibido el respaldo de esa organización terrorista. Por la sanidad de la democracia Colombia esperamos un pronunciamiento enérgico que rechace cualquier tipo de apoyo de las Farc a ese partido y que condene, contundentemente, el proceder de ese grupo.
A esta fehaciente prueba de su condición de terroristas, se suma el proceso de entrega de los cadáveres de los once diputados secuestrados, torturados y asesinados. Debe suceder hoy, dos meses y trece días después de su muerte, después de que sus familias esperaran sin ningún resultado. Este grupo se ha mostrado capaz de negociar, incluso, por los restos de los seres humanos que ellos mismos han torturado y asesinado, capaz de dilatar en el tiempo el dolor de las familias con tal de no confrontar ninguna responsabilidad. Muestran, una vez más, que son fieras de la guerra incapaces de compasión.
El país no debe olvidar que las Farc continúan vivas y que los tentáculos están ocultos, pero dispuestos a atacar en cualquier momento. La ejemplar actitud de Fernando Londoño, uno de los sentenciados a muerte, quien heroicamente anunció su decisión de permanecer en el país y no silenciar su voz, se erige como una bandera que nos señala que sólo con valor lograremos vencer.
Publicado en El Pais- Cali
Septiembre 01 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep012007/OPN/opi03.html
A pesar de todos los avances de este Gobierno, conocer los macabros planes de las Farc a través del computador de Carlos Antonio Lozada, jefe máximo de las milicias de esa organización, en los que se planea el asesinato de eminentes personalidades de la vida nacional, nos pone de presente que estamos enfrentados a uno de los más terribles grupos terroristas que haya conocido el mundo. La sentencia de muerte recae sobre personajes cuya vida se ha desarrollado al servicio del país y de las instituciones democráticas, sin que jamás hayan atentado contra ningún colombiano. El crimen y el totalitarismo ha condenado a muerte a la virtud y la libertad.
Este impresionante hallazgo coloca la gestión del presidente Chávez y, en general, la negociación para el intercambio humanitario en una difícil situación. Se hace evidente que una cosa es el Gobierno legítimo y democrático, que encabeza el presidente Uribe, y otra, bien distinta, un grupo que se dedica a secuestrar y condenar a muerte a ilustres personajes con la clara misión de desestabilizar y causar zozobra en la comunidad. Se trata, evidentemente, de terroristas. A los fusilamientos ocultos y no anunciados que ha venido cometiendo las Farc, se contraponen estos nuevos anuncios de fusilamiento. Anuncios que develan la verdadera naturaleza de ese grupo. Anuncios ha debido causar la perplejidad de Chávez y de la comunidad internacional interesada en el acuerdo.
Los hechos han debido sorprender también al Polo Democrático, que ha recibido el respaldo de esa organización terrorista. Por la sanidad de la democracia Colombia esperamos un pronunciamiento enérgico que rechace cualquier tipo de apoyo de las Farc a ese partido y que condene, contundentemente, el proceder de ese grupo.
A esta fehaciente prueba de su condición de terroristas, se suma el proceso de entrega de los cadáveres de los once diputados secuestrados, torturados y asesinados. Debe suceder hoy, dos meses y trece días después de su muerte, después de que sus familias esperaran sin ningún resultado. Este grupo se ha mostrado capaz de negociar, incluso, por los restos de los seres humanos que ellos mismos han torturado y asesinado, capaz de dilatar en el tiempo el dolor de las familias con tal de no confrontar ninguna responsabilidad. Muestran, una vez más, que son fieras de la guerra incapaces de compasión.
El país no debe olvidar que las Farc continúan vivas y que los tentáculos están ocultos, pero dispuestos a atacar en cualquier momento. La ejemplar actitud de Fernando Londoño, uno de los sentenciados a muerte, quien heroicamente anunció su decisión de permanecer en el país y no silenciar su voz, se erige como una bandera que nos señala que sólo con valor lograremos vencer.
Publicado en El Pais- Cali
Septiembre 01 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep012007/OPN/opi03.html
viernes, agosto 31, 2007
Lo que se juegan Piedad y Chávez
Las coincidencias ideológicas de Piedad Córdoba con el presidente venezolano, Hugo Chávez, son evidentes. Ambos representan una tendencia de la izquierda latinoamericana que se dice capaz de solucionar el conflicto social y político de este continente. Con independencia a si esas doctrinas son conducentes para ello, el compromiso que han asumido en el proceso de negociación con las Farc para lograr el intercambio humanitario pone a prueba la capacidad para solucionar y negociar -en concreto- con los grupos de izquierda alzados en armas.
Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.
Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.
El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.
El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.
Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html
Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.
Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.
El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.
El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.
Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html
sábado, agosto 25, 2007
Las inhabilidades y los electores
En estas últimas semanas se ha debatido el asunto sobre si los paramilitares y guerrilleros que no han cometido delitos atroces pueden participar en política y se ha ventilado que para las elecciones de octubre hay 269 candidatos inscritos inhabilitados por diversas causas. La cuestión fundamental que subyace tras esta controversia es cómo decide el elector colombiano por quién votar y cuáles son los mecanismos necesarios para generar electores más responsables.
Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.
Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.
Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.
Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.
El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html
Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.
Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.
Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.
Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.
El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html
Las verdades reveladas
El proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de autoridades locales develó algunos aspectos interesantes del contexto político colombiano, los cuales merecen por lo menos un somero análisis.
La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.
Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.
Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.
Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.
Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html
La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.
Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.
Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.
Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.
Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html
lunes, agosto 06, 2007
Disposición para la paz
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de que los paramilitares deben ser juzgados como delincuentes comunes acusados de concierto para delinquir y no por el delito político de sedición tiene implicaciones significativas.
Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.
Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.
En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.
La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.
El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html
Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.
Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.
En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.
La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.
El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html
El poder y el abuso
La relación del Estado colombiano con sus ciudadanos es tormentosa. Hacer cualquier diligencia frente al aparato estatal tiene la característica de ser larga, tediosa y adornada por complicaciones inexplicables, de manera que la mala imagen de la burocracia se corrobora y se empeora. Pero lo más terrible del proceso es la manera infame de los funcionarios públicos colombianos, que pretenden ejercer su poder como lo ejercería el peor déspota de la tierra. En general nada se puede y si se puede es complicadísimo o tiene que volver mañana y traer una resma de documentos. Aunque parece una generalización sin fundamento, son infinitas las instituciones que se pueden mencionar: las empresas de servicios públicos, las superintendencias, el ISS, el Ejercito y, por supuesto, la Policía.
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)