La reforma tributaria

Colombia ha hecho un esfuerzo significativo para enfrentar a la narcoguerrilla de las Farc, los nuevos brotes de paramilitarismo y las mafias. Nos ha costado la vida de muchos hombres de las Fuerzas Armadas, el tiempo de la reorganización del Ejército y la Policía y muchos recursos económicos. Pero los resultados son significativos. Los municipios, abandonados desde hacía mucho por las fuerzas del orden, volvieron a tener Policía, se recuperó la movilidad en las vías, los campesinos y los industriales del agro pudieron volver al campo a producir, los empresarios sintieron la seguridad para generar y ampliar sus negocios y los jóvenes no tuvieron que seguir en ese proceso sórdido de expatriación.

En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.

Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.

Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.

En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.

Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.

Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.


11 de julio 2009
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