La investigación sobre la entrega de notarías para la aprobación de la reelección presidencial ha tomado un rumbo confuso. Es necesario aclarar algunas ideas para contextualizar la significación del asunto.
Por una parte, conceder notarías, puestos, favores entre los parlamentarios, no es una práctica nueva en el Estado colombiano. Desde que el Congreso perdió la iniciativa de gasto -esto es la capacidad de decidir cómo y en qué se invierte el presupuesto nacional- la función del congresista frente a los electores se ha desdibujado. Volvemos a una cuestión fundamental sobre la estructura de la democracia: ¿Para qué es el Congreso? ¿Qué esperan los electores del congresista por el que votaron?
Sin la iniciativa de gasto, son muy pocas las obras que el congresista puede apoyar para su región, y muy escasas las maneras como puede responder ante sus electores. Así su gestión ha venido decayendo y el diseño de las instituciones los ha convertido –a muchos- en simples agencias de empleos y agilizadores de trámites burocraticos –que son casi imposibles para un ciudadano de a pie. En ministerios y entidades públicas buscan puestos para sus líderes políticos, gestionan traslados, trámites, en fin, tratan de mover el paquidermo Estado en pro de sus electores. Eso no es delito. Se trata de una gestión legal para sus seguidores, pero es un triste destino para un Congreso tramitar leyes a cambio de favores. Esta situación es consecuencia, además, de la debilidad de los partidos. Si fuera posible que el Gobierno negociara con las bancadas, en lugar de individualmente, estas gestiones serían más escasas o al menos tendrían poca significación.
Pero eso es lo que tenemos: Un Congreso sin mucha forma y unos partidos sin cohesión.
Pretender satanizar la aprobación de la reelección presidencial como un episodio único donde se dieron todo tipo de trucos para aprobar la ley es ridículo. Probablemente, sucedió lo que con todas las leyes: se negoció con el legislativo. Dirán algunos que el hecho de que así se haga siempre no significa que esté bien, y en eso tienen razón; pero atender los requerimientos de los congresistas no puede interpretarse negativamente. Siempre y cuando se trate de gestiones legales, usar la influencia política como medio de unión con los electores es lamentable, pero no ilegal.
Por eso el escándalo de la Corte sobre la reelección es majadero. El gobierno Uribe avanzó el proceso de concurso de las notarías, y ha impulsado los concursos en otros sectores públicos para acabar con esas prácticas ancestrales, que ningún otro gobierno había hecho. ¿Es que sólo ahora la Corte descubrió que así se tramitan las leyes en este país o es que sabiendo que es así, escogió un tema sensible para difamar al Gobierno?
Ahora bien, los allanamientos a las casas de los congresistas sorprendieron al país, como sorprendió el hallazgo de sumas importantes de dinero en la casa de Villamizar. Tener dinero en efectivo no es un delito, falta saber si el congresista puede justificarlo y ello no tendría nada sospechoso. Pero puede que haya congresistas cobrando dádivas a aquellos ‘amigos’ a quienes ayudan, y resulta muy importante descubrirlos y sancionarlos. Una cosa es la gestión para que el Gobierno otorgue un cargo de libre nombramiento a un ‘amigo’, o agilice un trámite, y otra muy distinta es cobrar réditos económicos por el uso de la influencia política.
Publicado en El Pais de Cali -22 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
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