Vale recordar que la elección de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá no estuvo inspirada en la convicción en su capacidades; muchos votaron por él en contra de Peñalosa. Esos votos inversos siempre resultan costosos. La administración de Bogotá por parte de Moreno ha sido una catástrofe. Colapsó la movilidad. La ciudad tiene muchas vías importantes cerradas sin que se observen obras en ejecución y en el mejor de los casos, realizaciones lentísimas; el Transmilenio ha decaído en frecuencias y no da abasto; el servicio público de buses sigue en el desorden de siempre. Nadie está contento con esa alcaldía y en este contexto aparece el escándalo de corrupción en la contratación.
La capacidad de autocrítica es escasa en política, y precisamente por ello brilla y debe ser exaltada. Da un gran ejemplo el Polo Democrático cuando muestra que por encima de las asociaciones políticas, está la lealtad hacia la Nación y los principios que valoramos. Es un ejercicio que requiere mucha solidez ideológica y exige arrojo.
Sería más fácil un debate con otro partido, pues los ataques servirían para fijar posiciones y ajustar la dinámica gobierno-oposición. La disputa interna puede fracturar la unidad y desprestigiar al partido, pero si el Polo es capaz de terminar con éxito este proceso habrá fortalecido la democracia colombiana y habrá mostrado una madurez que no tiene ningún otro partido.
Se habla mucho sobre las millonarias tajadas que pagan los contratistas al Estado; se dice de las licitaciones amañadas, se asegura que hay renegociaciones absurdas en los contratos, se alega que los ingenieros alteran diseños, materiales, tiempos para su conveniencia. Todos sabemos que hay corrupción, pero a la hora de encontrarla y extirparla se nos esconde. Permanece solapada entre la sospecha y chisme. Se mueve, como todo lo ilegal, en un mercado turbio donde sólo los implicados tienen acceso.
Este caso le da la oportunidad al país para revisar que es lo que está pasando. El conglomerado de leyes que pretende limitar la corrupción generando cada vez más procedimientos se ha convertido en una excusa para encubrirla. Los servidores públicos se excusan en la ignorancia, y prefieren ser calificados de ineptos que de corruptos. Su defensa consiste en mostrar que han cumplido con el tramite legal, aunque el resultado final sea desastroso. El sector privado que contrata con el Estado se esconde en la engañosa posición de que son víctimas de la corrupción, que sobornan porque es casi una obligación.
Hay una asociación nefasta público-privada dedicada a enriquecerse robando a la sociedad. Nos roban y quedan impunes y ricos. No sólo nos arrebatan dinero, es calidad de vida, es desarrollo, es tiempo. Retrasan los procesos colectivos, hacen inútil la tributación y las políticas sociales. Contra la corrupción es más poderosa la presión social que la ley. Es una pelea que le debemos todos a Colombia. Denunciar y perseguir.
Nota: Me sorprendió que la senadora Alexandra Moreno anunciara que el presidente Santos ha decidido no tramitar ante el Congreso el acuerdo sobre el uso de las bases colombianas por parte de los EE.UU. El tema merece que Santos le explique el país si esto es una concesión que estamos haciendo los colombianos para mantener las relaciones con Venezuela y satisfacer a Chávez. Es necesario que el país sepa lo que estamos haciendo para recuperar esos US$786 millones que nos debe Venezuela.
El País Cali 23 de octubre de 2010
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