Quince días de paro. Bloqueos que afectaron de manera grave la vida de muchos colombianos. Finalmente, el Gobierno cedió en todo lo que pedían los camioneros e incluso en más. El precedente no es el mejor.
Por recomendación del Concejo Privado de Competitividad el Gobierno derogó la tabla de fletes e impuso la libertad de negociación, vigilada. Es decir, un modelo de libre competencia que supone la intervención del Estado para los casos donde el mercado presente fallas. La libre competencia podría disminuir precios. Los gremios aspiran a que eso suceda; así los productos nacionales serían más competitivos. El temor proviene del sector transportador: el abuso de posiciones dominantes podría afectar a los camioneros, la competencia contra las grandes empresas de carga, y las exigencias de los grandes productores de carga. Lo cierto es que la tabla tenía poca utilidad, nadie la respetaba. Además la competitividad está afectada no por la tabla de fletes, sino por la precaria infraestructura; carreteras estrechas y al borde de la disolución.
Dejando de lado la conveniencia de la decisión, analicemos las lecciones.
Sobresale el tema de cómo se hace la política pública. El centralismo colombiano ha creado nichos de tecnócratas que deciden lo que es bueno y malo para el país. Aunque sus decisiones puedan ser convenientes, es claro que generar las políticas de manera vertical y cerrada no es lo ideal. A diferencia del Legislativo donde todos los sectores tienen representación, los tecnócratas están comprometidos con una sola visión del país que puede no corresponder con las aspiraciones de los nacionales.
Se refleja, también, las nefastas características de relación de los nacionales con el Estado. Las negociaciones se hicieron -a pesar de las advertencias- con vías bloqueadas. Fue una forma rebajada de extorsión. Cuando la presión fue suficiente el Gobierno cedió, los decretos fueron derogados y la nueva normatividad se hará en mesas de concertación. El Gobierno además se comprometió a eliminar las multas de tránsito que tienen más de tres años.
Aquello probó, otra vez, que nuestros gobiernos son sordos a las voces de protesta y sólo reaccionan cuando la presión sobre la colectividad es insoportable y es necesario solucionar una crisis que no se limita a un segmento.
Colombia ha perdido la solidaridad social, probablemente a causa de la violencia. Las relaciones son desconfiadas y somos poco entusiastas para respaldar causas que no nos afecten directamente. Ello explica, tal vez, que las protestas se elevan hasta causar un daño evidente a los demás particulares. Así se llama la atención de los ciudadanos y se los notifica de sus necesidades de manera obligada. Eso rompe cualquier simpatía que los ciudadanos tengan en la causa, pues los convierte en piezas de la negociación, y sólo aumenta la desconfianza social.
Esta negociación con los camioneros le da continuidad a estas malas tradiciones. El Estado debe cambiar su forma de gobernar de espaldas. Si bien las normas pueden tener buenas intenciones y diseño, no incluir a los afectados en las discusiones es una forma de menosprecio que no funciona. Además no puede esperar al caos para actuar sobre las materias que afectan a los colombianos. Tenemos que madurar las relaciones público-privadas para que el diálogo fluya y no se recurra a la presión. La solidaridad requiere de la reconstrucción del tejido social y un Estado que oiga.
El País de Cali, 18 de febrero de 2011
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