Hecha la norma…

El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.

Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.

Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.

Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.

Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.

El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.

Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28

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