¿Democracia venezolana?
Abril 25 de 2009
Por Paloma Valencia-laserna
La intolerancia chavista frente a la oposición está adquiriendo unos matices tenebrosos. Se trata de una carrera frenética para reprimir cualquier tipo de discrepancia, alguna crítica o una voz distinta. Los hechos que revelan esta tendencia son terribles: si un venezolano firmó el referendo revocatorio, o cometió cualquier acto en contra, está condenado. Por esa firma no tiene derecho a trabajar con el Estado, está excluido de cualquier subsidio, de las becas estudiantiles –todas con carácter político- y prácticamente no puede acceder a los servicios estatales. Cosas elementales como la obtención de un pasaporte se han vuelto privilegio de los oficialistas. El país no tiene recursos o interés en la emisión de ese documento, de manera que se refrendan pasaportes vencidos con el pretexto de que se acabó el papel de seguridad; pero si se es de la oposición ni eso.
Como medio para presionar a las autoridades locales de oposición, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Descentralización, de manera que el Gobierno puede ‘revertir’ por razones de ‘interés público’ los poderes que la Constitución de 1999 le otorga a los gobernadores. Así mismo, la Asamblea reformó la Ley de Puertos y Aeropuertos y, mediante decreto, pasaron a manos del Gobierno central todas las instalaciones de ese tipo que estaban bajo la tutela de las gobernaciones. Se trata de la supresión de sus principales fuentes de financiamiento, que ponen de rodillas a las autoridades regionales frente al Gobierno central. Vale la pena recordar que Venezuela es un régimen federal. La oposición reaccionó, pues considera que tales reformas son inconstitucionales. El Estado Zulia solicitó la convocatoria a un referendo, pero fue declarado ilegal por el Consejo Electoral sin mucho eco.
Pero los escándalos contra la oposición aumentan hasta el caso de Manuel Rosales. Se trata de la figura más importante de la oposición venezolana, ha sido dos veces gobernador de Zulia y había sido elegido como alcalde de Maracaibo. Fue también candidato a la Presidencia en el 2006. Está refugiado en el Perú porque, mediante una investigación muy sospechosa, se le acusa de corrupción. El caso que se abre y se cierra, según la conveniencia del régimen, le imputa que no pagó impuestos sobre $55 millones, que presuntamente no aparecen justificados en su patrimonio.
Rosales, que ha pedido asilo político en el vecino país, ha denunciado que la sentencia condenatoria existía aun antes de que se presentara a rendir su testimonio y que huyó para evitar su muerte, pues los planes del régimen incluían colocarlo en una cárcel donde seguramente sería asesinado.
Venezuela pidió a la Interpol su detención.
No es aceptable que en una democracia la oposición sea perseguida y tenga que huir incluso de la Justicia. La crítica enriquece, hace mejorar y exige de los gobernantes. Sin la oposición, no importa que se ganen las elecciones, no hay democracia. Alan García, presidente del Perú, tiene en sus manos la oportunidad de proteger a Rosales y de alzar una solitaria, pero firme voz contra la eliminación de la democracia en Venezuela.
El resto del continente permanecerá callado… cada uno con sus razones. Colombia no dirá nada; Venezuela es nuestro segundo socio comercial.
¿Cuánto vale ver cómo en el hermano país desfallecen las instituciones democráticas que juntos conquistamos con lucha, con valor y con principios?
sábado, abril 25, 2009
¿Instituciones o Uribe?
La conveniencia de la reelección del presidente Uribe es un debate de hondas repercusiones para el país. Se trata de un mandatario que, según la encuesta del Consorcio Iberoamericano, es el segundo en popularidad en América, pues tiene una aceptación del 74%, antecedido sólo por Obama con el 85%. Ahora bien, no sólo la popularidad debe considerarse en este debate. Los detractores de la reelección la critican porque encuentran que la manera de gobernar del Presidente desdibuja y hasta destruye las instituciones colombianas. Sobre la relación de Uribe con las instituciones hay, al menos, tres impactos susceptibles de una interpretación negativa o positiva:
Para unos, buscar la reelección a través de una reforma constitucional es perpetuar ‘mandatos personalistas’ y lesiona las instituciones. Se trata, pues, de la imposición del querer de un mandatario por encima de las estructuras legales y constitucionales. Para otros, en cambio, buscar la reelección, aun con modificaciones legales, no es un cambio de reglas, pues las normas lo permiten. Una fracción importante de la población firmó un proyecto mediante el cual pretende que el Congreso consulte a la totalidad de colombianos, en un referendo, si desean o no una tercera reelección. Se trata de un mecanismo legal, institucionalmente establecido. La solidez de la letra escrita hace necesario constantes actualizaciones de las normas a los movimientos sociales, por eso la Constitución permite su reforma. Utilizar esos mecanismos no puede considerarse un irrespeto a las instituciones o la Carta. Se trata, precisamente, de utilizar normas que existen para enfrentar coyunturas que así lo exijan.
Las instituciones colombianas no están diseñadas para la reelección. Así que un presidente reelecto tiene facultades para elegir, designar y participar en la selección de otros funcionarios con tareas cruciales: Fiscal, magistrados, miembros del Banco de la República, etc. Eso, para muchos, es un desequilibrio que rompe la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Los periodos estaban diseñados para que el Presidente sólo tuviera intervención en un número limitado de estos casos. Con la reelección, él puede lograr una homogeneidad en esas selecciones y penetrar muchos segmentos del Estado con sus candidatos. Otros piensan que la mediación en la escogencia de estos funcionarios no es nefasta. Si bien el Presidente tiene participación en la elección, no es definitiva. Además, existe un mecanismo natural que previene la unidad total: cuando una persona accede a un cargo de poder se convence de su importancia y desconoce cualquier padrino político. Ya tiene asegurado el cargo y pretende lucirse en su ejercicio.
Los consejos comunitarios le parecen a unos la manera de desbaratar la distribución de tareas de las instituciones. Las pone en peligro y concentra demasiado poder en el Ejecutivo. Es un retorno al centralismo y al paternalismo. Para los otros, Uribe, mediante un proceso directo, se ha encargado de atender aquellos asuntos prioritarios. Descubrir que el Estado colombiano es capaz de hacer algo es mucho más importante que proteger instituciones con funciones formales -bien redactadas en la ley- que nunca llegan a la realidad. En los consejos comunitarios las autoridades locales han obtenido la legitimidad e importancia necesaria para consolidar la descentralización.
Diario El País -Cali 18 de abril de 2009
Para unos, buscar la reelección a través de una reforma constitucional es perpetuar ‘mandatos personalistas’ y lesiona las instituciones. Se trata, pues, de la imposición del querer de un mandatario por encima de las estructuras legales y constitucionales. Para otros, en cambio, buscar la reelección, aun con modificaciones legales, no es un cambio de reglas, pues las normas lo permiten. Una fracción importante de la población firmó un proyecto mediante el cual pretende que el Congreso consulte a la totalidad de colombianos, en un referendo, si desean o no una tercera reelección. Se trata de un mecanismo legal, institucionalmente establecido. La solidez de la letra escrita hace necesario constantes actualizaciones de las normas a los movimientos sociales, por eso la Constitución permite su reforma. Utilizar esos mecanismos no puede considerarse un irrespeto a las instituciones o la Carta. Se trata, precisamente, de utilizar normas que existen para enfrentar coyunturas que así lo exijan.
Las instituciones colombianas no están diseñadas para la reelección. Así que un presidente reelecto tiene facultades para elegir, designar y participar en la selección de otros funcionarios con tareas cruciales: Fiscal, magistrados, miembros del Banco de la República, etc. Eso, para muchos, es un desequilibrio que rompe la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Los periodos estaban diseñados para que el Presidente sólo tuviera intervención en un número limitado de estos casos. Con la reelección, él puede lograr una homogeneidad en esas selecciones y penetrar muchos segmentos del Estado con sus candidatos. Otros piensan que la mediación en la escogencia de estos funcionarios no es nefasta. Si bien el Presidente tiene participación en la elección, no es definitiva. Además, existe un mecanismo natural que previene la unidad total: cuando una persona accede a un cargo de poder se convence de su importancia y desconoce cualquier padrino político. Ya tiene asegurado el cargo y pretende lucirse en su ejercicio.
Los consejos comunitarios le parecen a unos la manera de desbaratar la distribución de tareas de las instituciones. Las pone en peligro y concentra demasiado poder en el Ejecutivo. Es un retorno al centralismo y al paternalismo. Para los otros, Uribe, mediante un proceso directo, se ha encargado de atender aquellos asuntos prioritarios. Descubrir que el Estado colombiano es capaz de hacer algo es mucho más importante que proteger instituciones con funciones formales -bien redactadas en la ley- que nunca llegan a la realidad. En los consejos comunitarios las autoridades locales han obtenido la legitimidad e importancia necesaria para consolidar la descentralización.
Diario El País -Cali 18 de abril de 2009
sábado, abril 18, 2009
La Semana Santa
Cada episodio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo encarna dilemas frente a los cuales todos, alguna vez, nos encontramos; por ello, el examen de estos pasajes ha de suscitarnos hondas reflexiones sobre nosotros mismos y nuestra sociedad. La conmemoración de la Semana Santa debe causar una inflexión, al menos, en el llano de nuestra existencia.
Pilatos, resguardado en la neutralidad de la autoridad, realiza el acto simbólico de lavarse las manos frente a la injusticia. Evidencia esa escena bíblica una de las más grandes verdades: quien no se opone a la injusticia hace parte de ella. La injusticia que toleramos nos hace su cómplice. Lo injusto tiene, pues, el poder de pervertir a quien es su testigo. Aquel romano lo encontramos ahora en todo aquel que reconoce la injusticia pero es indiferente a ella.
Levantarse contra lo que no es justo no es nunca fácil; Pedro, el discípulo de Jesús, lo negó tres veces. Pedro era un hombre santo, mejor que nosotros, y fue débil y temeroso. Aun amando a Jesús -sobre todas las cosas- sintió miedo de padecer el mismo destino que le parecía injusto. Por supuesto, somos todos mucho más propensos que él a sentirnos impotentes frente a la masa que ciega, furiosa y exaltada presiente saber la verdad y ejecutar lo correcto.
Disentir no es fácil, pues por nuestra calidad de seres gregarios tenemos respeto por las decisiones de la mayoría. Más aún, cuando la masa ha condenado a alguien es poco probable que se detenga, que cambie, que reconsidere -por lo menos eso le parece a quien solitario y aislado la observa-. La flaqueza psicológica consiste en sentir que al ponernos del lado de la víctima sufriremos, inevitablemente, su mismo destino. Defender a aquel que la masa ha condenado puede condenarnos también. Los juicios sociales son como una máquina imparable que se aproxima demoledora sobre su víctima; saltar frente a ella, oponérsele, parece riesgoso e inútil.
Las sociedades encolerizadas y decididas a castigar son amedrentadoras y la víctima se vislumbra como imposible de rescatar. Erguirse contra los atropellos en defensa de quien injustamente es tiranizado parece exigir la vocación del mártir. ¿Quién en nuestro país es capaz de defender a aquel que le parece que está siendo injustamente tratado? ¿Quién se atreve, por ejemplo, a defender a quien ha sido sindicado de un delito, aunque considere que no es culpable? ¿Quién que alegue por la defensa de las formas procesales de los sindicados por paramilitarismo no es tildado de ‘paracomilitar’? ¿o del mismo modo e guerrillero o mafioso?
La lección más poderosa es la de Jesús: agónico nos perdona. El perdón en ese momento de intenso dolor se exalta como el acto divino por excelencia. El perdón que unge la tierra con la mirada compasiva del Creador, que comprende la estrechez de nuestra mente, la mezquindad de nuestro corazón, el miedo a la muerte y la necesidad de mantener la mirada de los otros sosegada sobre nuestro hombro. No seremos capaces de semejante acto, seguramente, pero podemos recordar que tenemos esas flaquezas humanas. Cuando nos cubrimos los ojos con el manto de que ‘somos buenos’ dejamos de revisar nuestra conciencia y desfilan, entonces, justificados y muy tranquilos nuestros actos. En cambio, si tenemos presente nuestra condición falible estamos atentos a juzgarnos. Sólo aceptando que somos capaces de hacer el mal y que lo hacemos podremos reconocerlo en nuestras acciones.
11 de abril de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/abr112009/PRI
Pilatos, resguardado en la neutralidad de la autoridad, realiza el acto simbólico de lavarse las manos frente a la injusticia. Evidencia esa escena bíblica una de las más grandes verdades: quien no se opone a la injusticia hace parte de ella. La injusticia que toleramos nos hace su cómplice. Lo injusto tiene, pues, el poder de pervertir a quien es su testigo. Aquel romano lo encontramos ahora en todo aquel que reconoce la injusticia pero es indiferente a ella.
Levantarse contra lo que no es justo no es nunca fácil; Pedro, el discípulo de Jesús, lo negó tres veces. Pedro era un hombre santo, mejor que nosotros, y fue débil y temeroso. Aun amando a Jesús -sobre todas las cosas- sintió miedo de padecer el mismo destino que le parecía injusto. Por supuesto, somos todos mucho más propensos que él a sentirnos impotentes frente a la masa que ciega, furiosa y exaltada presiente saber la verdad y ejecutar lo correcto.
Disentir no es fácil, pues por nuestra calidad de seres gregarios tenemos respeto por las decisiones de la mayoría. Más aún, cuando la masa ha condenado a alguien es poco probable que se detenga, que cambie, que reconsidere -por lo menos eso le parece a quien solitario y aislado la observa-. La flaqueza psicológica consiste en sentir que al ponernos del lado de la víctima sufriremos, inevitablemente, su mismo destino. Defender a aquel que la masa ha condenado puede condenarnos también. Los juicios sociales son como una máquina imparable que se aproxima demoledora sobre su víctima; saltar frente a ella, oponérsele, parece riesgoso e inútil.
Las sociedades encolerizadas y decididas a castigar son amedrentadoras y la víctima se vislumbra como imposible de rescatar. Erguirse contra los atropellos en defensa de quien injustamente es tiranizado parece exigir la vocación del mártir. ¿Quién en nuestro país es capaz de defender a aquel que le parece que está siendo injustamente tratado? ¿Quién se atreve, por ejemplo, a defender a quien ha sido sindicado de un delito, aunque considere que no es culpable? ¿Quién que alegue por la defensa de las formas procesales de los sindicados por paramilitarismo no es tildado de ‘paracomilitar’? ¿o del mismo modo e guerrillero o mafioso?
La lección más poderosa es la de Jesús: agónico nos perdona. El perdón en ese momento de intenso dolor se exalta como el acto divino por excelencia. El perdón que unge la tierra con la mirada compasiva del Creador, que comprende la estrechez de nuestra mente, la mezquindad de nuestro corazón, el miedo a la muerte y la necesidad de mantener la mirada de los otros sosegada sobre nuestro hombro. No seremos capaces de semejante acto, seguramente, pero podemos recordar que tenemos esas flaquezas humanas. Cuando nos cubrimos los ojos con el manto de que ‘somos buenos’ dejamos de revisar nuestra conciencia y desfilan, entonces, justificados y muy tranquilos nuestros actos. En cambio, si tenemos presente nuestra condición falible estamos atentos a juzgarnos. Sólo aceptando que somos capaces de hacer el mal y que lo hacemos podremos reconocerlo en nuestras acciones.
11 de abril de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/abr112009/PRI
sábado, abril 04, 2009
La U y la izquierda
Con la llegada del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo al Partido de la U se hizo una declaración muy extraña, en el sentido de que ese partido buscará alianzas con la izquierda. Si el mismo presidente Uribe no hubiera descartado categóricamente un diálogo con la guerrilla, esa hubiera sido mi primera y sorprendida impresión. Sin esa opción, el comentario parecería sugerir la vinculación de nuevas corrientes ideológicas al partido, con la intención presunta de romper con la polarización.
La sapiencia de muchos colombianos señala que la polarización no es deseable, más aún, que debería ser evitada. No estoy de acuerdo. La polarización, cuando es política, es útil y apetecible.
El país ha logrado superar esa vaguedad conceptual que dominaba el escenario de los partidos hace no muchos años, donde la única diferencia entre ellos era los nombres de los candidatos. Hacer parte de una colectividad o de otra no ofrecía discrepancias. No sorprende que hayamos tenido más de 70 partidos; todos representaban los intereses personales de un político que no tenía posición, pues lo natural era acomodarse por una cuota burocrática con el gobierno de turno. ¡Era un país de grandes acuerdos nacionales!
Una de las virtudes del gobierno Uribe fue, precisamente, haber logrado establecer claridad en la política. El ejercicio de oposición de manera coherente, como lo ha hecho el Polo, aunado a la posición racional del Gobierno, ha servido para que las posiciones políticas de ambos segmentos se clarifiquen y que las diferencias partidistas encuentren un sentido en la realidad.
Así, cada grupo político ha tenido que definir de manera precisa una posición sobre los grandes asuntos que ocupan al país: la manera como se pretende resolver el conflicto armado, el intercambio humanitario, las relaciones con la comunidad internacional… La dinámica partidista en una democracia requiere ese enfrentamiento ideológico, para que los electores puedan votar conociendo las implicaciones de su elección.
Muchas de las posiciones políticas de un partido surgen de que el otro ha tomado la posición contraria. La impopularidad de una posición se vuelve oportunidad para el partido que ostenta la tesis inversa. La oposición política es manera eficiente de aspirar al poder: el fracaso del partido de Gobierno convierte -ante la opinión- a la oposición en la alternativa más deseable.
No se trata, por supuesto, de que no existan acuerdos nacionales sobre lo fundamental; esos acuerdos existen y deben persistir. Pero no se puede ceder al afán propio de las carreras políticas y de buscar el mayor número de votantes en detrimento de la ideología. Las posturas políticas deben ser un delicado equilibrio: lo suficientemente amplias para incluir y atraer tantos electores como pueda, pero lo definidas para crear una diferencia frente a los otros grupos políticos.
Por ello, esa declaración en el seno del Partido de la U resulta inexplicable y, sobre todo, equivocada políticamente. No es deseable una democracia de unidad política: sin la oposición se acaba la crítica, se pierde el juego ideológico y, más aún, los partidos se vuelven unas asociaciones para la negociación burocrática. El debate político es sano, promueve la reflexión y le da dinamismo y peso a cada decisión.
La polarización es orientación, congruencia, diferenciación y discusión; sin eso no hay verdadera política.
La sapiencia de muchos colombianos señala que la polarización no es deseable, más aún, que debería ser evitada. No estoy de acuerdo. La polarización, cuando es política, es útil y apetecible.
El país ha logrado superar esa vaguedad conceptual que dominaba el escenario de los partidos hace no muchos años, donde la única diferencia entre ellos era los nombres de los candidatos. Hacer parte de una colectividad o de otra no ofrecía discrepancias. No sorprende que hayamos tenido más de 70 partidos; todos representaban los intereses personales de un político que no tenía posición, pues lo natural era acomodarse por una cuota burocrática con el gobierno de turno. ¡Era un país de grandes acuerdos nacionales!
Una de las virtudes del gobierno Uribe fue, precisamente, haber logrado establecer claridad en la política. El ejercicio de oposición de manera coherente, como lo ha hecho el Polo, aunado a la posición racional del Gobierno, ha servido para que las posiciones políticas de ambos segmentos se clarifiquen y que las diferencias partidistas encuentren un sentido en la realidad.
Así, cada grupo político ha tenido que definir de manera precisa una posición sobre los grandes asuntos que ocupan al país: la manera como se pretende resolver el conflicto armado, el intercambio humanitario, las relaciones con la comunidad internacional… La dinámica partidista en una democracia requiere ese enfrentamiento ideológico, para que los electores puedan votar conociendo las implicaciones de su elección.
Muchas de las posiciones políticas de un partido surgen de que el otro ha tomado la posición contraria. La impopularidad de una posición se vuelve oportunidad para el partido que ostenta la tesis inversa. La oposición política es manera eficiente de aspirar al poder: el fracaso del partido de Gobierno convierte -ante la opinión- a la oposición en la alternativa más deseable.
No se trata, por supuesto, de que no existan acuerdos nacionales sobre lo fundamental; esos acuerdos existen y deben persistir. Pero no se puede ceder al afán propio de las carreras políticas y de buscar el mayor número de votantes en detrimento de la ideología. Las posturas políticas deben ser un delicado equilibrio: lo suficientemente amplias para incluir y atraer tantos electores como pueda, pero lo definidas para crear una diferencia frente a los otros grupos políticos.
Por ello, esa declaración en el seno del Partido de la U resulta inexplicable y, sobre todo, equivocada políticamente. No es deseable una democracia de unidad política: sin la oposición se acaba la crítica, se pierde el juego ideológico y, más aún, los partidos se vuelven unas asociaciones para la negociación burocrática. El debate político es sano, promueve la reflexión y le da dinamismo y peso a cada decisión.
La polarización es orientación, congruencia, diferenciación y discusión; sin eso no hay verdadera política.
domingo, marzo 29, 2009
Los conservadores y Uribe
Antes del gobierno Uribe el Partido Conservador enfrentaba una profunda crisis. Los congresistas estaban disgregados en movimientos independientes y, ante los fracasos del gobierno Pastrana, el liderazgo languidecía. La candidatura de Uribe se perfiló como la mejor alternativa para la unidad del conservatismo.
La masa conservadora se sintió representada en la personalidad de Uribe: recia, clara y patriota y lo siguió como lo hiciera antes con Núñez, pues ella tiene bien sabido que la vocación de poder está justificada sólo en el bienestar de la Patria, sin que la filiación sea lo fundamental. Esto, por supuesto, no puede interpretarse como una ausencia de vocación de poder. Un partido político es esencialmente búsqueda de poder por las vías democráticas para implantar las reformas políticas que su ideario considera soluciones para el país. Pero cuando entre sus huestes no encuentra ese candidato, no puede perder la capacidad de reconocerlo en otros partidos. Lo que está en juego es el bienestar social, ante el cual siempre deberá ceder la aspiración partidista.
Algunos conservadores sostenían que el partido fracasaría si apoyaba a un candidato de origen liberal; los hechos probaron su error. La consolidación del partido se dio en torno a la figura de Álvaro Uribe y bajo la lúcida dirección de Carlos Holguín. En las elecciones de Senado del 2002, el conservatismo obtuvo trece curules con 880.000 votos (pero había muchos otros movimientos conservadores con importantes votaciones: Equipo Colombia, encabezado por la figura del eximio conservador Luis Alfredo Ramos, obtuvo la primera votación con más de 220.000 votos). La batalla titánica de Holguín para devolver ese proceso de disolución requirió varias reforma legales, cabe mencionar: el aumento de los requisitos para los partidos, el sistema de listas únicas y el voto preferente. Los resultados fueron contundentes: en el 2006 los conservadores lograron 18 curules en el Senado, con prácticamente 1,5 millones de votos.
Ahora es un partido vigoroso, que ha recobrado la importancia que tradicionalmente ha ostentado en la historia política colombiana. Soberbio y fortalecido, enfrenta una decisión fundamental en la que están en juego sus principios y su vocación de poder: seguir apoyando a Uribe o buscar un candidato conservador. Tiene jóvenes y promisorias figuras, pero tiene también un compromiso con la historia al que no puede ser inferior. Es necesario exponer las razones por las cuales le conviene más a Colombia un candidato conservador que la continuidad de un presidente que ha sabido representar el ideario conservador y que rescató al país de la catástrofe.
La carta de Enrique Gómez fue una franca desilusión. No dio un sólo argumento en el que explique por qué considera inconveniente la reelección de Uribe. Pareciera sugerir lo contrario: señalaba el esfuerzo y la entereza del Mandatario y la majadería de la oposición para concluir que era necesario un candidato conservador. Y en el propio partido hay, por un lado, defensores del referendo y, por el otro, quienes pregonan la necesidad de un candidato propio. Es inaceptable un debate tan pobre. Es triste un partido esperando -como un oportunista- a ver qué barco zarpa más cargado. ¿Falta, otra vez, directiva?
La masa conservadora se sintió representada en la personalidad de Uribe: recia, clara y patriota y lo siguió como lo hiciera antes con Núñez, pues ella tiene bien sabido que la vocación de poder está justificada sólo en el bienestar de la Patria, sin que la filiación sea lo fundamental. Esto, por supuesto, no puede interpretarse como una ausencia de vocación de poder. Un partido político es esencialmente búsqueda de poder por las vías democráticas para implantar las reformas políticas que su ideario considera soluciones para el país. Pero cuando entre sus huestes no encuentra ese candidato, no puede perder la capacidad de reconocerlo en otros partidos. Lo que está en juego es el bienestar social, ante el cual siempre deberá ceder la aspiración partidista.
Algunos conservadores sostenían que el partido fracasaría si apoyaba a un candidato de origen liberal; los hechos probaron su error. La consolidación del partido se dio en torno a la figura de Álvaro Uribe y bajo la lúcida dirección de Carlos Holguín. En las elecciones de Senado del 2002, el conservatismo obtuvo trece curules con 880.000 votos (pero había muchos otros movimientos conservadores con importantes votaciones: Equipo Colombia, encabezado por la figura del eximio conservador Luis Alfredo Ramos, obtuvo la primera votación con más de 220.000 votos). La batalla titánica de Holguín para devolver ese proceso de disolución requirió varias reforma legales, cabe mencionar: el aumento de los requisitos para los partidos, el sistema de listas únicas y el voto preferente. Los resultados fueron contundentes: en el 2006 los conservadores lograron 18 curules en el Senado, con prácticamente 1,5 millones de votos.
Ahora es un partido vigoroso, que ha recobrado la importancia que tradicionalmente ha ostentado en la historia política colombiana. Soberbio y fortalecido, enfrenta una decisión fundamental en la que están en juego sus principios y su vocación de poder: seguir apoyando a Uribe o buscar un candidato conservador. Tiene jóvenes y promisorias figuras, pero tiene también un compromiso con la historia al que no puede ser inferior. Es necesario exponer las razones por las cuales le conviene más a Colombia un candidato conservador que la continuidad de un presidente que ha sabido representar el ideario conservador y que rescató al país de la catástrofe.
La carta de Enrique Gómez fue una franca desilusión. No dio un sólo argumento en el que explique por qué considera inconveniente la reelección de Uribe. Pareciera sugerir lo contrario: señalaba el esfuerzo y la entereza del Mandatario y la majadería de la oposición para concluir que era necesario un candidato conservador. Y en el propio partido hay, por un lado, defensores del referendo y, por el otro, quienes pregonan la necesidad de un candidato propio. Es inaceptable un debate tan pobre. Es triste un partido esperando -como un oportunista- a ver qué barco zarpa más cargado. ¿Falta, otra vez, directiva?
sábado, marzo 21, 2009
Gobierno Gaviria
Ad portas del próximo debate político, vale la pena recordar algunos aspectos del gobierno del presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Para que el debate no se convierta en una simple cátedra de lo que habría que hacer, es fundamental tener presente las ejecutorias de cada figura, cuando ya unos tuvieron a cargo la Nación. A esa administración le atribuimos cuatro fallas que afectaron gravemente la configuración del país y cuyas consecuencias son aún visibles.
Por una parte, aprovechó el desprestigio del Congreso para cerrarlo. Ello reafirmó la devaluación de esa institución que aún hoy está sumida bajo esa mancha. El hecho es especialmente grave, si tenemos en cuenta que el Congreso es la institución destinada a la toma de decisiones políticas. Destruyó la legitimidad que otorga el voto popular donde se expresan los diferentes grupos de interés y las prioridades de los colombianos. Esta desfiguración del Congreso rompe el equilibrio del poder público.
Inició una lucha contra el cartel de Medellín, descuidando irresponsablemente el enfrentamiento contra la guerrilla y los paramilitares. El resultado fue que esos ejércitos asumieron el rol del narcotraficante y redoblaron su capacidad de destruir el país. Son consecuencias que aún hoy permanecen.
Otra falta fue la Constitución de 1991. La séptima papeleta que se incluyó en la elección de 1990 ‘legitimó’ la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y el cierre del Congreso. La votación que obtuvieron los constituyentes fue insignificante y mostró gran apatía de la Nación ante éste, que debió ser un importante fenómeno. La legitimación le correspondió a los medios de comunicación, que presionaron a la Corte Suprema para que aprobara la legalidad de la convocatoria -que era inconstitucional- y la han vendido como una de las manifestaciones democráticas más importantes de los últimos tiempos.
Esa Constituyente estuvo permeada por intereses de los extraditables, quienes ejercieron presión mediante poderosos recursos económicos. Volvemos a recordarlo con los escándalos actuales, donde algunos constituyentes están siendo acusados de haber recibido dinero de Pablo Escobar para eliminar la extradición -me refiero a la acusación de Salazar Pineda contra Rojas Birry-. Los problemas de una Constitución elaborada bajo esas tensiones no se hicieron esperar: el ex presidente Pastrana Borrero, jefe del Partido Conservador, renunció a su calidad de constituyente por considerar inapropiados los poderes exorbitantes que se atribuían al presidente Gaviria. Tan patético llegó a ser su desarrollo, que los constituyentes firmaron un texto en blanco.
Finalmente, el gobierno Gaviria se embarcó en las políticas neoliberales sobre apertura económica, pero lo hizo sin la debida planeación y gradualidad. El resultado también perduró mucho tiempo, la crisis de la industria colombiana fue muy profunda. Así mismo, el sector agrario inició un duro proceso de decadencia. Al mismo tiempo, este gobierno indujo al Estado en un gasto público exorbitante financiado por la privatización de muchos activos públicos, como hidroeléctricas, y el mayor fraude contra el Estado: Puertos de Colombia. Ese gasto no podía ser sostenible -un día se terminarían los activos- y precisamente por ello era inconveniente, pues reducir el gasto público es una tarea muy difícil -casi imposible- de lograr.
Recordar y no olvidar.
Marzo 21 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar212009/PRI
Por una parte, aprovechó el desprestigio del Congreso para cerrarlo. Ello reafirmó la devaluación de esa institución que aún hoy está sumida bajo esa mancha. El hecho es especialmente grave, si tenemos en cuenta que el Congreso es la institución destinada a la toma de decisiones políticas. Destruyó la legitimidad que otorga el voto popular donde se expresan los diferentes grupos de interés y las prioridades de los colombianos. Esta desfiguración del Congreso rompe el equilibrio del poder público.
Inició una lucha contra el cartel de Medellín, descuidando irresponsablemente el enfrentamiento contra la guerrilla y los paramilitares. El resultado fue que esos ejércitos asumieron el rol del narcotraficante y redoblaron su capacidad de destruir el país. Son consecuencias que aún hoy permanecen.
Otra falta fue la Constitución de 1991. La séptima papeleta que se incluyó en la elección de 1990 ‘legitimó’ la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y el cierre del Congreso. La votación que obtuvieron los constituyentes fue insignificante y mostró gran apatía de la Nación ante éste, que debió ser un importante fenómeno. La legitimación le correspondió a los medios de comunicación, que presionaron a la Corte Suprema para que aprobara la legalidad de la convocatoria -que era inconstitucional- y la han vendido como una de las manifestaciones democráticas más importantes de los últimos tiempos.
Esa Constituyente estuvo permeada por intereses de los extraditables, quienes ejercieron presión mediante poderosos recursos económicos. Volvemos a recordarlo con los escándalos actuales, donde algunos constituyentes están siendo acusados de haber recibido dinero de Pablo Escobar para eliminar la extradición -me refiero a la acusación de Salazar Pineda contra Rojas Birry-. Los problemas de una Constitución elaborada bajo esas tensiones no se hicieron esperar: el ex presidente Pastrana Borrero, jefe del Partido Conservador, renunció a su calidad de constituyente por considerar inapropiados los poderes exorbitantes que se atribuían al presidente Gaviria. Tan patético llegó a ser su desarrollo, que los constituyentes firmaron un texto en blanco.
Finalmente, el gobierno Gaviria se embarcó en las políticas neoliberales sobre apertura económica, pero lo hizo sin la debida planeación y gradualidad. El resultado también perduró mucho tiempo, la crisis de la industria colombiana fue muy profunda. Así mismo, el sector agrario inició un duro proceso de decadencia. Al mismo tiempo, este gobierno indujo al Estado en un gasto público exorbitante financiado por la privatización de muchos activos públicos, como hidroeléctricas, y el mayor fraude contra el Estado: Puertos de Colombia. Ese gasto no podía ser sostenible -un día se terminarían los activos- y precisamente por ello era inconveniente, pues reducir el gasto público es una tarea muy difícil -casi imposible- de lograr.
Recordar y no olvidar.
Marzo 21 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar212009/PRI
sábado, marzo 14, 2009
¿Nueva enemiga de la paz?
La Corte Suprema, mediante una sentencia, restringió la aplicación de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a aquellos delitos cometidos antes del 25 de julio del 2008, fecha en la que fue aprobada. El hecho deja por fuera de ella a miles de desmovilizados. Por ejemplo, sólo 7.000 paramilitares de los 32.000 que se desmovilizaron en la ceremonia se habían acogido a la Ley con anterioridad. Quedan también excluidos los guerrilleros que han desertado. A pesar de sus críticas, la Ley se ha mostrado efectiva, por el número de militantes que han optado por reintegrarse y más aún por las confesiones que han permitido conocer muchas verdades. Su inaplicabilidad es otro hecho que se suma a una larga lista de agravios que comete la Corte contra la institucionalidad y la Nación.
Entre los juicios que hace la Corte para justificar su decisión vale resaltar éste: “No podemos enviarle a la comunidad un pésimo mensaje, traducido en el hecho de que hasta las postrimerías del 2010 resultaría menos grave ejecutar el delito de genocidio que incurrir en un falso testimonio... ”.
La Corte estuvo preocupada por establecer cuál debe ser la escala de penas de los delitos y los mensajes que se envían a la comunidad. Esa función no le corresponde. Decidir la envergadura del castigo o lo que es conveniente para la sociedad es una tarea política que ejerce el Congreso. Si los honorables magistrados tienen interés en legislar deben hacerlo desde la institución designada por la Constitución para ello; necesitarán, entonces, ser elegidos por el voto popular como congresistas.
La misión de la Corte es jurídica y se limita a la interpretación normativa, a la luz de la Constitución y el querer del legislador -que tenía clara la importancia de generar instrumentos que nos acerquen a la paz-. El sentido de la Ley era contar con una herramienta para estimular la desmovilización de los violentos durante un plazo que coincida con el esfuerzo militar. Por supuesto genera incentivos suficientes para que los miembros deserten. Hay, pues, una claridad legislativa que debe ser respetada, a pesar de que los magistrados no compartan las implicaciones políticas.
Hay quienes atribuyen esta decisión de la Corte al enfrentamiento con el gobierno Uribe. Ésta sería una triste actuación que lesiona al Gobierno, que pierde credibilidad para lograr que el mayor número de miembros de los grupos al margen de la ley abandonen las armas, y hiere gravemente la Nación, que pierde la posibilidad de un proceso de paz a través de la desmovilización.
He aquí otro exabrupto que relieva la importancia de que las altas cortes estén en sintonía con las decisiones democráticas. No es conveniente que exista una rama del poder público que actúe como una rueda suelta, incluso contra los intereses de la Nación. Ello ocurre por un pobre diseño institucional. El poder soberano de la democracia debe jugar un papel -por minúsculo e indirecto que sea- en la elección de los funcionarios de alto nivel judicial. La cooptación, donde el cargo se lo asignan ellos mismos, es un sistema hermético que aleja de las realidades, aisla del querer social y es irresponsable: ¿quién puede pedirle cuentas a la Corte?
Marzo 14 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar072009/PRI
Entre los juicios que hace la Corte para justificar su decisión vale resaltar éste: “No podemos enviarle a la comunidad un pésimo mensaje, traducido en el hecho de que hasta las postrimerías del 2010 resultaría menos grave ejecutar el delito de genocidio que incurrir en un falso testimonio... ”.
La Corte estuvo preocupada por establecer cuál debe ser la escala de penas de los delitos y los mensajes que se envían a la comunidad. Esa función no le corresponde. Decidir la envergadura del castigo o lo que es conveniente para la sociedad es una tarea política que ejerce el Congreso. Si los honorables magistrados tienen interés en legislar deben hacerlo desde la institución designada por la Constitución para ello; necesitarán, entonces, ser elegidos por el voto popular como congresistas.
La misión de la Corte es jurídica y se limita a la interpretación normativa, a la luz de la Constitución y el querer del legislador -que tenía clara la importancia de generar instrumentos que nos acerquen a la paz-. El sentido de la Ley era contar con una herramienta para estimular la desmovilización de los violentos durante un plazo que coincida con el esfuerzo militar. Por supuesto genera incentivos suficientes para que los miembros deserten. Hay, pues, una claridad legislativa que debe ser respetada, a pesar de que los magistrados no compartan las implicaciones políticas.
Hay quienes atribuyen esta decisión de la Corte al enfrentamiento con el gobierno Uribe. Ésta sería una triste actuación que lesiona al Gobierno, que pierde credibilidad para lograr que el mayor número de miembros de los grupos al margen de la ley abandonen las armas, y hiere gravemente la Nación, que pierde la posibilidad de un proceso de paz a través de la desmovilización.
He aquí otro exabrupto que relieva la importancia de que las altas cortes estén en sintonía con las decisiones democráticas. No es conveniente que exista una rama del poder público que actúe como una rueda suelta, incluso contra los intereses de la Nación. Ello ocurre por un pobre diseño institucional. El poder soberano de la democracia debe jugar un papel -por minúsculo e indirecto que sea- en la elección de los funcionarios de alto nivel judicial. La cooptación, donde el cargo se lo asignan ellos mismos, es un sistema hermético que aleja de las realidades, aisla del querer social y es irresponsable: ¿quién puede pedirle cuentas a la Corte?
Marzo 14 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar072009/PRI
lunes, marzo 09, 2009
Los mensajes de Obama
Entre todo lo que ha sido el trámite de aprobación del TLC con EE.UU. –mecanismo de presión contra Bush, eslogan de campaña, comodín de oposición-, ha sobresalido la ignorancia del Partido Demócrata -encabezado por el actual Presidente- sobre las relaciones con Latinoamérica.
¿Qué mensaje desea enviar Obama a la región? Busca la aprobación del TLC con Panamá, a pesar de que ese Tratado había sido detenido porque allá se eligió como presidente de la Asamblea Nacional a Pedro Miguel González, quien en 1992 mató a un soldado norteamericano e hirió a otro y está pedido en extradición por EE.UU. Ahora que González terminó su período en ese cargo, pero continúa siendo legislador, el Tratado se puede aprobar. A Colombia, en cambio, hay que presionarla, porque nuestros esfuerzos no son suficientes.
El conflicto colombiano tiene su combustible en las drogas: las guerrillas pervertidas por las cantinas colmadas por el dinero son narcotraficantes, usan las páginas de ‘El capital’ para envolver coca, que después se vende en EE.UU. Innegablemente hay corresponsabilidad: no sólo quien la produce y la comercializa puede tildarse de delincuente; el consumidor final es la pieza que provee el estímulo monetario para que el engranaje funcione. Así que cuando Colombia padece el fenómeno de las drogas son responsables los narcotraficantes y los consumidores estadounidenses.
Vale recordar que la implementación del Plan Colombia con los requerimientos norteamericanos –fumigación- nos ha costado duros enfrentamientos con nuestros vecinos: Ecuador, Perú y Bolivia, entre otros. Pero Colombia ha cumplido. Hemos combatido con la fuerza que nuestra institucionalidad permite y resistido la violencia, las represalias de los delincuentes y la presión diplomática. Entonces nuestro socio comercial más importante, -EE.UU., que nos exige luchar contra las drogas y al mismo tiempo nos las compra- decide que en este país se violan muchos derechos humanos.
Los esfuerzos del presidente Uribe redujeron el crimen: menos de cinco sindicalistas por cada cien mil son asesinados, mientras que de cien mil colombianos de a pie, 39 son asesinados. Eso significa una reducción de los homicidios desde el 2001 de más del 40% y del 80% para el caso de los sindicalistas. Más del 20% de las personas protegidas por el Estado son sindicalistas. Así también hemos reducido los secuestros, fortalecido la Justicia y recobrado la soberanía sobre el territorio. Todo ello con un esfuerzo humano titánico, pero seguimos atormentados por todos los males del narcotráfico.
Y claro que se siguen violando derechos humanos y se asesina y así seguirá siendo mientras nuestro conflicto se alimente de las drogas. No hay país que sea capaz de combatir narcoejércitos de criminales y mafias organizadas sin que ello pervierta la esencia misma de sus instituciones y comprometa su propia estabilidad. Lo han vivido otros países a menor escala como Italia y empieza a presentirlo México. Por supuesto que no es aceptable que los derechos humanos se violen y que deberíamos aspirar a que no haya ningún crimen en nuestra Patria. Pero todavía no aparece la formula mágica para hacerlo. Es un proceso largo y difícil que hemos iniciado.
Colombia no desea el crimen y no necesitamos más presión para saberlo. Gracias.
Marzo 9 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar072009/PRI
¿Qué mensaje desea enviar Obama a la región? Busca la aprobación del TLC con Panamá, a pesar de que ese Tratado había sido detenido porque allá se eligió como presidente de la Asamblea Nacional a Pedro Miguel González, quien en 1992 mató a un soldado norteamericano e hirió a otro y está pedido en extradición por EE.UU. Ahora que González terminó su período en ese cargo, pero continúa siendo legislador, el Tratado se puede aprobar. A Colombia, en cambio, hay que presionarla, porque nuestros esfuerzos no son suficientes.
El conflicto colombiano tiene su combustible en las drogas: las guerrillas pervertidas por las cantinas colmadas por el dinero son narcotraficantes, usan las páginas de ‘El capital’ para envolver coca, que después se vende en EE.UU. Innegablemente hay corresponsabilidad: no sólo quien la produce y la comercializa puede tildarse de delincuente; el consumidor final es la pieza que provee el estímulo monetario para que el engranaje funcione. Así que cuando Colombia padece el fenómeno de las drogas son responsables los narcotraficantes y los consumidores estadounidenses.
Vale recordar que la implementación del Plan Colombia con los requerimientos norteamericanos –fumigación- nos ha costado duros enfrentamientos con nuestros vecinos: Ecuador, Perú y Bolivia, entre otros. Pero Colombia ha cumplido. Hemos combatido con la fuerza que nuestra institucionalidad permite y resistido la violencia, las represalias de los delincuentes y la presión diplomática. Entonces nuestro socio comercial más importante, -EE.UU., que nos exige luchar contra las drogas y al mismo tiempo nos las compra- decide que en este país se violan muchos derechos humanos.
Los esfuerzos del presidente Uribe redujeron el crimen: menos de cinco sindicalistas por cada cien mil son asesinados, mientras que de cien mil colombianos de a pie, 39 son asesinados. Eso significa una reducción de los homicidios desde el 2001 de más del 40% y del 80% para el caso de los sindicalistas. Más del 20% de las personas protegidas por el Estado son sindicalistas. Así también hemos reducido los secuestros, fortalecido la Justicia y recobrado la soberanía sobre el territorio. Todo ello con un esfuerzo humano titánico, pero seguimos atormentados por todos los males del narcotráfico.
Y claro que se siguen violando derechos humanos y se asesina y así seguirá siendo mientras nuestro conflicto se alimente de las drogas. No hay país que sea capaz de combatir narcoejércitos de criminales y mafias organizadas sin que ello pervierta la esencia misma de sus instituciones y comprometa su propia estabilidad. Lo han vivido otros países a menor escala como Italia y empieza a presentirlo México. Por supuesto que no es aceptable que los derechos humanos se violen y que deberíamos aspirar a que no haya ningún crimen en nuestra Patria. Pero todavía no aparece la formula mágica para hacerlo. Es un proceso largo y difícil que hemos iniciado.
Colombia no desea el crimen y no necesitamos más presión para saberlo. Gracias.
Marzo 9 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar072009/PRI
domingo, marzo 01, 2009
El que nada debe…
Salvo las interceptaciones legales destinadas a hacer parte de un proceso penal, las interceptaciones telefónicas tienen intereses cuestionables. La mera interceptación de la línea es un problema menor. Oír conversaciones sólo por oírlas lesiona la privacidad, pero no es una ofensa grave, no implica ningún peligro real. Por eso el Código Penal la castiga con prisión de sólo 1 a 3 años. En general, la información procedente de la usurpación de la privacidad telefónica es una herramienta peligrosa, en la medida en que se utiliza. Por ello la pena aumenta un año. Pero no toda información es usable, sólo aquella que es relevante, secreta o turbia es útil; conversaciones irrisorias no tienen uso. Por supuesto si se utiliza para extorsionar se transforman en otro delito y la pena es de 8 a 15 años. Correlativamente, entre más oscura sea la información, más grave le parecerá al ‘chuzado’ haber sido grabado.
Hay medios de comunicación que pagan para tener grabaciones de personajes cuyas acciones pueden ser noticias de impacto. Basta recordar la explotación ‘periodística’ de la conversación privada del presidente Uribe con ‘El mechudo’ Herrera.
Protegidos por la llamada ‘libertad de prensa’ muchos medios consideran que pueden pervertir la institucionalidad. Se ha vuelto común cometer y tolerar delitos con la excusa de obtener la noticia: grabaciones ilegales, pago a funcionarios por información privada (como el que realizó un medio de comunicación a un miembro de las Fuerzas Armadas para obtener el video de la Operación Jaque, que es un evidente cohecho). Esto vuelve a poner de presente la necesidad de proferir una ley de prensa que les recuerde que el periodismo jamás puede delinquir para obtener las noticias.
Los regímenes totalitarios también son propensos a ‘chuzar’ ciudadanos y funcionarios; pero lo hacen con un propósito concreto: controlar y tomar medidas en contra de los disidentes. Así, no sólo los oyen sino que proceden a actuar. Es el caso de Carlos Galvis, cónsul colombiano en Venezuela. Ese país solicitó su retiro por la conversación privada que le grabó ese Gobierno. La falta de acciones del régimen contra los ‘chuzados’ descarta de plano esta alternativa.
Existe también la interceptación que pretende la extorsión. Para este escenario es necesario sorprender al grabado en un acto indebido, puede ser de índole amoroso o delictivo. Entonces el grabador –también delincuente- aprovecha la ocasión para obtener del ‘chuzado’ dinero o favores ilegales. Este mercado, cabe suponer, está dominado por los funcionarios del nivel medio que utilizan la infraestructura del Estado para hacer sus negocios delictivos. El país no puede conformarse con la renuncia de los jefes como responsables, es necesaria la sanción implacable contra los funcionarios ejecutores reales.
Esperamos, por supuesto, que este no sea el caso, pues ello implicaría que nuestros magistrados y otros funcionarios estarían comprometidos en acciones ilegales, rememorando las famosas conversaciones con Giorgio Sale y el inolvidable ‘miti miti’. Se requerirá la acción contundente de los entes investigativos para descartar esta opción.
Hasta ahora no se conoce ningún uso de la información. El único daño que se les ha causado a los ‘chuzados’ es la incomodidad de saberse oídos. No por ello se puede ignorar el hecho, podemos estar ante la punta de un iceberg.
28 de febrero de 2009
El Pais Cali
Hay medios de comunicación que pagan para tener grabaciones de personajes cuyas acciones pueden ser noticias de impacto. Basta recordar la explotación ‘periodística’ de la conversación privada del presidente Uribe con ‘El mechudo’ Herrera.
Protegidos por la llamada ‘libertad de prensa’ muchos medios consideran que pueden pervertir la institucionalidad. Se ha vuelto común cometer y tolerar delitos con la excusa de obtener la noticia: grabaciones ilegales, pago a funcionarios por información privada (como el que realizó un medio de comunicación a un miembro de las Fuerzas Armadas para obtener el video de la Operación Jaque, que es un evidente cohecho). Esto vuelve a poner de presente la necesidad de proferir una ley de prensa que les recuerde que el periodismo jamás puede delinquir para obtener las noticias.
Los regímenes totalitarios también son propensos a ‘chuzar’ ciudadanos y funcionarios; pero lo hacen con un propósito concreto: controlar y tomar medidas en contra de los disidentes. Así, no sólo los oyen sino que proceden a actuar. Es el caso de Carlos Galvis, cónsul colombiano en Venezuela. Ese país solicitó su retiro por la conversación privada que le grabó ese Gobierno. La falta de acciones del régimen contra los ‘chuzados’ descarta de plano esta alternativa.
Existe también la interceptación que pretende la extorsión. Para este escenario es necesario sorprender al grabado en un acto indebido, puede ser de índole amoroso o delictivo. Entonces el grabador –también delincuente- aprovecha la ocasión para obtener del ‘chuzado’ dinero o favores ilegales. Este mercado, cabe suponer, está dominado por los funcionarios del nivel medio que utilizan la infraestructura del Estado para hacer sus negocios delictivos. El país no puede conformarse con la renuncia de los jefes como responsables, es necesaria la sanción implacable contra los funcionarios ejecutores reales.
Esperamos, por supuesto, que este no sea el caso, pues ello implicaría que nuestros magistrados y otros funcionarios estarían comprometidos en acciones ilegales, rememorando las famosas conversaciones con Giorgio Sale y el inolvidable ‘miti miti’. Se requerirá la acción contundente de los entes investigativos para descartar esta opción.
Hasta ahora no se conoce ningún uso de la información. El único daño que se les ha causado a los ‘chuzados’ es la incomodidad de saberse oídos. No por ello se puede ignorar el hecho, podemos estar ante la punta de un iceberg.
28 de febrero de 2009
El Pais Cali
lunes, febrero 23, 2009
Las cartas uribistas
Si el presidente Uribe no es candidato para la reelección, el mayor reto será impedir una división que pueda dar como resultado que la fuerza uribista fragmentada no llegue a la segunda vuelta. Se requerirá una candidatura que aglutine.
Juan Manuel Santos es un administrador eficiente, capaz de llevar con éxito y liderazgo difíciles ministerios. Durante el gobierno Pastrana la economía nacional parecía destinada al colapso, la deuda pública estaba desbordada y no había recursos para financiarla. Su gestión fue contundente: mediante disciplina fiscal y hábiles colocaciones de bonos en el exterior logró mitigar la situación. Como ministro de Defensa ha sido igualmente triunfante: bajas de cabecillas de las Farc como ‘Raúl Reyes’, ‘Martín Caballero’ y ‘el negro Acacio’ y miles de capturas y deserciones. Así mismo, bajo su liderazgo se ejecutó la Operación Jaque, en la que el Ejército mostró capacidad de organización e inteligencia sin precedentes. Tiene en su contra no haber participado en comicios electorales, lo cual significa que no sabemos cuál será la reacción del electorado con su candidatura, pero cuenta con la estructura del Partido de la U.
Noemí Sanín encarna la mujer colombiana capaz de liderar procesos. Así lo hizo en su trayectoria en el sector financiero, como ministra de Comunicaciones y de Relaciones Exteriores y embajadora en Venezuela, España e Inglaterra. Su manejo de las relaciones humanas ha sido notable. En torno a su figura se sienten cómodos quienes vienen de otras vertientes políticas y los que no tienen filiación. Pese a su prolongada ausencia, la opinión sigue positiva, pero no ha resuelto el problema que le ha impedido llegar a la Presidencia: necesita un partido estructurado que la respalde.
A Andrés Felipe Arias hay que reconocerle que desde hacía mucho tiempo ningún ministro le daba a la Agricultura la importancia que merece en un país con esa vocación. Su labor se caracterizó por una profunda comprensión del fenómeno agrario, sus necesidades y la solución de los obstáculos. Créditos, maquinaria y facilidades le dieron un respiro a un sector azotado por la violencia. Su agitado carácter, propenso a desconocer que en la disidencia hay argumentos importantes, puede ser su peor enemigo, carga pleitos que pueden ser negativos, como el de los ambientalistas.
De Germán Vargas Lleras no es fácil saber si es o no una opción del uribismo. Desde hace mucho viene despreciando al Presidente y le ha fallado en momentos fundamentales, como el referendo. Esto puede haber comprometido la posibilidad de que el uribismo lo acompañe. Ha probado ser un hombre de lucha democrática, que logró sobresalir por su capacidad de gestión y liderazgo. Cuenta no sólo con los votos de estructura política, sino que además tiene acogida en el voto de opinión.
Rodrigo Rivera (lo menciono no porque sea una opción uribista, sino porque él ahora pretende figurar así) ha decidido acercarse al Presidente y dibujarse como heredero de su legado. Es parte del Partido Liberal, que ha hecho abierta oposición a este Gobierno, pero de manera oportunista aparece ahora a ver si puede recoger algo del prestigio presidencial. Es una actitud demagógica, pues como precandidato jamás habló seriamente de la seguridad. Sorprende el trato deferente con el que el Presidente lo ha distinguido.
21 de febrero de 2009
Publicado en el Diario "El País de Cali"
Juan Manuel Santos es un administrador eficiente, capaz de llevar con éxito y liderazgo difíciles ministerios. Durante el gobierno Pastrana la economía nacional parecía destinada al colapso, la deuda pública estaba desbordada y no había recursos para financiarla. Su gestión fue contundente: mediante disciplina fiscal y hábiles colocaciones de bonos en el exterior logró mitigar la situación. Como ministro de Defensa ha sido igualmente triunfante: bajas de cabecillas de las Farc como ‘Raúl Reyes’, ‘Martín Caballero’ y ‘el negro Acacio’ y miles de capturas y deserciones. Así mismo, bajo su liderazgo se ejecutó la Operación Jaque, en la que el Ejército mostró capacidad de organización e inteligencia sin precedentes. Tiene en su contra no haber participado en comicios electorales, lo cual significa que no sabemos cuál será la reacción del electorado con su candidatura, pero cuenta con la estructura del Partido de la U.
Noemí Sanín encarna la mujer colombiana capaz de liderar procesos. Así lo hizo en su trayectoria en el sector financiero, como ministra de Comunicaciones y de Relaciones Exteriores y embajadora en Venezuela, España e Inglaterra. Su manejo de las relaciones humanas ha sido notable. En torno a su figura se sienten cómodos quienes vienen de otras vertientes políticas y los que no tienen filiación. Pese a su prolongada ausencia, la opinión sigue positiva, pero no ha resuelto el problema que le ha impedido llegar a la Presidencia: necesita un partido estructurado que la respalde.
A Andrés Felipe Arias hay que reconocerle que desde hacía mucho tiempo ningún ministro le daba a la Agricultura la importancia que merece en un país con esa vocación. Su labor se caracterizó por una profunda comprensión del fenómeno agrario, sus necesidades y la solución de los obstáculos. Créditos, maquinaria y facilidades le dieron un respiro a un sector azotado por la violencia. Su agitado carácter, propenso a desconocer que en la disidencia hay argumentos importantes, puede ser su peor enemigo, carga pleitos que pueden ser negativos, como el de los ambientalistas.
De Germán Vargas Lleras no es fácil saber si es o no una opción del uribismo. Desde hace mucho viene despreciando al Presidente y le ha fallado en momentos fundamentales, como el referendo. Esto puede haber comprometido la posibilidad de que el uribismo lo acompañe. Ha probado ser un hombre de lucha democrática, que logró sobresalir por su capacidad de gestión y liderazgo. Cuenta no sólo con los votos de estructura política, sino que además tiene acogida en el voto de opinión.
Rodrigo Rivera (lo menciono no porque sea una opción uribista, sino porque él ahora pretende figurar así) ha decidido acercarse al Presidente y dibujarse como heredero de su legado. Es parte del Partido Liberal, que ha hecho abierta oposición a este Gobierno, pero de manera oportunista aparece ahora a ver si puede recoger algo del prestigio presidencial. Es una actitud demagógica, pues como precandidato jamás habló seriamente de la seguridad. Sorprende el trato deferente con el que el Presidente lo ha distinguido.
21 de febrero de 2009
Publicado en el Diario "El País de Cali"
sábado, febrero 14, 2009
La herencia de Uribe
Aún está por definirse si el Presidente Uribe será candidato para otra reelección, pero ya se perfilan precandidatos que pretenden sucederlo. Con este escenario vale la pena recapitular aquellas características que le han dado al Presidente Uribe una popularidad sin precedentes en nuestra reciente historia democrática.
Uribe llegó a ser Presidente porque tenía planes concretos para desarrollar durante su mandato y posee el liderazgo para realizarlos. Está característica, sencilla en apariencia, es muy escasa en nuestra tradición presidencial. La mayoría aspira a ser Presidente por el honor que ello supone. Cumplen su periodo y se sienten realizados por incluir ese cargo en su hoja de vida. Este fenómeno -corriente en nuestra política- es nefasto. El candidato arrastrado por la vanidad tiene dos defectos incorregibles: para aumentar su popularidad está dispuesto a cambiar de ideas y a tomar posiciones para tratar de complacer a las mayorías. Precisamente por eso, no logra consolidar ningún proyecto y mantiene al país en un caos del que nada surge. Además tiene este sujeto la idea de que ser elegido es su mayor esfuerzo. Una vez hecho Presidente sólo el paso del tiempo puede arrebatarle el triunfo, que en sí mismo constituye el pináculo final de su carrera. Los expresidentes se retiran, no siguen combatiendo en el escenario político porque se sienten superiores a él. Ese no será el caso de Uribe que tiene una postura definida y coherente que le permitirá hacer una critica coherente y constructiva a las administraciones venideras. Su ideología, su compromiso, está al servicio del país y no de su prestancia personal.
La segunda característica –ligada a la anterior- es que Uribe ha tenido una posición clara frente a los grupos al margen de la ley. El miedo se había apoderado de la institucionalidad colombiana, y pronto se volvió indiferencia y ceguera. Así el país se acostumbró a la postración y a ceder cada vez más ante los violentos. Uribe nos devolvió la dignidad como Estado, el coraje de enfrentarnos a quienes no respetan la vida y la libertad. Ha sido irreducible en la posición de que la violencia no es plausible como medio para acceder al poder público, ni aceptable bajo ninguna justificación. La violencia es inadmisible. Ha tendido, pues, el Presidente el carácter para enfrenar a todos los grupos armados como lo que son: extorsionistas y delincuentes. Ha sido un esfuerzo monumental, pero todavía frágil, que no podemos perder.
Finalmente, Uribe ha sido un Presidente del pueblo y para el pueblo. Las grandes masas que lo eligieron se sienten representantas porque él, a través de los consejos comunitarios, ha mantenido un constante dialogo con la provincia. Este mecanismo genera confianza de los gobiernos locales hacia el gobierno central, y al mismo tiempo le permite al gobierno comprender las verdaderos conflictos que enfrentan los gobernadores y alcaldes. El centralismo –una de nuestras más graves enfermedades- se cimienta en esos Presidentes que apoltronados en su silla prefieren la comodidad de su despacho, donde lo que sucede llega a sus oídos mediado por la boca de asesores aduladores a quienes sólo interesa la capital. El contacto directo del Presidente y sus ministros con la realidad de todo el país ha sido motor del inclusión y del crecimiento democrático.
Ojala algo nos quede de este ejemplo de vocación de servicio y liderazgo.
El País 14 de febrero de 2009
Uribe llegó a ser Presidente porque tenía planes concretos para desarrollar durante su mandato y posee el liderazgo para realizarlos. Está característica, sencilla en apariencia, es muy escasa en nuestra tradición presidencial. La mayoría aspira a ser Presidente por el honor que ello supone. Cumplen su periodo y se sienten realizados por incluir ese cargo en su hoja de vida. Este fenómeno -corriente en nuestra política- es nefasto. El candidato arrastrado por la vanidad tiene dos defectos incorregibles: para aumentar su popularidad está dispuesto a cambiar de ideas y a tomar posiciones para tratar de complacer a las mayorías. Precisamente por eso, no logra consolidar ningún proyecto y mantiene al país en un caos del que nada surge. Además tiene este sujeto la idea de que ser elegido es su mayor esfuerzo. Una vez hecho Presidente sólo el paso del tiempo puede arrebatarle el triunfo, que en sí mismo constituye el pináculo final de su carrera. Los expresidentes se retiran, no siguen combatiendo en el escenario político porque se sienten superiores a él. Ese no será el caso de Uribe que tiene una postura definida y coherente que le permitirá hacer una critica coherente y constructiva a las administraciones venideras. Su ideología, su compromiso, está al servicio del país y no de su prestancia personal.
La segunda característica –ligada a la anterior- es que Uribe ha tenido una posición clara frente a los grupos al margen de la ley. El miedo se había apoderado de la institucionalidad colombiana, y pronto se volvió indiferencia y ceguera. Así el país se acostumbró a la postración y a ceder cada vez más ante los violentos. Uribe nos devolvió la dignidad como Estado, el coraje de enfrentarnos a quienes no respetan la vida y la libertad. Ha sido irreducible en la posición de que la violencia no es plausible como medio para acceder al poder público, ni aceptable bajo ninguna justificación. La violencia es inadmisible. Ha tendido, pues, el Presidente el carácter para enfrenar a todos los grupos armados como lo que son: extorsionistas y delincuentes. Ha sido un esfuerzo monumental, pero todavía frágil, que no podemos perder.
Finalmente, Uribe ha sido un Presidente del pueblo y para el pueblo. Las grandes masas que lo eligieron se sienten representantas porque él, a través de los consejos comunitarios, ha mantenido un constante dialogo con la provincia. Este mecanismo genera confianza de los gobiernos locales hacia el gobierno central, y al mismo tiempo le permite al gobierno comprender las verdaderos conflictos que enfrentan los gobernadores y alcaldes. El centralismo –una de nuestras más graves enfermedades- se cimienta en esos Presidentes que apoltronados en su silla prefieren la comodidad de su despacho, donde lo que sucede llega a sus oídos mediado por la boca de asesores aduladores a quienes sólo interesa la capital. El contacto directo del Presidente y sus ministros con la realidad de todo el país ha sido motor del inclusión y del crecimiento democrático.
Ojala algo nos quede de este ejemplo de vocación de servicio y liderazgo.
El País 14 de febrero de 2009
lunes, febrero 09, 2009
Derechos sin derecho
Las parejas homosexuales deben y merecen tener los mismos derechos patrimoniales que las parejas heterosexuales. Es lógico, deseable y justo. Lo que no está bien es que la Corte Constitucional, para alcanzar esa importante meta, haya traspasado las barreras de la institucionalidad. La Corte ha proferido fallos que representan un avance en materia de derechos individuales muy importante, pero lo ha hecho irrespetando la estructura del Estado, la división de los poderes y la manera como la propia Constitución dispone que las leyes sean aprobadas.
La función legislativa corresponde al Congreso y sólo éste puede aprobar o improbar la normatividad colombiana. La razón es simple: los estados democráticos implican que el poder del pueblo -constituyente primario- esté presente y tenga un papel activo en las toma de las decisiones que le conciernen. Es así como el Congreso, investido por la legitimidad que le otorga el haber sido elegido popularmente, tiene la primera y justificada vocación para desarrollar la Constitución.
El oficio de la Corte Constitucional, en todas las democracias del mundo, es residual y subsidiario, restringido a aquellos eventos excepcionales donde por forma o fondo hay un irrespeto abierto de la Constitución. Ello implica que las decisiones sobre los cuales la Constitución no tiene una decisión expresa y que, en consecuencia, suponen un debate político significativo, corresponden al Congreso. Pero hoy en día el Congreso colombiano se ve en la necesidad de modificar la Constitución cuando no está de acuerdo con la posición política de la Corte sobre un tema.
El hecho violenta gravemente la democracia. Son estos debates, sobre los temas trascendentales, los que fortalecen los partidos, crean electores responsables y generan una relación real entre los congresistas y sus electores. Más aún, la democracia representativa -a pesar de todos sus defectos- siempre será mejor que el monopolio de un poder por parte de un grupo ungido, sobre el cual no tenemos ingerencia. Hoy puede parecernos insignificante la conducta de la Corte, pues hemos tenido la buena fortuna de que las decisiones, en general, no han sido tan malas; pero en el futuro ello puede cambiar.
Es prioritario considerar un nuevo artículo constitucional según el cual el Congreso pueda derogar las decisiones de la Corte Constitucional. Esta herramienta existe en EE.UU. y, a través de esta figura, el Congreso -como representante del pueblo- tiene la última palabra sobre temas propios del debate público. Se trata de imponer un límite y un contrapeso a las decisiones constitucionales. Una corte, en estas condiciones, se ve obligada a tener en cuenta la posición del Congreso, que a su vez está ligado a la opinión pública por la dinámica electoral.
Además, la arbitrariedad de la Corte es un ejemplo preocupante. Nuestro país tiende a buscar la realización de fines benévolos despreciando la importancia de los medios; una guerrilla que por el bienestar social decide ir a las armas y paramilitares que ante la ausencia de Estado deciden proteger a la población. Hace más mal que bien quien persiste en enseñar que cualquier camino es conducente. Hace doble mal quien procura más libertades con el sacrificio de los valores democráticos. Esos valores sustentan las libertades y otorgan la certeza de que nuestra opinión será auscultada y de que en nuestras manos reside la posibilidad de cambio.
El País, 7 de febrero de 2009
La función legislativa corresponde al Congreso y sólo éste puede aprobar o improbar la normatividad colombiana. La razón es simple: los estados democráticos implican que el poder del pueblo -constituyente primario- esté presente y tenga un papel activo en las toma de las decisiones que le conciernen. Es así como el Congreso, investido por la legitimidad que le otorga el haber sido elegido popularmente, tiene la primera y justificada vocación para desarrollar la Constitución.
El oficio de la Corte Constitucional, en todas las democracias del mundo, es residual y subsidiario, restringido a aquellos eventos excepcionales donde por forma o fondo hay un irrespeto abierto de la Constitución. Ello implica que las decisiones sobre los cuales la Constitución no tiene una decisión expresa y que, en consecuencia, suponen un debate político significativo, corresponden al Congreso. Pero hoy en día el Congreso colombiano se ve en la necesidad de modificar la Constitución cuando no está de acuerdo con la posición política de la Corte sobre un tema.
El hecho violenta gravemente la democracia. Son estos debates, sobre los temas trascendentales, los que fortalecen los partidos, crean electores responsables y generan una relación real entre los congresistas y sus electores. Más aún, la democracia representativa -a pesar de todos sus defectos- siempre será mejor que el monopolio de un poder por parte de un grupo ungido, sobre el cual no tenemos ingerencia. Hoy puede parecernos insignificante la conducta de la Corte, pues hemos tenido la buena fortuna de que las decisiones, en general, no han sido tan malas; pero en el futuro ello puede cambiar.
Es prioritario considerar un nuevo artículo constitucional según el cual el Congreso pueda derogar las decisiones de la Corte Constitucional. Esta herramienta existe en EE.UU. y, a través de esta figura, el Congreso -como representante del pueblo- tiene la última palabra sobre temas propios del debate público. Se trata de imponer un límite y un contrapeso a las decisiones constitucionales. Una corte, en estas condiciones, se ve obligada a tener en cuenta la posición del Congreso, que a su vez está ligado a la opinión pública por la dinámica electoral.
Además, la arbitrariedad de la Corte es un ejemplo preocupante. Nuestro país tiende a buscar la realización de fines benévolos despreciando la importancia de los medios; una guerrilla que por el bienestar social decide ir a las armas y paramilitares que ante la ausencia de Estado deciden proteger a la población. Hace más mal que bien quien persiste en enseñar que cualquier camino es conducente. Hace doble mal quien procura más libertades con el sacrificio de los valores democráticos. Esos valores sustentan las libertades y otorgan la certeza de que nuestra opinión será auscultada y de que en nuestras manos reside la posibilidad de cambio.
El País, 7 de febrero de 2009
sábado, enero 31, 2009
Pico y Placa a los derechos
Se ha vuelto costumbre en nuestro país que las cargas que surgen de la ineptitud y de la Administración Pública sean trasladadas por ésta a los ciudadanos. Para subsanar la negligencia de administraciones pasadas, y usándolas como pretexto, se toman medidas que al mismo tiempo se vuelven una justificación de la inutilidad presente. En vez de enfrentar los problemas, simplemente se coartan los derechos de la sociedad y se limita su capacidad de acción. Es una fórmula mágica con la que el problema desaparece a costa de que cada vez encontramos más limitados nuestros derechos.
El caso es evidente en el Pico y Placa en Bogotá, que ya era una restricción a las naturales y legítimas aspiraciones de los habitantes de poder desplazarse en un carro. Ahora se pretende extender esa prohibición a todo el día y dentro de poco se proscribirá el uso del carro. Como las alcaldías de Bogotá han sido incapaces de hacer una planeación urbana decente, que tenga en cuenta el crecimiento del parque automotor, ni han podido mantener la malla vial en buen estado y mucho menos han sido capaces de diseñar y construir la vías necesarias para el flujo de una megaciudad como Bogotá, la solución es simple: que los ciudadanos no usen el carro. Sin carros no hay problema.
Por supuesto las vías no pueden hacerse de un día para otro, pero esa ni siquiera es la intención. El Pico y Placa no es una medida transitoria para alivianar las dificultades mientras se remedia el problema con la construcción de autopistas y puentes. Es la ‘solución’ simple y mediocre de quienes consideran así cumplido su trabajo. Si no hay carros particulares, la Administración ha solucionado el asunto de la movilidad. Eludir el problema tan burdamente es una manera cómoda y abusiva de trasladar el problema a los ciudadanos, quienes ahora enfrentan la cuestión de cómo transportarse en una ciudad donde el sistema de transporte público no da a abasto. ¿Si el sistema está colapsado con los usuarios actuales, que será con toda la ciudad dependiendo de él?
Es inaceptable y la sociedad civil debe manifestarse enérgicamente. El Estado tiene una serie de compromisos ineludibles. Son esas gestiones las que explican la existencia y la necesidad de una administración pública. Administrar no es ordenar por decreto que la gente se adapte a lo que hay, para eso no hace falta un alcalde. La comunidad llega a esa decisión por sí misma. Hasta hace poco, como el Estado era incapaz de garantizar la seguridad en las vías, los ciudadanos no dejaron de utilizarlas, y no fue necesario prohibirlo.
Los servidores públicos tienen que cumplir con sus funciones de manera real y no sólo formal. Deben servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida y no simplemente zafarse de los problemas y trasladárselos a un ciudadano victimizado doblemente por la negligencia y la solución.
Si bien, al llegar a una administración se pueden enfrentar rezagos que vienen del pasado, ello no excusa la negligencia de las nuevas. Quien aspirara a esos cargos debería tener conocimientos sobre los problemas y haber valorado su capacidad de dar soluciones. Si en el camino se descubre incapaz, debe dejar el campo para otros. Pero, sobre todo, un servidor público debe respetar los derechos ciudadanos y trabajar para que la órbita de su ejercicio sea cada vez mayor.
Diario El Pais- Cali Enero 31 de 2009
El caso es evidente en el Pico y Placa en Bogotá, que ya era una restricción a las naturales y legítimas aspiraciones de los habitantes de poder desplazarse en un carro. Ahora se pretende extender esa prohibición a todo el día y dentro de poco se proscribirá el uso del carro. Como las alcaldías de Bogotá han sido incapaces de hacer una planeación urbana decente, que tenga en cuenta el crecimiento del parque automotor, ni han podido mantener la malla vial en buen estado y mucho menos han sido capaces de diseñar y construir la vías necesarias para el flujo de una megaciudad como Bogotá, la solución es simple: que los ciudadanos no usen el carro. Sin carros no hay problema.
Por supuesto las vías no pueden hacerse de un día para otro, pero esa ni siquiera es la intención. El Pico y Placa no es una medida transitoria para alivianar las dificultades mientras se remedia el problema con la construcción de autopistas y puentes. Es la ‘solución’ simple y mediocre de quienes consideran así cumplido su trabajo. Si no hay carros particulares, la Administración ha solucionado el asunto de la movilidad. Eludir el problema tan burdamente es una manera cómoda y abusiva de trasladar el problema a los ciudadanos, quienes ahora enfrentan la cuestión de cómo transportarse en una ciudad donde el sistema de transporte público no da a abasto. ¿Si el sistema está colapsado con los usuarios actuales, que será con toda la ciudad dependiendo de él?
Es inaceptable y la sociedad civil debe manifestarse enérgicamente. El Estado tiene una serie de compromisos ineludibles. Son esas gestiones las que explican la existencia y la necesidad de una administración pública. Administrar no es ordenar por decreto que la gente se adapte a lo que hay, para eso no hace falta un alcalde. La comunidad llega a esa decisión por sí misma. Hasta hace poco, como el Estado era incapaz de garantizar la seguridad en las vías, los ciudadanos no dejaron de utilizarlas, y no fue necesario prohibirlo.
Los servidores públicos tienen que cumplir con sus funciones de manera real y no sólo formal. Deben servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida y no simplemente zafarse de los problemas y trasladárselos a un ciudadano victimizado doblemente por la negligencia y la solución.
Si bien, al llegar a una administración se pueden enfrentar rezagos que vienen del pasado, ello no excusa la negligencia de las nuevas. Quien aspirara a esos cargos debería tener conocimientos sobre los problemas y haber valorado su capacidad de dar soluciones. Si en el camino se descubre incapaz, debe dejar el campo para otros. Pero, sobre todo, un servidor público debe respetar los derechos ciudadanos y trabajar para que la órbita de su ejercicio sea cada vez mayor.
Diario El Pais- Cali Enero 31 de 2009
sábado, enero 24, 2009
Justicia Penal Militar
Por supuesto que es indeseable que la Justicia Penal Militar cobije delincuentes comunes escondidos en las Fuerzas Armadas, pero ello no justifica que los militares pierdan el derecho constitucional de ser juzgados por sus pares cuando son acusados de cometer delitos en el servicio.
Otra cosa es que las ONG de derechos humanos pretendan abolir esa garantía constitucional sin someterse a los trámites que exige una reforma a la Carta y que la Corte Constitucional haya aceptado esa ilegítima presión mediante la construcción de la doctrina que excluye de la Jurisdicción Penal Militar a los militares acusados de violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la violación de los derechos humanos nunca podrá ser un acto del servicio de un ejército legítimo, pero una cosa es estar acusado y otra haber sido condenado.
Resolver que un acontecimiento es una violación de los derechos humanos antes de que su autor sea juzgado, significa privar a ese ciudadano del derecho a la defensa. Y exactamente eso es lo que la Corte Constitucional ordena cuando asigna a la jurisdicción penal ordinaria, el juzgamiento de actos de militares, cuando existe sospecha de que constituyan violación a los derechos humanos.
En efecto, cuando aparecen quince personas muertas con armas de fuego, vestidas de militares, hay dos posibilidades: la una, que se haya tratado de un combate legítimo entre los militares y subversivos. La otra, que se trate de quince campesinos que fueron sacados de sus parcelas y asesinados por delincuentes que lograron incorporarse en las filas del Ejército colombiano y que abusivamente usaban las armas de la República. ¿Qué jurisdicción juzga el hecho?
La norma constitucional dispone que los militares, legítimos o delincuentes, sean considerados inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y mientras sean inocentes, sus actos deberían considerarse como de servicio, de manera que tengan derecho a la Jurisdicción Penal Militar. El sentido natural del proceso sería determinar lo que realmente sucedió, si es o no un delito contra los derechos humanos, pero este proceso se inicia viciado. El militar en la jurisdicción ordinaria llega con sus derechos de defensa degradados y con una franca desventaja. Ha sido acusado de actuaciones no sólo delictivas sino por fuera del servicio y por ello no puede acceder a la defensa técnica especializada de la Ley 1224 del 2008 y deberá costear su defensa. Es una primera sanción, impuesta sin que tuviera derecho a la defensa.
En este escenario, el ente acusador -en general la Fiscalía- al calificar el delito está escogiendo la jurisdicción que llevará el proceso. Se trata de una facultad que desborda las funciones de un ente investigativo. Y es a todas luces un atropello, pues un acto es susceptible de encuadrar en varios y distintos tipos penales. Más aún si en medio del proceso surgieran pruebas de que se trató de un acto de servicio, el proceso sería nulo.
La doctrina de la Corte Constitucional convierte a la Jurisdicción Penal Militar en gravísima desventaja para los militares, en la medida en que si no existiera, al menos los juicios se iniciarían ante la jurisdicción ordinaria, sin la presunción de que el hecho constituyó una violación a los derechos humanos y el acusado tendría la oportunidad de controvertir esa calificación, la que en últimas se constituye en su sentencia.
Diario El Pais- Cali Enero 24 de 2009
Otra cosa es que las ONG de derechos humanos pretendan abolir esa garantía constitucional sin someterse a los trámites que exige una reforma a la Carta y que la Corte Constitucional haya aceptado esa ilegítima presión mediante la construcción de la doctrina que excluye de la Jurisdicción Penal Militar a los militares acusados de violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la violación de los derechos humanos nunca podrá ser un acto del servicio de un ejército legítimo, pero una cosa es estar acusado y otra haber sido condenado.
Resolver que un acontecimiento es una violación de los derechos humanos antes de que su autor sea juzgado, significa privar a ese ciudadano del derecho a la defensa. Y exactamente eso es lo que la Corte Constitucional ordena cuando asigna a la jurisdicción penal ordinaria, el juzgamiento de actos de militares, cuando existe sospecha de que constituyan violación a los derechos humanos.
En efecto, cuando aparecen quince personas muertas con armas de fuego, vestidas de militares, hay dos posibilidades: la una, que se haya tratado de un combate legítimo entre los militares y subversivos. La otra, que se trate de quince campesinos que fueron sacados de sus parcelas y asesinados por delincuentes que lograron incorporarse en las filas del Ejército colombiano y que abusivamente usaban las armas de la República. ¿Qué jurisdicción juzga el hecho?
La norma constitucional dispone que los militares, legítimos o delincuentes, sean considerados inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y mientras sean inocentes, sus actos deberían considerarse como de servicio, de manera que tengan derecho a la Jurisdicción Penal Militar. El sentido natural del proceso sería determinar lo que realmente sucedió, si es o no un delito contra los derechos humanos, pero este proceso se inicia viciado. El militar en la jurisdicción ordinaria llega con sus derechos de defensa degradados y con una franca desventaja. Ha sido acusado de actuaciones no sólo delictivas sino por fuera del servicio y por ello no puede acceder a la defensa técnica especializada de la Ley 1224 del 2008 y deberá costear su defensa. Es una primera sanción, impuesta sin que tuviera derecho a la defensa.
En este escenario, el ente acusador -en general la Fiscalía- al calificar el delito está escogiendo la jurisdicción que llevará el proceso. Se trata de una facultad que desborda las funciones de un ente investigativo. Y es a todas luces un atropello, pues un acto es susceptible de encuadrar en varios y distintos tipos penales. Más aún si en medio del proceso surgieran pruebas de que se trató de un acto de servicio, el proceso sería nulo.
La doctrina de la Corte Constitucional convierte a la Jurisdicción Penal Militar en gravísima desventaja para los militares, en la medida en que si no existiera, al menos los juicios se iniciarían ante la jurisdicción ordinaria, sin la presunción de que el hecho constituyó una violación a los derechos humanos y el acusado tendría la oportunidad de controvertir esa calificación, la que en últimas se constituye en su sentencia.
Diario El Pais- Cali Enero 24 de 2009
sábado, enero 17, 2009
La condecoración a Uribe
La alianza de Colombia con EE.UU. tiene ya una larga tradición sin que por ello ese Gobierno haya reconocido los esfuerzos que realizamos en la lucha contra las drogas. Por ello es un honor que el presidente Uribe haya sido condecorado al lado del ex primer ministro británico Tony Blair y al ex primer ministro australiano John Howard. Al imponerle la Medalla Presidencial de la Libertad, el presidente Bush reconoció los esfuerzos de Colombia en contra del terrorismo y exaltó la democracia colombiana encabezada por Uribe. Lo resaltó como un líder de “inmensa valentía personal y fortaleza de carácter” y que “ha vuelto a resucitar las esperanzas de su país y ha mostrado un modelo de liderazgo para el mundo”.
Nuestro Mandatario realmente reluce en el concierto latinoamericano, sus políticas han transformado y mejorado la perspectiva nacional. Relucen los consejos comunitarios como pieza clave para devolverle al país credibilidad en las instituciones. El pueblo colombiano había dejado de confiar en el Estado como un ente regulador benévolo o siquiera útil; se entendía como un aparato opresor, cínico e inservible. A través de los consejos comunitarios Uribe acercó ese Estado estirado, centralizado, teórico y soberbio a todos y cada uno de los ciudadanos.
La oposición dice que el ejercicio ha desinstitucionalizado al país, pues es la persona de Uribe en la que el ciudadano encuentra las soluciones, y que precisamente esa actitud es el retorno al más primitivo paternalismo estatal. Pero ese régimen personalista lo ejerce el Presidente. Esa institución que después de haber sido ejercida sin liderazgo, sin convicción y sin resultados se había convertido en un sonoro título sin nada más que un pasado lisonjero. Uribe tiene la legitimidad del caudillo y bajo el ejercicio de su magisterio no ha hecho otra cosa que permear de esa legitimidad a la institución presidencial. La percepción de los colombianos ahora es que el Presidente sí puede hacer cosas, que sus acciones sí tienen repercusiones y que buenas decisiones son capaces de alterar positivamente nuestras vidas. La institución de la Presidencia ha ido recobrando su importancia, y a su lado, los ministerios y las demás instituciones del Gobierno se han ido dibujando como una estructura con capacidad de gestión y resultados. Todo ello al tenor de la Seguridad Democrática que nos devolvió la posibilidad de transitar por nuestro territorio, recobrar los derechos atropellados por los grupos al margen de la ley. Esa legitimidad de Uribe se transmitió, también, al Ejército Nacional que heroicamente derrota un guerrilla narcoterrorista que desangraba la Patria.
Las transformaciones que ha tenido el país bajo este Gobierno son innegables. Precisamente por eso disuena que organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- hayan considerado que el homenaje a Uribe envía un "mal mensaje”. El país ha mejorado mucho en ese aspecto también y si bien todavía son varias las dificultades que enfrentamos, es evidente que la senda por la que transitamos ha empezado a alejarnos del pasado que nos desangraba. La actitud de esas organizaciones es una afrenta contra las decisiones democráticas de este país, que han elegido y respaldan de manera abrumadora la gestión del Mandatario; pero sobre todo muestran la incomprensión de los procesos internos de los países.
El País Cali, enero 17 de 2009
Nuestro Mandatario realmente reluce en el concierto latinoamericano, sus políticas han transformado y mejorado la perspectiva nacional. Relucen los consejos comunitarios como pieza clave para devolverle al país credibilidad en las instituciones. El pueblo colombiano había dejado de confiar en el Estado como un ente regulador benévolo o siquiera útil; se entendía como un aparato opresor, cínico e inservible. A través de los consejos comunitarios Uribe acercó ese Estado estirado, centralizado, teórico y soberbio a todos y cada uno de los ciudadanos.
La oposición dice que el ejercicio ha desinstitucionalizado al país, pues es la persona de Uribe en la que el ciudadano encuentra las soluciones, y que precisamente esa actitud es el retorno al más primitivo paternalismo estatal. Pero ese régimen personalista lo ejerce el Presidente. Esa institución que después de haber sido ejercida sin liderazgo, sin convicción y sin resultados se había convertido en un sonoro título sin nada más que un pasado lisonjero. Uribe tiene la legitimidad del caudillo y bajo el ejercicio de su magisterio no ha hecho otra cosa que permear de esa legitimidad a la institución presidencial. La percepción de los colombianos ahora es que el Presidente sí puede hacer cosas, que sus acciones sí tienen repercusiones y que buenas decisiones son capaces de alterar positivamente nuestras vidas. La institución de la Presidencia ha ido recobrando su importancia, y a su lado, los ministerios y las demás instituciones del Gobierno se han ido dibujando como una estructura con capacidad de gestión y resultados. Todo ello al tenor de la Seguridad Democrática que nos devolvió la posibilidad de transitar por nuestro territorio, recobrar los derechos atropellados por los grupos al margen de la ley. Esa legitimidad de Uribe se transmitió, también, al Ejército Nacional que heroicamente derrota un guerrilla narcoterrorista que desangraba la Patria.
Las transformaciones que ha tenido el país bajo este Gobierno son innegables. Precisamente por eso disuena que organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- hayan considerado que el homenaje a Uribe envía un "mal mensaje”. El país ha mejorado mucho en ese aspecto también y si bien todavía son varias las dificultades que enfrentamos, es evidente que la senda por la que transitamos ha empezado a alejarnos del pasado que nos desangraba. La actitud de esas organizaciones es una afrenta contra las decisiones democráticas de este país, que han elegido y respaldan de manera abrumadora la gestión del Mandatario; pero sobre todo muestran la incomprensión de los procesos internos de los países.
El País Cali, enero 17 de 2009
sábado, enero 10, 2009
Sindicalismo de Estado
El sindicalismo fue la respuesta a la desigual posición que favorece a los patrones en sus relaciones con los trabajadores. Su conveniencia ha sido admitida de manera unánime por todos los sectores sociales y políticos y ha constituido un elemento civilizador de primordial importancia, pues restaura un conveniente equilibrio donde la lógica económica tiende a destruirlo. Los trabajadores unidos pudieron pactar con los patrones salarios y concesiones laborales que mejoraron significativamente su calidad de vida, sin afectar la productividad en el largo plazo de las empresas. Pero, el sindicalismo de Estado ha sido una degradación de esta práctica.
Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.
La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.
La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.
Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.
La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.
El País, 10 de enero de 2009
Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.
La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.
La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.
Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.
La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.
El País, 10 de enero de 2009
sábado, enero 03, 2009
México, el nuevo malo
Uno de los problemas más serios de nuestro país es el narcotráfico. La inmensa cantidad de recursos que produce ha contaminado hasta las más altas esferas de la institucionalidad, corrompido funcionarios y burlando la ley. Ha cambiado la estructura moral de los colombianos inculcando una cultura devota la dinero fácil sin mayores consideraciones frente a los riesgos. Sirven además para alimentar los conflictos sociales porque los grupos al margen de la ley encontraron en ellos financiación para resistir la presión legítima de las fuerzas del orden. Todo lo corrompen y nos mantienen sometidos a problemas que seguramente habríamos podido superar si los capitales mafiosos no existieran.
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
sábado, diciembre 27, 2008
¿Un estado responsable?
El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el deplorable asesinato de José María Valle Jaramillo, un reconocido defensor de derechos humanos en Antioquia, quien denunció la complicidad de brigadas del Ejército con grupos paramilitares.
La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.
La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.
Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.
Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.
En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.
Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.
El País, 27 de diciembre de 2008
La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.
La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.
Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.
Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.
En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.
Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.
El País, 27 de diciembre de 2008
sábado, diciembre 20, 2008
La reelección
El trámite del referendo que pretende modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Uribe ha sido desastroso. No sólo han aparecido problemas en la redacción de la pregunta, sino que además la tardía acción del Ministro del Interior culminó con una convocatoria de sesiones extraordinarias para el Congreso a última hora. Todo ello ha sido deplorable, pero las críticas que algunos periodistas y personajes de oposición han hecho sobre la materia sobrepasan estas observaciones y hacen juicios que son -a lo menos- discutibles.
Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.
La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.
Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.
Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.
Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.
Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.
El País, 20 de diciembre de 2008
Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.
La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.
Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.
Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.
Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.
Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.
El País, 20 de diciembre de 2008
domingo, diciembre 14, 2008
"Isaza" y "Rojas"
‘Isaza’ y ‘Rojas’ son los frutos de la Seguridad Democrática. Colombia ha venido consolidando una estrategia efectiva para pacificar el país. La guerrilla incomunicada, fragmentada, replegada en las selvas y sitiada por la contundente acción del Ejército está desangrándose por la deserción. La toma de pueblos, los actos terroristas y los secuestros han cesado en un altísimo porcentaje. Se dieron de baja varios presuntuosos ‘comandantes’ guerrilleros. El desprestigio internacional del grupo terrorista forzó la liberación de algunos secuestrados políticos y el proceso llegó a su clímax en la Operación Jaque. En este contexto se da la deserción de ambos guerrilleros, quienes, a pesar de una larga pertenencia a las Farc, desertaron con el riego de la vida. Son una victoria del Gobierno y del Ejército y una derrota para la guerrilla.
‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.
A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.
Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.
El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali
‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.
A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.
Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.
El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali
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