La oposición en una democracia tiene un valor incuestionable, pues tiene ojos abiertos para señalar fallas y sugerir modificaciones a los procesos. Y tenemos que reconocer que el Polo Democrático ha cumplido esa misión; ha señalado, a veces apropiadamente y otras desacertadamente, defectos del complejísimo proceso que adelanta el Gobierno con los paramilitares, y sus criticas han servido para que la nación y el Gobierno afinen sus decisiones.
Pero es inadmisible que, cuando el Presidente Uribe dice que la investigación de los vínculos de los políticos con los paramilitares debe ampliarse, para esclarecer los vínculos de los políticos con la guerrilla, la oposición diga que el Presidente lo hace sólo para camuflar los escándalos de parlamentarios con presuntos vínculos paramilitares.
Los uribistas no aceptamos ese cargo. El presidente Uribe ha sido irreductible en su decisión de llevar un proceso de paz con los paramilitares donde prime la verdad y la justicia dentro de los limites que exige una negociación –una negociación y no una derrota militar-. Una negociación sin precedentes, pues no existen muchos casos en el mundo donde un Gobierno logre que los lideres del movimiento que se desmoviliza estén en la cárcel. Una negociación que además significa un avance impensable sobre los procesos de paz que ha realizado el país, pues
no ha habido zonas de distensión y mucho menos perdón y olvido. Así que, no es cierto que los uribistas, y con esto incluyo al Presidente, tengamos miedo a los escándalos que puedan implicar a políticos de esta filiación. Es precisamente el Gobierno quien ha iniciado y liderado el proceso, tal y como quedo consignado en la Ley de Justicia y Paz y lo ha reiterado con la voz firme del Presidente Uribe.
Lo que si resulta sorprendente, es que ante una nación preocupada por el esclarecimiento de los crímenes cometidos por mafia, paramilitares y guerrilla, la izquierda ventile un argumento falaz para evadir una fracción fundamental del proceso: el esclarecimiento de los vínculos entre la izquierda institucional y la narco-guerrilla. ¿O es que acaso no será necesario saber, si hubo beneficiarios políticos del extermino sistemático y horripilante que hizo las FARC de la Familia Turbay en el Caquetá?; ¿No sería importante determinar si hubo beneficios políticos luego del extermino de varios políticos conservadores del Huíla entre ellos Héctor Polanía, Jaime Lozada y su esposa secuestrada? ¿Y no será justo conocer el numero y el nombre los miles de secuestrados en todo el país, muchos de ellos asesinados, que han sido despojados del legítimo producto de su trabajo por la guerrilla?; ¿Y conocer la incidencia de esos grupos armados sobre los procesos electorales en zonas dominadas por guerrilleros?; ¿El efecto político de la tomas y voladuras de pueblos a lo largo y ancho de Colombia? Entre tantas otros casos.
El país quiere y necesita saber si la izquierda institucional ha tenido vínculos y obtenido beneficios políticos de la guerrilla. No hay argumento posible para rechazar esa propuesta. Salvo que se llegue a la atrocidad sugerida por Antonio Navarro de que “hay unos más malos que otros”. Sus comentarios no dejan de ser preocupantes. ¿Insinúa acaso, que hay muertos mejores que otros? ¿Secuestros mas justificados que otros? ¿Ideologías que sí justifican crímenes? Y tampoco es clara la decisión del Dr. Carlos Gaviria, que encarna la más respetable de las izquierdas colombianas, que siempre había tendido claro que ninguna ideología justifica la violencia. Aquellos que lo admiramos, desde la otra orilla política, esperábamos verticalidad en que si algún político de izquierda ha tenido vínculos con aquellos que han teñido de rojo el suelo patrio, debe ser expuesto y expulsado de la vida pública en los mismos términos que ese partido lo exige con los para y narco políticos.
Existe pues, una aparente tensión en la izquierda institucional que tiene que ser aclarada. Por una parte, como parecería sugerir Navarro, hay una disposición a tolerar vínculos invisibles y turbios entre la política y la guerra, por lo cual es necesario que nos expliquen bajo que conceptos
morales son diferentes los crímenes paramilitares y mafiosos de aquellos que comete la narcoguerrilla. Por otro lado, si tienen la determinación de no aceptar esos vínculos político-guerrilleros, entonces, tendrían que iniciar ya mismo un juicioso escrutinio que los devele y sancione con la rigidez que ellos predican. Pero que definan su posición ahora, de frente, sin
esconderse tras la critica.
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