El presidente Santos está decidido a usar su prestigio político para reformar la parte fallida de la estructura del Estado. Entre los organismos a reconfigurar está todo el aparato ambiental. La sociedad globalizada enfrenta en el dilema medioambiental, tal vez, el reto más significativo. Colombia como uno de los lugares más biodiversos del mundo, dueña de selvas tan significativas como la amazónica y el Darién, no puede ser inferior a sus responsabilidades, más aún cuando la minería parece estar avanzando tan decididamente en el país. Los recursos naturales son una riqueza inexplorada que ya se sabe valiosa, no por los afanes del dinero rápido y fácil de la minería se puede condenar nuestro mayor patrimonio.
Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.
Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.
Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.
La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.
La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/car
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