La niña Nohora Valentina fue secuestrada. El país se debate entre la indiferencia surgida de soportar este fenómeno por ya muchos años, y el desconcierto de que se reviva una de las practicas más ruines que haya conocido el terrorismo. Secuestrar es traficar con personas; es venderle a la familia o a la sociedad uno de sus miembros.
Es una extorsión sobre el derecho a la libertad, una afrenta contra la humanidad. Quien secuestra no es digno de ser llamado un ser humano, quien secuestra ni siquiera merece el calificativo de bestia; el título de secuestrador tiene su categoría propia: la más baja, carente de justificación e incluso de explicación.
Al lado de este hecho, se tramita en el Congreso una reforma que permitiría que los asesinos y los secuestradores, luego de una proceso de desmovilización, puedan aspirar a cargos de elección popular y altas dignidades en el gobierno. Algunos consideran que ese es un precio justo para alcanzar la paz; van más allá y sostienen que cualquier concesión que se haga en pro de la paz es no sólo aceptable, sino justificada. No comparto esas visiones y creo que la sociedad colombiana tampoco debería aceptarlas.
La violencia como mecanismo político ha sido efectivo en Colombia. Los partidos, grupos rebeldes y otros han usado acciones sórdidas y terribles para doblegar a la sociedad y obligaría a aceptar políticas, lineamientos o simples figuraciones personalistas. La historia de la violencia colombiana es larga y no ha dejado cambios significativos; sólo el vacío en las familias heridas y la desesperanza de quien no puede prever las promesas del futuro. Pese a los esfuerzos y la cesiones que los colombianos hemos hecho para extirpar esa abominable práctica, aparecen nuevos brotes. Y cedemos más y crecen nuevas bajezas de los violentos.
Así que nuestra generosidad se ha convertido en un incentivo para la violencia; muchos que por el camino político no habrían logrado figuración alguna, usaron la violencia y su intimidación, lograron así ocupar distinciones que no merecen ni les corresponden.
Las Farc es un grupo narcoterrorista; el daño que le ha hecho a Colombia es irreparable por su magnitud y por su crueldad. Los pueblos dinamitados y arrasados; los habitantes más pobres desplazados y asesinados; los secuestrados y sus familias rotas y entristecidas no deben olvidarse. Estas atrocidades no pueden quedar impunes; menos aún pueden ser premiadas.
Hemos aprendido a negociar con los violentos, cediendo sólo lo que es necesario para que dejen las armas. A los paramilitares se les dieron concesiones y sus penas fueron más bajas, pero no se los premió. El compromiso era la verdad, la reparación y la justicia; y cuando lo incumplieron fueron extraditados sin consideraciones adicionales. En la negociación con los violentos debe mantenerse un equilibrio: la generosidad social no puede excederse pues se convierte en un incentivo para la violencia; y algo hay que ceder para promover que se renuncie a los métodos asesinos. Es un balance difícil, pero no podemos retroceder lo ya ganado.
La paz no es un pretexto ni puede serlo. La paz es un fin que no puede justificar lo injustificable. Los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes no tienen entidad para ser líderes, no merecen distinción ni privilegios. La sociedad no puede capitular en esto; premiar a los que no son capaces de seguir la ley es una forma de castigar a los ciudadanos que si la cumplen.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/privilegios-para-violentos
7 de octubre de 2011
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