El diseño autónomo de las CAR ha dado lugar a que se conviertan en entes politizados y a que sus funciones se ejerzan sin control. Hay casos donde las directrices del Ministerio de Ambiente son desconocidas, como sucedió no hace mucho con Cardique, que aplicó una excepción de inconstitucionalidad para derogar una de las resoluciones del Ministerio que protegen los manglares y autorizó la destrucción de los relictos de manglar.
Hay casos más desconsoladores, como la extracción de madera en el Chocó, donde la función del Ministerio contribuye a la destrucción de la biodiversidad. Esa tarea en esa área se hace incumpliendo preceptos legales: los planes de manejo ambiental de los extractores son casi idénticos, hechos por un mismo ingeniero, sin censos serios. Codechocó no hace visitas a los permisos de aprovechamiento, pues –según ellos- no tienen recursos para hacerlo (aunque la ley establece que éstas deberían ser costeadas por el aprovechador). Pero, lo que es peor, ni siquiera lleva control formal de los saldos de especies autorizadas en los permisos: con cada extracción el saldo aumenta en vez de bajar. Para mayor oprobio: el Ministerio creía que Codechocó tenía una oficina para el control de los productos maderables en San Juan. Luego de una visita se descubrió que no existe desde hace años; el funcionario despacha, prácticamente, desde Buenaventura.
En Codechocó se ‘perdieron’ 700 salvoconductos y denunciaron el hurto sin siquiera incluir los números seriales de los documentos y, por supuesto, esos documentos sirvieron para amparar madera ilegal. Durante tres años la Corporación no cumplió con la obligación legal de reportar al Ministerio sobre la emisión de salvoconductos y los volúmenes explotados por especie.
Aún así, Codechocó solicitó al Ministerio nuevos cupos de aprovechamiento, presentó los reportes omitidos y sin mayores estudios, sin importar la manera irresponsable como se extrae la madera, el Ministerio le otorgó un nuevo cupo de 1,4 millones de metros cuadrados de madera de bosque natural.
En abril, un alud casi destruyó Puerto Libertador-Córdoba, debido a la extracción ilegal de oro que realizan varias máquinas en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de Paramillo. El Presidente ordenó la acción de las autoridades, pero la CAR no se dio por aludida y hasta hace dos días todo seguía igual.
Otro caso insigne es el blanqueamiento de madera de Corpourabá, que hasta hace poco tiempo multaba al infractor con cargamento ilegal de madera y le devolvía la madera.
Estas situaciones muestran la necesidad de repensar el diseño de las autoridades ambientales. La descentralización es importante, porque pone en cabeza de las autoridades locales elegidas popularmente los problemas que los afectan directamente. Pero la desconexión de las CAR frente al Ministerio y frente a la población las vuelve entes inútiles en una democracia, pues no existe doliente en sus acciones y no hay cómo presionar ni participar. Más aún después de que la Corte Constitucional validó la tesis de la CAR Cundinamarca de que las consultas populares no se les aplican a las CAR y el municipio de Nemocón realizó una consulta en la que la población rechazó la construcción de un basurero en su territorio, pero éste aún se construye.
13 de junio de 2009
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