Este año se cumplen 2010 años de la era cristiana, 518 años del descubrimiento de América, 200 años de nuestra independencia, 19 años de la nueva Constitución, la primera década de este siglo e iniciamos con los ojos abiertos una época con antiguos y nuevos desafíos.
Como humanidad este será un decenio definitivo para replantear nuestra relación con el medio ambiente. A las consideraciones sobre nuestra capacidad de resiliencia ante el inminente fenómeno del calentamiento global, se deben sumar las reflexiones éticas sobre el derecho a la subsistencia de las demás especies. Estamos ad portas de un cambio de paradigma donde la supremacía humana conllevará responsabilidades sin antecedentes. El hombre requirió 20 siglos para dominar e imponerse a las fuerzas de la naturaleza y de ahora en adelante se trata de protegerla y conservarla.
Colombia inicia un decenio mejor que el anterior, pero plagado de retos. Extirpar el secuestro debe ser la prioridad. No sólo deben ser liberados de manera inmediata e incondicional todos los secuestrados tanto políticos como económicos, sino que el flagelo debe desaparecer. El secuestro es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer: se asemeja a la esclavitud en la pérdida de la libertad y de la autodeterminación propias del individuo y tiene las afrentas de la tortura, la extorsión familiar y social, y el efecto de terror que causa sobre las colectividades. La práctica del secuestro pone de presente el tenebroso accionar de abominables criminales; jamás podrá justificarlo ninguna ideología y es una afrenta a los pensadores de la izquierda europea que fueron humanistas que buscaban erradicar formas mucho más sutiles de esclavitud, como la alienación. Los árboles que sostienen las cadenas que amarran a compatriotas caerán bajo el peso de su propia concupiscencia.
La Seguridad Democrática debe avanzar decididamente. Nuestras fuerzas armadas que han hecho un esfuerzo extraordinario para enfrentar dentro de la legalidad una guerra irregular y narcoterrorista, merecen el respaldo de la Nación. Por supuesto que aquellos que portan las armas de la República y delincan deben ser sancionados; pero no podemos abandonar a quienes han cumplido con su deber y son víctimas de falsas y perniciosas acusaciones. Es inaplazable diseñar un sistema que garantice a esos servidores de la patria una defensa justa y le dé a la Nación la tranquilidad de que no defraudará a quienes ponen en vilo su vida por la seguridad que disfrutamos todos. ¿Qué sociedad seríamos si damos la espalda a quienes se sacrifican por la libertad y la institucionalidad? Más vale un culpable libre, que un inocente injustamente condenado.
La relación con EE.UU. requiere de ajustes: el TLC debería ser aprobado como muestra de respaldo a la economía legal de nuestro país. En el tráfico a las drogas, requerimos mayor cooperación; los recursos de los narcotraficantes que extraditamos deben regresar completos al país para ser destinados a las víctimas y desplazados derivados del narcoterrorismo. El Plan Colombia debería contemplar nuevos aportes para garantizar la seguridad y eficacia de la erradicación manual y el saneamiento ambiental.
En el contexto suramericano la Nación entera debe cerrar filas en torno al Presidente como símbolo de nuestra democracia y soberanía, es la mejor manera de cerrar también la boca del vecino comandante y sus aliados.
El País, 2 de enero de 2010
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