¿Habemus Fiscal?

Un año, 365 días, llevaba Camilo Ospina como parte de la terna de candidatos presentada a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. El proceso en la Corte lleva nueve meses sin resolución; una vergüenza para la Corte y un insulto a la Nación.

En las votaciones nadie obtiene la mayoría; la reglamentación requiere aprobación de las dos terceras partes de la Corte y los candidatos no la obtienen. El país ha quedado sumido en la interinidad, con un fiscal encargado por un período que hace mucho dejó de ser aceptable para ser algo transitorio. El hecho pone de manifiesto que o bien, los mecanismos previstos en la Constitución y la ley son inútiles y requieren una reforma, o bien, que la Corte está buscando un protagonismo político que no le corresponde.

El nuevo integrante de la terna, el sexto que presenta la Presidencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, es ex presidente de la Corte y es penalista como lo quería esa corporación. Una de las razones que adujo la Corte para justificar esta dilatada espera, es que el Fiscal requiere un conocimiento profundo del derecho penal. Cumplida, pues, esta exigencia la elección debería agilizarse. Más aún cuando la cercanía de Gómez Gallego con la Corte dará lugar a que se nombren varios conjueces, pues muchos magistrados –se habla de ocho o nueve- tendrán que declararse impedidos, pues fueron elegidos durante el período donde Gómez Gallego estuvo en esa corporación. Esta nueva configuración debería dar lugar a que se nombre un Fiscal.

Ahora bien, es probable que no sea así, y que tengamos que continuar sin Fiscal hasta tanto cambie el gobierno. Ello mostraría que todo ha sido un gran artilugio, y que la Corte ha intentando desde el inicio adoptar decisiones políticas que no le corresponden.

Ya aparecen las primeras señales que muestran que el malestar de la Corte no es si tienen o no formación de penalistas, sino que sea el presidente Uribe quien los postula. Gómez Gallego ahora es criticado por haber tenido clientes en materia penal. Por supuesto, un penalista ha de tenerlos; de lo contrario no se ve cómo podría haber ejercido su profesión. Cualquier penalista tiene intereses y vínculos, ¿pedirá la Corte ahora un penalista que no haya ejercido el derecho? ¿Será ahora un problema que Gómez Gallego haya estado vinculado a personas cercanas al Gobierno como Andrés Felipe Arias? ¿Se trata de un penalista que tenga una posición política que se ajuste a la de los magistrados?

Si fuera el presidente Uribe quien se negara a hacer el nombramiento porque no le gustan los candidatos, o porque espera de ellos algo que la misma ley no prevé, habría en la Nación un revuelo intolerable. La oposición señalaría, con toda razón, que los poderes estatales están conminados a cumplir la ley. Si la Corte considera que las características del Fiscal no son las que establece la Constitución, puede presentar un proyecto que busque su modificación; pero mientras tanto, debe cumplir. Puede que la Corte no estuviera de acuerdo con la segunda reelección de Uribe, pero como es un sistema democrático deben aceptar las decisiones del Congreso y las mayorías electorales.

El nuevo integrante de la terna es fundamental, no sólo por su hoja de vida muy apropiada para el cargo, sino porque al satisfacer las exigencias de la Corte, servirá para develar de manera clara las intenciones de esa corporación. Amanecerá y veremos.

El Pais, Cali, Mayo 15 de 2010