En Colombia ha habido víctimas de todos los estratos, por supuesto la atención del Estado y de las organizaciones internacionales está puesta sobre las más vulnerables. Así debe ser, es prioritario que el Estado los atienda y restablezca sus derechos. Aquello no significa que se puedan desconocer los atropellos de que han sido víctimas, también, las personas con más recursos, aunque no hayan recibido atención estatal.
Este parece ser el caso de Las Pavas. La Fiscalía de Cartagena denunció la existencia de falsos desplazados asesorados por ONG para intentar sacar ventajas que no les corresponden, y defraudar, no sólo al Estado, sino y sobretodo, al legítimo propietario de la finca. Se trata del caso de un ganadero que obtuvo la propiedad de su tierra durante los años 60 y 70. Por amenazas, robos y extorsiones de la guerrilla se vio obligado a dejar de ir a su hacienda, pues tuvo que dejarla en manos de sus administradores. Aprovechando su ausencia -y el descuido que de ella se derivaba- algunos habitantes de la zona decidieron invadir la finca.
Iniciaron, entonces, trámites ante el Incoder para que la adquiriera para la asociación Asocab. Al parecer el propietario estuvo interesado, pero aquellas negociaciones no se concretaron. Según una declaración ante notaría, que recoge la Fiscalía, uno de los líderes de la asociación, Pedro Moreno, reconoce cómo lo que siguió fue un gran fraude. Por asesoría de una ONG -dirigida por el padre javeriano De Roux- las familias de la asociación se hacen pasar por desplazados y acusan al dueño de estar vinculado con narcotráfico.
Las ONG hablan de la ocurrencia de un desplazamiento de esas 131 familias que conformaban entonces Asocab. Dice la Fiscalía que no hubo desplazamiento, no hay denuncias excepto aquella de la que se retracta Pedro Moreno y sostiene, la Fiscalía, que tampoco hay evidencia sobre la presencia de paras en al área. Los vecinos lo niegan y no hay confesiones o testimonios en Justicia y Paz sobre el asunto.
Visto el asunto, parece que el primer desplazado fue el propietario y que los vecinos invadieron aprovechándose de esa circunstancia. La cuestión que llama la atención es que todo el mundo esté presto a proteger los derechos de los campesinos; pero no se dice nada sobre el propietario que casi pierde su finca a causa de las amenazas guerrilleras. Este caso no es único, hay muchos terrenos invadidos a causa de que sus dueños no pudieron volver a sus fincas por causa de los grupos violentos. Este será un serio reto de la Ley de Tierras. Cómo manejar esos predios que el propietario descuidó por el miedo a los grupos armados y que aprovechando la circunstancias fueron invadidos. No podemos llegar a la aberrante situación de que el derecho a la protección estatal depende de la riqueza. La naturaleza de un derecho es precisamente la de ser universal; sin distingos de clase, raza o credo.
El despojo de tierras tiene varios escenarios y todos merecen la misma protección por parte del Estado, pues de lo que se trata es de impedir que por la violencia unos tomen ventajas y provechos que en circunstancias normales no habrían tenido.
Tampoco es aceptable que siendo previsible que muchos inescrupulosos intenten hacerse pasar por víctimas, el Estado no haga esfuerzos por impedir esos falsos. Se hace un gran daño, pues los recursos se invierten en quien no los merece y se limitan para las verdaderas víctimas. Además cada escándalo de falsas víctimas y ONG tramposas crean un viso de duda sobre los demás procesos.
2 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/victimas-estrato-6
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