¿Qué es ser pobre?

“Si no me lo preguntan, lo sé; pero si me lo preguntan, no sé explicarlo”, decía San Agustín sobre el tiempo, y tal vez el comentario es útil para referirse a la pobreza. Todos sabemos qué es ser pobre, pero si hay que explicarlo las respuestas se limitan, se complican y no coinciden. Para elaborar políticas públicas que pretenden erradicar la pobreza, lo primero es tener una noción sobre qué es ser pobre. Sin eso la acción estatal es inconducente. La nueva metodología que presentó el Gobierno Nacional sobre la pobreza está dando pautas; fueron elegidas cinco dimensiones que cobijan 15 variables que definen lo que es ser pobre en Colombia; entre otras: informalidad, desempleo de larga duración, no aseguramiento en salud, no acceso a agua mejorada, bajo nivel educativo…

Si entendemos ‘pobre’ como aquel que le faltan al menos 5 de los 15 parámetros, tenemos que en Colombia la pobreza está en el 30,7%; una cifra que ha venido disminuyendo, pues en 1997 era de 59,9% y en el 2003, de 48,8%. Aún así, seguimos rezagados en la eliminación de la pobreza rural. El hecho se explica porque la mayor parte de la población está en las ciudades y las políticas públicas han sido diseñadas para atender esas necesidades. El campo colombiano permanece desatendido, las políticas para ese sector han sido escasas y no hay estudios suficientes para entender la situación de los habitantes rurales pobres y responder adecuadamente a sus requerimientos.

Observando el mapa de la incidencia de la pobreza rural que diseñó el DNP lo que resulta más interesante es el dibujo del modelo centralista que caracteriza al país. La pobreza es menor en la medida en que se esté cerca de Bogotá; con contadas excepciones, la pobreza aumenta a medida que se expande el mapa del centro hacia fuera. Es sorprende que el centralismo sea evidente -en colores- hasta en un mapa. Aquello pone de presente la necesidad de profundizar la descentralización y atender a las regiones apartadas. Muchas de estas zonas, como los Llanos, el Pacífico y la Amazonia, tienen poca población. Ello explica que el Estado no les haya dado prioridad. Hay también departamentos muy habitados en el sur occidente como Nariño y Cauca. Es necesario que el país torne su mirada hacia las periferias, y atienda esos ciudadanos que -muchos o pocos- también son colombianos.

La otra aproximación a la pobreza es la que analiza a los hogares por ingresos. Se considera que alguien es pobre cuando tiene menos de $177 mil pesos para vivir al mes en el sector urbano y $106 mil en el sector rural. Así las cosas, en la ciudad un salario mínimo alcanza para una familia de tres miembros; mientras que en el campo da para cinco personas. Vista la pobreza desde el aspecto monetario -que hoy es de 37,2%- vemos que para el período 2002-2010 la pobreza se redujo en 12 puntos y la pobreza extrema en 5,2 puntos. Es evidente que aún nos falta, pero que se está cumpliendo la tarea. Venezuela, que en los últimos 12 años invirtió las gigantescas rentas petroleras –que Colombia no tiene-, se configuró con un sistema socialista y tiene una población pequeña (28 millones, mientras que Colombia tiene 45 millones). Allá se redujo la pobreza tan sólo 5 puntos más que en nuestro país.

El camino es largo. Persiste una desigualdad que aún en el contexto latinoamericano es alta. Es aún más difícil diseñar estrategias para combatir la pobreza. El mejor antídoto es el empleo formal, pero no es fácil generarlo. Mientras tanto los programas de asistencia social se convierten en una herramienta poderosa. El establecimiento de estos 15 parámetros plantea retos concretos para cada uno de los ministerios y enfoca inequívocamente las acciones estatales. La meta propuesta por el gobierno es que tengamos la pobreza en 22% hacia 2014.

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Agosto 26 de 2011 - 20:15

La versión de Uribe

Finalmente Uribe rindió su versión libre, diligencia fundamental para demostrar su inocencia en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Como es característico en el expresidente, habló de manera clara y enfática, sin dejar sombras ni sospechas. La versión libre fue lo que debe ser: un momento para que quien ha sido señalado pueda presentar él solo y de manera espontánea los hechos. No es un interrogatorio de parte, ni es una indagatoria.

Pero, las ‘víctimas’ sostienen que se violentan sus derechos al no permitirles interrogar a Uribe. Vale recordar que en la audiencia pasada fue Uribe quien estuvo privado de la palabra y el ejercicio consistió en una serie de agravios y acusaciones contra él que no pudieron ser siquiera respondidos.

Las víctimas han impetrado una tutela ante la Corte Suprema para pedir la anulación de la diligencia y hacer otra en la que ellos estén facultados a la interpelación. El asunto nos devuelve al debate sobre la pertinencia de las tutelas y el órgano que debiera ser competente para conocerlas.

La tutela, a pesar de ser un mecanismo que ha causado muchos traumatismos en la estructura judicial -rompió las jerarquías y revolvió el aparato institucional-, ha mostrado resultados efectivos ante la necesidad de justicia.
En medio de la estructura, los trámites, las leyes, los procedimientos; la rama jurisdiccional colombiana parecía haber dejado de lado la consideración elemental por los derechos de los ciudadanos y la obligación de que en medio de los procesos de formas kafkianas prevalezcan los principios. La tutela envió el mensaje de que lo importante es la justicia y no la forma; jerarquía necesaria para que los ciudadanos se integren al Estado de Derecho.

A pesar de las virtudes del mecanismo, muchos han sido sus defectos. Basta recordar que en el sistema de salud impetrar una tutela para ciertos tratamientos se convirtió en un obligación de los pacientes, congestionó el sistema y demeritó el instrumento. Así mismo, la tutela ante jueces de menor jerarquía para impedir las decisiones de aquellos de mayor, dio para todo tipo de atropellos. La corrupción tuvo cabida y muchas tutelas fueron vendidas para evitar sanciones y condenas ajustadas a la Ley. Tal vez el tema más controvertido es el de las tutelas contra las providencias de las altas cortes. Aquello desdibujó la última instancia.

La reforma que propone el Consejo de Estado según la cual cada una de las altas cortes debe ser la última instancia en materia constitucional, en cada área, es equivalente a decir que no habrá supremacía constitucional. La idea de una Corte Constitucional es precisamente que exista una voz que dé una sola y coherente lectura de la carta. Una Constitución, por su naturaleza misma, es un cuerpo abierto a la interpretación, se trata de principios generales cuyo desarrollo e implementación requieren un ejercicio hermenéutica. Si hay varios órganos interpretando habrá tantas variaciones como intérpretes.

Ahora bien, la Corte Suprema y el Consejo de Estado no quieren que la Corte Constitucional tenga la última palabra; ello debilita el poder de sus fallos. Visto el asunto desde el contexto nacional es evidente la necesidad de que sea un ente el único con facultades para fallar en términos constitucionales. El resto del aparato debe seguir esos lineamientos. Ahora bien, las tutelas contra fallos de las Cortes debe ser limitadas y bien demarcadas, pero la única instancia constitucional, debe ser la Corte a la que la Constitución le da su nombre.

Nota: ¿Puede la Corte Suprema, que ha tenido un enfrentamiento personal y directo con Uribe, que todo el país conoce, resolver asuntos sobre su proceso; o deben sus magistrados declararse impedidos?

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El negocio de la paz

Al parecer el país se alista para un diálogo de paz con los grupos terroristas de las Farc y el ELN. Así lo indican dos hechos: la petición de Piedad Córdoba al solicitar la liberación de los “capturados” y la reforma constitucional que se presentará al Congreso para que el Estado y el Presidente tengan las herramientas para adelantar negociaciones de paz.

Negociar para salir de los conflictos es lo ideal. Evitar la violencia innecesaria debe ser siempre el principio. La cuestión es más de fondo, ¿qué tanto está dispuesto el país a ceder por la paz? Y ¿cuándo resulta más favorable para la sociedad la negociación y no la utilización de la fuerza contra los violentos?
No es fácil contestar las preguntas que Colombia tiene que enfrentar. No pretendo hacerlo, sólo plantearlas en una dimensión parcial, para que cada lector las evalúe.

Negociar es llegar a acuerdos y las soluciones donde ambas partes quedan satisfechas requieren cesiones. El país ha optado siempre por ceder mucho ante los violentos: programas de reinserción con ayudas en tierras, ingresos, capacitación; capitulaciones políticas, nombramientos e incluso el orden constitucional.

El Frente Nacional es el único experimento para contener la violencia política donde la idea no se limitó a cederle a los violentos. Entonces la búsqueda del poder generaba los enfrentamientos, la violencia se ejercía sin misericordia y los liberales y conservadores se mataban unos a otros. Los líderes de la época no fueron inferiores al desafío y lograron un acuerdo entre esos dos partidos para que las presidencias fueran conjuntas; un periodo para los liberales y otro para los conservadores. Muchos han malinterpretado el Frente Nacional aduciendo que era excluyente y dejaba a las demás fuerzas por fuera; eso no es cierto. Otros segmentos políticos –muy insignificantes entonces en el escenario- se podían presentar y se presentaban a las elecciones: el MRL y disidencias de ambos partidos. Se trataba de cesar la contienda violenta entre los dos partidos y eso se consiguió.

Colombia ha sido infatigable en su esfuerzo por acabar la violencia política a través de concesiones. Múltiples han sido las negociaciones con los violentos y la sociedad las ha entregado con generosidad. En la negociación con el M-19, por ejemplo, el entonces presidente Gaviria les concedió un indulto definitivo y los hizo parte de una constituyente. La Constitución de 1991 es fruto de ese acuerdo y a pesar de que fue elegida con un número minúsculo de votos, hoy nos rige. Pese a ello, con cada intento, la violencia toma nuevas formas y nombres.
La violencia política persiste. No hemos logrado extirparla.

Lo que esto muestra es que muchos colombianos siguen pensando que la violencia es un mecanismo político eficaz.
La historia sigue dándole a muchos la impresión de que el camino violento es conducente. Ello tal vez se explica porque el final de los violentos no ha sido congruente con el mal que han hecho. El M-19, después de acribillar la Rama Jurisdiccional en la toma del Palacio de Justicia, recibió premios que difícilmente sus miembros habrían alcanzado desde una carrera política. En muchos pueblos de Colombia los reinsertados reciben ayudas que no le llegan al campesinado honesto y pacífico. Ello puede tergiversar el mensaje.

La negociación con los paramilitares es la única que deja la impresión de que a los violentos les va mal. Ese es uno de los resultados más importantes que se logró. Estamos ahí, por primera vez; eso nos obliga a reflexionar sobre el largo plazo, sobre las generaciones venideras. ¿Hasta cuándo y cuánto más podemos ceder?

Ya sabemos que la violencia no tiene justificación, ¿cómo hacérselo entender a quienes persisten en ese camino?

12 de agosto 2011
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Álvaro Pío Valencia

Se conmemora el centenario del nacimiento de Álvaro Pío Valencia, personaje que merece destacarse por su trayectoria como humanista de izquierda y sobre todo por haber sido uno de los seres humanos más extraordinarios que ha dado Popayán; desprendido, generoso, sencillo y sabio. Fue pionero en el pensamiento marxista en el país, rector de la Universidad Santiago de Cali, profesor de varias universidades y gestor de muchas causas populares como cooperativas, barrios y representó a sus electores en el Consejo de Popayán.

El era un marxista convencido de que el mundo puede y debe ser mejor. Su búsqueda por la justicia social y el reconocimiento de las necesidades y los derechos de los más pobres fueron el motor de su existencia. Como maestro siempre inculcó a sus alumnos un imperioso compromiso con la lucha por la justicia, con la exigencia del cambio: “El reajuste moral de un pueblo sólo puede hacerse sobre el afianzamiento de sus altos ideales y el desenvolvimiento del sentido natural ante la vida. Es preciso eliminar el artificio de costumbres equivocadas que atan las voluntades y aprisionan a los grupos humanos produciendo fracaso y catástrofe… nada puede esperarse de pueblos acobardados por la practica de la conformidad y el renunciamiento. El hombre debe exigir a la vida cuanto ella puede dar bajo el impulso de su brazo creador”.

Pero fue un hombre de paz, un luchador del ideal que jamás confundió la necesidad del cambio con una excusa para ejercer violencia: “El ideal comunista nos impide asesinar. Defendemos la vida contra todas las fuerzas que se le oponen. Se castiga el delito y la traición pero de frente, con juicio previo y pruebas. Condenamos la anarquía… El sistema de Bakunin quedó condenado por la Internacional Comunista, desde el momento en que apareció y fue sancionado siempre por Lenin y Stalin como forma inaceptable de lucha. La anarquía no es comunista… es anticomunista y sólo sirve a los tiranos para afianzarse en el poder”.

Valencia siempre tuvo la postura del héroe que es capaz de morir por su causa, pero que fiel a sus ideales jamás aceptó la fuerza como mecanismo de persuasión: “Tengo para mí que el sentido heroico de la vida es el único capaz de hacer grandes a los pueblos. No hay que confundir el valor de matar con el valor de morir. El crimen es una demostración palpable de acercamiento a la bestia. El golpe taimado, la eliminación del adversario por la espalda, demuestran la necesidad de ideales, de heroísmo. Del duelo al asalto hay un abismo insalvable. Es necesario ser verdaderamente hombre para ser heroico”.

Las lecciones de Valencia siguen siendo valiosas, pues todavía hay quienes en esta atormentada tierra promulgan la infamia de que existen ideales que justifican la violencia como mecanismo. La fuerza es sólo de quien no tiene ideas y no es capaz de el heroísmo que los grandes cambios requieren: Gandhi y Mandela, son prueba de que la resistencia pacífica, la capacidad de sacrificio son los elementos que las transformaciones sociales atienden. La violencia es de los débiles que no entienden que los mundos mejores no los son, si no se ajustan también los mecanismos mediante los que se construyen.

Creo que no hay ninguna frase que defina a Valencia, como la suya propia sobre el Quijote: “Sólo su fe jamás abatida ni vencida lo hizo cantar el himno de la grandeza soñadora, su heroísmo estuvo en el silencio en que quiso envolver sus íntimos dolores; y su triunfo en el homenaje universal que canceló más tarde la gran deuda con el vencedor de tantas lides”.

5 de agosto de 2011
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¿Ollanta por el centro?

En su discurso de posesión Ollanta Humala habló de incluir en el desarrollo del Perú a todos los ciudadanos. A pesar del crecimiento del PIB -que en promedio ha sido de un 5% durante los últimos 10 años-, una tercera parte de los peruanos son pobres y de éstos la gran mayoría son indígenas. El nuevo mandatario expresó su deseo de acercar el Estado a las regiones; vale recordar que la violencia guerrillera de ese país fue cruenta con los más pobres y que fueron los indígena los más atormentados por la guerra. El Estado fue indiferente al principio y luego actuó sin tenerlos en cuenta.

Nadie discute la necesidad de avanzar por los senderos de la integración social y la reducción de la pobreza. Esta es una meta colectiva mundial, y el reto más evidente del desarrollo moderno. La pregunta sobre cómo superar la pobreza ocupa gran parte del debate teórico y práctico, sin embargo no hay una receta para hacerlo.

El nuevo presidente no dijo cuál será su fórmula para esta transformación, pero se mueve entre el modelo chavista (que el candidato parece haber dejado atrás desde la derrota en las elecciones anteriores) y el de los brasileños. En el discurso y durante su campaña enfatizó la necesidad de aumentar el salario mínimo; de US$215 que vale hoy, hasta US$270. Habló de pensiones para ancianos pobres, nutrición para los niños, mejora de la educación -rezagada según los promedios suramericanos- salud, créditos para el agro y los más pobres.

Ahora bien, lo que preocupó fue la mención de la Constitución de 1979, derogada y reemplazada bajo el mandato de Fujimori por la Constitución de 1993. Ambas son muy parecidas, pero se distinguen sobretodo en el capítulo económico. La vigente protege una economía más liberal, en tanto que la anterior aboga por un Estado con mayor agencia en materia económica.

Sobre los contratos de las grandes explotaciones mineras Humala dijo que los respetaría, pero que los renegociaría. Hizo un llamado para que las mineras se conviertan en un instrumento de integración social, ya que ha sido una fuente de riqueza ambigua, aumenta los ingresos del Estado y crece el PIB, pero empobrece a las regiones donde se realiza; los pobladores reciben pocos beneficios y el medio ambiente sufre daños irreparables.

El tema de la redistribución requiere una reforma impositiva, que permita extraer de los más ricos mayores ingresos con los cuales beneficiar a los más pobres. Aquello que parece sencillo, tampoco lo es. En las economías globalizadas, un exceso de impuestos puede causar la salida de los capitales y de las empresas internacionales. Eso que para muchos suena a nacionalismo, se convierte en un arma peligrosa, pues la capacidad interna puede ser insuficiente y sucede lo que en Venezuela, donde el petróleo empieza a ser subexplotado y los ingresos disminuyen.

El discurso planteó una vía de centro, que mantenga el respeto por la economía de mercado y el crecimiento económico, pero al mismo tiempo, un Estado comprometido con la descentralización, la redistribución y la inclusión. Aquello que parece la fórmula perfecta es algo vacía e implica un camino que sólo se conocerá sobre la marcha.

29 de julio de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/ollanta-por-centro

Santos multicolor

La llegada de los Verdes a la Unidad Nacional era de esperarse. Hace poco Lucho le envió una carta a Santos en la que ese Partido se ponía en una posición sumisa ante el primer mandatario. Me refiero al documento mediante el cual Lucho alabó las declaraciones de Santos sobre la mano negra; con las que pretenden satanizar la oposición -la única que hay- que corresponde a sectores uribistas que no se sienten representados en este gobierno. Las declaraciones de Santos comparando la oposición de derecha con los terroristas de las Farc demostró algo que ya era evidente para muchos: Santos no tolera la oposición y ha hecho todo para limitarla: absorberla, mantener un lenguaje impreciso que no es susceptible de crítica e incluso demeritar a quienes no lo siguen.

El fenómeno de Unidad Nacional ha logrado la desaparición casi total de la oposición, lo que puede ser peligroso para la democracia y costoso para el país. La idea de que la unidad es buena es falaz; la democracia funciona cuando el Gobierno tiene oposición, las instituciones están diseñadas para el debate, el control político es necesario, los contrapesos al Presidente sólo existen cuando se fortalecen quienes no lo respaldan. El silencio en la política actual no es un síntoma de que nada esté pasando: todo sucede pero calladamente; no nos damos cuenta. ¿Qué pasó con Piedad y sus intentos por las liberaciones? ¿O es que los secuestrados en este gobierno ya no son importantes? ¿Qué pasó con la beligerante izquierda que todo lo criticaba? ¿Todo se arregló de un momento a otro?

La ambigüedad de Santos donde todos caben debilitó la identidad de los partidos. Frágiles sucumben ante los beneficios que otorga el hacer parte del Gobierno. Los vicios clientelistas pueden saciarse, pues con independencia al juicio moral que se haga sobre su pertinencia, esa es la manera como se hace y se ha hecho la política. El gobierno también da prestigio, pues mientras el Presidente mantiene unos índices de popularidad altos, la cercanía da la impresión de sintonía con la opinión pública. Además, vienen las elecciones regionales y si bien el Gobierno no participa en ellas, hacer parte de él, fortalece a los candidatos pues la ciudadanía los identifica como respaldados.

Tras todo eso fueron los verdes, pues en política no hay -ni debe haber- alianzas sin estrategia. Un partido no se une a un gobierno por mera admiración; la política tiene que ser más que eso; una ideología que intenta llegar al poder. Lo que pasa es que en estos últimos meses los verdes han dejado claro que no son viables como partido. No hay una ideología definida. Los vínculos internos son tan endebles que Mockus en desacuerdo con las mayorías se fue. Lucho se plegó a Santos a pesar de que muchos miembros no comparten la decisión y se quejan de la falta de discusión al respeto. Peñalosa está sólo empecinado en su candidatura y le apuesta a lo que pueda hacerla más fuerte. Fajardo se entera de las decisiones por los medios masivos de comunicación.

Todo esto no le augura mucho futuro al Partido Verde, pero muestra que en Colombia las reformas para fortalecer los partidos han sido inútiles. Los colombianos seguimos comprometidos con los liderazgos personalistas, y esas figuras sólo necesitan partido porque la ley así lo exige. Se crean esperpentos que no tienen solidez y que sólo confunden el escenario político. Habría que volver a pensar si la Ley es capaz de transformar una nación, o si más bien la Ley debería regular los fenómenos que existen, aceptarlos y entenderlos, para hacerlos funcionales.
22 de julio de 2011

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Reformas

El gobierno Santos ha sido extremadamente eficiente en la aprobación de normas; la mayoría versa sobre temas fundamentales de la actualidad colombiana. El ministro Vargas Lleras manejó acertadamente el Congreso y su éxito en términos de resultados es incuestionable. El Congreso fue eficiente; el bloque normativo pasó sin resistencia.

Ahora bien, el contenido de los textos -voluminosos y complejos- es poco conocido por la opinión pública; la falta de oposición dejó a la ciudadanía sin la oportunidad de conocer los detalles específicos de la nueva normativa y oír las posiciones de quienes no están de acuerdo. Salvo la ley de víctimas y restitución tierras, donde algunos críticos en los medios de comunicación -y más escasos en el Legislativo- señalaron el problema fiscal que puede acarrear esta ley.

El argumento es que es inviable financieramente; el Estado no tiene recursos de superávit, así que la implementación de la ley requiere más impuestos o el recorte presupuestal de otras áreas. A ello se le suma la imposibilidad de conocer su costo total. El articulado es ambiguo, de manera que no hay limitaciones claras. Por ejemplo, no se dijo cuántos familiares de una víctima pueden optar por la reparación; eso daría para que prácticamente todos los colombianos podamos acceder a esas ayudas. Además son víctimas -según la ley- quienes hayan sufrido menoscabo en sus derechos a partir del 1 de enero de 1985. Esta fecha arbitraria y sin razón para ser sostenida, será seguramente derogada por las Cortes, que evidenciarán que aquel parámetro no respeta la igualdad de los ciudadanos, pues no representa ningún hito o cambio en la historia de la violencia en Colombia.

La reforma política, a pesar de solventar asuntos importantes, no representa un avance significativo en la comprensión del fenómeno de la debilidad partidista colombiana. Se limita a cerrar los huecos que había dejado la ley anterior y endurecer penas para que ‘lo deseable’ ocurra. No resolvió el problema fundamental de las disidencias, que son la barrera más difícil de solventar en la política actual. Una norma que reconociera la posibilidad de avalar dos candidatos para las elecciones unipersonales (presidente, alcalde, gobernador) cuando en las consultas el candidato perdedor alcance el 40% de los votos, hubiera flexibilizado la estructura de los partidos y reconocido la representatividad de las minorías representativas. Por ejemplo, Mockus, en el Partido Verde, hubiera tenido la opción de competir contra los candidatos ganadores y abrir el debate para que se resolviera en la contienda electoral.

Viene ahora la reforma a la Justicia. Se trata del pilar fundacional del Estado; la renuncia a la justicia por mano propia, supone no sólo que el monopolio de la fuerza lo ostente el aparato institucional, sino que además éste sea capaz de resolver los conflictos entre los asociados. La percepción ciudadana sobre la Justicia no es la mejor; se habla de politización, de persecuciones, de corrupción y de ineficiencia. Es prioritario solidificar esta rama del poder, sólo así es posible consolidarnos como una nación democrática y pacífica.

La estructura de la rama requiere una transformación que la sintonice con los principios del Estado democrático: deben existir sistemas de frenos y contrapesos que la regulen, y una vinculación con el poder democrático que ostenta el pueblo. Por eso sorprende que la discusión esté limitada a temas irrelevantes como la edad de retiro forzoso de los magistrados y las exigencias de un régimen especial de pensiones.

15 de julio de 2011
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Chávez y su enfermedad

Mientras Chávez estuvo desaparecido, su hermano Adán dijo que el proyecto revolucionario ha venido por caminos electorales, pero que si éstos fallasen: “No podemos olvidar como auténticos revolucionarios otros métodos de lucha”. La invitación a mantener la revolución por la fuerza o cualquier otro medio, hace eco en quienes consideran que la enfermedad del vecino es una farsa para sensibilizar a los electores y estimular su victoria en las elecciones venideras. Los medios han calificado la situación como terminal y la balanza no se define entre el cáncer de próstata y el de colon.

Todos estamos sorprendidos. La presencia permanente y omnipresente del mandatario contrastó con este fenómeno de debilidad y delgadez. El secreto en torno a la enfermedad da para pensar que Chávez no tiene un plan si él llegara a faltar. Su muerte podría generar un caos en Venezuela. No se sabe quién podría reemplazarlo y la beligerancia de sus seguidores hace pensar que la transición hacia un gobierno de oposición podría ser violenta o al menos muy difícil.

La autoridad electoral todavía no ha informado la fecha ni la modalidad de las elecciones, pero se espera que sea un gran evento para elegir presidente, alcaldes y gobernadores. Pero el asunto no es fácil. En este contexto es interesante que el mandatario haya dicho hace un par de días: “Aquí no habrá ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario”. Lo cierto es que el regreso de Chávez está marcado por la presión de las elecciones del próximo año; si gana completaría 20 años de gobierno.

La oposición venezolana no logra unificarse, pues el Gobierno ha sido efectivo en impedir que liderazgos importantes se consoliden. Alejando Pérez Esclusa fue detenido hace un año y aún así su proceso no se ha iniciado, y según las denuncias del arzobispo Pérez Morales –quien pidió casa por cárcel- tiene un cáncer de próstata que no es debidamente atendido. Otra figura clave de la oposición, Manuel Rosales, quien fuera alcalde y gobernador, salió asilado hacia Perú por lo que muchos consideraban una persecución política. Se rumora del regreso de Rosales quien sería un fuerte candidato para enfrentar a Chávez. La sensación de persecución por el régimen es creciente. En una década de gobierno de Chávez se hicieron 6.800 solicitudes de asilos afirmativos a EE.UU., un aumentó en un 152% frente a la década anterior. Los asilos defensivos fueron 7.500, es decir 15 veces más que en la década anterior, donde hubo 500. La comunidad venezolana pasó de 91 mil en el año 2000 a 215 mil en el 2010, aumentó el 135%.

Aun así, los movimientos que no siguen a Chávez crecen. En el 2008 el partido de gobierno perdió provincias importantes por ser las más pobladas y ricas, como Zulia, Miranda y Carabobo, y el Ayuntamiento de Caracas. En las parlamentarias del año pasado, la oposición obtuvo más votos que el chavismo, se consolidó con el 52% de los electores, pero accedieron a menos escaños por la redistribución de representación que el mandatario diseñó previendo la derrota.

La situación ha desprestigiado a Chávez; los grandes problemas siguen sin resolverse: vivienda, electricidad, inflación. La Gran Misión de Vivienda, el proyecto más importante con miras a las elecciones, pretende construir 350 mil nuevas unidades antes del debate electoral. Pero las proyecciones no son alentadoras: en lo que va del año sólo se ha construido el 12%. Una de las gestiones del mandatario fue inyectarle más dinero -14,600 millones de bolívares- con lo que espera superar el atraso. El déficit de 2 millones de viviendas que tenía hace 12 años no está resuelto, sólo se han construido 60 mil viviendas por año.

8 de julio de 2011
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Lecciones del socialismo

Varios países de América latina y España se embarcaron en proyectos socialistas y los resultados de esos gobiernos son evidentes ahora. Vale la pena revisarlos para obtener las lecciones.

‘El milagro de Venezuela’ definido en la columna de Andrés Oppenheimer nos muestra la realidad de un país que en el corto plazo empezará a sentir los costos de las políticas en las que se embarcó. Venezuela ha tenido la mayor bonanza petrolera de su historia, pues para cuando Chávez asumió la Presidencia el barril costaba US$9 y pasó a US$100 que vale hoy en día. Esto hubiera bastado para que Venezuela construyera una infraestructura que le diera espacio al crecimiento de la industria, que potenciara el desarrollo económico, y resolviera además los problemas de vivienda y mejorara las condiciones materiales de sus ciudadanos. Pero ni lo uno ni lo otro; la economía tuvo uno de los crecimientos más bajos de la región 1,6%, cuando el promedio suramericano fue del 6%. La reducción de la pobreza fue de 17 puntos, trasladándose de 45% al 28% en 10 años; aquello no es tampoco muy significativo, pues países con menos ingresos obtuvieron resultados mucho mejores; Argentina pasó del 45% al 11% y Chile del 20% al 11% en el mismo tiempo.

El socialismo en España tuvo también resultados poco satisfactorios. Las políticas con una alta dosis de irresponsabilidad fiscal dieron como resultado el aumento de la deuda pública y un imparable crecimiento del desempleo, que llegó a dejar 5 millones de españoles en el paro. La derrota que sufrió el Psoe en las elecciones regionales no tiene precedentes, e impuso la necesidad de políticas de ajuste y disciplina fiscal. Se trata de un cambio radical, el socialismo español ha tenido que optar por la aplicación de estrategias que hasta hace pocos meses criticaban como regresivas e innecesarias.

Paralelamente ambos gobiernos se han mostrado amistosos con los terroristas. Sobre Chávez se cierne la amenaza de ser declarado como patrocinador del terrorismo, pues son múltiples los vínculos con las Farc y otras organizaciones de la misma estirpe, y peligrosos líderes del Medio Oriente como Gadafi y Ahmadinejad. Por su parte Zapatero, es criticado en España por haber destruido la política antiterrorista, y se le adjudica la llegada de Bildu a las instituciones vascas y navarras.

Habría que evaluar lo que ha vivido Bolivia, que luego de haber criticado a los EE.UU. pide ahora a las naciones europeas su colaboración para restablecer las relaciones con el país del norte y volver a participar de la economía global.

Se trata de gestos y cifras que muestran que el socialismo al principio se ufana de tener políticas muy populares, pero luego la realidad las hace pagar caras. Es evidente el atractivo de gastar más de lo que se tiene; da una ilusión de riqueza y prosperidad y por un momento las cosas parecen solventarse. Las económicas están vinculadas al mercado global, así que fenómenos como el déficit fiscal e inflación terminan destruyendo las economías internas y el ahorro interno se consume. Los Estados modernos deben tener dos brazos, con uno para proteger las contingencias y necesidades con programas sociales, y otro que debe trabajar para que la iniciativa privada se desarrolle y la sociedad sea capaz de proveer hacia el futuro. La mera dilapidación asistencialista no garantiza la sostenibilidad.

1 de julio de 2011

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Frustrados con Santos

Tener posiciones claras cuando se participa en la política es una forma limpia de ganar electores. Ellos reconocen lo que se les propone y su decisión de acompañar el proyecto depende de su idea de lo que la sociedad requiere. Hay otra forma de captar electores; entretejer ideologías medias, donde las posturas no se definen, donde se juega con contenidos vacíos como el porvenir y las ilusiones, de manera que los ciudadanos rellenan el discurso de acuerdo a sus expectativas. El candidato parece decir lo que ellos piensan, aunque el discurso no dice nada. Esta maniobra para confundir la opinión pública es la forma más tradicional del quehacer político colombiano. La siguiente fase, previsiblemente, es el mero ejercicio de descubrir que aquel que ocupa el cargo no cumple con lo ofrecido; pocos notan que nunca lo dijo.

Algo por el estilo parece estar pasando con el presidente Santos. Mediante ambigüedades se mostraba comprometido con el programa uribista que tiene lineamientos precisos. Los políticos que se denominan a sí mismos como de centro creen que las ideologías no son importantes, y que existe un punto medio donde todo y todos pueden confluir. A pesar de lo llamativo de la idea, la realidad política es menos apacible. Las posturas claras son claves para que surja la oposición. Sin ella la democracia pierde su esencia. Los gobiernos funcionan cuando la dinámica gobierno-oposición se tensa y cada una de las decisiones pasa al debate público. Con ello la transparencia crece y los ciudadanos están enterados de lo que pasa. Si las resoluciones del gobernante no se ajustan a las expectativas, el triunfo lo cosecha la oposición.

Santos intenta mezclar el uribismo con el liberalismo y aquello no es posible. Antes el Partido Liberal podía tener entre sus filas a Uribe y a Piedad Córdoba sin que a nadie le pareciera raro. Podía elegir un presidente de políticas neoliberales como Gaviria y estar inscrito en la internacional socialista. Pero esa mezcla inestable estalló. Ya no podrán juntarse materiales que nunca debieron estar juntos. Santos también intenta acercar el pastranismo con el uribismo. Él y muchos otros cercanos colaboradores del gobierno Pastrana, pasaron al uribismo sin ningún aprieto. No les impresionó el cambio radical de políticas. Santos invitó a los fieles seguidores del expresidente conservador como Juan Camilo Restrepo; y lo hicieron sin comprometer su filiación política y su aversión al uribismo. Además, Santos sumó a la coalición a Vargas Lleras quien para el final del gobierno era un acérrimo enemigo de Uribe. El resultado es lo que tenemos: ni chicha, ni limonada.

Santos fracasó en la tarea de conciliación nacional pues, en su gobierno no conviven en armonía las fuerzas democráticas; el uribismo está siendo maltratado. Las masas uribistas que le dieron la victoria pues lo veían como una buena continuidad, empiezan a sentir frustración. Hay señales de recrudecimiento en la violencia, Santos contesta que es exageración de la prensa y una mano negra de la derecha que dramatiza. El Gobierno persigue a los funcionarios del uribismo, pues las posiciones de poder pertenecen a los enemigos de Uribe. La oposición política está desapareciendo y se aprueban leyes que el país no conoce. Todo el debate político se refiere al gobierno anterior, se critica al expresidente Uribe sin descanso y nadie se pregunta qué está haciendo este Gobierno escondido plácidamente detrás de esa postura.

Junio 24 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/frustrados-con-santos

¿Versión libre?

Una versión libre consiste en la presentación de la declaración del citado, y en este caso el expresidente Uribe fue el único que no habló. ¿Por qué se empeñan sus enemigos en impedirle hablar?

Es una tendencia arraigada en personajes como Piedad Córdoba, que -bajo la capa de crítica de oposición- difunden mentiras que al ser reiteradas quedan flotando en el aire y el tiempo las dota de algún sentido. Por eso, esas declaraciones se hacen solapadamente, en contextos donde se convierten en chismes; entre quienes los siguen en la construcción de una gran teoría de la conspiración; en medio de vehementes partidarios que los aplauden y llevan a delirios. La estrategia tiene la necesidad de que todo quede sin ser refutado. El Congreso se convirtió el jueves en un recinto así; una versión libre donde acusan, mienten y quien rinde la versión no puede hacerlo.

La falta de consistencia en el Congreso no sorprende; su desprestigio ha roto su capacidad de acción y decisión. Siendo la institución donde está mejor representada la democracia colombiana, sufre de deslegitimidad y falta de aprecio por parte de la sociedad. La mala imagen empezó en el gobierno del expresidente Gaviria quien comandó una campaña de desprestigio contra la institución que terminó con el cierre y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El Congreso nunca se recuperó porque los medios se encargaron de subvalorarlo y aún hoy no hay quien diga una palabra positiva sobre los parlamentarios. Los candidatos deseables se han alejado y la institución es insegura y temerosa. No toma decisiones y está doblegada.

El peor golpe al Congreso se lo dio la Constitución de 1991; el pobre diseño institucional dejó al Parlamento a merced de las otras ramas del Estado. Los congresistas no tienen poderes reales; sólo aprueban proyectos que ni siquiera elaboran, la iniciativa de gasto la tiene el Ejecutivo; el control político es formal. Y la Corte Suprema se ha convertido en un mecanismo de presión que desconfigura el quehacer político que le corresponde a los juicios en el Congreso. La mención de la Corte Suprema genera miedo y desconcierto entre los parlamentarios. La opinión se confunde cuando se aduce que son los parlamentarios quienes juzgan a los magistrados de la Corte Suprema. Los artículos 174 y 175 dicen que el Congreso sólo juzga por delitos cometidos en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta, pero es la Corte Suprema la que adelanta el resto de los procesos, las investigaciones a magistrados por delitos comunes pasan también a la Corte Suprema. Así que los magistrados de la Corte Suprema se juzgan a sí mismos, a los congresistas, al Presidente, a los ministros, al Procurador, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, el Consejo de Estado y los Tribunales; a los directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor, a los embajadores y jefes de misión diplomática, a los gobernadores, a los magistrados de Tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública. En fin, es suprema en todo el sentido de la palabra. Hay un desequilibrio en las funciones de la Corte, y que la teoría de los frenos y contrapesos no se aplicó en la Constitución. La Corte además se elige por cooptación, es decir son sus miembros quienes suplen sus vacancias. Es una institución por fuera de los poderes democráticos que tiene que ser reformada.

Es el momento para que el Congreso se reivindique y ejerza sus funciones, con el alma política y legítima que le corresponde por ser de elección popular. El expresidente Uribe es el mandatario con mayor prestigio, y la desconfiguracion institucional es tal, que el Congreso desatiende las normas e ignora la opinión pública por el inmenso poder que la Corte Suprema ejerce sobre sus miembros.

17 de junio de 2011


http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/version-libre

Sin el pan y sin el queso

El diálogo entre los verdes ocurrió en dos niveles: la necesidad de alcanzar las posiciones de poder sin involucrar votos que no se compadezcan ideológicamente con el estilo de hacer política, pues ello puede desconfigurar la acción. Por otro lado, la idea de que sólo la integración de fuerzas es capaz de solventar problemas tan hondos como los que vive la capital.

Mockus reconoce los aciertos del presidente Uribe, pero le atribuye una postura según la cual vale romper las normas para alcanzar los resultados. Mockus fue derrotado y decidió dejar el Partido. La alianza con Uribe, según el profesor, equivale a la renuncia de los principios y la aceptación de que cualquier mecanismo para ganar es válido.

Aún así habría que decir que Mockus y Uribe se parecen. Son líderes que convocan y que oyen a sus seguidores. Ambos son capaces de seguir sus principios. Tienen, sin embargo, una postura radicalmente distinta en el tema de seguridad. Mockus quisiera imponer el pacifismo como política de Estado; Uribe entiende que corresponde al aparato estatal, como función principal, defender la vida de los ciudadanos. Mockus es más restrictivo de las libertades individuales porque considera que la manera de ser de las sociedades debe cambiarse para encuadrar con unos estándares ya diseñados; Uribe es más demócrata y -de cierta manera- acepta la manera de ser de los colombianos y trata de construir con ella.

El vínculo de Uribe con Peñalosa proviene de que el exalcalde y el gobierno Uribe compartieron muchos miembros de equipo: la ministra de Educación Cecilia María Vélez, la canciller Consuelo Araujo, entre otros. Coincidencias que no son desestimables y las críticas de Mockus sobre el gobierno necesariamente le caen a los peñalosistas que hacían parte de él. Peñalosa trató de matizar el asunto y dijo que su alianza era con la U y no con Uribe. Aseguró que no negociaría cosas indebidas ni puestos.

Entre líneas despreció los gestos de Uribe y le hizo una advertencia grosera a la U. Ese maltrato no gustó en el uribismo. Más aún, los uribistas -no me refiero a los políticos- no aprecian a Peñalosa, por las diferencias abismales que existen entre el candidato y Uribe en la manera de hacer política. Uribe se caracteriza por una relación muy directa con los ciudadanos. La percepción de los Consejos Comunitarios es que el Presidente oía y atendía lo que la ciudadanía quería. Peñalosa por su lado, encarna el despotismo ilustrado, donde se hacen cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. Peñalosa no oye y además es soberbio. Recordemos que la imagen desfavorable de Peñalosa es muy alta, por eso en las elecciones pasadas fue elegido Samuel Moreno, por un voto que no quería al exalcalde.

En el debate Peñalosa se quedó sin Mockus y sin uribistas.

Nota: Subyace a éste y en varios debates de la coyuntura actual el papel de las minorías dentro de los partidos. En una democracia también las minorías tienen representación. Son importantes y tenidas en cuenta para que el debate no se convierta en la tiranía de la mayoría. Pero en Colombia los partidos no tienen respeto por las minorías; la reforma política estableció una disciplina para perros, donde las minorías tienen que plegarse a la decisión mayoritaria. Aquello las aplasta y termina por desintegrar los partidos. La política es el debate de ideas, de principios y muchas veces la decisión mayoritaria no es suficiente para disuadir a los minorías. Los partidos requieren una reforma que reconozca la existencia de la disidencia y les dé herramientas para subsistir con sus diferencias en las organizaciones.

10 de junio de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/sin-pan-y-sin-queso

Marihuana, ¿nuestro problema?

Las lecciones de la lucha antidrogas no son despreciables: la presión que se hace en un país, no destruye el fenómeno, simplemente lo desplaza. Así sucedió en el caso de Colombia, cuyos esfuerzos trasladaron el flagelo hacia México, sin que hubiera podido preverse o evitarse. En los países en vía de desarrollo hay muchas personas que están dispuestas a entrar en los mercados ilegales para tener un medio de subsistencia, más aún cuando ese mercado es capaz de mover gigantescas sumas de dinero que financian lujos. Los estudios de quienes están en el negocio del narcotráfico muestran que están dispuestos a morir jóvenes a cambio de obtener todo lo que ese dinero les ofrece. Los esfuerzos realizados por los países productores para acabar con los cultivos y reducir la oferta han fracasado; los costos en términos de vidas y seguridad interna no son cuantificables y muy a pesar de las multimillonarias inversiones la oferta continúa alta.

Es claro que la lucha contra las drogas no funcionó; el fenómeno debe ser atendido desde otra perspectiva. Esto, que lo sabemos hace tiempo, fue recogido por la Comisión Global de Política de Drogas. El informe tiene la virtud de que pone en el debate internacional una posición unificada de personalidades latinoamericanas, provenientes de países productores que han sido afectados por el negocio ilícito de las drogas, y por las políticas con las que se ha combatido -impuestas por los países consumidores. Aún así, las conclusiones del informe se quedan cortas y no van a los puntos más sensibles.

Sugiere la Comisión una aproximación a los consumidores como enfermos y no como criminales. Este argumento tiende a caer en el error de que todos los que consumen drogas son adictos. Hay muchos consumidores cuya vida no se afecta. Trabajan, son productivos y tienen la capacidad económica de pagar los elevadísimos precios de las drogas en EE.UU. y Europa. Quienes consumen drogas lo hacen en un acto de voluntad individual, y el daño que causan a su salud es comparable al de otros vicios: consumir alcohol, cigarrillo; incluso al de usar un celular a pesar de que ahora sabemos que nos predispone al cáncer. En fin, cómo son tratados los consumidores no soluciona el que Latinoamérica tenga que vivir en una guerra para refrenar impulsos individuales.

La legalización de la marihuana expuesta por la Comisión no es tampoco un tema novedoso, ni conducente. En el 2010 fue votada la proposición 19 en California, EE.UU., mediante la cual se buscaba legalizarla, permitiendo a los adultos cultivar hasta dos metros cuadrados de cannabis y poseer hasta 28 gramos para uso personal, pudiendo consumirla en propiedad privada y sin la presencia de niños. La proposición fue derrotada; el 54% de los votantes se opuso, en tanto que el 46% se mostró favorable. A pesar de ello, encuestas muestran que la mayoría de los californianos está de acuerdo con la legalización de la marihuana y se dice que una proposición similar será presentada en el 2012.

Si bien, la legalización de la marihuana es un paso importante, no es el problema latinoamericano de fondo. Los mercados de marihuana están siendo suplidos en general por los cultivos hidropónicos de Canadá y EE.UU. -este ultimo produce 10 mil toneladas métricas al año. La producción y participación latinoamericana en la cannabis es cada vez menor. Nuestro problema es la coca. ¿Por qué nuestros intelectuales no se concentran en plantear una respuesta a las dolencias latinoamericanas?

3 de junio de 2011
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La rebelión del voto

Las sociedades que se rebelan contra los gobiernos se han vuelto comunes en nuestros días. Varios episodios en el Medio Oriente, como el de Egipto que concluyó con el derrocamiento del gobierno, muestran un creciente inconformismo con la manera en que los países son gobernados.

Si aquellas manifestaciones se hubieran hecho sólo en ese continente, podríamos culpar a la precariedad de la democracia, pero el problema es más profundo. Las manifestaciones de la Puerta del Sol en Madrid, son una fase más. El Psoe fue abrumadoramente derrotado -perdió en 11 provincias de las 13 que tuvieron elecciones. Aún así, los inconformes no han cedido en sus protestas, y dicen que los resultados electorales no tienen que ver con ellos.

Los españoles tienen un sistema democrático sólido, al igual que los franceses, que hace pocos meses también tuvieron multitudinarias protestas. La gente no se siente bien representada. Estamos presenciando una crisis de la democracia. El sistema requiere ajustes. La política tiene que acercarse a los hogares y empezar a plantear soluciones a las dolencias colectivas de una manera más efectiva. Pero, la crisis va más allá; a la manera como los ciudadanos se relacionan con la democracia.

Puede que el simple paso del tiempo nos haya hecho sentir que el voto no es suficiente; que ser uno entre tantos lo hace casi insignificante e insuficiente. Hay ciudadanos que sienten que los políticos no son sus representantes, sino gentes, a veces inescrupulosas, que los utilizan y engañan para extraerles el voto. Muchos hastiados optan por no votar. La democracia es un sistema espinoso, lleno de problemas, imperfecto al fin y al cabo; pero entre las alternativas que la mente humana ha diseñado y las que la historia nos heredó, tenemos que concluir que es el mejor. Pero es un sistema exigente, y requiere esfuerzo por parte de la sociedad.

No podemos quedarnos en la comodidad de ser gobernados; tenemos responsabilidades. La democracia supone un papel activo del pueblo. El abstencionismo es una forma de irresponsabilidad que deja en manos de otros las decisiones que nos conciernen a todos. Quien no vota está fallándole a la comunidad. Si toda la sociedad se expresara la democracia funcionaría mejor; las elecciones serían diferentes. Votar, claro, pero hacerlo bien; trascender el individualismo y escoger un proyecto hacia el cual encaminarnos. Y luego aportar activamente para que se realice. Los políticos no son magos, ni pueden serlo. Los cambios sociales no los produce un hombre, sino un movimiento.
Este domingo serán las consultas conservadoras. Es una oportunidad para que todos los ciudadanos -sin importar el partido- participen. La selección de los candidatos va dándole forma al debate; quiénes son los candidatos determina cómo serán las campañas.

Acompañando a mi hermano, Pedro Agustín, en su precandidatura para la Alcaldía de Popayán, he visto el malestar de las mayorías con la política tradicional: con las amenazas, el clientelismo, la corrupción… también, que algunos convencidos de que él sería el mejor Alcalde, dicen que tienen que votar por otros candidatos; por compromisos, por partido, por plata. ¿Será culpa del sistema o de los electores?

Pero, he visto, además, gentes de todos los partidos unirse en la idea precisa de un futuro y la voluntad de construirlo. Las pesadas maquinarias se enfrentan y todos los vicios conocidos y nuevos se manifiestan, pero el poder de rebelión del voto está por probarse. La democracia nos da la posibilidad.

Mayo 27 de 2011 - 19:15


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Corte a la Farcpolítica

La Corte Suprema acogió los argumentos que ha venido esgrimiendo la defensa de Wilson Borja y Piedad Córdoba sobre la ilicitud de las pruebas provenientes del computador de ‘Raúl Reyes’. Se destruye así la posibilidad de aplicar sanciones a quienes han colaborado con los terroristas de las Farc. Los enjuiciamientos que surgen de la información de ese computador son fundamentales para el proceso que adelanta el país de reparación de víctimas. Justicia: castigo a los cómplices de secuestros y asesinatos; eso es lo menos que esperan quienes han sufrido.

Las pruebas de ‘Reyes’ no son válidas, según la Corte, porque no cumplieron con la normatividad que rige la evidencia en el extranjero, pues las autoridades ecuatorianas no participaron en la colecta de evidencia. No reconoce la Corte que el computador fue incautado en un operativo nacional, donde se siguieron los procedimientos que están establecidos para ello.

Olvida la Corte el principio constitucional según el cual prima el derecho sustancial sobre el procesal. El derecho sustantivo tutela un bien jurídico que el procedimiento intenta resguardar. La cadena de custodia busca que nadie pueda implantar elementos que desfiguren la veracidad de la prueba. En este caso, la evidencia fue tratada como tal y las autoridades colombianas tuvieron todo el cuidado necesario, pero el recelo sobre ella fue aún más allá: fue enviada a la Interpol para su verificación. La Interpol certificó que la información no había sido alterada y que los contenidos estaban en el aparato antes de que las autoridades colombianas los tuvieran en su poder; dijo, además, que lo encontrado en el computador podía ser considerado como plena prueba en los procesos internacionales. Es decir, el procedimiento que se siguió con esta evidencia fue incluso más riguroso que el exigido. Mal hace la Corte al desestimarla; para proteger un derecho de los acusados que no se vulneraría en el juicio, vulneró el derecho de las víctimas a la justicia y el de los colombianos a la verdad.

La decisión de la Corte no sólo afecta a Wilson Borja, sino que genera un precedente que afectará otros importantes procesos contra colaboradores de las Farc. Piedad Córdoba, usando este truco leguleyo, seguramente impetrará una tutela para liberarse de la sanción que justamente le impuso el Procurador. Tendrá la Corte Constitucional la oportunidad de evaluar el asunto y hacer prevalecer el derecho sustancial. La prueba es real, pues su autenticidad en términos de no haber sido alterada, ha sido verificada.

En las manos del intérprete constitucional está ahora el destino de una evidencia que es definitiva para comprender los lazos del terrorismo y la política. El uso de la fuerza de las Farc sobre el territorio ha derramado sangre y con ella se han teñido banderas de falsos ideales.

Sorprende que Chávez esté tan bien sintonizado con la Corte, pues hace unos días, cuando apareció la publicación del instituto inglés que analiza los correos del computador de ‘Raúl Reyes’, donde hay sendos capítulos que lo vinculan, el vecino Mandatario sostuvo que nuestra Corte había despreciado aquellas pruebas. ¿Se refería al corto pronunciamiento que hizo la Corte sobre el caso de la ex senadora Córdoba o ya tenía conocimiento sobre esta nueva decisión?

¿Dónde está el computador del ‘Mono Jojoy’? ¿Cuándo vamos a conocer su contenido?

Mayo 20 de 2011
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Amigos non-santos

El presidente Santos es difícil de descifrar. Sus comentarios, siempre medidos, impiden que conozcamos sus posiciones. En el tema del manejo de las narcoguerrillas terroristas estamos ante la ambigüedad de sus palabras.

Colombia había encargado al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (Iiss) el análisis del material encontrado en el computador de ‘Raúl Reyes’. Según la publicación, el gobierno venezolano apoyó fervientemente a las Farc. Las relaciones entre la organización y Chávez se muestran fluidas y amistosas: reuniones con la cúpula guerrillera y todas las personalidad del gobierno de Venezuela, incluido el Presidente; apoyo económico, además de la posibilidad de hacer negocios con el Estado venezolano mediante empresas fachadas; promesas para conseguir armas en Rusia; altos mandos del ejército bolivariano se presentan como admiradores de las Farc que, según ‘Reyes’, identifican con el ejército solidario que colaborará en el establecimiento del régimen bolivariano en Colombia. En fin…

Aparece este libro ahora, cuando sólo nos quedan las fotos de los campamentos de las Farc en Venezuela, los cascarones de los lanzacohetes venezolanos en poder de las Farc, las grabaciones y publicaciones de Chávez diciendo que las Farc no son terroristas sino “fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”. Aparece ahora, cuando Chávez es nuestro nuevo mejor amigo.

Legitimidad política, eso es lo que más le interesa a las Farc. Aquello les permite dejar de figurar como una organización terrorista y convertirse en unos rebeldes que luchan por principios políticos y representan una fracción de la sociedad colombiana, y, como también lo dijo Chávez, ocupan parte del territorio de nuestro país. A eso se comprometió Chávez; a sacarlos del estigma del terror y ponerlos en la arena política. El nuevo mejor amigo parece acercarse a sus promesas. Santos decidió darle a las Farc y los demás terroristas y sus amigos, el gusto de otorgarles el tratamiento de conflicto armado interno.

Esa discusión que para muchos es semántica, tiene repercusiones en el contexto internacional. La lucha insurgente, la lucha de los pueblos, puede dar lugar a que las naciones les den reconocimiento político y aquello da pie a la conformación de un nuevo Estado y la adjudicación de parte del territorio.

¿Qué quiere Santos? ¿Hacia dónde nos conduce? Se trata de una decisión crucial y el Presidente no puede menos que informarnos sus planes. Colombia ha sido enfática en su total rechazo a las Farc y a los demás grupos al margen de la Ley. Millones nos manifestamos en la calle en su contra. Ellos no representan a ninguna fracción de la sociedad y son sólo asesinos que usan a Marx para envolver cocaína. En caso de una negociación la Nación les ofrece la cárcel y la garantía de sus derechos; el mismo gesto generoso que tuvo con los paramilitares.

Una comparación: el presidente de Pakistán, Zardari, casi se disculpó de que el terrorista estuviera refugiado en su territorio y reconoció que no participaron en la operación que dio de baja a Bin Laden. ¿Será que Pakistán va a elevar una queja ante organismos internacionales contra EE.UU. por el ataque sobre su territorio? ¿Será que le inician un proceso penal al Secretario de la Defensa estadounidense en Islamabad? En el libro del Iiss hay un correo donde se dice que Rafael Correa recibió US$400.000 de las Farc para su campaña. ¿Será verdad?

Mayo 13 de 2011 - 19:17

Con Santos vamos peor

Según la encuesta Gallup para los colombianos las cosas van empeorando. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana los colombianos estaban convencidos de que todo iba mal; pero hubo un cambio dramático durante Uribe, donde las cifras se invirtieron y las mayorías sintieron que las cosas iban mejorando. Al final del segundo periodo de Uribe hubo una ligera impresión de empeoramiento que se superó con Santos. Pero el sentimiento pesimista subió durante las últimas tres mediciones y, ahora, la mayoría considera que las cosas en el país van por mal camino. Esa impresión negativa del futuro, desincentiva el deseo de seguir sembrando para el futuro; por ello conviene analizar los comentarios de los encuestados.

La percepción sobre la seguridad empeoró mucho con la posesión de Santos y ha venido agravándose, hasta llegar a la alarmante cifra de que el 68% considera que en seguridad vamos mal. Desde 2008 los colombianos consideraban que la seguridad estaba siendo bien manejada, y ahora sólo el 33% aprueba esas gestiones. La mayoría del 65% desaprueba lo que se está haciendo. Vale recordar que en la última medición de Uribe la aprobación de su gestión en seguridad era del 71%.

En dos componentes que analiza la encuesta relacionados con el tema de seguridad, el Gobierno se raja. En el manejo de la guerrilla su gestión pierde 16 puntos, y llega al 50% que es la cifra más baja de aprobación en esta área desde la iniciación de Uribe. Y más alarmante es la desaprobación, que alcanza un 46%; la más alta desde la iniciación de la era Uribe. Otro grave retroceso de Santos se evidencia en el manejo del narcotráfico. La impresión desfavorable ha subido desde su posesión; del 21% al 38%. La favorabilidad en el manejo del narco es del 56%, y aunque la cifra parece alta, sólo es comparable a la que tuviera Samper durante su periodo.

Todo esto seguramente influencia a los colombianos hasta el punto donde el 61% -la mayoría- considera que las elecciones en el país no son confiables. Este resultado pone en duda la legitimidad de todo el aparato estatal y nos sitúa ante una democracia muy precaria. Si los colombianos no creen en las elecciones, un pilar fundamental de la representación política está roto. El otro, el ejercicio de la oposición política, también está gravemente afectado. La mayoría del 54% considera que no hay garantías para ejercerla. La desaparición del debate político que logró la Unidad Nacional parece estar actuando en contra del Gobierno. El país estaba acostumbrado a la crítica y la discusión abierta de cada uno de los actos de gobierno; y es probable que está manera callada y confiada en la que todo sucede ahora no convenza.

La aprobación de la gestión de Santos con el 70% tiene una tendencia negativa, bajó 7 puntos. Su imagen favorable, también, sigue decreciendo y llegó al 66% que se coloca por debajo de la popularidad de Uribe clavada en los alrededores del 70%. Las cifras son alentadoras y muestran un respaldo mayoritario. Sin embargo, preocupa la tendencia negativa y, sobre todo, el crecimiento de la imagen desfavorable de Santos que pasó del 17% al 26%.

La percepción de que el gobierno de Santos será peor que el de Uribe ha empezado a aumentar pasando de un 7% con el que inició, a un 19%. Pero todavía muchos, un 43%, piensan que el gobierno Santos será mejor que el de Uribe. Ojalá sea así por el bien de este país, todavía es posible atender este llamado para que se rectifiquen políticas y acciones en materia de seguridad.
Mayo 06 de 2011

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La captura de Iván Moreno

Este es uno de los primeros casos de corrupción a gran escala que conoce el país, a pesar de que todos sospechamos de muchas contrataciones estatales. Que los Nule hubieran confesado sus vínculos corruptos es impresionante; los pactos de la corrupción son muy poderosos pues sólo incluyen a quienes participan del delito, así que confesar implica reconocer los propios hechos criminales. No será fácil para Iván Moreno probar su inocencia, pues no aparecen las razones por las cuales los Nule podrían querer involucrarlo sin que tales hechos se hubieran sucedido; aunque tampoco es claro por qué los Nule han decidido revelar sus propias culpas e involucrar a sus ‘socios’.

La detención del senador Moreno y el envío de copias para que la Fiscalía haga lo propio en contra de Samuel, su hermano, y otros altos funcionarios de la Alcaldía es un duro golpe para el Polo. La izquierda colombiana ha venido haciendo un ejercicio sobresaliente para desprenderse de las fuerzas revolucionarias y terroristas que a nombre de las ideologías marxistas vienen desangrando al país. La construcción de un partido de izquierda comprometido con un proyecto político definido y no violento, es notable; por ello alcanzó la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante en el poder Ejecutivo. Si bien, la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva. Los electores pueden tomar represalias y castigarlos con el voto. Sin embargo, cabe resaltar que las denuncias más importantes sobre estos hechos vinieron del seno del propio Polo Democrático a través de su candidato presidencial Gustavo Petro, y si Petro siguiera en ese partido, compensaría el coletazo. Aún así, se trata de un episodio sin precedentes, donde se rescató el que la defensa de los intereses del Estado y el bienestar público debe primar sobre las filiaciones políticas.

Colombia sufre de muchos males, pero la corrupción es el más generalizado. Las mayorías colombianas se han acostumbrado y toleran pequeñas trampas en sus oficios y actividades. Hemos perdido la rigidez al juzgarnos individualmente. Se roba cuando se puede, la elusión es una costumbre aceptada, se adulteran básculas, taxímetros, facturas, contabilidades, sin el menor reparo. Cada uno encuentra justificación para hacerlo: para qué pagar impuestos si se los van a robar. Me pagan muy poco. Nadie se da cuenta. Me hace más falta a mí. Y la felicidad de contar con esos pesos de más, hace que olvidemos el daño causado. Una sociedad donde todo el mundo hace trampas está condenada a la inmediatez; sus posibilidades de planear para el futuro se disuelven, y el mal se esparce.

La corrupción no se resuelve con leyes. No hay cómo regular contra los corruptos, pues no hay como prever todas las trampas posibles, son infinitas. Por eso el Estado debe ser implacable con los particulares descubiertos en actos corruptos. No se entiende por qué no se dictó medida de aseguramiento contra los Dávila y Valerie Domínguez -la ex Señorita Colombia- que fraudulentamente lograron subsidios de AIS por más de $2.100 millones.
La sociedad tiene que comprometerse a no tolerar los actos tramposos ni propios ni ajenos. En esto ya gran daño nos hizo la mafia: nos entrenó en el gusto por el dinero fácil y cambió los valores por la plata; permeó las estructuras sociales que reconocen poder e importancia en la opulencia y no en los ideales. Cambiamos el Quijote por el becerro de oro.

29 de abril de 2011
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Las Fuerzas Militares

Aunque el Gobierno adujo razones discrecionales para dar de baja al general Matamoros, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Se habla de diferencias con el almirante Cely por temas como el fuero militar, la Justicia Penal Militar y el régimen carcelario de los uniformados. Además, al parecer había discrepancias sobre el tipo de equipos y compras militares que se requieren. Son temas prioritarios frente a los cuales es muy claro que cada fuerza puede tener posiciones muy distintas, pues el tipo de conflicto que enfrentan es, a su vez, muy distinto.

El nombramiento de un Almirante de la Armada Nacional como Comandante General de las Fuerzas Militares era un decisión arriesgada, pues el 75% de las Fuerzas está constituido por militares, y son ellos quienes deben adentrarse con mayor vehemencia en el conflicto armado. La salida de Matamoros puede causar cierta desmoralización entre los militares, quienes enfrentan el 90% de los combates que vive el país. El Ejército Nacional tiene más de 220.000 hombres y hay cierta reticencia en que sea un Almirante, experto en operaciones marítimas, quien los comande.

Los liberales han pedido un debate de control político para que el Ministro explique cuáles fueron las razones que dieron lugar a la salida de Matamoros. Se trata de una petición muy apropiada, el país merece saber qué es lo que está pasando en las Fuerzas Militares, que luego del cambio de gobierno han sufrido graves reveces en su control del territorio nacional. No olvidemos que la violencia, la extorsión y el secuestro se han recrudecido en varias zonas del país, especialmente el Suroccidente y los Llanos Orientales. En esta Semana Santa las Farc intentaron actos terroristas y mostraron sus alcances al haber secuestrado a dos militares desarmados y en licencia en Antioquia, para luego asesinarlos y utilizarlos como señuelo para que otros militares cayeran en un campo minado.

La salida del general Matamoros es noticia dura para las Fuerzas Militares. El General viene de una larga línea al servicio del país y se ha caracterizado como un militar independiente que dedica mucho tiempo a la comprensión del conflicto y al análisis de lo que significa dentro de la estructura de la guerra cada uno de los golpes que ha recibido la guerrilla. No es lo mismo enfrentar a ‘Raúl Reyes’ o al ‘Mono Jojoy’ o combatir contra ‘Iván Márquez’; cada fase tiene implicaciones distintas y debe ser manejada de manera diferente. Se dice que entendía bien las necesidades de la tropa.

El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Luis Felipe Paredes, tendrá que hacer una labor muy importante para que los militares no se sientan desamparados. La posición del Ejército sobre la necesidad de mantener la Justicia Penal Militar y el fuero militar, no son necedades. Se trata de una justicia especializada que comprende que el desempeño en el conflicto tiene particularidades que se escapan a una justicia civil. El Ejército quiere cumplir la Ley, quiere hacer su tarea respetando los derechos de los ciudadanos y los delincuentes; pero su tarea no es sencilla y es propensa a las fallas. Es evidente que cada fuerza juzgue de acuerdo con lo que vive; y ello no se debe a que una fuerza sea más respetuosa que otra de los derechos, simplemente a que es el Ejército quien mayores volúmenes de combates tiene que enfrentar y éstos son, en general, directos y en medio de la selva.
Abril 22 de 2011

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Hecha la norma…

El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.

Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.

Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.

Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.

Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.

El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.

Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28

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Embuchado de Chávez

Hoy debe llegar Chávez a Colombia. Lo hace en una fecha que trae recuerdos dolorosos al país. Cabe recordar que en 1948 Fidel Castro estaba a pocos pasos del sitio donde cayó asesinado Gaitán. Chávez, anacrónico discípulo de Castro, no da puntada sin dedal; así que algo tendrá planeado al visitar Colombia justamente en un 9 de abril. Lo terrible de Chávez es que cada vez que alguien piensa en una reacción límite, casi inverosímil, sobre lo que el líder del vecino país puede hacer, resulta que no sólo la hace, sino que la excede. Una perla: reacomodar los distritos electorales para garantizar su triunfo en la Asamblea; como no logra la victoria avasallante, se arroga poderes legislativos que sepultan parte del periodo del nuevo congreso. Chávez sí sabe salirse de los límites.

Llega, pues, el vecino a reclamar a Makled y demostrarle al mundo que sus relaciones con Santos pasan por el mejor momento; nuestro Presidente lo prefirió sobre los tradicionales aliados estadounidenses.

Makled se convirtió en una moneda: sirve para conseguir lo que se quiere. Chávez lo codicia; dejó metido a Santos en Cartagena en un gesto típico suyo para recordarle que nuestro “nuevo mejor amigo” puede dejar de serlo en cualquier instante. Estados Unidos también lo persigue. Makled dice que tiene evidencia para mostrar los vínculos de altos funcionarios del Gobierno y militares bolivarianos con las Farc y otras organizaciones terroristas, que hacen muchísimo dinero en Venezuela y lo envían al Medio Oriente.

Santos usó la moneda. Compró más amistad con Chávez y le llamó la atención a los gringos sobre una alianza que hace rato no da réditos para Colombia. Luego de preferirlos en varios asuntos regionales y apoyarlos en momentos donde la región entera arremete contra ellos, los gringos no han aprobado el TLC con Colombia. Obama debió entender el mensaje, y se habla de que el TLC será ratificado. En principio parece que Santos uso a Makled sacándole el doble valor. Incluso Makled quedó contento, pues su abogado dijo que preferían ir a Venezuela, donde está su hermano y la negociación con las autoridades puede incluirlo.

Pero no todo lo que brilla es oro.

¿Qué pasa con las denuncias de Makled? Las relaciones con Venezuela se rompieron definitivamente cuando el gobierno Uribe presentó ante la comunidad internacional las pruebas de los campamentos de los guerrilleros en el territorio del vecino país. Eso, y las denuncias de que el tráfico de drogas que financia a las Farc sale por Venezuela, donde se refugian varios jefes de la organización terrorista. Lo que dice Makled coincide con lo que dijo el gobierno Uribe.

La seguridad del país está dando tumbos. Las Farc han aprovechado este gobierno para salir del repliegue y avanzar sobre el territorio nacional. Es evidente que el esfuerzo por derrotar al terrorismo pasa por la necesidad de cortar sus mecanismos de financiación. Para eso Makled es pieza clave. Lo ha dicho, lo sabe. Tenemos aquí y ahora la opción se conocer cosas fundamentales para la lucha en la que estamos; aquí y ahora, la posibilidad de develar cuáles son esos vínculos entre Venezuela y las Farc…

¿Por qué la Fiscalía, después de esas declaraciones del Turco, no ha abierto una investigación preliminar para obtener esa información crucial para la seguridad nacional de Colombia? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa? ¿Por qué el presidente Santos persiste en ignorar que el vecino país esta dándole refugio a los enemigos de la democracia colombiana?
Abril 08 de 2011

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Criminales en la universidad

Las relaciones entre el Estado colombiano y sus ciudadanos nunca han sido fáciles. Nuestro Estado tiende al abuso; quienes ejercen el poder, por pequeño que sea, son propensos al despotismo. Se retroalimenta con la manera como los ciudadanos lo enfrentan. En general, los colombianos recurrimos a métodos extorsivos y violentos para protestar: el paro de los transportadores, las tomas de carreteras y el vandalismo de los estudiantes.

Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.

No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.

El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.

Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.

Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.

No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.
1 de abril de 2011

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¿Qué pasa con la Justicia?

El macabro negocio de Ecomarly liderado por Eyber Ochoa Márquez se dedicaba a engañar a las mujeres embarazadas que se acercaban por una ecografía. El médico les decía que el bebé o la madre peligraban, les inducía el parto y luego informaba sobre la muerte del feto. Él los conservaba y si sobrevivían, los vendía. Según algunas publicaciones el negocio del señor Ochoa llevaba cerca de 20 años operando. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas madres? No he conocido nada más atroz, ni degenerado.

El criminal fue juzgado por desaparición forzada y concierto para delinquir. Se dedicó a engañar mujeres embarazadas, extraerles y secuestrar a los bebés, a veces matarlos o venderlos; y le dan únicamente 10 años, que se reducirán con beneficios. ¿Qué pasa con el homicidio cuya pena mínima es de 25 años? ¿El secuestro? ¿Qué con el delito de lesiones al feto? ¿La estafa? ¿La trata de personas?

Este caso ofende los principios más básicos de la vida en comunidad y evidencia una de las grietas más recurrentes de la Justicia colombiana: la desproporción entre el daño causado y el castigo recibido. Cuando se comparan las penas impuestas, caso a caso, parecen proferidas bajo sistemas judiciales distintos; a Garavito, por matar más de 120 niños, le dan 60 años, que se reducen a 16. A García, por tocarle las nalgas a una mujer, le dan 4 años de prisión.

Existen fallas tanto en la Fiscalía que califica los delitos, como en la valoración de las penas que hacen jueces. La Fiscalía debe volver a calificar esos hechos y procesar a Ochoa por los delitos que no se incluyeron. Esa es una debilidad del sistema penal acusatorio ¿Quién revisa la calificación de los delitos? La exclusión de los dolientes, como partes en el proceso, deja a la deriva el control que hay sobre imputación. Además, el diseño de la ley, para que sean los jueces quienes evalúen las condiciones de cada caso, para imponer penas que impliquen un más alto sentido de justicia que el que dictamina una tarifa legal, no está funcionando. Las normas necesitan prescribir parámetros de penas mucho más rigurosos y debe revisarse a quién y por qué motivos, pueden aplicarse rebajas y beneficios.

Está, por otro lado, la cuestión sobre la indefensión de los pacientes frente a las calidades de las clínicas y médicos que frecuentan. Si bien hay un comité de ética médica y una historia penal y civil detrás de cada médico, los pacientes no tienen acceso a esa información. El cuidado de la salud y la vida exige que todos podamos tomar decisiones informadas. Deberían existir sistemas de consulta donde los usuarios puedan evaluar la hoja de vida de todos los profesionales de la salud y el historial de sanciones, si las hubiera. En estos tiempos, donde acceder a la información no es difícil, ni costoso, el Ministerio de la Protección Social debe poner a disposición esos reportes.

Hay que cerrar el albedrío tan amplio de los jueces. Los efectos no son buenos; así la tendencia a legislar desde la Justicia, cuando no tienen las facultades para regular una materia.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Al haber escogido IVE y no el término médico aborto –que es la interrupción cuando el feto no es viable-, permitió que aquellas interrupciones se hagan sobre fetos que al ser extraídos continúan con vida y que con el cuidado adecuado sobrevivirían. ¿Qué subyace a la decisión de la Corte? ¿Los médicos los deben dejar morir? ¿Botarlos? ¿Matarlos?
Marzo 25 de 2011

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Pastrana, más conservador

La prensa se equivoca al plantear un enfrentamiento entre Pastrana y los conservadores. El ex presidente Pastrana les ha pedido y con toda razón, a quienes están en la directiva azul y tienen investigaciones en contra que se aparten de las posiciones directivas. Se trata de una solicitud justa y que la mayoría de los conservadores respaldan. El Partido no quiere una directiva comprometida en causas penales y disciplinarias. Nadie pide que renuncien a sus curules o a la colectividad, simplemente que abandonen las altas jerarquías, pues aquellas suponen cierta prestancia ética y política que se enloda con sindicaciones tan graves como las que recaen sobre miembros del Dinacional.

Sorprende la arrogancia de los investigados. No sólo se niegan a renunciar a los cargos directivos, sino que embisten al ex Presidente con señalamientos que no son del caso. El argumento de Pastrana es sencillo: quien esté investigado no puede hacer parte de la directiva. Ellos contestan que el Caguán fue una mala política. La discusión en torno a la zona de distensión es otro tema, pero vale recordar que la mayoría de esos parlamentarios que hoy lo señalan, hicieron parte de ese gobierno y apoyaron esa decisión.

Otro subterfugio es confundir a la opinión en el enfrentamiento entre Uribe y Pastrana. Si bien ese enfrentamiento existe, tampoco tiene que ver con la conveniencia de que la directiva azul investigada permanezca en esas posiciones. Los habilidosos pretenden esconder bajo el prestigio de Uribe situaciones judiciales que avergüenzan a los conservadores. La corrupción conservadora no es obra de Uribe, esa es una ‘ñapa’ que gestaron algunos congresistas por sus propios medios. Lo que se investiga son conductas personales de los aludidos. El clientelismo, la ladronería, no son nuevas en Colombia; no fueron causadas por Uribe ni desaparecerán en el corto plazo. Son vicios que empeoran con la manera como se hace política en Colombia. Lejos de atraer idealistas, pensadores, políticos; se ha llenado de negociantes que se pretenden bolsas de empleo y usureros de la burocracia. Montan estructuras donde el Estado es proveedor de los recursos económicos que requieren para sus elecciones; una simple maquinaria electorera que no aporta ninguna solución para Colombia. El poder por el poder es inútil; hay que usarlo al servicio de la sociedad.

La soberbia de los parlamentarios conservadores alcanza su límite más alto al arrogarse el Partido Conservador. Han dicho incluso que Pastrana bien puede fundar otro partido. Vale recordarles que los partidos no son ni pertenecen a quienes transitoriamente ejercen su dirección. El conservatismo no es un grupúsculo parlamentario.
El colectivo social de conservadores tiene una tradición histórica de respeto por las dignidades intangibles que un cargo ostenta y ha tenido capacidad de sacrificio personal para proteger esa institucionalidad; recordemos que las solas acusaciones en un discurso en el congreso contra Marco Fidel Suárez causaron su renuncia.

Por el decoro en Colombia, el respeto al Partido los investigados deben renunciar. Si son condenados le habrán hecho un favor a los conservadores. Si son absueltos su gesto será mayor. Habrán probado su lealtad a la nitidez azul y su desprendimiento personal por la defensa de intereses superiores. Seguramente el partido reconocerá su gallardía y los elevará hasta dignidades más altas que habrán demostrado merecer.
Marzo 18 de 2011

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Las CAR

El presidente Santos está decidido a usar su prestigio político para reformar la parte fallida de la estructura del Estado. Entre los organismos a reconfigurar está todo el aparato ambiental. La sociedad globalizada enfrenta en el dilema medioambiental, tal vez, el reto más significativo. Colombia como uno de los lugares más biodiversos del mundo, dueña de selvas tan significativas como la amazónica y el Darién, no puede ser inferior a sus responsabilidades, más aún cuando la minería parece estar avanzando tan decididamente en el país. Los recursos naturales son una riqueza inexplorada que ya se sabe valiosa, no por los afanes del dinero rápido y fácil de la minería se puede condenar nuestro mayor patrimonio.

Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.

Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.

Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.

La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.

La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
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Contra la corrupción

Es de nuestra esencia tratar de solucionar todo mediante leyes, como si la sola escritura de lo deseable nos condujera hacia esos destinos. La solución legal de la corrupción no es fácil. Lo que hay en el fondo del fenómeno es una ideología difícil de desincentivar. Se trata de actos que ponen el interés individual por encima del interés general, con la arista de que hay un engaño público. El camuflaje de la corrupción es doble, el secreto entre los corruptos y el hecho de que la sumatoria de intereses generales está encarnado por todos y, al mismo tiempo, por nadie, por eso es propenso a ser atropellado.

Entre las novedades que presenta el proyecto, hay varias que merecen una mención. La limitación de las licitaciones con un solo proponente, la ampliación de los términos de prescripción de los delitos y faltas, la colaboración entre las diferentes entidades como Fiscalía y Procuraduría son importantes. La prohibición de que las empresas contratistas del Estado sean las mismas que financien las campañas es interesante. Si hay algo insólito es la diferencia entre las cifras que se invierten en las campañas y la dimensión de los salarios de los cargos a proveer. Es comprensible que quienes apoyen un proyecto estén dispuesto a aportar recursos para que sus fórmulas se difundan, pero una cosa distinta debe estar pasando en Colombia desde que los aportes privados superan las cifras convencionales para entrar en las multimillonarias. Esperarán, seguramente, recuperar sus inversiones con contratos e influencias para presionar por lo que más les conviene. El debate en el Congreso, que sólo muestra está realidad, se centra en cuál es el monto mínimo de ingresos provenientes del Estado que puede tener una empresa para poder financiar campañas políticas. La norma, a pesar de sus intenciones, no logrará contener el fenómeno, camuflar los aportes no será difícil.

Los agentes encubiertos son otra novedad. Una figura interesante que puede dar lugar a la ruptura de los secretos de los corruptos. Introduce un elemento de desconfianza que será más eficaz entre mayor sea la probabilidad de ser descubierto. Dificultará las negociaciones y puede limitar que sigan rampantes.

Un tema que no puede quedar olvidado es la cesión de contratos. Las grandes firmas licitan, sus altos costos se justifican por su experiencia; pero tan pronto como les adjudican, subcontratan. Por una fracción baja de lo que reciben, entregan a contratistas pequeños e inexpertos. Es un carrusel donde los grandes sólo actúan como intermediarios que obtienen enormes comisiones por ganarse una licitación que luego incumplen.

Así mismo, hay un artículo nefasto en el régimen contractual que permite a los contratistas del Estado pedir el equilibrio del contrato cuando los costos se alteran. Esta figura, ajena al derecho privado, se convirtió en el mecanismo para exigir cuantiosas sumas, cuando ya los precios fueron fijados. Si bien tuvo una intención justa, da para abusos intolerables al erario público.

El levantamiento de la reserva bancaria a las cuentas y fiducias de los contratistas estatales parece un primer paso hacia la transparencia y la publicidad. Deberíamos avanzar hacia un portal donde se puedan consultar todos y cada uno de los contratos, las personas naturales que integran las sociedades, los plazos y ejecuciones. La lucha contra la corrupción requiere mucho más, sobretodo superar la inoperancia de la Ley y la precariedad en la administración de Justicia.
Marzo 04 de 2011

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Menores sin opciones

La norma de prohibición del trabajo de menores parecería no tener más que buenas intenciones y deberían ser excelentes sus resultados. Lo ideal es que todos los niños tengan derecho a su infancia y que durante esa época puedan estudiar para tener una adultez con mayores oportunidades. En esta visión empatan importantes programas de asistencia social, como Familias en Acción, donde las madres reciben ingresos por sus hijos escolarizados, para lo que el Estado invierte $1,5 billones.

La realidad es menos benévola. En el 2008, por ejemplo, más de diez mil niños solicitaron un permiso de trabajo y, según algunas estadísticas, hay más de dos millones de niños trabajando. En el campo, los adolescentes empiezan a desertar de las escuelas. Minprotección emite permisos de trabajo para jóvenes entre 16 y 18 años, pero ello no soluciona el asunto. Está prohibido desarrollar explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado. Tampoco pueden desempeñarse como lavadores, mensajeros, porteros, mecánicos, soldadores o carpinteros. Los patronos son reacios a esas contrataciones pues resultan más complejas que las de los adultos. Así que la prohibición de trabajar los convierte en jóvenes sin oficio, que empiezan a enfrentar frustraciones. Eso sin contar que muchos de estos adolescentes ya son padres.

El cimiento de la prohibición es la educación; se supone más valiosa que el trabajo, pues debería ampliar las oportunidades y opciones. La educación pública en Colombia tiene mucho de farsa. Algunos profesores son mediocres. Los niños colombianos pasan once años en el colegio y poco aprenden o lo que se les enseña es, generalmente, inútil. Al ingresar al mercado laboral no tienen habilidades que les sirvan, y no consiguen trabajo. Ni siquiera lo básico se les enseña bien. Las capacidades de lectura son tan deficientes, que el país ocupó el puesto 52 entre 65 en las pruebas de lectura Pisa que elaboró la Oecd en 2010. Los fundamentos matemáticos son aún peores: estuvieron en el puesto 58.

Así que no estamos haciendo nada en la educación pública. Se da una educación como si fueran a llegar a la universidad, pero no llegan. Los programas públicos de bachillerato académicos condenan a los buenos estudiantes, pues sus resultados en las pruebas de Estado siempre están por debajo de los colegios privados, y la capacidad de acceso a las universidades es muy limitada. A pesar de que las mayorías colombianas terminan su formación ahí, y no van a la universidad, el bachillerato tampoco tiene una formación que les enseñe técnicas y habilidades de las cuales puedan vivir.

Si vamos a obligar a padre e hijos a permanecer en el colegio, si estamos invirtiendo gigantescas sumas de dinero para hacerlo, es necesario mejorar la educación. La primaria debe ser una formación en capacidades básicas de lecto-escritura y habilidades matemáticas, y el inicio de un proceso de identificación de los talentos y gustos. El bachillerato debe concretarlos para garantizar mejores estándares de vida. Debería haber opciones: académico, para quienes aspiran a la educación superior. Agroindustrial, para incentivar un agro capaz de enfrentar los retos modernos. Tecnológico, para fomentar la creación de software y los servicios de tecnología. Bilingüismo, donde dominen lenguas extranjeras. Salud, para quienes aspiran a llegar a enfermería y afines. En fin, deportes, contaduría y finanzas. Hacer el bachillerato debería tener sentido.

El Pais, Cali 25 de febrero de 2011
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