Salvo las interceptaciones legales destinadas a hacer parte de un proceso penal, las interceptaciones telefónicas tienen intereses cuestionables. La mera interceptación de la línea es un problema menor. Oír conversaciones sólo por oírlas lesiona la privacidad, pero no es una ofensa grave, no implica ningún peligro real. Por eso el Código Penal la castiga con prisión de sólo 1 a 3 años. En general, la información procedente de la usurpación de la privacidad telefónica es una herramienta peligrosa, en la medida en que se utiliza. Por ello la pena aumenta un año. Pero no toda información es usable, sólo aquella que es relevante, secreta o turbia es útil; conversaciones irrisorias no tienen uso. Por supuesto si se utiliza para extorsionar se transforman en otro delito y la pena es de 8 a 15 años. Correlativamente, entre más oscura sea la información, más grave le parecerá al ‘chuzado’ haber sido grabado.
Hay medios de comunicación que pagan para tener grabaciones de personajes cuyas acciones pueden ser noticias de impacto. Basta recordar la explotación ‘periodística’ de la conversación privada del presidente Uribe con ‘El mechudo’ Herrera.
Protegidos por la llamada ‘libertad de prensa’ muchos medios consideran que pueden pervertir la institucionalidad. Se ha vuelto común cometer y tolerar delitos con la excusa de obtener la noticia: grabaciones ilegales, pago a funcionarios por información privada (como el que realizó un medio de comunicación a un miembro de las Fuerzas Armadas para obtener el video de la Operación Jaque, que es un evidente cohecho). Esto vuelve a poner de presente la necesidad de proferir una ley de prensa que les recuerde que el periodismo jamás puede delinquir para obtener las noticias.
Los regímenes totalitarios también son propensos a ‘chuzar’ ciudadanos y funcionarios; pero lo hacen con un propósito concreto: controlar y tomar medidas en contra de los disidentes. Así, no sólo los oyen sino que proceden a actuar. Es el caso de Carlos Galvis, cónsul colombiano en Venezuela. Ese país solicitó su retiro por la conversación privada que le grabó ese Gobierno. La falta de acciones del régimen contra los ‘chuzados’ descarta de plano esta alternativa.
Existe también la interceptación que pretende la extorsión. Para este escenario es necesario sorprender al grabado en un acto indebido, puede ser de índole amoroso o delictivo. Entonces el grabador –también delincuente- aprovecha la ocasión para obtener del ‘chuzado’ dinero o favores ilegales. Este mercado, cabe suponer, está dominado por los funcionarios del nivel medio que utilizan la infraestructura del Estado para hacer sus negocios delictivos. El país no puede conformarse con la renuncia de los jefes como responsables, es necesaria la sanción implacable contra los funcionarios ejecutores reales.
Esperamos, por supuesto, que este no sea el caso, pues ello implicaría que nuestros magistrados y otros funcionarios estarían comprometidos en acciones ilegales, rememorando las famosas conversaciones con Giorgio Sale y el inolvidable ‘miti miti’. Se requerirá la acción contundente de los entes investigativos para descartar esta opción.
Hasta ahora no se conoce ningún uso de la información. El único daño que se les ha causado a los ‘chuzados’ es la incomodidad de saberse oídos. No por ello se puede ignorar el hecho, podemos estar ante la punta de un iceberg.
28 de febrero de 2009
El Pais Cali
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