Todos estamos de acuerdo en la necesidad inminente de reformar la Justicia, acabar con la corrupción, hacerla eficiente y justa. Una justicia que se aplica esporádicamente y con visos personalistas es una aberración que desdice todo el sistema.
Son oportunas las observaciones de las Cortes, que conocen el sistema internamente. Pero la actitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (Cirm), según la cual solamente ésta estará facultada para presentar proyectos de ley sobre las reformas a la administración de Justicia, es una abominación. Una comisión de expertos que debata los temas jurídicos, tiene una tradición exitosa en la historia, basta recordar la comisión de eminencias en los tiempos de la Francia napoleónica.
Más aún, las reformas legales corresponden al Congreso. Es este órgano investido por la legitimidad democrática el llamado a diseñar y discutir la estructura de la rama. Así lo dispone la Constitución. El desprestigio del Legislativo no puede dar lugar a que la rama judicial se apropie de funciones que no le corresponden. El país debe respetar su estructura tripartita donde el Congreso legisla, pues las reformas del diseño institucional involucran muchas decisiones políticas. La rama puede tener iniciativa y es insumo básico para la discusión; pero no puede pretender que un tema tan delicado -que nos afecta a todos- esté en manos de quienes ejercen esas funciones de manera transitoria y coyuntural.
La división de las ramas del poder no implica independencia absoluta. Las interacciones, los frenos y contrapesos son fundamentales para el funcionamiento de los poderes; en especial el judicial cuyo poder intimida a cualquiera.
Es una vergüenza a la mala actitud de la Cirm de pretenderse una rueda aparte en el aparato estatal, y descalificar la comisión de expertos sin ver lo que iba a decir. Pero más triste aún es la decisión de esa comisión de excluir “lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” con el propósito de que “las conclusiones aquí consignadas se mantengan”. Un mal trueque.
Y eso mismo pasa en el resto del documento; problemas cruciales se obviaron al parecer para congraciarse con las Cortes. Si bien hay aciertos significativos, se discuten hechos coyunturales y más que todo administrativos; Crear cargos, suprimir cargos.
¿Cómo no abordar el problema de que mediante sentencia se haya extendido el sistema pensional del Congreso a toda la rama judicial? ¿Cómo se deja por fuera la necesidad de rediseñar el sistema de juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema que hoy en día se juzgan a sí mismos?
¿Cómo no enfrentar los escándalos de los que el país supo, pero que no tuvieron consecuencias, tales como las relaciones con Giorgio Sale, enriquecimientos sin causa, acaso ilícitos, de altos miembros de la rama? ¿Cómo no discutir los efectos nefastos de la cooptación (elección de los magistrados por ellos mismos)? ¿Cómo es posible que no se atienda el tema de la doble instancia de los congresistas que es una violación de los derechos humanos?
Las buenas reformas no surgen de tranzar males por males. Hay que buscar los epicentros de los problemas y atacarlos. Aprovechemos la invitación de la Comisión para comentar sobre las necesidades de la Justicia, en un debate a la luz pública, abierto, libre y juicioso.
El País Cali. 17 de abril de 2010
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