Al borde de la ley

Una pregunta difícil para Colombia es la de la futuridad. A veces aparecemos copiando modelos que vienen de los países desarrollados y que en muchos casos no representan nuestros propios anhelos, ni aún nuestra visión sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro que Colombia espera para sí misma?

El tema no tiene una respuesta unívoca. Existe, sí, el malestar con las condiciones materiales en las que vivimos, que resultan siempre inferiores a las expectativas de lo que podríamos tener o ser. Este inconformismo ha dado lugar a reacciones de diversa naturaleza: guerrillas revolucionarias, líderes mesiánicos, proyectos políticos de aspiraciones modificadoras y otros varios fenómenos que finalmente comparten el desprecio del statu quo.

Entre aquello que debe ser renovado está el Estado y todo el aparato institucional y legal que lo acompaña. La ‘institucionalidad’ no surgió naturalmente de la interacción social. Fue algo que se importó para tratar de establecer un orden. Las poblaciones indígenas y negras sometidas la interpretaban como otra forma de dominio, ni siquiera los colonizadores españoles la respetaban y frente a los edictos del rey dijeron: “Se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas; pues todos los pobladores las han interpretado como algo externo que no responde a sus intereses, ni a sus aspiraciones. El Estado es una realidad ajena y opresora.

Las actividades que se realizan en marginalidad de la ‘institucionalidad’ han ido aumentando y constituyen una forma de vida en Colombia. Refugian una gama amplia que va desde los trabajos informales (donde no se aplican los presupuestos de la reglamentación laboral y el sistema de seguridad social), pasando por toda suerte de conductas en los bordes de la ley hasta las actividades delictivas. Todas pueden ser interpretadas como una rebeldía ante lo establecido y un esfuerzo por encontrar eso ‘otro’ que se anhela. Al mismo tiempo, la tolerancia o la incapacidad del Estado para controlar las conductas fuera de la ley puede explicarse como un resultado de la carencia de legitimidad.

En este contexto, una propuesta para implementar la ley en Colombia es interesante, pero tiene muchas más dificultades que aquellas evidentes. Hay en la desobediencia de la ley un factor de rebeldía, una expresión de inconformismo. Cada vez que el Estado intenta aplicar la ley, el ciudadano reacciona ofendido. Además la aplicación de la ley de manera esporádica da la sensación de injusticia y la aplicación total es imposible. El Estado aún ejerciendo toda su fuerza coercitiva no puede contener una sociedad rebelde. Y los grupos tienen diversos niveles de resistencia.

Aplicarle, por ejemplo, la ley a ‘la burguesía’, es sencillo. Basta una multa, un mimo, un estímulo. Y pueden buscarse formas para anhelada interiorización de la ley sin premura. Ahora, cuando la desobediencia está afectando el derecho a la vida y la libertad, como los grupos alzados en armas, hacer cumplir la ley tiene un costo político: o bien, se entiende como una necesidad inminente que requiere el ejercicio de la fuerza y que conlleva una reacción violenta; o bien, se buscan formas alternas que permitan la interiorización y mientras tanto se deja gotear la sangre de los inocentes. Son decisiones que alteran y definen el futuro. Decisiones que nos competen a todos.
El País de Cali, 8 de mayo de 2010